Los trabajadores despedidos de FATE se encuentran ante un callejón sin salida. Ante el “cierre definitivo” que decidió la empresa, que no da señales de ninguna marcha atrás, el Sindicato del Neumático (SUTNA) redobló la presión para que la Legislatura bonaerense trate su proyecto de “ocupación temporaria” de la planta, durante el plazo de un año y bajo la tutela de la administración de Axel Kicillof.

Pero el gobernador parece tener otros problemas con las cuentas de la provincia. En su administración advierten que la propuesta del gremio “no es factible” y si bien ratificaron su competencia para intervenir en el conflicto y buscan garantizar que se pague el “cien por ciento” de las indemnizaciones bajo el esquema previo a la reforma, no contemplan bendecir políticamente el proyecto de “ocupación” de la planta.

“Hay una ola de cierre de empresas y no tenemos margen para esa posibilidad”, sentenciaron en el ministerio de Trabajo bonaerense, que conduce Walter Correa, ante una consulta de .

En tanto, desde la empresa de Javier Madanes Quintanilla ratificaron que “el cierre es definitivo” y afirmaron haber formalizado el pago de las indemnizaciones de los 920 despedidos. Pero en el gremio no corroboran esta última afirmación de los exjerarcas de FATE.

Además, reclaman al gobernador Kicillof que se involucre en la reactivación de la fábrica, que está sin funcionar desde febrero, para confrontar con “el modelo de Javier Milei“.

“Hemos solicitado que se apruebe en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley de ‘ocupación temporal’ para que la única fábrica de cubiertas para camiones y colectivos del país siga funcionando. Pedimos una reunión con Kicillof para decirle que, si en Nación hay un gobierno anti obrero, tiene que dar una solución”, sostuvo el secretario general Alejandro Crespo.

En la misma línea, Crespo planteó: “Esta fábrica es una oportunidad para demostrar que hay políticas diferentes”. Lo expresó a través de un video junto a miembros del SUTNA desde las puertas del complejo de Virreyes, en San Fernando, bajo la consigna “¡Kicillof, te pedimos una reunión ya!”.

Desde el gremio acusan un “lock out patronal” y ponen sobre la mesa un fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que insta a que FATE abone los sueldos pendientes desde su cierre y continúe pagando haberes hasta el 30 de junio de 2026.

Pero el escenario para la empresa es completamente opuesto y sus voceros son categóricos: “Esto está terminado”. En la compañía indican que la decisión de cerrar la planta de San Fernando “ha sido un proceso doloroso que no tiene vuelta atrás” y rechazan de plano cualquier posibilidad de avanzar con el proyecto de rescate impulsado por el SUTNA.

Según aseguran desde la empresa, ya quedaron abonadas las indemnizaciones en su totalidad para los trabajadores despedidos, incluso para quienes buscan prolongar el conflicto.

“Finalizadas las instancias legales, ya se terminaron de depositar las indemnizaciones de las poco más de 100 personas que no habían arreglado con la empresa. También los salarios adeudados hasta el 18 de febrero, que fue el último día trabajado”, remarcaron desde FATE.

Según el diagnóstico de la compañía, el cierre fue la consecuencia de una crisis sostenida: luego de atravesar dos procesos preventivos de crisis en apenas cinco años y reducir su plantilla en un 60%, la estocada final fue la pérdida de competitividad frente al avance de las importaciones, especialmente de neumáticos chinos.

El ocaso de FATE se inscribe en un contexto más amplio de retracción productiva. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 desaparecieron 21.938 empleadores formales en la Argentina.

El proyecto del sindicato comenzó a circular a mitad de marzo entre distintos bloques de la Cámara de Diputados bonaerense. Los delegados fueron recibidos por representantes de UP, UCR, FIT y Coalición Cívica, mientras que en el Senado el texto llegó a los despachos de la bancada peronista.

También existe “una iniciativa espejo” en el Congreso de la Nación. “Es de los diputados sindicales cercanos al gobernador, sumado a otro para declarar la emergencia de la industria del neumático. Igual, entendemos que en la Legislatura las chances son más”, dijo Crespo a este medio.

Entre los lineamientos de la iniciativa, “se propone declarar de utilidad pública y carácter estratégico la producción de neumáticos en la provincia, habilitando la ocupación temporaria por un año y prorrogable por otro más”.

Bajo el argumento de que “la industria del neumático cumple una función esencial para el transporte, la logística y el abastecimiento de bienes básicos”, el texto establece que “el Estado provincial tome posesión inmediata del establecimiento, incluyendo instalaciones, maquinaria, insumos y demás recursos productivos, bajo un esquema de administración supervisada por el Ejecutivo con participación de los trabajadores”.

El ministerio de Trabajo bonaerense convocó a otra audiencia —de carácter virtual— para tratar de acercar posturas entre el sindicato y la empresa. Desde la empresa participaron del encuentro, aunque reiteraron que no altera el desenlace del conflicto. “Las instancias legales ya se agotaron”, sostuvieron.

La cartera que encabeza Correa ratificó su competencia para intervenir en el conflicto y mantiene abierta la posibilidad de extender las negociaciones, pero descarta la posibilidad de avanzar con la propuesta del SUTNA. Se trata de un límite que Kicillof no parece estar dispuesto a traspasar de cara a 2027.

En la antesala del invierno, el Gobierno envió a la Cámara de Diputados un proyecto para reformar el Régimen de Zonas Frías y reducir el alcance de los subsidios al gas. La iniciativa, incluida en el paquete titulado “Medidas Energéticas”, propone un cambio de criterio: pasar de un esquema masivo, definido por ubicación geográfica, a otro focalizado según el nivel de ingresos de los hogares.

El Poder Ejecutivo busca así desarmar la ampliación dispuesta por la el diputado Máximo Kirchner en 2021, que extendió el beneficio a nuevas regiones del centro y norte del país. En los fundamentos del proyecto, sostiene que esa modificación incorporó áreas sin “severidad climática” suficiente y que eso terminó por “desnaturalizar” el régimen.

La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei y sus ministros Luis Caputo (Economía) y Manuel Adorni (jefe de Gabinete), apunta a eliminar el subsidio automático del 30% en la llamada “zona ampliada”. En esas regiones -que incluyen amplias zonas del interior de Buenos Aires (centro, norte, oeste y costa atlántica), el sur de Santa Fe, el sur y centro de Córdoba, casi toda San Luis y sectores de Mendoza y San Juan- dejarán de recibir el beneficio los usuarios de ingresos medios y altos.

En adelante, el descuento en la tarifa solo se mantendrá para quienes acrediten vulnerabilidad económica a través del registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El esquema alcanza a hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas ($4,3 millones, según los últimos datos del Indec), beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP) y veteranos de Malvinas.

En contraste, el proyecto preserva el subsidio pleno -sin filtro de ingresos- en las zonas consideradas de “efectiva severidad climática”. Allí se incluyen la Patagonia (incluye las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa), el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna (abarca zonas andinas de Jujuy, Salta y Catamarca).

El cambio ya genera reparos en provincias cuyos gobernadores han sido aliados circunstanciales del oficialismo en el Congreso, como Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Poggi (San Luis) y Marcelo Orrego (San Juan). Sus legisladores fueron determinantes en votaciones recientes, ya sea para bloquear iniciativas incómodas o para garantizar el avance de reformas impulsadas por el Gobierno.

Además del rediseño del mapa de beneficiarios, el proyecto introduce modificaciones técnicas en el funcionamiento del régimen, con el objetivo de reducir el costo fiscal y ordenar la cadena de pagos del sector.

Uno de los cambios centrales es la forma de calcular el subsidio. Hasta ahora, la bonificación se aplicaba sobre toda la factura de gas. Con la reforma, se limitará únicamente al precio del gas en origen (el valor del combustible), y ya no cubrirá los costos de transporte y distribución. En la práctica, esto reduciría el monto subsidiado.

También se modifica el circuito de pagos. El Estado pasará a compensar directamente a los productores y proveedores de gas, en lugar de hacerlo a través de las distribuidoras. El objetivo es evitar atrasos y deudas en la cadena, un problema recurrente en el sistema actual.

El financiamiento del régimen será a través de un recargo en las facturas de gas de todo el país, que podrá llegar hasta el 7,5%. El proyecto habilita al Poder Ejecutivo a ajustar ese porcentaje -al alza o a la baja- en un margen de hasta el 50%.

La iniciativa incluye, además, un capítulo de regularización para el mercado eléctrico mayorista. Propone un esquema excepcional para que distribuidoras con deudas con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Eléctrico) puedan cancelarlas mediante compensaciones vinculadas a créditos acumulados durante los períodos de congelamiento tarifario.

En paralelo, establece nuevas pautas de transparencia en las facturas: los costos de la energía deberán trasladarse de manera directa a las tarifas y se busca limitar la inclusión de tributos locales ajenos al servicio.

Como contrapartida a los recortes, el proyecto extiende beneficios fiscales para energías renovables hasta 2045 y propone eliminar regímenes de promoción y acceso a divisas para el sector hidrocarburífero, con el argumento de reducir gastos tributarios.

El nuevo esquema de zonas frías, en caso de aprobarse, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.