El Gobierno nacional puso en marcha el lunes la reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), un sistema incorporado en la Ley N° 27.802, aprobada en marzo, que busca incentivar el empleo formal en el sector privado. La medida se oficializó mediante el Decreto 315/2026, publicado en el Boletín Oficial, que definió los parámetros necesarios para su aplicación.

La reglamentación establece los principales lineamientos para el uso del régimen, incluyendo quiénes pueden acceder, los procedimientos administrativos y los beneficios otorgados. El decreto detalla requisitos, plazos y condiciones, además de la manera en que se aplicarán las reducciones en las contribuciones patronales que prevé la ley.

Los empleadores que quieran adherir deberán registrar a los trabajadores bajo el nuevo esquema ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027. Ese será el período en el que se podrá hacer uso del régimen.

El RIFL está disponible para todos los empleados inscriptos, pero si el alta se realiza a partir del 10 de diciembre de 2025, la empresa sólo podrá incluir hasta el 80% de su plantilla dentro de este régimen. Si la contratación se efectuó antes, no existen restricciones en cuanto a la proporción de empleados.

En cuanto a los trabajadores que podrán ser incorporados bajo este esquema, la reglamentación contempla: personas sin empleo registrado al 10 de diciembre de 2025, quienes hayan estado desempleados durante los seis meses previos a la contratación, monotributistas y empleados del sector público en cualquiera de sus niveles. El texto aclara que los trabajadores pueden tener ingresos de otras actividades, ya sea en el régimen general o el simplificado, sin perder los beneficios.

• Quienes no tenían una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025.
• Quienes estuvieron desempleados durante los seis meses previos a la contratación.
• Personas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributistas).
• Personas que se desempeñan en el sector público, ya sea nacional, provincial o municipal.

Uno de los principales atractivos del RIFL es la reducción de las contribuciones patronales, que suelen ubicarse entre el 18% y el 20,4% según el tipo de empresa. Ahora, todas tributarán un 5% durante los primeros 48 meses desde el inicio de la relación laboral. De ese porcentaje, el 2% se destinará al SIPA, el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen de Asignaciones Familiares, mientras que el 3% restante irá al subsistema del INSSJP (Ley N° 19.032).

Aún resta que ARCA defina los procedimientos específicos para el alta de los nuevos empleados bajo este régimen. Sí se especifica que no podrán incluirse trabajadores que hayan estado en la misma empresa y se desvincularon dentro de los últimos doce meses.

El decreto mantiene los aportes adicionales para determinados sectores, como el petrolero y el eléctrico, que deberán seguir abonando un 2% extra en contribuciones. También confirmó que la contribución al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) seguirá siendo obligatoria: 1% para grandes empresas y 2,5% para pymes. Este fondo debería comenzar a regir el 1 de junio, aunque existe la opción de retrasar su implementación hasta 180 días. Para quienes sean dados de alta bajo el RIFL, el aporte al FAL no se deducirá de las contribuciones patronales y deberá pagarse por separado.

El régimen prevé que si se detectan incumplimientos o causales de exclusión, los empleadores perderán los beneficios y deberán regularizar las contribuciones omitidas, con los intereses y sanciones que correspondan. ARCA será responsable de los controles y de la instrumentación de los mecanismos de recomposición.

A diferencia de antiguos programas, el RIFL no está pensado para regularizar empleo no registrado de manera masiva. En caso de que una empresa intente blanquear a un trabajador completamente en negro, podría perder el beneficio si se detecta la infracción.

Dentro de la reforma laboral se incluyó un apartado específico para fomentar el registro formal de trabajadores. Este segmento está contemplado a partir del artículo 168° y los artículos siguientes, y establece medidas orientadas a regularizar vínculos laborales que presentan irregularidades en su registración. A diferencia del RIFL, este capítulo de la reforma sí apunta directamente a normalizar situaciones de empleo con deficiencias registrales. Por el momento, este apartado no fue reglamentado, por lo que aún no se encuentra operativo.

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) estimó este lunes que el sector alcanzaría exportaciones por u$s9.000 millones en 2026 bajo una perspectiva conservadora. Roberto Cacciola, titular de la entidad, explicó en un encuentro con la prensa que si la tendencia de precios internacionales se mantiene estable, el ingreso de divisas podría incrementarse en otros u$s1.000 millones adicionales, situando el horizonte exportador en el umbral de los u$s10.000 millones para el año.

La industria minera en la Argentina consolidó un cambio de tendencia al cerrar un 2025 con exportaciones por u$s6.056 millones, lo que representó un máximo histórico y el 7% del total de los despachos nacionales al exterior. Este desempeño, que significó un crecimiento del 30% respecto al año anterior, marca el inicio de una etapa de expansión según el directivo.

Este crecimiento exponencial se explica fundamentalmente por la maduración de los proyectos de litio, que representan la realidad más dinámica de la actividad en la Argentina. El sector pasó de producir 35.000 toneladas de Carbonato de Litio Equivalente (LCE) en 2022 a 116.000 toneladas para 2025, lo que permitió que el mayor volumen de producción compensara las fluctuaciones de precios. Para 2026, las proyecciones indican que el litio aportará más de u$s2.400 millones a la balanza comercial.

En paralelo, la minería metalífera tradicional de oro y plata experimentó una mejora sustancial en sus valores de exportación debido al alza de las cotizaciones internacionales, a pesar de enfrentar desafíos operativos en los yacimientos existentes. Cacciola advirtió que la caída en la producción de oro es una tendencia que persiste desde el fin del proyecto Alumbrera y que, a valores de 2022, muchas minas actuales no serían operativas.

El peso de la minería en las provincias

La relevancia económica de la actividad es crítica en términos federales, ya que la minería define el perfil exportador de las provincias donde se asienta con una incidencia que supera el 80% en la mayoría de los casos. En Catamarca, el sector representa el 93,2% de sus ventas externas, mientras que en Santa Cruz llega al 85,8% y en San Juan al 85,4%, demostrando que la minería no es solo un motor nacional, sino el sustento principal de las economías regionales del NOA y la Patagonia.

Pero el directivo destacó que este impacto trasciende las fronteras provinciales tradicionales, integrando ahora a distritos como Córdoba y Santa Fe a través de sus clústeres de proveedores industriales.

En cuanto al mercado laboral, la minería genera más de 100.000 puestos de trabajo con una tasa de informalidad casi nula y salarios que promedian 2,5 veces el sueldo del sector privado registrado. Cacciola señaló que por cada empleo directo se crean dos indirectos, y subrayó que si los grandes proyectos de cobre avanzan hacia su fase de construcción, el sector se convertirá en un generador de empleo masivo.

La proyección hacia 2032 contempla alcanzar los 200.000 trabajadores totales, siempre que se potencien los recursos humanos y la capacitación local para cubrir la demanda técnica que vendrá. Esas cifras de desarrollo implican a la vez el desafío de capacitar a los futuros trabajadores calificados de la industria, para no generar un cuello de botella de los recursos humanos.

El motor del RIGI para la industria

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue un catalizador para acelerar las decisiones de inversión en el país. Hasta el momento, se presentaron 13 proyectos mineros bajo este marco normativo, los cuales representan una inversión global de u$s42.000 millones. Siete de estos proyectos ya obtuvieron su aprobación oficial, sumando compromisos por u$s7.948 millones en provincias como Salta, San Juan, Jujuy y Catamarca, abarcando principalmente emprendimientos de litio, cobre, oro y plata.

La exploración minera también muestra signos vitales positivos al triplicar su presupuesto en la última década hasta alcanzar el séptimo puesto en el ranking mundial de destinos exploratorios. En 2025, la inversión en esta etapa temprana fue de u$s430 millones, una cifra significativamente superior a los u$s124 millones registrados en 2015. El desafío actual reside en consolidar nuevos proyectos de oro y plata para revertir el déficit de descubrimientos recientes y mantener la competitividad del sector en el largo plazo.

Desde la conducción de CAEM, se enfatizó que el desarrollo minero debe ir acompañado de una infraestructura inteligente que no se limite a la coyuntura actual. Cacciola remarcó que muchos proyectos saldrán por Chile debido a la logística, pero instó a pensar en una minería para los próximos 100 años que aborde los desafíos de transporte y energía con visión estratégica.

La coordinación entre el gobierno nacional y los gobernadores, independientemente de su color político, es vista como una fortaleza institucional necesaria para garantizar la seguridad jurídica de estas inversiones. Un punto de debate central es la carga tributaria y los derechos de exportación, que actualmente afectan al litio y la plata con una alícuota del 4,5%.

La industria considera que estos gravámenes tienen un fin meramente recaudatorio y envían un mensaje equívoco a los inversores internacionales, especialmente cuando afectan la rentabilidad de los proyectos de menor margen. Existe una expectativa en el sector para que el gobierno resuelva pronto estas inconsistencias legales y avance hacia un esquema fiscal que priorice la producción y la inversión genuina.

Finalmente, la minería se propone como un aliado estratégico para la industria nacional a través de la Mesa Federal Minera, buscando evitar un «compre local» indiscriminado pero también una apertura que desproteja a los proveedores nacionales. Cacciola concluyó que la aceptación social de la minería depende de que el crecimiento sea visible en el país, fortaleciendo a las miles de empresas proveedoras que participan en las distintas etapas de construcción y operación de un proyecto. 

El Salvador ha experimentado un aumento en la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA) tras la implementación y expansión de la facturación electrónica, según detalla la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo de Naciones Unidas, en su Panorama Fiscal 2026, divulgado este lunes. Esta innovación tecnológica, impulsada por el Ministerio de Hacienda de El Salvador, se consolidó en 2025 al incorporar a más contribuyentes, lo que optimizó la trazabilidad de las operaciones comerciales y fortaleció la fiscalización tributaria en el país.

La facturación electrónica consiste en la emisión, transmisión, validación y almacenamiento digital de comprobantes fiscales, con la misma validez legal que sus equivalentes en papel. Este sistema permite automatizar los cruces de información, identificar inconsistencias y asegurar un mayor control sobre las transacciones económicas. De acuerdo con CEPAL, la culminación de este proceso en El Salvador potenció la recaudación del IVA, especialmente en el segmento de las importaciones, que contribuyó a los ingresos tributarios del Estado durante 2025.

El Salvador superó los USD 2,100 millones en recaudación fiscal durante el primer trimestre de 2026, según reportó el Ministerio de Hacienda. El crecimiento, impulsado principalmente por el IVA, el impuesto sobre la renta y los aranceles a la importación, representa un avance del 8.3% respecto al mismo periodo del año anterior, con un impacto directo en la disponibilidad de recursos para el Estado durante el resto del año.

Al cierre de marzo de 2026, El Salvador alcanzó ingresos tributarios y contribuciones por USD 2,018.5 millones, superando en USD 163 millones el monto de 2025, lo que equivale a un alza del 8.8%, conforme al reporte de Hacienda. El impuesto al valor agregado (IVA) lideró la recaudación, al sumar 1,048 millones, un crecimiento del 11.3% y USD 106.2 millones adicionales respecto al año previo. Dentro del IVA, las declaraciones aportaron 518.3 millones, incrementándose un 17.2%, mientras que el gravamen sobre importaciones ascendió a 529.8 millones, con un alza de 30.1 millones frente a 2025.

La administración tributaria salvadoreña, siguiendo avances observados en otros países de la región, amplió la obligatoriedad de la facturación electrónica, lo que redujo los errores involuntarios en las declaraciones y disminuyó los costos de cumplimiento para los contribuyentes. Este avance tecnológico se complementó con la automatización de procesos y servicios fiscales, tales como la presentación y pago en línea de impuestos, notificaciones digitales y devoluciones automáticas, que facilitaron el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias.

El impacto positivo de la facturación electrónica sobre la recaudación del IVA ha sido documentado en América Latina. En El Salvador, la medida se destacó como un factor esencial para el crecimiento de los ingresos fiscales vinculados a las transacciones internas y externas. El informe de CEPAL subraya la importancia de los cambios normativos y la integración de tecnologías para fortalecer la administración tributaria, aumentar la eficiencia recaudatoria y combatir la evasión.

El informe de la CEPAL también aborda los desafíos que persisten en materia de evasión tributaria. El estudio situó la tasa de evasión del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en El Salvador en 36.1 %, nivel que, aunque inferior al de países como Guatemala o Ecuador, representa una pérdida significativa de recursos potenciales para el Estado. La evasión afecta no solo la equidad y sostenibilidad fiscal, sino también la percepción de legitimidad del sistema tributario entre los ciudadanos.

CEPAL recomienda que, para reducir la evasión y maximizar el impacto de las tecnologías digitales, como la facturación electrónica, El Salvador continúe invirtiendo en la modernización de sus sistemas tributarios y en el fortalecimiento de las capacidades técnicas de la administración fiscal. Las estrategias deben incluir, además, la cooperación internacional, el intercambio de información y la evaluación periódica de los instrumentos adoptados para asegurar la eficacia y equidad de la política fiscal.