POLITICA
El Gobierno distribuyó $348.267 millones en fondos discrecionales a provincias y la Corte decidió intervenir en la disputa por esos ATN
El Gobierno distribuyó $348.267.712.230 a provincias en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 6 de abril de 2026. El dato surge del informe 145 de Jefatura de Gabinete y se compone de cuatro tramos: $15.467,7 millones en el cierre de 2023, $49.800 millones en 2024, $209.000 millones en 2025 y $74.000 millones en 2026 hasta comienzos de abril.
Los gobernadores que más fondos recibieron en todo ese período fueron los de Misiones y Tucumán, con $41.500 millones cada uno, seguidos por Salta con $32.500 millones y Entre Ríos con $32.144 millones. Detrás quedaron Chubut con $27.500 millones, Catamarca con $23.000 millones y Chaco y Neuquén, con $22.000 millones cada una.
La concentración del reparto tiene una correlación con el armado de alianzas que tejió la Casa Rosada para conseguir apoyos a reformas desde el inicio de la gestión. Sólo Misiones, Tucumán, Salta y Entre Ríos absorbieron $147.644,7 millones, el 42,4% de todo lo distribuido por Milei a través de esa vía hasta abril de 2026.
El mapa también exhibe a los relegados. En los cuadros del informe no aparecen con giros visibles en toda la gestión Formosa, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. El caso más sensible es el de La Pampa: el informe 142 ya había señalado que no había recibido fondos desde el 10 de diciembre de 2023 hasta marzo de 2025, y en el informe 145 la provincia dejó asentado que sus pedidos por desequilibrio financiero, cajas no transferidas y desastre climático seguían sin respuesta.
Asimismo, la situación de La Pampa escaló al plano judicial. La Corte Suprema de Justicia declaró su competencia originaria en una demanda presentada por la provincia contra el Estado Nacional por la distribución de los ATN y le dio intervención al Gobierno para que responda el planteo.
La administración de Sergio Ziliotto reclama que los recursos correspondientes al Fondo de ATN —equivalentes al 1% de la masa coparticipable según la ley 23.548— sean incorporados automáticamente al reparto entre provincias y no queden bajo discrecionalidad de la Casa Rosada. En la demanda, la provincia sostuvo que el Estado “se ha apropiado en forma indebida de fondos que no le pertenecen”.
El máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró que la causa debe tramitar en la competencia originaria de la Corte debido a que enfrenta de manera directa a una provincia con el Estado Nacional.
Por otra parte, los últimos datos del informe coinciden con la distribución de ATN del Gobierno en los años previos. Sólo en marzo de 2026 el Gobierno distribuyó $43.000 millones, equivalentes a 58,1% de todo lo girado en 2026 hasta el 6 de abril. En ese tramo, el principal beneficiado fue Corrientes, con $8.000 millones por desequilibrio financiero, seguida por Mendoza con $7.000 millones, Entre Ríos con $6.000 millones, Misiones con $5.500 millones y Chaco con $4.000 millones.
La trastienda del vínculo con esos mandatarios muestra matices. Durante la gestión, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua acompañaron al oficialismo en votaciones sensibles, como la Ley Bases y otras reformas, y sostuvieron una relación de cooperación parlamentaria con el Ejecutivo. Sin embargo, esa sintonía legislativa no implica de por sí un acuerdo electoral hacia 2027. En el oficialismo reconocen que la discusión ya pasa por diferenciar aliados circunstanciales en el Congreso de socios territoriales de largo plazo.
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Ese debate se cruza con la estrategia electoral que empuja Karina Milei. La secretaria general quiere competir en la gran mayoría de las provincias y limitar los acuerdos a un puñado de distritos. Hoy, en el oficialismo aseguran que la idea es reservar entendimientos solo para Entre Ríos, Chaco, Mendoza y San Luis, si las negociaciones terminan cerrando. La hoja de ruta la ejecuta Eduardo “Lule” Menem, mientras que del otro lado Santiago Caputo insiste con ampliar alianzas con más gobernadores para blindar gobernabilidad frente a la disputa presidencial de 2027.
Esa diferencia interna explica la razón por la que algunos gobernadores bien posicionados en el reparto de fondos no aparecen hoy en el núcleo de alianzas electorales privilegiadas. Jaldo, Jalil, Sáenz y Passalacqua fueron útiles para sostener la agenda oficial en el Congreso, pero la estrategia de Karina Milei privilegia una expansión partidaria propia antes que un cierre amplio con todos los dialoguistas. En la Casa Rosada saben que ese esquema tensiona la relación con provincias que ayudaron en votaciones clave, pero también creen que ceder demasiado en 2027 puede diluir el control político del armado nacional.
Gobierno, provincias
POLITICA
Los veedores del Gobierno fueron a la AFA y a la Superliga para iniciar el control de los balances y contratos millonarios del fútbol argentino
El Gobierno puso en marcha este miércoles el proceso de control sobre los balances y contratos millonarios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los veedores designados por el Ministerio de Justicia se presentaron formalmente esta tarde en las sedes de la AFA y de la Superliga para requerir acceso a documentación societaria, contable y administrativa, según pudo confirmar Infobae. Esta acción se enmarcó en las investigaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo estatal encargado de fiscalizar entidades civiles.
El abogado Diego Coste y el contador Miguel Pappacena, nombrados por el Ministerio de Justicia, llegaron cerca de las 13 para activar el proceso de veedurías, que tiene una duración de 180 días hábiles. Según la resolución, los veedores están habilitados a solicitar balances, contratos, libros societarios y registros internos, con el objetivo de verificar presuntas irregularidades que la IGJ tiene bajo análisis.
El Ministerio de Justicia sostiene que la medida no constituye una intervención formal sobre la AFA, sino una veeduría administrativa orientada a garantizar el acceso a la información y a verificar el funcionamiento de las entidades involucradas. Sin embargo, en el ámbito del fútbol, la decisión es interpretada como un movimiento de impacto político considerable sobre la conducción de la asociación presidida por Claudio Tapia.
El plan de trabajo de los veedores comenzó pasado el mediodía con la presencia de los enviados del Gobierno. Ambos tenían como tarea presentar un pedido formal de exhibición de documentación vinculada a los estados contables, contratos comerciales y movimientos societarios tanto de la AFA como de la Superliga. La investigación se centra en operaciones económicas y estructuras administrativas bajo observación de la IGJ desde hace varios meses.
Sin embargo, una vez que se acercaron a la puerta del edificio que está ubicado en la calle Viamonte, los veedores se encontraron con que no había nadie para recibirlos en la sede. Por eso decidieron dejar una nota en la puerta que manifiesta que se hicieron presentes en el día de la fecha.
La ofensiva oficial tiene antecedentes directos. En marzo, durante la gestión de Daniel Roque Vítolo al frente de la IGJ, el Ministerio de Justicia avanzó con la designación de veedores para revisar balances y contratos de la AFA y de la Superliga, una decisión que generó un inmediato rechazo de la conducción del fútbol argentino. En aquel momento, el Gobierno argumentó que existían inconsistencias e irregularidades que justificaban la presencia de representantes estatales dentro de las entidades deportivas para monitorear su funcionamiento.
La investigación se desarrolló en paralelo con distintas denuncias vinculadas a movimientos financieros internacionales, transferencias de dinero y contratos comerciales celebrados por la conducción de la AFA. Parte de esas sospechas también quedaron reflejadas en expedientes judiciales impulsados por organismos nacionales y en informes que comenzaron a circular dentro del propio Gobierno.
En ese contexto, uno de los episodios que complejizó el proceso fue la renuncia del abogado Agustín Ortiz de Marco, quien había sido designado originalmente como veedor junto al contador Miguel Pappacena durante la gestión de Vítolo al frente de la IGJ.
Tras la salida de Vítolo y la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, el nuevo esquema mantuvo las veedurías ya dispuestas sobre la AFA y la Superliga. Sin embargo, Ortiz de Marco decidió finalmente no asumir el cargo, una situación que obligó al Gobierno a designar un reemplazante para sostener el operativo de fiscalización.
Fue entonces cuando el Ministerio de Justicia avanzó con el nombramiento del abogado Diego Coste, quien quedó incorporado al esquema definitivo de control junto a Miguel Pappacena. Ambos serán los encargados de encabezar desde este miércoles el acceso y relevamiento de información dentro de las sedes de las entidades.
La resolución que dispuso las veedurías estableció un plazo de 180 días para el desarrollo de las tareas de fiscalización. Durante ese período, los enviados del Ministerio de Justicia podrán requerir documentación, verificar registros administrativos y elaborar informes sobre el funcionamiento institucional y financiero de las sociedades involucradas.
Debate por los domicilios legales y la competencia de control
Uno de los puntos sensibles del proceso está vinculado con las sedes y domicilios legales de la AFA. La histórica sede de la asociación se encuentra en la calle Viamonte 1366, en el barrio porteño de San Nicolás, edificio que durante décadas funcionó como epicentro político y administrativo del fútbol argentino. Sin embargo, la conducción de la AFA avanzó en los últimos años con el traslado de su domicilio legal a la provincia de Buenos Aires.
Actualmente, en su sitio oficial, la AFA informa como sede social el domicilio de Mercedes 1366, en Pilar, provincia de Buenos Aires. A su vez, también figura el Predio Lionel Andrés Messi, ubicado sobre la Autopista Ricchieri y Enrique Fernández García, en Ezeiza, como otro de sus centros operativos y administrativos.
La discusión sobre esos domicilios adquirió relevancia dentro de las investigaciones impulsadas por la IGJ porque la conducción de la AFA sostiene que el control societario corresponde a organismos bonaerenses y no a la órbita nacional. Esa postura derivó en un conflicto de competencia con el Gobierno nacional, que igualmente avanzó con las veedurías y con distintas inspecciones vinculadas al funcionamiento administrativo de la entidad.
La sede de la Superliga, en tanto, se encuentra ubicada en Olga Cossettini 771, en el barrio porteño de Puerto Madero, donde también se presentarán este miércoles los enviados del Ministerio de Justicia para iniciar formalmente el pedido de documentación y el relevamiento administrativo.
En el Gobierno sostienen que la medida se enmarca dentro de las facultades de fiscalización de la IGJ y remarcan que el objetivo es determinar si existieron irregularidades societarias o incumplimientos vinculados a normas de administración y control. La decisión fue impulsada desde el Ministerio de Justicia en coordinación con áreas técnicas del organismo de control.
La disputa con la AFA también se produce en medio de un clima de máxima tensión entre la Casa Rosada y la conducción del fútbol argentino. El vínculo entre el Gobierno y Tapia se deterioró progresivamente a partir de distintos episodios políticos y judiciales, incluyendo investigaciones sobre presuntos manejos financieros, cuestionamientos a contratos internacionales y denuncias vinculadas con la estructura económica de la asociación.
Dentro de ese escenario aparecen además investigaciones sobre operaciones vinculadas a TourProdEnter LLC, la firma señalada como agente comercial exclusivo de contratos internacionales de la Selección Argentina y vinculada a Javier Faroni y Erica Gillette. En distintos expedientes y reportes oficiales comenzaron a analizarse transferencias millonarias, circuitos financieros y vínculos comerciales que despertaron sospechas en organismos estatales.
El clima de confrontación se profundizó todavía más luego de las denuncias impulsadas por ARCA, que presentó acusaciones penales tributarias relacionadas con presuntas irregularidades en retenciones y aportes de seguridad social. Esas actuaciones derivaron en expedientes que quedaron radicados en la Justicia Penal Económica.
En el entorno de Tapia consideran que la ofensiva estatal tiene un fuerte componente político y aseguran que existe una presión creciente sobre la conducción del fútbol argentino. Cerca de la AFA sostienen que las medidas impulsadas por el Gobierno exceden una mera fiscalización administrativa y forman parte de una disputa más amplia por el control institucional y económico del negocio del fútbol.
Aun así, en el Ministerio de Justicia insisten en que la presencia de los veedores busca únicamente garantizar transparencia y acceso a la información. Bajo esa lógica, el operativo previsto para este miércoles constituye el inicio formal de las tareas de relevamiento dentro de las entidades investigadas.
La expectativa oficial está puesta ahora en el grado de colaboración que encuentren los enviados del Gobierno al momento de requerir documentación. En función de eso, los veedores comenzarán a elaborar los primeros informes técnicos sobre balances, contratos y estructuras administrativas de la AFA y la Superliga.
La escena tendrá además un fuerte peso político. La llegada de representantes del Ministerio de Justicia a las distintas sedes vinculadas con la AFA simboliza el desembarco formal del Estado nacional dentro de una estructura históricamente celosa de su autonomía y acostumbrada a resistir controles externos.
En las próximas semanas, el foco estará puesto en los documentos que logren relevar los veedores y en las conclusiones preliminares que puedan surgir de ese análisis. En la Casa Rosada consideran que el proceso recién empieza y que la investigación sobre el funcionamiento financiero y societario del fútbol argentino ingresó en una etapa decisiva.
POLITICA
La nueva dinámica para los periodistas acreditados en la Casa Rosada: una semana con más restricciones y controles
Después que bloqueara durante once días el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, con el argumento de que debía el Gobierno reabrió la última semana la reapertura de la sala de prensa.
De todos modos, el Poder Ejecutivo estableció más controles a los cronistas para tomar imágenes y circular en el interior de la sede gubernamental. El presidente Javier Milei había dispuesto el cierre de la sala con el argumento de que debía investigar un presunto espionaje.
Desde el lunes último, los periodistas que concurren a diario a la Casa Rosada para cubrir la actividad oficial en los ingresos al lugar lidian con una nueva dinámica. Hay más controles de seguridad en los ingresos y se establecieron una serie de disposiciones que restringen fuertemente la posibilidad de circulación.
La sala de prensa estuvo cerrada entre el 23 de abril y el 3 de mayo, algo inédito en democracia. En ese lapso de tiempo, las autoridades colocaron cámaras en distintos pasillos y modificaron el lugar de ingreso para la prensa.
El Gobierno argumenta que las nuevas restricciones “están justificados” tras la denuncia penal contra dos periodistas de TN por presunto espionaje, luego de conocerse en ese medio filmaciones con anteojos inteligentes de los pasillos de la Casa Rosada.
Es este último punto en el que se apoyan, sobre todo, en el seno del Gobierno y en Casa Militar, el órgano mixto encargado de la custodia de la Casa Rosada y la residencia oficial de Olivos que denunció a los periodistas, para limitar la movilidad de los cronistas acreditados.
Las imágenes de Google Maps que desmontan la denuncia de espionaje periodístico del Gobierno
“Se cruzó un límite”, repiten en el Ejecutivo. De hecho, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que hubo una “revisión de protocolos de seguridad” necesarios después de la difusión de “grabaciones clandestinas”.
El Gobierno dispuso el cierre de la sala de prensa y las nuevas restricciones en medio de una fuerte escalada de agresiones verbales de Milei a los periodistas. En la cuenta de la red social X del Presidente, abundan mensajes contra los periodistas, a quienes Milei tilda de “ensobrados”, “basuras inmundas” y “malparidos”.
El hostigamiento a la prensa también se profundiza en momentos en que el Ejecutivo atraviesa una crisis por el caso Manuel Adorni, quien fue ratificado en el cargo por Milei pese a que avanza la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
Casa Militar, órgano mixto de civiles y militares, depende de la Secretaría General de Presidencia, a cargo de Karina Milei. Pero el responsable del área es el general de brigada Sebastián Ibáñez. Fue el encargado de denunciar en los Tribunales a los periodistas de TN, Luciana Geuna e Ignacio Salerno. Arguyó que el informe del programa “¿Y mañana qué?” había expuesto “protocolos o rutinas del edificio que no están destinados al público en general”.
Desde que la Secretaría de Medios reabrió la sala de prensa, existen más controles y restricciones para los periodistas. Por caso, se decidió que los cronistas ingresen por una puerta diferente a la que utilizan las personas que trabajan en el palacio presidencial. Además, las nuevas disposiciones y protocolos limitan la circulación de los periodistas en el interior de la Casa Rosada. Solo puedan acceder a la sala, ubicada en el primer piso. Está prohibido que, en ese trayecto, pasen o accedan a áreas claves en el funcionamiento de la sede gubernamental, como el Patio de las Palmeras, en el que confluyen los ingresos a la Jefatura de Gabinete, al Ministerio del Interior y a la Secretaría de Legal y Técnica.
Las imágenes de Google Maps que desmontan la denuncia de espionaje periodístico del Gobierno
Desde el Patio de las Palmeras se tiene una vista estratégica del Salón de los Bustos, por donde ingresan al Palacio desde Milei y los ministros hasta dirigentes, empresarios o integrantes de delegaciones extranjeras.
Con los nuevos controles, el radio en el que los periodistas pueden estar se limita a la sala de prensa, el pasillo que conduce hacia el baño, un balcón interno y una pequeña oficina en el que hay una máquina de café. Por lo tanto, es muy difícil para los cronistas ver o conversar con funcionarios, u observar el normal movimiento de la Casa.
Tampoco se puede merodear el Salón Martín Fierro, en el que tiene sus oficinas el asesor presidencial, Santiago Caputo. Por ese lugar pasan desde dirigentes del oficialismo hasta referentes de la política nacional e internacional.
Además, las puertas que daban al balcón que en el primer piso permite mirar al Patio de las Palmeras fueron cerradas. Y la única ventana que dejaba ver lo que sucedía abajo fue tapada.
Para evitar cualquier movimiento por fuera de esas áreas hay efectivos de Casa Militar que monitorean los movimientos de los periodistas acreditados para que no salgan del área delimitada en el nuevo protocolo de seguridad.
“Es un tema de seguridad nacional, está en juego la seguridad del Presidente”, argumentan fuentes oficiales.
El único nexo del Gobierno con la Sala desde el comienzo del conflicto fue con el Secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari. Desde un primer momento, Lanari se comprometió a trabajar para lograr la reapertura de sala.
Ahora, desde el Ejecutivo aspiran a mantener la nueva dinámica, con mayores controles y restricciones para los periodistas.
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POLITICA
Sur Finanzas: la fiscalía pidió ampliar la imputación contra el dueño del holding por administración fraudulenta
La fiscal federal Cecilia Incardona solicitó que se agraven las acusaciones contra Maximiliano Ariel Vallejo, titular del holding Sur Finanzas y vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Se trata de la investigación que tramita en el juzgado federal de Lomas de Zamora por presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita.
El pedido fue presentado ante el juez Luis Armella, quien deberá resolver si incorpora el nuevo delito de administración fraudulenta como partícipe necesario antes de la audiencia indagatoria prevista para el 26 de mayo. Ese día también deberá declarar Graciela Beatriz Vallejo, madre del empresario.
La causa se originó tras una denuncia vinculada a un préstamo de dos millones de euros otorgado al Club Atlético Banfield por la firma Auriga League S.A. Según la presentación judicial, el dinero nunca habría sido reintegrado y la investigación derivó luego en un supuesto entramado financiero de mayor alcance relacionado con clubes del fútbol argentino.
De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, Sur Finanzas habría desarrollado un esquema destinado a captar fondos mediante préstamos a entidades deportivas con problemas económicos, bajo condiciones consideradas usurarias. Los investigadores sostienen que el circuito incluía descuento de cheques, contratos de mutuo con altas tasas de interés y acuerdos de sponsoreo simulados que habrían servido para justificar movimientos de dinero.
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La acusación también apunta a una estructura societaria integrada, entre otras firmas, por Sur Finanzas Group S.A., Roma Inversiones S.A. y Centro de Inversiones Concordia S.R.L. Según el expediente, esas compañías habrían sido utilizadas para mezclar fondos de origen presuntamente ilícito con operaciones legales y dificultar la trazabilidad del dinero.
En el expediente se investigan operaciones sospechosas por cientos de miles de millones de pesos y movimientos vinculados a presunto lavado de activos por más de US$100 millones. Además, ARCA denunció una supuesta evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos por más de $3.300 millones.
Durante los allanamientos ordenados por el juez Armella se secuestraron computadoras, teléfonos celulares, documentación contable y contratos relacionados con al menos 16 clubes del fútbol argentino, entre ellos San Lorenzo, Independiente, Racing, Argentinos Juniors y Barracas Central. Los investigadores también analizaron mensajes extraídos de dispositivos electrónicos en los que se habría intentado coordinar la eliminación de información tras los operativos.
Aunque Claudio Tapia no está imputado en la causa, su nombre aparece mencionado en el expediente por la relación de cercanía que mantenía con Vallejo. Según la investigación, la AFA habría recomendado a distintos clubes recurrir a Sur Finanzas para obtener financiamiento y la Liga Profesional habría canalizado pagos vinculados a derechos televisivos a cuentas de la financiera.
El nuevo pedido de imputación presentado por Incardona sostiene que Vallejo no solo habría participado en el circuito de lavado investigado, sino que también habría aportado la estructura empresarial y financiera necesaria para concretar el supuesto vaciamiento de Banfield. Por ese motivo, la fiscal considera que debería responder también por administración fraudulenta.
En los últimos días, el juez Armella rechazó un planteo de la defensa del empresario que buscaba suspender la indagatoria. En la resolución, el magistrado calificó la presentación como una maniobra dilatoria y le impuso costas al considerar que no tenía fundamentos suficientes.
La audiencia del 26 de mayo será la primera instancia en la que Vallejo deberá responder formalmente ante la Justicia por las acusaciones que se fueron ampliando desde marzo, mientras avanza el proceso de unificación de expedientes judiciales vinculados al caso Sur Finanzas.
Sur Finanzas, Justicia, administración fraudulenta
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