POLITICA
El extitular de Nucleoeléctrica se defendió de los supuestos gastos irregulares con tarjetas corporativas

El expresidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Demian Reidel, se presentó de manera espontánea ante la Justicia para desginar a su defensor Mariano Fragueiro y rechazar las acusaciones en la causa que investiga supuestos gastos irregulares realizados con tarjetas corporativas de la empresa estatal durante viajes al exterior.
En un escrito presentado ante el juez federal Daniel Rafecas, el exfuncionario libertario aseguró que no realizó “ninguno de los consumos cuestionados” y sostuvo que tampoco tenía bajo su responsabilidad el control de los gastos efectuados por otros usuarios de las tarjetas.
La investigación había sido impulsada por el fiscal federal Ramiro González, luego de una denuncia vinculada a consumos detectados en la cuenta corporativa N° 338402 de la empresa, utilizada entre marzo de 2025 y febrero de 2026. La causa apunta también a integrantes del Directorio, la Sindicatura y a todos los titulares y usuarios de las tarjetas asociadas a esa cuenta.
En su presentación judicial, Reidel afirmó que los resúmenes individuales de la tarjeta corporativa que tenía asignada no registran gastos en “free shops, discotecas, pubs, bares nocturnos, servicios de playa, peluquerías, indumentaria, perfumería, supermercados ni entretenimiento turístico”. También negó haber realizado adelantos o retiros de efectivo.
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“El universo agregado de operaciones realizadas con la totalidad de las tarjetas corporativas asociadas a la cuenta N° 338402” fue utilizado, según sostuvo, sin individualizar a los responsables de cada consumo.
La causa judicial se originó a partir de un informe de gestión enviado a la Cámara de Diputados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Allí se incluyó un “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A. — Cuenta N° 338402”, elaborado a pedido de la diputada Florencia Carignano. Según el fiscal González, el documento revelaba consumos que podrían resultar ajenos “al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa”.
Entre los gastos observados figuraban 45 compras en free shops por 5957 dólares y más de 1,1 millones de pesos, pagos a “Mar y Sombra SL”, una empresa de servicios de playa en Valencia, gastos en hoteles, indumentaria, transferencias por Mercado Pago y consumos en el pub El Pirata de Madrid. Además, se detectaron adelantos en efectivo por unos 56 millones de pesos.
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La denuncia original había sido presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien sostuvo que, aun en caso de tratarse de viajes oficiales, “los consumos observados resultarían incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos”.
En su descargo, Reidel aseguró que todos los movimientos registrados en su tarjeta se corresponden con “gastos de hospedaje, pasajes aéreos, traslados terrestres y servicios aeroportuarios” vinculados a misiones institucionales realizadas durante su gestión al frente de la empresa.
Según detalló, esas actividades incluyeron participaciones en conferencias y foros internacionales como eventos del Organismo Internacional de Energía Atómica, la Asamblea General de Naciones Unidas, el Toronto Global Forum, el World Business Forum y el IEFA World Strategic Forum, en algunos de los cuales afirmó haber participado como expositor.
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El expresidente de Nucleoeléctrica también explicó que las tarjetas corporativas funcionaban bajo modalidad prepaga y que los fondos eran acreditados previamente mediante solicitudes aprobadas y por montos determinados. Según señaló, el esquema estaba regulado por resoluciones del Directorio y era una práctica previa a su gestión.
Además, sostuvo que la verificación, autorización y rendición de los consumos correspondía a áreas administrativas específicas y no a la presidencia del Directorio. “La pretensión de atribuirme una responsabilidad penal por consumos ajenos, ejecutados con tarjetas de las que no era titular ni usuario, carece del más mínimo sustento jurídico e, incluso, lógico”, afirmó en el escrito.
En la presentación, Reidel puso a disposición de la Justicia documentación vinculada a sus viajes y consumos y pidió una serie de medidas de prueba. Entre ellas, solicitó que se incorporen al expediente los resúmenes individuales de la tarjeta que utilizó durante el período investigado, que se identifique a los usuarios responsables de cada operación realizada con la cuenta corporativa y que se realice un peritaje contable para separar los consumos correspondientes a su tarjeta del resto de los gastos cuestionados.
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También requirió que Nucleoeléctrica Argentina S.A. entregue documentación sobre las misiones oficiales realizadas durante el período bajo investigación, incluyendo órdenes de viaje, invitaciones a foros internacionales, autorizaciones de viáticos y rendiciones de gastos.
Reidel había presentado su renuncia a la entidad que controla las centrales nucleares en febrero pasado, tras quedar bajo sospecha de presunta corrupción debido a que saldó deudas personales por $825 millones en apenas 18 días, acusaciones que negó.
Demian Reidel
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Bullrich ratificó su reclamo a Adorni y dijo que desconoce si Karina Milei está enojada

La senadora Patricia Bullrich ratificó este mediodía sus dichos respecto de Manuel Adorni. “Fui taxativa, clarita”, remarcó, tras aseverar esta semana que el jefe de Gabinete debería presentar “de inmediato” la actualización de su declaración jurada para que la gestión no siga “empantanada” sobre su caso.
En tanto, aseguró no saber si la secretaria general, Karina Milei, jefa política de Adorni, se molestó con ella por sus expresiones, que se distanciaron de la línea que sostuvo el oficialismo desde marzo, cuando arrancaron los problemas para el líder de los ministros. “No tengo ni idea”, replicó cuando le consultaron si la hermana del Presidente estaba “enojada” con ella por el ultimátum.
En ese contexto, evitó profundizar sobre el caso Adorni. “No quiero volver a un tema que ya lo dije, lo defendí, fui taxativa, clarita. Y ya está, no quiero repetirlo. Todos saben lo que dije y lo que pienso”, enfatizó Bullrich al respecto de Adorni en A24 desde Villa Lugano, donde fue a hacer una recorrida un rato antes de que arrancara la reunión del Gabinete en Balcarce 50.
En esa actividad, Bullrich estuvo con la legisladora porteña Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei en la Ciudad. Sin embargo, evitó mayores detalles sobre cómo quedó su relación con la hermana presidencial después de sus dichos sobre Adorni. “No tengo ni idea [sobre si Karina se enojó], la voy a ver ahora en el Gabinete y seguramente vamos a hablar”, comentó.
En tanto, sí le bajó el tono a que esta recorrida pudiera estar vinculada a un lanzamiento de su candidatura a jefa de Gobierno porteña para 2027. “Soy senadora hace tres meses y no puedo pensar en otra cosa cuando estoy en un lugar. Si no te concentrás en ese lugar, lo hacés mal. Mi cabeza está en esa responsabilidad que el ciudadano de Buenos Aires y el Gobierno me dieron”, dijo.
Anoche, Adorni habló en el streaming oficialista Neura y evitó otra vez responder sobre sus viajes y su patrimonio, con el justificativo de que no quiere “obstruir” a la Justicia. En eso, dio a entender que presentará su declaración jurada “lo antes posible”, pero no precisó fechas. Esto más allá de que el presidente Javier Milei el jueves había planteado que el jefe de Gabinete aceleraría con la entrega de ese documento ante la Oficina Anticorrupción para disipar dudas.
Pasado el mediodía de este viernes, Adorni dio una conferencia de prensa en Casa Rosada junto a los ministros de Economía, Luis Caputo; y de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Aclararon que no iban a responder sobre el caso vinculado al jefe de Gabinete y que se enfocarían en las cuestiones de gestión.
Sin embargo, a Caputo le preguntaron si la polémica sobre el jefe de Gabinete impacta a nivel económico y, otra vez abroquelado detrás de su compañero de gobierno, dijo que no.
“Lo de Manuel no tiene ningún efecto en eso. Venimos del viaje con el Presidente [a Estados Unidos], donde uno de los inversores se rio en confianza, hablando con el canciller, el embajador y conmigo. Diciendo: ‘¿Qué les pasa en la Argentina que creen que yo voy a decidir una inversión en función de si el jefe de Gabinete tiene una diferencia de una almohadilla de no sé qué…’. Fue casi una risa, como diciendo que claramente no tienen ningún sentido», refirió Caputo, luego de que trascendiera que -dentro de las refacciones por US$245.000 que hizo en su casa en Indio Cuá- habría comprado almohadones para el jacuzzi.
“Lo quiero enfatizar. La Argentina en ese sentido ha mejorado mucho como país. Nos estamos empezando a graduar de país más serio. Si había un tema político en la Argentina, típicamente repercutía en la economía. Pero eso era porque tenías la macroeconomía muy desordenada. Cuando ves los otros países, que tienen un montón de problemas políticos serios, no como la situación de Manuel… caso Perú, por ejemplo, no tiene ningún impacto en la economía. Los problemas políticos o judiciales quedan en la Justicia, en la política, y no se trasladan a la economía. Eso es lo que pasa ahora; es un tema que para nosotros no tiene ningún impacto”, ahondó Caputo y aseguró que el riesgo país no baja “por el riesgo kuka”.
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Un nuevo fallo ratificó la vigencia de la reforma laboral

La Justicia Contencioso Administrativa ratificó este viernes la vigencia de la reforma laboral impulsada por el Gobierno al dejar sin efecto la medida cautelar que había suspendido 81 artículos de la ley.
La decisión fue firmada por la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Macarena Marra Giménez y representa un nuevo revés judicial para la CGT en la disputa por la constitucionalidad de la norma.
El fallo se conoció luego de una serie de resoluciones que ya habían permitido que los artículos cuestionados recuperaran vigencia mientras continúa la discusión de fondo. Días atrás, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había otorgado efecto suspensivo a la apelación presentada por el Estado, lo que dejó sin efecto temporalmente la paralización de la reforma.
Además, la Corte Suprema rechazó el recurso de per saltum impulsado por la Procuración del Tesoro al considerar que no existían razones de “gravedad institucional” que justificaran saltear las instancias inferiores.
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Con este nuevo pronunciamiento, la cautelar dictada el 30 de marzo por el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 quedó definitivamente revocada. En esa resolución, el juez Raúl Horacio Ojeda había hecho lugar al planteo de la Confederación General del Trabajo y suspendido artículos vinculados con indemnizaciones, modalidades de contratación, jornada laboral y aspectos relacionados con la representación sindical.
La central obrera había promovido una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Poder Ejecutivo al sostener que distintos puntos de la reforma vulneraban garantías constitucionales vinculadas a la protección del trabajo, la libertad sindical y el acceso a la Justicia. También argumentó que las modificaciones afectaban derechos contemplados en el artículo 14 bis de la Constitución.
Desde la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró la resolución judicial. “Una gran noticia para los trabajadores y para los que generan trabajo en el país. La justicia acaba de dejar sin efecto la cautelar interpuesta por la CGT, que suspendía la Ley de Modernización Laboral. De esta manera, la ley votada en el Congreso de la Nación finalmente va a entrar en vigencia”, afirmó.
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La resolución de Marra Giménez se apoyó, entre otros puntos, en la presunción de legitimidad de las leyes sancionadas por el Congreso. La magistrada sostuvo que suspender preventivamente 81 artículos de una norma aprobada por el Poder Legislativo excedía “el estrecho ámbito de apreciación del remedio preliminar” y advirtió que una decisión de ese tipo podría constituir “un claro abuso del instituto cautelar”.
Además, citó jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que las medidas cautelares contra actos estatales deben analizarse con especial rigurosidad. Según la jueza, el planteo presentado requería un examen más profundo debido a la complejidad de los temas involucrados, entre ellos cuestiones vinculadas con la libertad sindical y los regímenes de extinción del contrato de trabajo.
Otro de los argumentos centrales del fallo fue la falta de acreditación del “peligro en la demora”, uno de los requisitos necesarios para sostener una cautelar. La magistrada señaló que el expediente tramita bajo un procedimiento sumarísimo y que la sentencia definitiva se encuentra próxima, dado que la demanda ya fue contestada.
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La jueza aclaró, de todos modos, que su decisión no implica pronunciarse todavía sobre el fondo de la discusión ni sobre la legitimación activa de la CGT para impulsar la acción colectiva. Esos aspectos quedarán reservados para la sentencia definitiva.
El expediente llegó al fuero contencioso administrativo luego de que la Sala IV de la Cámara resolviera el conflicto de competencia planteado entre el fuero laboral y el contencioso administrativo federal.
reforma laboral, CGT
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Dólar blue: se levantó el secreto de sumario y se confirma que la causa también apunta a un “circuito paralelo” con el SIRA

La Justicia finalmente levantó este viernes el secreto de sumario en la causa que investiga el rulo financiero del dólar blue y se confirmó que también se detectaron irregularidades con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), tal como había adelantado . Antes de tomar esa decisión, el juez Ariel Lijo ordenó este miércoles allanamientos sobre tres empresarios ligados al mundo financiero. Según consta en el expediente, al que accedió este medio, las pruebas contra esos nuevos imputados surgieron del teléfono de Martín Migueles, socio y ladero de Elías Piccirillo.
La causa comenzó en diciembre del año pasado a partir de unos audios encontrados en un pendrive aportado por Carlos “El Lobo” Smith, un expolicía que trabajaba para Piccirillo. Se investiga la maniobra del dólar blue que llegó a dejar ganancias del 100% en la época de cepo. Recién en 2025, el Banco Central comenzó a cerrar sus primeros sumarios. Esas investigaciones dan cuenta de un circuito que movió al menos US$900 millones. Los financistas y las casas de cambio fueron los primeros señalados.
“Los investigados habrían desarrollado mecanismos tendientes a eludir o distorsionar tales restricciones, accediendo a volúmenes de divisas sustancialmente superiores a los permitidos, mediante la utilización de estructuras societarias y operativas diseñadas al efecto”, dice el expediente.
Antes de levantar el secreto de sumario, que se prorrogó tres veces, el juez Lijo, a pedido del fiscal Franco Picardo, ordenó este miércoles allanamientos en los domicilios de Gonzalo Roberto Calo, más conocido como “Gonzalote”, el financista Fernando Rubén Tacchi, y Alejandro “El Turco” Calian, que ya había sido allanado en marzo pero en un domicilio que ya no utilizaba.
Al ordenar los allanamientos, el juez reveló que fue clave la pericia sobre el celular de Martín Migueles, ex socio y amigo de Piccirillo. “Se destacó que su aparición en comunicaciones mantenidas por Migueles en el contexto de referencias a otros involucrados permitiría inferir, en esta instancia, su vinculación con la operatoria investigada”, dice el expediente al momento de allanar a Calian, más conocido por su amistad con Rodrigo De Paul.
En el caso de Calo, el caso revela que fue mencionado en la declaración de Smith, en distintas conversaciones entre los principales investigados y en la documentación vinculada a operaciones económicas de magnitud.
Además del rulo financiero, el expediente que llevan adelante Lijo y Picardi avanzó en estos meses sobre las irregularidades con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), un mecanismo de autorización que rigió entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 y que les daba a las empresas acceso al dólar oficial durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía.
“Se ha podido establecer, con el grado de provisoriedad propio de esta etapa, la existencia de un circuito paralelo vinculado a la gestión de autorizaciones en el marco del sistema SIRA, en el cual determinados intermediarios habrían ofrecido —a cambio del pago de sumas de dinero indebidas— la obtención o agilización de aprobaciones administrativas necesarias para la importación de bienes, lo que permitiría inferir la posible connivencia de funcionarios públicos o, al menos, la explotación indebida de resortes estatales para fines particulares», dice el expediente.
Noticia en desarrollo
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