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El extitular de Nucleoeléctrica se defendió de los supuestos gastos irregulares con tarjetas corporativas

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El expresidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Demian Reidel, se presentó de manera espontánea ante la Justicia para desginar a su defensor Mariano Fragueiro y rechazar las acusaciones en la causa que investiga supuestos gastos irregulares realizados con tarjetas corporativas de la empresa estatal durante viajes al exterior.

En un escrito presentado ante el juez federal Daniel Rafecas, el exfuncionario libertario aseguró que no realizó “ninguno de los consumos cuestionados” y sostuvo que tampoco tenía bajo su responsabilidad el control de los gastos efectuados por otros usuarios de las tarjetas.

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La investigación había sido impulsada por el fiscal federal Ramiro González, luego de una denuncia vinculada a consumos detectados en la cuenta corporativa N° 338402 de la empresa, utilizada entre marzo de 2025 y febrero de 2026. La causa apunta también a integrantes del Directorio, la Sindicatura y a todos los titulares y usuarios de las tarjetas asociadas a esa cuenta.

En su presentación judicial, Reidel afirmó que los resúmenes individuales de la tarjeta corporativa que tenía asignada no registran gastos en “free shops, discotecas, pubs, bares nocturnos, servicios de playa, peluquerías, indumentaria, perfumería, supermercados ni entretenimiento turístico”. También negó haber realizado adelantos o retiros de efectivo.

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“El universo agregado de operaciones realizadas con la totalidad de las tarjetas corporativas asociadas a la cuenta N° 338402” fue utilizado, según sostuvo, sin individualizar a los responsables de cada consumo.

La causa judicial se originó a partir de un informe de gestión enviado a la Cámara de Diputados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Allí se incluyó un “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A. — Cuenta N° 338402”, elaborado a pedido de la diputada Florencia Carignano. Según el fiscal González, el documento revelaba consumos que podrían resultar ajenos “al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa”.

Entre los gastos observados figuraban 45 compras en free shops por 5957 dólares y más de 1,1 millones de pesos, pagos a “Mar y Sombra SL”, una empresa de servicios de playa en Valencia, gastos en hoteles, indumentaria, transferencias por Mercado Pago y consumos en el pub El Pirata de Madrid. Además, se detectaron adelantos en efectivo por unos 56 millones de pesos.

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La denuncia original había sido presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien sostuvo que, aun en caso de tratarse de viajes oficiales, “los consumos observados resultarían incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos”.

En su descargo, Reidel aseguró que todos los movimientos registrados en su tarjeta se corresponden con “gastos de hospedaje, pasajes aéreos, traslados terrestres y servicios aeroportuarios” vinculados a misiones institucionales realizadas durante su gestión al frente de la empresa.

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Según detalló, esas actividades incluyeron participaciones en conferencias y foros internacionales como eventos del Organismo Internacional de Energía Atómica, la Asamblea General de Naciones Unidas, el Toronto Global Forum, el World Business Forum y el IEFA World Strategic Forum, en algunos de los cuales afirmó haber participado como expositor.

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El expresidente de Nucleoeléctrica también explicó que las tarjetas corporativas funcionaban bajo modalidad prepaga y que los fondos eran acreditados previamente mediante solicitudes aprobadas y por montos determinados. Según señaló, el esquema estaba regulado por resoluciones del Directorio y era una práctica previa a su gestión.

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Además, sostuvo que la verificación, autorización y rendición de los consumos correspondía a áreas administrativas específicas y no a la presidencia del Directorio. “La pretensión de atribuirme una responsabilidad penal por consumos ajenos, ejecutados con tarjetas de las que no era titular ni usuario, carece del más mínimo sustento jurídico e, incluso, lógico”, afirmó en el escrito.

En la presentación, Reidel puso a disposición de la Justicia documentación vinculada a sus viajes y consumos y pidió una serie de medidas de prueba. Entre ellas, solicitó que se incorporen al expediente los resúmenes individuales de la tarjeta que utilizó durante el período investigado, que se identifique a los usuarios responsables de cada operación realizada con la cuenta corporativa y que se realice un peritaje contable para separar los consumos correspondientes a su tarjeta del resto de los gastos cuestionados.

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También requirió que Nucleoeléctrica Argentina S.A. entregue documentación sobre las misiones oficiales realizadas durante el período bajo investigación, incluyendo órdenes de viaje, invitaciones a foros internacionales, autorizaciones de viáticos y rendiciones de gastos.

Reidel había presentado su renuncia a la entidad que controla las centrales nucleares en febrero pasado, tras quedar bajo sospecha de presunta corrupción debido a que saldó deudas personales por $825 millones en apenas 18 días, acusaciones que negó.

Demian Reidel

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El Gobierno anunció que presentará nuevas denuncias penales contra petroleras que operan en Malvinas

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El Gobierno anunció este miércoles que presentará nuevas denuncias penales contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas. Según informó la Oficina del Presidente, las presentaciones no se limitarán a las firmas: también identificarán a directores, gerentes, administradores y representantes que hayan intervenido en esas decisiones.

El comunicado oficial precisó que las nuevas acciones judiciales derivarán tanto en la ampliación de causas ya en trámite como en la apertura de expedientes nuevos. El Ejecutivo remarcó que buscará “responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando” la soberanía nacional sobre el archipiélago.

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Según pudo saber TN de fuentes oficiales, esta nueva presentación alcanzará a 5 firmas: ⁠Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited; ⁠Rockhopper Exploration (Oil) Limited; ⁠Borders & Southern Falkland Islands Limited; ⁠Borders & Southern Petroleum PLC; y ⁠Desire Petroleum Limited.

La medida se enmarca en la escalada de sanciones que el Gobierno viene sosteniendo en los últimos días, tras la cadena nacional que encabezó Javier Milei para advertir los riesgos del avance del proyecto petrolero Sea Lion.

El Gobierno anunció la ampliación de las presentaciones judiciales contra las compañías y sus directivos que operen en las Islas Malvinas. (Foto: Navitas Petroleum)

En ese contexto, la Cancillería a cargo de Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, ya había presentado este lunes una primera denuncia penal contra cinco compañías vinculadas a la iniciativa: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

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Un total de 60 investigados hasta el momento

De acuerdo a lo informado por el propio Gobierno en los días previos, ya son 60 las personas humanas y jurídicas bajo procedimientos sancionatorios por presuntas infracciones a la Ley 26.659. La norma, sancionada en 2011, prohíbe a toda persona física o jurídica desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin habilitación de la autoridad argentina competente, y prevé inhabilitaciones de entre 5 y 20 años para los responsables.

Días atrás, el Ejecutivo había firmado el Decreto 868/2026, publicado en el Boletín Oficial el 4 de septiembre, con el objetivo de acelerar los trámites administrativos vinculados a estas infracciones.

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La seguidilla de anuncios se da en simultáneo con otras medidas vinculadas a reforzar la soberanía, como el envío de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional al Congreso y la instrucción presidencial para priorizar el desarrollo de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego dentro del Presupuesto 2027, que el Gobierno debe enviar este 15 de septiembre.

Islas Malvinas, Gobierno

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Milei defendió su política para Malvinas y dijo que es “una causa nacional”

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El presidente Javier Milei brindó un discurso este miércoles en la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos y defendió su política contra las empresas que explotarán petróleo cerca de las Islas Malvinas -ocupadas por el Reino Unido- y afirmó que es “una causa nacional”.

“Cuando la Patria está en peligro todo esta permitido excepto no defenderla (frase de José de San Martín), por eso la semana pasada anunciamos una serie de medidas para defender la soberanía. Ya abrimos proceso sancionatorio contra 60 empresas y presentamos una denuncia penal contra las empresas vinculadas con el gobierno ilegitimo de las islas”, indicó el libertario en un discurso.

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Milei abraza al ministro de Defensa, Carlos PrestiPresidencia

Y habló de una causa común: “No es [una causa] de un gobierno o un partido, con esto no puede haber grieta alguna. San Martín no liberó medio continente con discursos, lo hizo con logística, disciplina y anteponiéndose. Sin decisión es imposible avanzar en nuestras luchas. Vinimos a dar vuelta la página y construir una Patria próspera porque sin riqueza no se puede potenciar nuestra defensa”.

Tensión

La tensión diplomática con Londres comenzó luego de que, después de las declaraciones de Trump, Javier Milei dedicara la semana pasada una cadena nacional a reivindicar el reclamo argentino sobre las islas y anunciara una serie de medidas vinculadas con las actividades de empresas y Estados extranjeros en la zona.

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En un discurso de 15 minutos, Milei puso el foco en la explotación de hidrocarburos y recursos pesqueros en las cercanías del archipiélago y anticipó nuevas iniciativas para reforzar la posición argentina.

El endurecimiento de la postura del Ejecutivo responde también al avance de Sea Lion, un proyecto offshore en Malvinas. La iniciativa está en manos de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, dos compañías de exploración y producción de una escala considerablemente menor que la de las grandes petroleras internacionales. La israelí Navitas es la operadora del proyecto y controla el 65% de las licencias, mientras que Rockhopper, una empresa británica que cotiza en el mercado AIM de Londres, posee el 35% restante.

Plataforma de petróleo en las cercanías de las MalvinasEFE

La participación de Navitas en Malvinas comenzó en 2022, cuando adquirió de Harbour Energy el 65% de las licencias y asumió la operación del área. Desde entonces, se convirtió en la principal impulsora de Sea Lion, que en diciembre de 2025 obtuvo junto con Rockhopper la decisión final de inversión para avanzar con una primera etapa valuada en US$1800 millones. La compañía prevé iniciar la producción en el primer trimestre de 2028.

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A modo de respuesta, el mandatario informó que el Gobierno ampliará los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, con el objetivo de incrementar las capacidades de telecomunicaciones en el sur.

Además, anunció la publicación de un decreto reglamentario destinado a reunir en la Cancillería la información necesaria para impulsar sanciones contra compañías o Estados que realicen actividades ilegales en la zona.




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La intendenta K de José C. Paz criticó a Axel Kicillof por el asesinato del joven de 23 años

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La intendenta interina de José C. Paz, Lorena Espina, y el director de Seguridad, Miguel Narváez, reclamaron al gobernador Axel Kicillof que “reforzar la seguridad en todo el territorio” provincial tras el homicidio de Elías Ojeda Vázquez.

El joven de 23 años fue asesinado de un disparo por la espalda este lunes por dos motochorros que simulaban ser repartidores para robarle el vehículo cuando regresaba del gimnasio. Tras el ataque, la víctima fue trasladada al Hospital Mercante, donde falleció.

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Lorena Espina asumió en diciembre de 2025 en reemplazo de Mario Ishii

El municipio, respaldado políticamente por Mario Ishii, emitió un comunicado donde advirtió que “la seguridad requiere de acciones inmediatas” y subrayó que la administración provincial “debe asumir la total y completa responsabilidad” en la prevención del delito en el distrito.

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Elías Ojeda Vázquez fue asesinado por dos motochorros

La comuna detalló los recursos propios invertidos en la prevención del delito, incluyendo más de 250 efectivos, setenta móviles de la Patrulla Urbana Municipal, provisión de combustible y reparaciones de patrulleros provinciales, evidenciando tensiones en la distribución de recursos.

Mientras los sospechosos del crimen continúan prófugos y son buscados mediante cámaras de seguridad, el reclamo institucional profundiza las diferencias políticas entre los intendentes del conurbano y la gestión de Kicillof en materia de seguridad.

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