POLITICA
Pablo Moyano rechazó el intento de municipalizar el servicio de recolección de residuos: “Es precarización”
El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, rechazó este sábado el intento de municipalización del servicio de recolección y barrido de residuos, al advertir que un traspaso de convenio esas características implicaría una “precarización de los trabajadores”.
“Es un ataque directo contra los trabajadores camioneros”, alertó Pablo Moyano, después de que el titular de la Federación de Municipales, Hernán Doval, se mostrara proclive al traspaso del servicio a la órbita de los municipios de la provincia de Buenos Aires.
Para el referente camionero, Doval es “vocero de los intendentes y empresarios que buscan bajar salarios y destruir convenios colectivos de trabajo”.
“¿Qué diferencia hay entre Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Manuel Adorni, Jorge Macri y este señor Doval? Ninguna. Todos quieren lo mismo: precarizar trabajadores, bajar salarios y destruir derechos laborales”, expresó Moyano a través de un comunicado.
Y añadió que “mientras algunos marchan contra la reforma laboral, después quieren aplicarla sobre los trabajadores de la recolección. Quieren reducir salarios y empujar a miles de familias trabajadoras a la pobreza”, insistió.
Pablo Moyano, quien viene subiendo el perfil después de una pelea con su padre Hugo, remarcó que los convenios conquistados en la actividad fueron producto de “años de lucha, sacrificio y resistencia de miles de trabajadores y trabajadoras”.
De esta forma el sindicalista rechazó el traspaso del convenio del gremio de Camioneros a la órbita municipal para los trabajadores de recolección y barrido.
“Hubo compañeros perseguidos, detenidos, desaparecidos y compañeros que dejaron la vida para conseguir derechos laborales dignos. No vamos a entregar ni un solo puesto de trabajo”, sostuvo.
El referente camionero recordó el reciente conflicto en Villa Gesell donde el gremio defendió más de 45 puestos laborales después de que el intendente local, el peronista Gustavo Barrera, rescindiera parcialmente el contrato con la empresa Santa Elena, prestadora del servicio de recolección de residuos.
Ante la intervención del gobierno provincial, que dictó la conciliación obligatoria, se suspendieron los despidos y se restablecieron las tareas de barrido y recolección.
El sindicalista afirmó al respecto que el gremio no permitirá “ningún intento de municipalización que signifique salarios de pobreza y pérdida de derechos”.
Moyano convocó así a delegados y trabajadores de toda la provincia a mantenerse unidos y en estado de alerta para defender la actividad y el convenio colectivo.
“Vamos a seguir luchando para que cada trabajador de recolección y barrido continúe dentro del gremio camionero, con salarios dignos y condiciones laborales que costaron años de pelea”, concluyó.
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POLITICA
La Corte Suprema resolvió intervenir en la demanda de La Pampa contra el Estado Nacional por la coparticipación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó la competencia directa para tratar la demanda presentada por la Provincia de La Pampa contra el Estado Nacional. La causa se tramitará en Buenos Aires, tras la decisión firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti el pasado jueves 7 de mayo.
La decisión también ordenó “correr traslado” al Estado Nacional: se le otorgó un plazo de 60 días para presentar su respuesta formal a la demanda, tal como establece el procedimiento en estos casos.
El reclamo de La Pampa apunta a una parte de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos y busca que el 1% de los fondos actualmente asignados al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional sea repartido diariamente y de manera automática entre las provincias.
La decisión representa un nuevo capítulo en la discusión entre gobiernos provinciales y nacionales por la distribución de recursos, y podría impactar en la administración de fondos que superan varios miles de millones de pesos.
El reclamo de La Pampa
La demanda está representada por el gobernador Sergio Ziliotto y la fiscal de Estado Romina Schmidt, con el patrocinio de los abogados Andrés Gil Domínguez, Gerardo Conte Grand y Esteban Conte Grand.
Según el escrito presentado ante la Corte Suprema, La Pampa solicita que se declare inconstitucionales dos artículos de la Ley 23.548. Sostiene que esas normas “son contrarias” a tres artículos de la Constitución Nacional porque afectan los derechos y recursos de las provincias.
La principal exigencia de la provincia es que los recursos reservados hasta ahora para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional —equivalentes al 1% de la masa coparticipable— pasen a ser distribuidos diariamente y de forma automática entre todas las jurisdicciones provinciales.
El reclamo explica que estos fondos, en lugar de ser distribuidos con discrecionalidad por el gobierno central, deberían integrarse al sistema de reparto automático que rige para el resto de los fondos coparticipables.
La provincia también pidió que se cite a una audiencia informativa y de conciliación, basándose en antecedentes de otros pleitos similares, como los llevados adelante por Santa Fe y por la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional, quienes también habían cuestionado recortes o distribución discrecional de recursos federales.
Los argumentos de la Corte
En el plenario de esta semana, el máximo tribunal resolvió que la presentación corresponde a su “competencia originaria”: la causa empieza y termina en sus estrados, sin pasar por tribunales inferiores. Este mecanismo se activa cuando una provincia demanda a la Nación, en aplicación del artículo 117 de la Constitución Nacional.
El fallo señala: “La presente causa corresponde a la competencia originaria de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación”, y ordena notificar tanto al Ministerio de Economía de la Nación como a la Procuración General de la Nación.
La procuradora fiscal Laura Mercedes Monti sostuvo que corresponde que sea la Corte y no un juzgado inferior el que analice la cuestión, ya que están en juego prerrogativas y derechos constitucionales de una provincia frente al Estado Nacional.
Qué artículos se cuestionan y por qué
El escrito presentado por La Pampa apunta contra los artículos 3 inciso d y 5 de la Ley 23.548, que establecen cómo se reparte el dinero de los impuestos recaudados entre la Nación y las provincias.
La Pampa argumenta que el esquema permite al Estado Nacional manejar de forma discrecional una parte del monto que, según la provincia, debería estar sujeta al reparto automático fijado por la Constitución. Así, denuncia que el 1% reservado al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional nunca pasa por el sistema de coparticipación automática y se destina según decisión del Ejecutivo nacional.
El reclamo provincial se apoya en los artículos 75 (inciso 2º), 18 y 19 de la Constitución Nacional, que definen los alcances de los derechos provinciales sobre los recursos coparticipables y establecen restricciones al manejo unilateral por parte del gobierno federal.
Antecedentes y contexto
Para reforzar su posición, La Pampa citó antecedentes recientes de la propia Corte Suprema, especialmente las sentencias en los casos Santa Fe contra el Estado Nacional y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional, en los cuales se aceptó la competencia de la Corte y se falló a favor de las jurisdicciones reclamantes en materia de transferencias de fondos.
En esos expedientes, la Corte determinó que el Estado Nacional debía devolver sumas retenidas indebidamente y ajustar los mecanismos de transferencia a favor de las provincias o la Ciudad Autónoma, según corresponda.
En esta nueva causa, el planteo es “original”: no se discute una suma retenida en un caso puntual, sino el funcionamiento estructural del mecanismo de coparticipación respecto a un porcentaje específico. De avanzar el reclamo, podría significar una redistribución automática de recursos hacia todas las provincias a partir del 1% que hoy controla la Nación.
El Ministerio de Economía y la Procuración General ya fueron notificados y, de acuerdo con el procedimiento, podrán contestar la demanda o buscar una instancia de conciliación previa, como solicitó La Pampa.
POLITICA
La Iglesia y referentes del Poder Judicial piden promover una “justicia más humana” y combatir la exclusión
Referentes del Poder Judicial, de la Iglesia y de organizaciones sociales se reunieron este sábado en el Pequeño Cottolengo Don Orione, de Claypole, una de las obras más emblemáticas dedicadas al cuidado de las personas con discapacidad severa y en situación de extrema vulnerabilidad, y se pronunciaron en favor de ampliar el acceso a “una justicia más humana” y combatir la exclusión.
El encuentro tuvo lugar en momentos en que los programas de atención a la discapacidad enfrentan una severa crisis, por recortes y ajustes atribuidos al gobierno de Javier Milei.
Con la misión de visibilizar los derechos de las personas más vulnerables, encabezaron la jornada el obispo de San Justo y referente de la Pastoral Judicial, monseñor Eduardo García, y el padre Aníbal Quevedo, responsable del Pequeño Cottolengo Don Orione, donde residen y son acompañadas personas sin red familiar o atravesadas por situaciones extremas de fragilidad social y sanitaria.
En el emblemático centro de Claypole fundado en 1935, la Iglesia recibió a los jueces Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación; Alejandro Slokar, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal; Andrés Basso, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, entre muchos otros.
Los jueces y referentes de organizaciones sociales realizaron una recorrida por los hogares y espacios de atención del Cottolengo, donde pudieron conocer de cerca el trabajo cotidiano que desde hace décadas sostiene la obra inspirada en el carisma de San Luis Orione, cuya misión es acompañar, alojar y dignificar a personas atravesadas por situaciones de abandono, pobreza y exclusión.
“Creemos profundamente que la justicia se vuelve verdaderamente humana cuando es capaz de dejarse interpelar por quienes viven en los márgenes”, señalaron los organizadores del encuentro.
“La realidad se comprende mejor desde la periferia que desde el centro”, expresó el obispo García, al recordar una frase que Francisco encarnó en su pontificado.
Se explicó, en ese sentido, que los “diálogos por una justicia más humana” se consolidan como espacios de encuentro entre magistrados, funcionarios judiciales, organizaciones comunitarias y la Iglesia, para promover “una mirada más cercana a las realidades sociales y a las periferias urbanas”.
A lo largo de la jornada se presentaron testimonios, intercambios comunitarios y una ronda de diálogo centrada en las “Reglas Papa Francisco para el trato humano de personas excluidas”, una iniciativa que busca acercar el mundo judicial a las realidades de mayor vulnerabilidad social.
Participaron de la jornada, también, Cristina Tabolaro, en representación del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires; Daniela Bersi, fiscal de la Casación Penal bonaerense; la jueza nacional de ejecución penal Jimena Monsalve, Karina Yabor, conjueza del Tribunal Oral Federal de La Plata; Francisco Martínez Garmendia, juez de Garantías del Departamento Judicial Quilmes; Mariano Cascallares, del Consejo de la Magistratura bonaerense; Miguel Osorio, fiscal general ante el Tribunal Oral Federal; Paloma Ochoa, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10, y Martín Miguel Rizzo, titular del Juzgado de Garantías N°8 de La Plata, con sede en Cañuelas.
A ellos se sumaron Nicolás O’Reilly, subsecretario administrativo del Consejo de la Magistratura de la Nación; Samanta Guede, auxiliar fiscal de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10; Sofía Corradini Sagretti, secretaria gremial del Sindicato de Trabajadores Judiciales, y Virginia Barreyro, directora de Control y Asistencia de la Ejecución Penal.
Además, participaron el hermano Jorge Silanes, director religioso del Cottolengo Don Orione de Claypole; Fernando Montero, coordinador técnico; el administrador Marcelo Bezek y el representante legal Pablo Díaz.
Mariano De Vedia,Iglesia,Javier Milei,Discapacidad,Conforme a,Iglesia,,Misterio resuelto. Un arqueólogo revela cómo el tesoro del líder de una iglesia terminó en el fondo de un río,,Tender puentes. En reuniones con dirigentes políticos, la Iglesia insistió en la necesidad de favorecer el diálogo con todos los sectores,,Cuestionado por los obispos. El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada separa otra vez al Gobierno y la Iglesia
POLITICA
La UCR bonaerense selló la unidad para conducir el partido, pero habrá internas en varios municipios
La Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense logró cerrar un acuerdo de unidad para renovar la conducción partidaria y evitar una interna provincial, aunque el entendimiento no consiguió desactivar todas las disputas territoriales: en varios municipios habrá competencia el próximo 7 de junio.
Tras días de negociaciones entre el espacio que responde a Maximiliano Abad, Evolución Radical, el que lidera Gustavo Posse y el sector referenciado en Miguel Fernández, los distintos sectores de la UCR alcanzaron un consenso para definir una lista única en el Comité Provincia. El elegido para encabezar la nueva conducción es Emiliano Balbín, exdiputado bonaerense y nieto del histórico dirigente radical Ricardo Balbín.
“El radicalismo bonaerense empieza una nueva etapa. Con orden institucional, liderazgos claros y vocación de unidad, logramos los acuerdos para expresar la pluralidad de un partido que quiere recuperar terreno en la provincia más importante del país”, afirmó Balbín tras conocerse el acuerdo de unidad.
El acuerdo también incluyó un reparto de lugares entre los distintos sectores internos, con el objetivo de evitar una nueva pelea partidaria después de meses de tensión y judicialización dentro del radicalismo bonaerense. La negociación se aceleró ante el vencimiento del plazo para presentar listas y la intención de evitar que los afiliados debieran votar en una interna provincial.
La conducción partidaria venía atravesando una etapa de fragilidad luego de la interna de 2024, que terminó en la Justicia y derivó en una estructura de transición para evitar una intervención del partido por la demora en la renovación de autoridades. En ese contexto, los principales referentes de la UCR bonaerense venían manteniendo conversaciones desde hace semanas para sellar un entendimiento político.
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Sin embargo, el acuerdo provincial no logró replicarse en todos los distritos. En varios municipios persistieron las diferencias entre sectores y finalmente habrá elecciones internas para definir las conducciones locales.
Los municipios donde la UCR irá a internas
Uno de los casos más representativos es General Pueyrredon, donde el radicalismo no consiguió cerrar una lista de consenso y se encamina a una disputa entre dos espacios. El oficialismo local impulsará la candidatura del concejal Ricardo Liceaga Viñas, mientras que la oposición llevará como postulante a Fernando “Pipi” Herrera.
Las tensiones territoriales exponen que, pese al acuerdo alcanzado en la cúpula partidaria, la UCR bonaerense todavía mantiene fuertes diferencias internas en varios municipios, donde las disputas por el control de los comités locales siguen abiertas.
El escenario refleja además la compleja ingeniería política del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, atravesado por alianzas cruzadas y reacomodamientos entre sectores que hasta hace poco tiempo se enfrentaban abiertamente.
En Mercedes tampoco prosperó un acuerdo de unidad. Allí, Marcelo Ventrelli y Sofía Marino oficializaron una nómina alternativa que enfrentará al armado respaldado por la conducción local del partido, encabezada por Karina La Regina y Martín Zunino.
La situación se repite en Avellaneda, donde el oficialismo partidario deberá competir contra una nueva corriente interna denominada “Renovación + Unidad”. El espacio es liderado por Martín Ruiz Deza y Melisa Gorosito, que buscarán disputar la conducción del comité local.
UCR, Provincia de Buenos Aires, interna
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