POLITICA
La UCR bonaerense acordó una lista de unidad y un nieto de Balbín asumirá como presidente para cerrar las internas

La Unión Cívica Radical (UCR) alcanzó un acuerdo en la provincia de Buenos Aires y llegará con una lista de unidad a la renovación de autoridades de junio. La conducción quedó a cargo de Emiliano Balbín, nieto del histórico referente del espacio Ricardo Balbín y alfil del senador nacional Maximiliano Abad. Tendrá el desafío de fortalecer el espacio tras el revés de los últimos comicios bonaerenses.
El radicalismo bonaerense venía de enfrentar una fuerte división interna tras la última elección de autoridades, en 2024, que terminó judicializada. Desde entonces, el partido se administraba bajo un esquema de doble conducción: por un lado, el exintendente de Trenque Lauquen Miguel Fernández, a cargo del Comité de Contingencia, y por el otro, Pablo Domenichini, titular de la Convención de Contingencia. Ahora, ambas corrientes confluirán detrás del liderazgo de Balbín.
“Un partido unido y legitimado es condición necesaria para convertir objetivos lejanos en aspiraciones reales. Estamos dando el primer paso: dejar atrás diferencias y subirnos todos a un mismo barco con un destino claro. Gobernar la Provincia de Buenos Aires”, planteó el nuevo titular del espacio en su cuenta de X (exTwitter).
Balbín estará secundado en la conducción por Josefina Mendoza, dirigente de Evolución, la corriente que se referencia en Martín Lousteau. El sector que responde al diputado nacional también ocupará la Secretaría General, mientras que la Tesorería quedará para un alfil del exintendente de San Isidro Gustavo Posse.
El sector disidente de Fernández y Alejandra Lordén había amenazado en la última semana con presentar una lista independiente con el diputado nacional Pablo Juliano a la cabeza, pero finalmente primó la unidad. En el partido esperan no repetir la experiencia de dispersión y fracturas de años anteriores y esperan llegar con una estructura más consolidada y uniforme a la contienda electoral de 2027.
El año pasado, para los comicios bonaerenses del 7 de septiembre, la UCR no había logrado consensuar una estrategia unificada y sus dirigentes forjaron sus propias alianzas. Así, por ejemplo, mientras Domenichini y Fernández integraron la coalición Somos Buenos Aires, junto a peronistas no kirchneristas y la Coalición Cívica, Abad se volcó a un armado nuevo al que bautizaron como Nuevos Aires.
Esa fragmentación se profundizó luego en las elecciones nacionales, cuando la facción de Fernández apostó por un frente conjunto con el partido de Elisa Carrió, mientras que el sector Domenichini recaló en Provincias Unidas, el frente de seis gobernadores que buscaba ofrecer una tercera vía a Javier Milei y Cristina Kirchner y ahora enfrenta riesgos de ruptura.
Esas divisiones contribuyeron -al igual que la polarización del escenario político- a un retroceso en la representación radical que la nueva conducción buscará remontar. “Queremos candidatos propios en los 135 partidos. El 2027 está a la vuelta de la esquina. El desafío es volcar nuestra presencia territorial en un proyecto claro y competitivo. Somos un partido de poder que va a ir a las urnas a ganar”, continuó Balbín en redes sociales.
El objetivo es claro: recuperar el protagonismo que el partido centenario perdió ante el avance libertario y reconstruir su identidad, pero también diferenciarse del Partido Justicialista que gobierna la Provincia. “El radicalismo va a hablar en voz alta donde Kicillof hace silencio: bajar impuestos a los que producen e invierten, modernizar la educación, plantarse frente a la inseguridad y poner de pie un sistema de salud desfinanciado”, aseguró.
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La nueva dinámica para los periodistas acreditados en la Casa Rosada: una semana con más restricciones y controles

Después que bloqueara durante once días el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, con el argumento de que debía el Gobierno reabrió la última semana la reapertura de la sala de prensa.
De todos modos, el Poder Ejecutivo estableció más controles a los cronistas para tomar imágenes y circular en el interior de la sede gubernamental. El presidente Javier Milei había dispuesto el cierre de la sala con el argumento de que debía investigar un presunto espionaje.
Desde el lunes último, los periodistas que concurren a diario a la Casa Rosada para cubrir la actividad oficial en los ingresos al lugar lidian con una nueva dinámica. Hay más controles de seguridad en los ingresos y se establecieron una serie de disposiciones que restringen fuertemente la posibilidad de circulación.
La sala de prensa estuvo cerrada entre el 23 de abril y el 3 de mayo, algo inédito en democracia. En ese lapso de tiempo, las autoridades colocaron cámaras en distintos pasillos y modificaron el lugar de ingreso para la prensa.
El Gobierno argumenta que las nuevas restricciones “están justificados” tras la denuncia penal contra dos periodistas de TN por presunto espionaje, luego de conocerse en ese medio filmaciones con anteojos inteligentes de los pasillos de la Casa Rosada.
Es este último punto en el que se apoyan, sobre todo, en el seno del Gobierno y en Casa Militar, el órgano mixto encargado de la custodia de la Casa Rosada y la residencia oficial de Olivos que denunció a los periodistas, para limitar la movilidad de los cronistas acreditados.
Las imágenes de Google Maps que desmontan la denuncia de espionaje periodístico del Gobierno
“Se cruzó un límite”, repiten en el Ejecutivo. De hecho, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que hubo una “revisión de protocolos de seguridad” necesarios después de la difusión de “grabaciones clandestinas”.
El Gobierno dispuso el cierre de la sala de prensa y las nuevas restricciones en medio de una fuerte escalada de agresiones verbales de Milei a los periodistas. En la cuenta de la red social X del Presidente, abundan mensajes contra los periodistas, a quienes Milei tilda de “ensobrados”, “basuras inmundas” y “malparidos”.
El hostigamiento a la prensa también se profundiza en momentos en que el Ejecutivo atraviesa una crisis por el caso Manuel Adorni, quien fue ratificado en el cargo por Milei pese a que avanza la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
Casa Militar, órgano mixto de civiles y militares, depende de la Secretaría General de Presidencia, a cargo de Karina Milei. Pero el responsable del área es el general de brigada Sebastián Ibáñez. Fue el encargado de denunciar en los Tribunales a los periodistas de TN, Luciana Geuna e Ignacio Salerno. Arguyó que el informe del programa “¿Y mañana qué?” había expuesto “protocolos o rutinas del edificio que no están destinados al público en general”.
Desde que la Secretaría de Medios reabrió la sala de prensa, existen más controles y restricciones para los periodistas. Por caso, se decidió que los cronistas ingresen por una puerta diferente a la que utilizan las personas que trabajan en el palacio presidencial. Además, las nuevas disposiciones y protocolos limitan la circulación de los periodistas en el interior de la Casa Rosada. Solo puedan acceder a la sala, ubicada en el primer piso. Está prohibido que, en ese trayecto, pasen o accedan a áreas claves en el funcionamiento de la sede gubernamental, como el Patio de las Palmeras, en el que confluyen los ingresos a la Jefatura de Gabinete, al Ministerio del Interior y a la Secretaría de Legal y Técnica.
Las imágenes de Google Maps que desmontan la denuncia de espionaje periodístico del Gobierno
Desde el Patio de las Palmeras se tiene una vista estratégica del Salón de los Bustos, por donde ingresan al Palacio desde Milei y los ministros hasta dirigentes, empresarios o integrantes de delegaciones extranjeras.
Con los nuevos controles, el radio en el que los periodistas pueden estar se limita a la sala de prensa, el pasillo que conduce hacia el baño, un balcón interno y una pequeña oficina en el que hay una máquina de café. Por lo tanto, es muy difícil para los cronistas ver o conversar con funcionarios, u observar el normal movimiento de la Casa.
Tampoco se puede merodear el Salón Martín Fierro, en el que tiene sus oficinas el asesor presidencial, Santiago Caputo. Por ese lugar pasan desde dirigentes del oficialismo hasta referentes de la política nacional e internacional.
Además, las puertas que daban al balcón que en el primer piso permite mirar al Patio de las Palmeras fueron cerradas. Y la única ventana que dejaba ver lo que sucedía abajo fue tapada.
Para evitar cualquier movimiento por fuera de esas áreas hay efectivos de Casa Militar que monitorean los movimientos de los periodistas acreditados para que no salgan del área delimitada en el nuevo protocolo de seguridad.
“Es un tema de seguridad nacional, está en juego la seguridad del Presidente”, argumentan fuentes oficiales.
El único nexo del Gobierno con la Sala desde el comienzo del conflicto fue con el Secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari. Desde un primer momento, Lanari se comprometió a trabajar para lograr la reapertura de sala.
Ahora, desde el Ejecutivo aspiran a mantener la nueva dinámica, con mayores controles y restricciones para los periodistas.
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Sur Finanzas: la fiscalía pidió ampliar la imputación contra el dueño del holding por administración fraudulenta

La fiscal federal Cecilia Incardona solicitó que se agraven las acusaciones contra Maximiliano Ariel Vallejo, titular del holding Sur Finanzas y vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Se trata de la investigación que tramita en el juzgado federal de Lomas de Zamora por presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita.
El pedido fue presentado ante el juez Luis Armella, quien deberá resolver si incorpora el nuevo delito de administración fraudulenta como partícipe necesario antes de la audiencia indagatoria prevista para el 26 de mayo. Ese día también deberá declarar Graciela Beatriz Vallejo, madre del empresario.
La causa se originó tras una denuncia vinculada a un préstamo de dos millones de euros otorgado al Club Atlético Banfield por la firma Auriga League S.A. Según la presentación judicial, el dinero nunca habría sido reintegrado y la investigación derivó luego en un supuesto entramado financiero de mayor alcance relacionado con clubes del fútbol argentino.
De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, Sur Finanzas habría desarrollado un esquema destinado a captar fondos mediante préstamos a entidades deportivas con problemas económicos, bajo condiciones consideradas usurarias. Los investigadores sostienen que el circuito incluía descuento de cheques, contratos de mutuo con altas tasas de interés y acuerdos de sponsoreo simulados que habrían servido para justificar movimientos de dinero.
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La acusación también apunta a una estructura societaria integrada, entre otras firmas, por Sur Finanzas Group S.A., Roma Inversiones S.A. y Centro de Inversiones Concordia S.R.L. Según el expediente, esas compañías habrían sido utilizadas para mezclar fondos de origen presuntamente ilícito con operaciones legales y dificultar la trazabilidad del dinero.
En el expediente se investigan operaciones sospechosas por cientos de miles de millones de pesos y movimientos vinculados a presunto lavado de activos por más de US$100 millones. Además, ARCA denunció una supuesta evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos por más de $3.300 millones.
Durante los allanamientos ordenados por el juez Armella se secuestraron computadoras, teléfonos celulares, documentación contable y contratos relacionados con al menos 16 clubes del fútbol argentino, entre ellos San Lorenzo, Independiente, Racing, Argentinos Juniors y Barracas Central. Los investigadores también analizaron mensajes extraídos de dispositivos electrónicos en los que se habría intentado coordinar la eliminación de información tras los operativos.

Aunque Claudio Tapia no está imputado en la causa, su nombre aparece mencionado en el expediente por la relación de cercanía que mantenía con Vallejo. Según la investigación, la AFA habría recomendado a distintos clubes recurrir a Sur Finanzas para obtener financiamiento y la Liga Profesional habría canalizado pagos vinculados a derechos televisivos a cuentas de la financiera.
El nuevo pedido de imputación presentado por Incardona sostiene que Vallejo no solo habría participado en el circuito de lavado investigado, sino que también habría aportado la estructura empresarial y financiera necesaria para concretar el supuesto vaciamiento de Banfield. Por ese motivo, la fiscal considera que debería responder también por administración fraudulenta.
En los últimos días, el juez Armella rechazó un planteo de la defensa del empresario que buscaba suspender la indagatoria. En la resolución, el magistrado calificó la presentación como una maniobra dilatoria y le impuso costas al considerar que no tenía fundamentos suficientes.
La audiencia del 26 de mayo será la primera instancia en la que Vallejo deberá responder formalmente ante la Justicia por las acusaciones que se fueron ampliando desde marzo, mientras avanza el proceso de unificación de expedientes judiciales vinculados al caso Sur Finanzas.
Sur Finanzas, Justicia, administración fraudulenta
POLITICA
La decisión del Consejo de la Magistratura de hacer concursos para algunos jueces trasladados y no para otros afecta la legitimidad

«Influencias externas y operadores externos»
«No queremos que el reglamento se vote a libro cerrado»
«La Corte debe ser completada pero lo decide Milei»
«La Corte mantiene su compromiso con la Libertad de Expresión»
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