POLITICA
Fentanilo mortal: a un año de la mayor tragedia sanitaria del país, las novedades del expediente y las próximas imputaciones
El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dictará en los próximos días una nueva resolución que ampliará los procesamientos de los 13 imputados por la mayor tragedia sanitaria de la Argentina, elevando el número de muertes atribuidas al fentanilo contaminado de HLB Pharma de 20 a 114 pacientes fallecidos, con 49 víctimas sobrevivientes que quedaron con secuelas. El viernes 8 de mayo se cumple un año de que la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la distribución del fentanilo fabricado por el laboratorio tras comprobar que contenía la bacteria Klebsiella pneumoniae.
Esta medida se tomó luego de detectar un brote de neumonía causado por dicha bacteria en el Hospital Italiano de La Plata, y tras confirmarse que el lote afectado pertenecía a HLB Pharma. La decisión implicó la suspensión inmediata de la distribución del producto en todo el país y se sumó a otras restricciones previas sobre productos del mismo laboratorio por diferentes irregularidades y deficiencias graves en los procesos de fabricación.
Con el bajo perfil que los caracteriza, el juzgado de Kreplak y la fiscalía federal de La Plata, a cargo de María Laura Roteta, comenzaron la segunda etapa de la investigación. En ella, según pudo reconstruir Infobae, están bajo la lupa de los instructores judiciales la rigurosidad de los controles a los laboratorios -y sobre todo a HLB Pharma y Ramallo, propiedad de Ariel García Furfaro– que debían realizar la ANMAT, por entonces a cargo de Nélida Agustina Bisio y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), en ese momento bajo la dirección de Gabriela Carmen Mantecón Fumadó. Los dos máximos organismos de control que dependen del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.
Si bien el 8 de mayo de 2025 es una fecha clave por la decisión que tomó la ANMAT, como se verá en este recorrido, la tragedia, como la mayoría de ellas, llámese Once o Cromañón, comenzó antes.
Por ejemplo, el Hospital Italiano de La Plata detectó la infección en el primer paciente el 21 de abril de 2025. Después de realizar análisis y controles internos, las autoridades del establecimiento privado denunciaron la contaminación del anestésico de HLB Pharma ante la ANMAT el 2 de mayo de 2025. Tres días después, la autoridad de control hizo la denuncia ante la Policía Federal Argentina y estos lo elevaron a la justicia federal de La Plata.
Valentía de madre
En la causa judicial, Renato, un joven de 18 años que murió en el Hospital Italiano de la Plata, es considerado el “caso número 1”. Desconsolada, su mamá, la enfermera Soledad Francese recordó ante este cronista: “El 5 de mayo hizo un año que falleció Renato”. En ese sentido, opinó desde su pesar: “Lo que la mayoría de los familiares vemos es que la justicia, el juez Kreplak y la fiscal Roteta son los únicos que están haciendo algo y trabajando como corresponde. El Gobierno hace como que están ciegos, sordos y mudos no hacen absolutamente nada. Pasó un año y realmente no hacen ni dicen nada”.
El 15 de agosto del año pasado, la valiente madre se enfrentó públicamente a Ariel García Furfaro, el dueño de los laboratorios que elaboraron y distribuyeron las ampollas del potente anestésico y principal imputado en la causa.
Cinco días después del duro cruce que tuvieron al aire de la señal TN el empresario fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, tras entregarse luego de que el juez Kreplak emitiera una orden de captura en su contra.
El intercambio de palabras ocurrió en el programa “Solo una vuelta más”. Soledad había sido invitada al piso del programa conducido por Diego Sehinkman, para exponer el caso de su hijo: “Si yo tengo algo que ver e hice algo mal a propósito, señora, pongo mi cabeza y me la vuelo delante suyo. Soy gente de trabajo», dijo con voz exaltada el empresario farmacéutico.
La doliente, mirando a cámara, respondió serena: “Primero, decirle que no le creo nada de lo que está diciendo. Si decís que vas a poner la cabeza, bueno, tráela, porque es así. Sos responsable de todas las muertes. En el lote 31202 había dos bacterias, no era una sola; la segunda bacteria que se encuentra es propia del laboratorio. Vos sabés, el lote 31202 tiene un período de fabricación de 8 horas y se tardó 16 en fabricarlo; tenía una diferencia de temperatura, que eso también hace que proliferen las bacterias. Hay un montón de fallas (en los laboratorios) y vos sos responsable″.
– ¿Y qué piensa a un año de la causa fentanilo?, le preguntó este medio a “Sol”, como la llaman sus amigos.
-No me entra en la cabeza como puede ser que las autoridades estén tan así como si nada cuando murieron más de 100 personas. Fue la pero tragedia sanitaria en Argentina y El gobierno no dice nada. Eso me genera mucha impotencia, es despreciable, respondió.
Habla el expediente
La causa, caratulada “García, Ariel Fernando y otros s/ infracción art. 201 bis” del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, se convirtió en la investigación penal más voluminosa del país en materia sanitaria. El expediente principal se encuentra completamente digitalizado y acumula alrededor de 400 legajos y sublegajos, 30 cajas de documentación, 2 armarios de efectos y más de 200 dispositivos digitales.
Las fuentes de las querellas consultadas por Infobae describen la investigación como “exhaustiva, rigurosa y muy profesional”. Funcionarios judiciales vinculados a la causa agregan que: “Resistió intentos de desestabilización y campañas de desinformación sin que el curso de la causa se viera afectado”.
La instrucción judicial tuvo origen el 13 de mayo de 2025, después que la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica denunció ante la Policía Federal Argentina la presunta contaminación microbiana del fentanilo HLB lote 31202. El Hospital Italiano de La Plata había detectado semanas antes la presencia de las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica en diez de doce ampollas analizadas del medicamento, mientras que el fentanilo de otra marca resultó negativo.
El auto de procesamiento dictado el 25 de septiembre de 2025, un tiempo récord por el volumen de información, documentación para procesar y pruebas científicas que debían ser realizadas; identificó a 13 personas como coautoras o partícipes del delito de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte, en los términos del artículo 201 bis del Código Penal, que prevé una pena de entre 10 y 25 años de prisión.
Ariel Fernando García Furfaro, accionista mayoritario de HLB Pharma Group y propietario real de Laboratorios Ramallo, es señalado como la figura central. El juzgado le atribuye capacidad de decisión sobre todos los aspectos relevantes de ambos laboratorios, conocimiento pleno de las deficiencias productivas, y la destrucción de prueba digital —incluyendo el borrado de los servidores de Ramallo el 6 de mayo de 2025—. También se le imputa haber omitido el recupero farmacéutico de las partidas contaminadas vendidas. Fue embargado por $1.000.000.000.000 (un billón de pesos) y se encuentra detenido.
Diego Hernán García, hermano de Ariel y responsable operativo de Laboratorios Ramallo, fue quien comunicó directamente las órdenes de producción al jefe de planta, incluida la del fentanilo contaminado el 13 de diciembre de 2024. El juzgado acreditó su presencia cotidiana en la planta y su rol en decisiones gerenciales. Procesado como coautor, embargado por $500.000.000.000, detenido.
Nilda Furfaro, madre de los hermanos García, accionista minoritaria y vicepresidenta de HLB Pharma Group, prestó su nombre y firma para la operatoria societaria, realizó presentaciones ante la ANMAT en defensa del laboratorio y gozó de los réditos económicos del grupo. Procesada como partícipe necesaria, embargada por $500.000.000.000, con detención domiciliaria.
Javier Martín Tchukrán, director general de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma Group, persona de máxima confianza de los García. Ordenó el borrado de los servidores del laboratorio el 6 de mayo de 2025 —al día siguiente de que la droguería alertara sobre el problema— e impartía directivas al personal técnico. Procesado como coautor, embargado por $500.000.000.000, detenido.
José Antonio Maiorano, director técnico de HLB Pharma desde noviembre de 2024, firmó la liberación al mercado de los lotes contaminados 31202 y 31244. En su declaración indagatoria sostuvo haber sido presionado para firmar los batch records bajo amenaza. Procesado como coautor, embargado por $100.000.000.000, detenido.
Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo desde agosto de 2023, firmó las órdenes de producción y los registros de los lotes contaminados, y fue notificada de las deficiencias detectadas por la ANMAT en inspecciones previas. Optó por no declarar en la ampliación de indagatoria. Procesada como coautora, embargada por $100.000.000.000, con detención domiciliaria.
Los restantes siete imputados —María Victoria García (gerente de Gestión de Calidad), Wilson Daniel Pons (jefe de Control de Calidad), Adriana Iúdica (subjefa de Control de Calidad), Edgardo Gerardo Antonio Sclafani (gerente de Producción y Mantenimiento), Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar (jefa de Garantía de Calidad), Rocío del Cielo Garay (supervisora de fisicoquímica) y Eduardo Darchuk (jefe de Producción de Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen)— fueron procesados como coautores sin prisión preventiva, con embargos que van de $10.000.000.000 a $50.000.000.000. Todos firmaron los registros de fabricación de los lotes contaminados y el juzgado determinó que conocían las irregularidades del proceso productivo.
Las irregularidades en los laboratorios
La resolución judicial detalla un patrón de incumplimientos sistemáticos que abarcó todas las etapas de la cadena productiva. Entre las principales irregularidades detectadas en Laboratorios Ramallo:
Producción de medicamentos en áreas no habilitadas y con envases no autorizados por la ANMAT —deficiencia calificada como crítica—.
- Falta del libro de producción que permitiera trazar los lotes elaborados.
- Ausencia de organigrama y puestos clave sin personal a tiempo completo.
- Ensayos de esterilidad realizados con una metodología que mezclaba hasta ocho lotes distintos en una sola membrana de filtración, lo que invalidaba los resultados y generaba falsos negativos.
- Falta de limpieza entre lotes consecutivos, con intervalos de sanitización de entre 2 y 3 horas, cuando el estándar exige procedimientos validados.
- Agua para inyectables con valores de arsénico que superaban entre seis y siete veces el límite permitido por el Código Alimentario Argentino.
- Registros de lote (batch records) confeccionados a posteriori de la fabricación, con datos inexistentes o copiados de otros medicamentos.
- El personal reconoció en chats internos que “dibujaba” documentación para presentar ante la ANMAT.
- Liberación de los lotes 31202 y 31244 antes de contar con los resultados del ensayo de simulación del proceso aséptico (media fill).
En HLB Pharma Group, entre 2018 y 2024 la ANMAT recibió 118 reportes de farmacovigilancia referidos a desvíos de calidad, de los cuales el 86% fueron confirmados como válidos. En al menos 38 casos se ordenó el retiro del mercado del lote cuestionado. El director técnico anterior, Ariel Cons, renunció en octubre de 2024 expresando estar «cansado de la cantidad de retiros que había» y de “poner la cara ante ANMAT por lo que ocurría en Ramallo”. Además, en septiembre de 2023 se registró un antecedente de contaminación con Ralstonia mannitolilytica en ampollas de dexametasona HLB en un establecimiento de Entre Ríos, que no derivó en medidas correctivas por parte del organismo regulador.
ANMAT e INAME, bajo la lupa
La próxima etapa de la investigación apunta a los organismos de control que dependen del Ministerio de Salud de la Nación. El juzgado tiene muy avanzado el análisis de la conducta de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica y del Instituto Nacional de Medicamentos, y la causa apunta a sus máximos responsables.
La fiscal María Laura Roteta, titular de la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata, ya cuestionó en su dictamen del 14 de mayo de 2025 la actuación de ambos organismos. La resolución judicial recoge y amplía esos cuestionamientos:
- La Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica tardó tres días en acusar recibo de la alerta del Hospital Italiano de La Plata sobre la contaminación.
- El Instituto Nacional de Medicamentos realizó los ensayos de esterilidad de las muestras en el laboratorio Gobbi Novag, un establecimiento que —según señaló el propio imputado Ariel García en su indagatoria, sin que la fiscalía lo rebatiera— “estuvo procesado en el penal económico por mentirle a la ANMAT”.
La resolución también señala que el fentanilo no estaba incluido en la Disposición N° 10564/2016 de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica, lo que impedía su trazabilidad individual. Ese vacío normativo fue identificado como “el primer obstáculo” de la investigación. El sistema de formularios en papel establecido por la Ley N° 17.818 fue calificado como “a todas luces obsoleto e insuficiente”. El propio juzgado debió asumir la tarea de recupero de casi un millón de ampollas distribuidas en todo el país, ante la inactividad del laboratorio y la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica.
Tras inspecciones realizadas en 2022 y entre diciembre de 2023 y enero de 2024, la ANMAT detectó deficiencias críticas en Laboratorios Ramallo, pero «no surge del expediente la realización de controles posteriores mediante los que se haya constatado el efectivo cumplimiento del plan propuesto» por el laboratorio. Ante el antecedente de contaminación por Ralstonia en dexametasona HLB en 2023, el Instituto Nacional de Medicamentos analizó solo una ampolla de las 23 remitidas y no detectó bacteria, por lo que no ordenó medidas correctivas.
El estado de la causa y la Cámara
La Cámara Federal de La Plata analiza desde octubre de 2025 la resolución de procesamiento apelada por las defensas de los imputados. Hasta la fecha, no se pronunció sobre el fondo del expediente: resolvió múltiples planteos de excarcelación y de detención domiciliaria, pero la apelación al auto de procesamiento sigue pendiente.
Por estas horas, los investigadores trabajan en la nueva resolución que se dictará, un hecho que genera expectativa entre los defensores de los 13 procesados.
En el juzgado son herméticos sobre el imperio que tomará el magistrado. Expresan, sí el profesionalismo, valentía y compromiso que el equipo demostró a los largo de los pasados 12 meses para hacer cumplir “los derechos de las partes” y la “humanidad para comprender el dolor de las personas afectadas”. Dos hechos que, según la opinión generalizada de los funcionarios judiciales “son tanto o más importante que saber derecho para resolver en tiempo y forma una causa de estas características”.
La investigación continúa abierta hacia posibles nuevos involucrados, entre ellos personal de líneas inferiores de los laboratorios y eventuales dueños ocultos no identificados aún y de los organismos de control.
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Sancionada el 27 de febrero y publicada el 6 de marzo de 2026, la Ley de Modernización Laboral (27.802) flexibiliza las contrataciones, extiende el periodo de prueba, modifica las indemnizaciones y regula el derecho a huelga en Argentina. Sus ejes:
- Despidos e indemnizaciones. Se mantiene un sueldo por año de antigüedad, pero la base de cálculo excluye aguinaldo, vacaciones y premios no mensuales, y se topea en tres salarios promedio del convenio (con un piso del 67%). La indemnización pasa a ser la “única reparación”: cobrarla cierra cualquier reclamo civil posterior, salvo delitos penales. Los convenios podrán reemplazar el sistema por un fondo de cese.
- Fondo de Asistencia Laboral. Desde junio de 2026, cada empleador aporta 1% (grandes empresas) o 2,5% (Pymes) de la masa salarial a una cuenta administrada por entidades privadas, para financiar despidos. A cambio recibe una reducción equivalente de contribuciones patronales.
- Relación de dependencia. Se debilita la presunción de contrato laboral: si hay facturas o pagos bancarizados, no se presume empleo, ni siquiera a efectos previsionales. Los repartidores y choferes de apps quedan definidos como prestadores independientes, fuera de la ley laboral. La solidaridad entre empresas de un mismo grupo solo procede si hubo fraude.
- Jornada y vacaciones. Se habilitan bancos de horas y francos compensatorios pactados por escrito. Las vacaciones pueden otorgarse entre octubre y abril, fraccionadas en tramos de al menos siete días.
- Huelga y sindicatos. Los servicios esenciales deben garantizar 75% de prestación; una lista amplia de actividades “de importancia trascendental” (transporte, bancos, alimentos, hotelería, industria continua) exige 50%. Las asambleas requieren autorización del empleador y no se pagan. Bloqueos y tomas se tipifican como infracciones muy graves, y la reincidencia puede costar la personería gremial. Los aportes convencionales a sindicatos se topean en 2%.
- Convenios colectivos. La ultraactividad se limita a cláusulas normativas y el convenio de ámbito menor (por empresa) prevalece sobre el de actividad.
- Justicia laboral. Los juicios porteños se transfieren a la Ciudad, los jueces quedan obligados a seguir la Corte Suprema, las costas se topean en 25% y las deudas se actualizan por IPC más 3% anual.
- Otros. Blanqueo laboral con condonación de al menos 70% de deudas, contribuciones reducidas para nuevas contrataciones, incentivos a inversiones pymes y quita de impuestos internos a seguros, celulares y automotores. Se derogan, entre otras, las leyes de teletrabajo, viajantes de comercio y estatuto del periodista.
Para profundizar más sobre la reforma laboral, se puede acceder a la colección de Google Pinpoint elaborada por sobre el tema, que además de incluir el texto completo de la ley, incluye información, audios e infografrías de cómo fue el proceso desde que el Gobierno impulsó el proyecto hasta que fue aprobado, análisis de nuestros especialistas, y editoriales.
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POLITICA
La investigación que reconstruyó cómo se administraron negocios comerciales vinculados al fútbol
Durante los últimos años, una serie de investigaciones periodísticas y judiciales comenzó a reconstruir cómo se administraron algunos de los principales negocios comerciales vinculados al fútbol argentino. Contratos internacionales, derechos de televisación, patrocinadores, partidos amistosos, intermediarios privados y movimientos de fondos entre distintos países forman parte de un entramado que hoy es analizado por la Justicia y distintos organismos de control.
La cobertura conocida como AFAgate reúne ese rompecabezas a partir de expedientes judiciales, documentos comerciales, registros societarios, movimientos bancarios y testimonios. El objetivo de la investigación es explicar cómo funcionó el circuito financiero detrás de algunos de los negocios más importantes vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino y por qué diversas operaciones despertaron sospechas de posibles irregularidades.
Entre los ejes de la investigación aparecieron los contratos firmados para comercializar los activos internacionales del fútbol argentino, el rol de empresas intermediarias radicadas en el exterior, los mecanismos utilizados para canalizar ingresos provenientes de auspicios, amistosos y derechos comerciales, y el posterior destino de parte de esos fondos.
JUAN MABROMATA – AFP
La documentación también analizó la utilización de sociedades constituidas fuera del país, las transferencias entre distintas jurisdicciones, la compra de bienes de alto valor y la existencia de estructuras societarias que hoy son objeto de investigación para determinar si fueron utilizadas para ocultar beneficiarios finales o dificultar el seguimiento del dinero.
Otro de los aspectos abordados es la relación entre las operaciones comerciales y las distintas causas abiertas en la Argentina. Las investigaciones buscan establecer si existieron posibles maniobras de lavado de activos, evasión tributaria, administración fraudulenta, desvío de fondos u otras figuras penales. A su vez, distintos organismos públicos, denuncias particulares y presentaciones ante entidades deportivas internacionales dieron origen a expedientes que actualmente tramitan en diferentes fueros judiciales.
Se reconstruyó el contexto en el que se desarrollaron estas operaciones, se analizó el crecimiento económico de la AFA durante los últimos años y se presentaron las distintas posiciones alrededor del caso. Mientras los investigadores intentan determinar la legalidad de los movimientos financieros, la conducción de la entidad rechazó una y otra vez las acusaciones y sostiene que todas las contrataciones se realizaron dentro del marco legal y que la institución logró sanear sus cuentas y fortalecer sus ingresos.
Del otro lado posan la lupa sobre cómo funciona el negocio económico que rodea al fútbol argentino y cuáles son las preguntas que todavía buscan respuesta.
Archivos de consulta
Como complemento de esta cobertura, algunas piezas del material, como imágenes, videos, documentos, contratos y registros societarios, están disponibles en una colección de Google Pinpoint. La plataforma, desarrollada por Google como parte de Google Journalist Studio, es una herramienta gratuita de inteligencia artificial pensada para periodistas, investigadores y académicos. Permite explorar grandes volúmenes de información, realizar búsquedas por nombres, fechas, organizaciones o palabras clave y localizar rápidamente datos relevantes dentro de cientos de miles de documentos, facilitando la verificación y el análisis de la evidencia reunida durante la investigación.
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POLITICA
Más desregulación: el Gobierno prepara un nuevo paquete de reformas y evalúa pedir seis meses de facultades delegadas
El Gobierno ya tiene listo un nuevo paquete de desregulación económica que evalúa enviar al Congreso y que apunta a modificar reglas históricas en sectores sensibles de la economía.
Contempla cambios en el sistema de venta de medicamentos, la navegación fluvial y el mercado inmobiliario. También prevé ajustes en los arrendamientos rurales, la industria vitivinícola, el mercado del libro, el régimen de garrafas, el sistema financiero, los traductores públicos y las cooperativas.
Se busca, en líneas generales, reducir costos, aumentar la competencia y eliminar barreras de entrada en estas actividades económicas.
Pero el texto contiene un título final, el 10, donde hace un pedido sensible. Solicita al Congreso seis meses de facultades delegadas para avanzar con nuevas desregulaciones por decreto.
El texto fue elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, y por estas horas permanece “en revisión”. Según pudo saber , espera la firma del presidente Javier Milei antes de ser enviado al Congreso.
Son cambios que anticipan debates acalorados. El oficialismo acumula iniciativas ideadas por el equipo de Sturzenegger en el Congreso por falta de avales. El paquete sobre propiedad privada -que habilita, entre otras medidas, la venta de tierras nacionales a extranjeros y agiliza los procesos de desalojo- volvió a postergarse en la última sesión del Senado. Tampoco avanzó el proyecto conocido como “Hojarasca”, destinado a derogar normas que el oficialismo considera obsoletas o restrictivas de la libertad económica; ni la nueva Ley General de Sociedades, que propone un régimen societario más flexible e incorpora figuras automatizadas vinculadas a blockchain e inteligencia artificial.
Facultades delegadas
El Poder Ejecutivo propone declarar la emergencia administrativa y de competencia por seis meses para quedar habilitado a modificar o derogar normas que, a su criterio, restrinjan la competencia o generen barreras de entrada en distintos mercados. Entre otras cuestiones, podría avanzar sobre regímenes de precios mínimos o máximos, cupos, beneficios sectoriales, monopolios legales y otras regulaciones que el Gobierno considera obsoletas o perjudiciales. A cambio, deberá remitir al Congreso un informe trimestral con las medidas adoptadas.
El objetivo implícito es acelerar la eliminación de regulaciones sin necesidad de impulsar una ley para cada modificación. Se trata de un esquema similar al que el Gobierno buscó durante la sanción de la Ley Bases, aunque en esta oportunidad circunscripto a la agenda de desregulación económica.
Medicamentos, libros y garrafas
Uno de los capítulos más sensibles tiene que ver con los medicamentos. El Gobierno insiste con flexibilizar el régimen de comercialización para permitir que los medicamentos de venta libre puedan exhibirse en góndolas. También amplía la posibilidad de comercialización online con entrega a domicilio.
Actualmente -salvo la empresa Farmacity, que ganó un amparo en la Justicia-, las especialidades medicinales solo pueden venderse en farmacias y bajo supervisión farmacéutica.
Parte de esos cambios ya habían sido incorporados en el DNU 70/23, pero quedaron parcialmente suspendidos por medidas cautelares impulsadas por entidades farmacéuticas. Ahora el oficialismo busca darles respaldo legal mediante una ley.
El anteproyecto también deroga el régimen de precio uniforme para los libros. De aprobarse, cada librería podrá fijar libremente el valor de venta de un mismo título y ofrecer promociones o descuentos sin las restricciones previstas por la normativa vigente. En el Ministerio de Desregulación sostienen que la medida favorecerá la competencia entre comercios y reducirá los precios para los consumidores.
En la misma línea, la iniciativa modifica el régimen del gas licuado de petróleo (GLP). El Estado dejaría de intervenir sobre los precios, márgenes de rentabilidad y cupos de producción o comercialización de las garrafas. Su participación quedaría limitada a los controles vinculados con la seguridad técnica.
Cambios en el sistema financiero
El proyecto incorpora además una actualización de los regímenes de prendas y warrants, con el objetivo de digitalizar las garantías utilizadas para acceder al crédito.
Entre las principales novedades, habilita expresamente la utilización de activos virtuales -como criptomonedas- como garantía de obligaciones, incorpora contratos inteligentes y firmas digitales y crea un registro federal unificado para consultar todas las garantías constituidas en el país. También digitaliza los certificados de depósito y warrants utilizados por el sector productivo.
En el Gobierno consideran que estas modificaciones facilitarán el acceso al financiamiento y reducirán los costos administrativos de las operaciones.
Campos, barcos e inmobiliarias
El paquete también alcanza al sector agropecuario. El anteproyecto deroga la ley de arrendamientos rurales, que establece plazos mínimos y otras condiciones obligatorias para el alquiler de campos. De prosperar la iniciativa, propietarios y productores podrán acordar libremente la duración de los contratos, el precio y la modalidad de pago. Los contratos vigentes mantendrán sus condiciones hasta su vencimiento.
Otro de los capítulos centrales es la navegación y el cabotaje. El Gobierno busca reflotar por ley parte de los cambios incluidos en el DNU 340/2025, rechazado por el Congreso, que habilitaba una mayor apertura del transporte fluvial a embarcaciones extranjeras.
La propuesta permite que buques extranjeros realicen cabotaje interno mediante permisos temporarios y establece un esquema progresivo de incorporación de tripulación argentina según el tiempo de permanencia en el país. En la Casa Rosada sostienen que la medida reducirá los costos logísticos y mejorará la competitividad de las exportaciones.
En paralelo, el proyecto incluye una fuerte desregulación del mercado inmobiliario. La reforma elimina la obligatoriedad del título universitario y de la matrícula profesional para ejercer como corredor o martillero público, con el argumento de que los actuales requisitos constituyen barreras de entrada que restringen la competencia y encarecen las operaciones. Esto permitiría que cualquier persona pueda intermediar en operaciones inmobiliarias.
Vino, traductores y cooperativas
El anteproyecto también redefine las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). El organismo dejaría de controlar las distintas etapas del proceso de elaboración para concentrarse exclusivamente en verificar que el producto final sea genuino y apto para el consumo. Además, dispone la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), cuyos recursos y funciones pasarían al INV. La Coviar se encarga, entre otras cosas, de gestionar un plan vitivinícola, promover el enoturismo, mejorar la producción sostenible y posicionar los vinos argentinos en el mundo.
Otra modificación elimina la obligación general de presentar traducciones realizadas por traductores públicos matriculados en los trámites ante la administración nacional. Esa exigencia quedaría reservada para los casos que determine la reglamentación.
Por último, el proyecto incorpora cambios tributarios para las cooperativas. Elimina la exención plena del impuesto a las ganancias y establece que si una cooperativa tiene excedentes por más de $500 millones anuales, deberá pagar Ganancias.
pic.twitter.com/oncWHSiwFj,December 16, 2024,@JMilei,pic.twitter.com/J9e52QHlmj,September 4, 2025,Delfina Celichini,Congreso Nacional,Conforme a
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