POLITICA
Semana clave en el caso AFA: la Cámara Federal define el lunes si la causa sigue en Campana o vuelve al Penal Económico
La investigación judicial sobre la lujosa mansión de Pilar vinculada a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entrará este lunes en una etapa decisiva: la Cámara Federal de Casación Penal realizará una audiencia para definir si la causa continúa en la Justicia federal de Campana o si vuelve al fuero Penal Económico porteño.
La audiencia fue fijada para el lunes 11 de mayo y, una vez finalizada, los jueces tendrán cinco días hábiles para emitir una resolución sobre el conflicto de competencia que atraviesa el expediente.
La definición es observada con atención tanto en tribunales como en el entorno de la conducción de la AFA, ya que podría modificar el rumbo de una de las investigaciones más sensibles que involucran al círculo cercano de Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino.
La causa investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y utilización de testaferros en torno a una mansión ubicada en el barrio Ayres Plaza de Pilar, cuya compra y titularidad quedaron bajo sospecha judicial.
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Actualmente el expediente tramita en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, luego de una resolución de la Cámara Federal de San Martín. Sin embargo, el fiscal general Carlos Cearras pidió que la investigación vuelva al juzgado en lo Penal Económico de Marcelo Aguinsky, donde se había iniciado originalmente la causa.
El conflicto comenzó cuando González Charvay reclamó la competencia del caso argumentando que las propiedades investigadas están ubicadas en Pilar y, por lo tanto, correspondía la intervención de la Justicia federal de Campana.
Aguinsky rechazó apartarse y sostuvo que el eje de la investigación no es únicamente la propiedad, sino una presunta estructura de administración fraudulenta y lavado vinculada a la AFA.
“El núcleo de la investigación no es la casa de Villa Rosa, sino la Asociación del Fútbol Argentino”, sostuvo el magistrado en una de las resoluciones citadas en el expediente.
En línea con esa postura, el fiscal Carlos Cearras consideró que en casos de presunto lavado de dinero no debe analizarse solamente la ubicación física de un inmueble, sino la totalidad de la maniobra financiera investigada.
La mansión bajo sospecha
La causa apunta a determinar si la propiedad de Pilar fue adquirida mediante una estructura de supuestos testaferros ligados a Toviggino.
Según la investigación, la quinta fue comprada en mayo de 2024 por un valor declarado de US$1,8 millones. Sin embargo, una tasación oficial incorporada al expediente estimó que el inmueble podría valer cerca de US$17 millones.
La Justicia también analiza registros de visitas, movimientos societarios y documentación vinculada a Real Central SRL, la firma a nombre de la cual figura la propiedad.
Uno de los elementos mencionados en la causa es que Luciano Pantano —quien aparece como titular formal del inmueble junto a su madre Ana Lucía Conte— utilizaba una tarjeta corporativa de la AFA para distintos gastos. Además, entre las personas registradas como visitantes frecuentes de la mansión figura Máximo Toviggino, hijo del tesorero de la AFA.
Qué puede pasar después de la audiencia
Tras la audiencia del lunes, la Cámara de Casación tendrá cinco días hábiles para resolver qué tribunal continuará con el expediente.
Si los jueces hacen lugar al planteo fiscal, la causa regresará al fuero Penal Económico y quedará nuevamente bajo la órbita de Aguinsky. Si ratifican la decisión de la Cámara Federal de San Martín, seguirá en Campana.
La definición podría tener impacto directo sobre el avance de medidas de prueba y futuras decisiones en una causa que ya se convirtió en uno de los principales frentes judiciales para la conducción de la AFA.
AFA, Justicia, investigacion, Tapia
POLITICA
Las razones por las que la oposición suspendió la sesión contra Adorni y negoció una nueva convocatoria con el peronismo
Los bloques de la oposición levantaron el pedido de sesión especial para interpelar a Manuel Adorni previsto para hoy y sumaron a Unión por la Patria a una nueva convocatoria para el próximo 20 de mayo. La nueva sesión no solo incluirá los proyectos para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sino también iniciativas impulsadas por el peronismo.
La falta de acuerdos y la dificultad para reunir quórum —apenas superaban los 100 diputados confirmados— llevaron a los bloques convocantes a presentar una nota ante el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para levantar la sesión.
Minutos más tarde, con las firmas de Germán Martínez, Esteban Paulón, Mónica Frade, Pablo Juliano y representantes de otras bancadas, solicitaron una nueva sesión para el 20 de mayo. El temario incluirá los cuatro proyectos que impulsan la interpelación de Manuel Adorni, además de iniciativas sobre modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, licencias por nacimiento, régimen de licencias parentales, la creación del plan Remediar y pedidos de informes sobre el PAMI.
Las iniciativas buscan ampliar el respaldo opositor para alcanzar el quórum de 129 diputados necesario para habilitar la sesión especial. A la convocatoria se sumarían bloques del peronismo, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal y algunos monobloques, como los que encabezan Marcela Pagano y Natalia de la Sota.
La caída de la sesión
La presentación del pedido de sesión especial para este miércoles, sin las firmas de Unión por la Patria, que cuenta con 93 diputados, había generado desde el inicio pocas expectativas de concretar la convocatoria.
La situación derivó en negociaciones y reuniones contrarreloj durante este miércoles. La secretaria parlamentaria de Unión por la Patria, Paula Penacca, había adelantado a los diputados convocantes que el bloque acompañaría el pedido, aunque condicionó ese respaldo a la inclusión de iniciativas sociales que el peronismo viene impulsando en Diputados.
Finalmente, los bloques opositores resolvieron limitar el debate exclusivamente a la interpelación de Adorni y a una eventual moción de censura. Esa definición terminó alejando la posibilidad de reunir el quórum necesario para abrir la sesión y avanzar con los proyectos.
El desenlace fue el esperado: se levantó el pedido de sesión para hoy, se incorporó formalmente al peronismo a la estrategia opositora y se convocó a una nueva sesión especial para el martes 20 de mayo a las 11.
Los pedidos para interpelar al jefe de Gabinete
El pedido para que Manuel Adorni vuelva a la Cámara de Diputados se apoya en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que habilita a cualquiera de las dos cámaras del Congreso a solicitar la interpelación del jefe de Gabinete. Ese mecanismo incluso podría derivar en una moción de censura y, eventualmente, en la remoción del funcionario.
Los proyectos presentados en Diputados apuntan a la situación judicial y patrimonial de Adorni. Entre otros puntos, solicitan informes verbales del jefe de Gabinete “sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos”, pedidos de información vinculados a su patrimonio declarado y la posibilidad de avanzar con una moción de censura por supuestas irregularidades.
Manuel Adorni, Diputados
POLITICA
El Gobierno prorrogó por dos años la emergencia penitenciaria federal ante la falta de cupos en las cárceles
Por segunda vez, el Gobierno oficializó una nueva prórroga de la emergencia en el sistema penitenciario federal tras constatar que la capacidad de alojamiento se encuentra superada y que la demanda de ingresos sigue en aumento. Pese a que destacaron la inauguración de la Unidad N° 36 de Coronda, Santa Fe, reconocieron que aún no se logró solucionar la problemática.
Por medio de la publicación de la Resolución 439/2026 en el Boletín Oficial, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, aprobó la extensión de “la ‘emergencia en materia penitenciaria’ declarada por la Resolución N° RESOL-2019-184-APN-MJ, por el término de dos años desde la fecha de vencimiento del plazo establecido por la Resolución N° RESOL-2024-254-APN-MSG».
Esta categorización ya había sido prorrogada en 2022 y 2024. De la misma manera, indicaron que actualmente el Servicio Penitenciario Federal (SPF) aloja a 12.248 personas. Esto representaría un 106% de su capacidad operativa, que es de 10.932 plazas.
Bajo el punto de vista de las autoridades, esta situación afectaría la gestión de la custodia y la reinserción social de los internos. Asimismo, detallaron que el 61,83% de los alojados corresponde a condenados, mientras que el 38,17% permanece detenido bajo proceso.
En línea con los datos recabados, entre el 11 de diciembre de 2023 y el 1 de marzo de 2026, ingresaron 15.041 personas privadas de la libertad al sistema federal. De este total, 4.695 se encontraban a disposición de la Justicia Federal, 9.675 de la Justicia Nacional, 418 de la Justicia Penal Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires y 253 de otros tribunales provinciales.
Pese a que la capacidad máxima ya fue superada, desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que hay otras 2.657 personas detenidas por la Justicia Federal y 2.416 por causas ante la Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que están a la espera de ingresar al sistema.
Por este motivo, en la resolución las autoridades destacaron que la cifra de plazas disponibles resulta insuficiente para recibir nuevos detenidos y advirtieron que el Servicio Penitenciario Federal aún se encuentra a cargo de la custodia de 5.983 personas implicadas en causas de la Justicia Ordinaria porteña, lo que representa el 48,85% de la población alojada.
Desde el Gobierno, atribuyeron este desbalance, en parte, a que no se concretó el traspaso de la Justicia Penal Ordinaria al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Así, consideraron que la continuidad de esa estructura organizativa limitaría la capacidad de alojamiento para detenidos con causas federales.
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Entre las estrategias para abordar la problemática, el Ministerio de Seguridad Nacional resaltó la implementación del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, que desde abril de 2024 incorporó a 1.291 personas y actualmente supervisa 1.503 arrestos domiciliarios. De la misma forma, informaron que se distribuyeron 310 dispositivos electrónicos en 23 convenios con provincias.
En cuanto a infraestructura, la gestión actual recordó la inauguración de la Cárcel Federal de Coronda (Unidad 36) y la habilitación de la Unidad Residencial IV del Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa. Aunque estas contribuyeron a ampliar la capacidad, reconocieron que no era suficiente.
Además, indicaron que se encuentra en marcha la construcción del Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, con un avance del 72,37%, y la relocalización del Complejo Penitenciario Federal Devoto al partido bonaerense de Marcos Paz. No obstante, la segunda obra que permanece inconclusa tras haber sido suspendida por el Gobierno porteño en 2020.
A raíz de esto, las autoridades resaltaron que, de concretarse la construcción de la cárcel de Marcos Paz, se sumarían un total de 700 plazas en el sistema federal. Por este motivo, destacaron que permitiría un “flujo de ingresos y egresos de detenidos al sistema”.
POLITICA
Fuerte cruce entre Alejandro Álvarez y el presidente del Consejo Interuniversitario: “A ustedes les ofende la verdad”
El subsesecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y el rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, protagonizaron este miércoles por la noche un fuerte debate sobre el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas.
El debate incluyó acusaciones de “politización” del sistema universitario, cuestionamientos por el manejo presupuestario y discusiones sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. “A ustedes les ofende la verdad, los datos”, lanzó el funcionario nacional durante uno de los momentos de mayor tensión del intercambio.
La discusión se produjo en el programa A Dos Voces, emitido por TN, un día después de la marcha federal universitaria realizada en distintos puntos del país. Allí, Bartolacci defendió la movilización y reclamó el cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso, mientras que Álvarez sostuvo que el Gobierno debe actuar bajo una “restricción presupuestaria” heredada de la gestión anterior.
El intercambio comenzó con diferencias sobre el sentido de la protesta universitaria. Bartolacci afirmó que la movilización expresó un respaldo social amplio a las universidades públicas y sostuvo que se trató de una manifestación “transversal”, no limitada a un sector político. Según señaló, la sociedad argentina valora el rol de las universidades porque “le transforma todos los días la vida a mucha gente”.
Álvarez respondió que las universidades fueron “colonizadas” por la política y buscó respaldar esa acusación mostrando durante el programa publicaciones de dirigentes opositores que apoyaron la marcha o vinculaciones con autoridades de diferentes casas de estudios. Entre ellas, exhibió una imagen de un mensaje del gobernador bonaerense Axel Kicillof en defensa de la universidad pública.
El funcionario también cuestionó al vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres, por haber entregado un doctorado honoris causa a Cristina Kirchner. “La politización de la educación superior ha infiltrado las estructuras de decisión”, afirmó.
Bartolacci rechazó ese planteo y acusó al oficialismo de intentar instalar sospechas sobre las universidades públicas para justificar el ajuste presupuestario. “Son todo el tiempo frases hechas que intentan desprestigiar el sistema universitario para que eso fundamente el desfinanciamiento”, sostuvo.
El rector agregó, además, que en las marchas participan incluso personas que apoyan al presidente Javier Milei, pero que igualmente consideran necesario defender el sistema universitario. Sostuvo también que el Gobierno realiza una lectura equivocada de la protesta y de los sectores que acompañan el reclamo.
Otro de los ejes centrales del debate fue la situación presupuestaria de las universidades. Bartolacci marcó que el sistema público universitario atraviesa un escenario crítico y advirtió que “hoy está en riesgo la capacidad del sistema universitario público si no aparecen respuestas”.
Álvarez replicó que el Estado no puede ignorar la situación fiscal y cuestionó al CIN por “reclamar mayores recursos sin contemplar las limitaciones presupuestarias”. “Usted puede hacer una marcha de 250.000 personas, pero al otro día seguimos teniendo la restricción presupuestaria ahí mirándonos”, afirmó.
El funcionario insistió además en que la Ley de Financiamiento Universitario no podía aplicarse porque contradice disposiciones de la Ley de Administración Financiera. “Les avisamos que esa ley nacía muerta”, subrayó.
Bartolacci respondió que la iniciativa fue debatida en un contexto sin presupuesto nacional aprobado y remarcó que la norma no crea nuevas partidas, sino que actualiza fondos ya existentes para el funcionamiento de las universidades. También planteó que corresponde al Poder Ejecutivo cumplir con la ley sancionada por el Congreso.
La tensión volvió a escalar cuando Álvarez mostró una placa con presuntos salarios de rectores universitarios y aseguró que algunos superan el sueldo del Presidente. Incluso mencionó remuneraciones cercanas a los $14 millones mensuales.
“Vos sabés perfectamente que ese no es mi caso”, respondió Bartolacci, que además pidió “un debate razonable” y “en serio”.
El intercambio derivó luego en acusaciones cruzadas sobre la utilización de datos vinculados al sistema universitario. “El problema es que a ustedes les ofende la verdad, los datos. Tienen una rivalidad con los datos”, afirmó Álvarez.
Bartolacci contestó que el subsecretario “tergiversa datos” y le reprochó desconocer el funcionamiento del sistema universitario argentino. “Quiero ayudarte a tener mejores elementos para tomar mejores decisiones”, señaló.
En otro tramo del debate emitido por TN, el rector del CIN también vinculó el conflicto universitario con el funcionamiento institucional y advirtió que “no es un buen antecedente” que el Poder Ejecutivo no aplique una ley aprobada por el Congreso. Álvarez, por su parte, sostuvo que el Gobierno actúa para “defender los intereses de la Nación” y no los de un sector particular.
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