Río Negro anunció que enviará un proyecto de ley para permitir la comercialización formal de carnes salvajes como el jabalí y el guanaco. La iniciativa busca ofrecer nuevas alternativas proteicas a los consumidores y responder a problemáticas ambientales y productivas detectadas en la región patagónica. El gobierno rionegrino señaló que se trata de una acción que pretende modificar la normativa vigente, que limita el mercado formal de estas carnes, a pesar de su consumo extendido en ámbitos informales.

La propuesta surge en un contexto donde otras provincias patagónicas ya exploran opciones similares. Chubut, por ejemplo, realizó pruebas piloto con carne de burro. El avance de este tipo de proyectos responde a una demanda por diversificación de proteínas y a la necesidad de aprovechar recursos disponibles que, hasta el momento, escapan a los circuitos de control sanitario y trazabilidad.

Según explicó en Infobae en Vivo Carlos Banacloy, ministro de Desarrollo Económico de la provincia de Río Negro, la intención es regular una práctica ya extendida. Al mismo tiempo se busca garantizar condiciones seguras para el consumo y aportar un control efectivo sobre especies cuya población crece sin regulación natural.

“Cuando hablamos hoy de una proteína alternativa como es el jabalí, hay que pensar que es una especie exótica que se introdujo a la Argentina hace muchos años y no tiene depredador natural”, afirmó Banacloy.

Proyecto para habilitar carnes de jabalí y guanaco

El proyecto de ley que impulsa la provincia de Río Negro apunta a incorporar al mercado formal carnes que han estado presentes en la dieta regional, aunque fuera del control oficial. Banacloy detalló que el jabalí, al carecer de controladores naturales, incrementa su población y causa daños considerables en los cultivos agrícolas extensivos. “Son animales que se mueven en grandes grupos y generan mucho daño sobre los cultivos que uno ya tiene hecho”, explicó el funcionario.

El guanaco, por su parte, constituye una especie autóctona cuya población, de acuerdo con el ministro, ya supera la cantidad de ovejas en la Patagonia. Banacloy precisó que, durante años, el guanaco estuvo incluido en listas internacionales de especies en peligro, pero actualmente la cantidad de ejemplares es elevada.

La propuesta rionegrina no busca desplazar otras carnes, sino sumar una alternativa formal, sostenible y controlada. “No va a ser una carne que va a ocupar un lugar que retire el del cerdo o el pollo. Probablemente entre con un kilo per cápita, que para el consumo que tenemos es un montón”, señaló Banacloy.

Motivos ambientales y económicos del proyecto

El impulso para habilitar la venta masiva de carnes salvajes tiene motivaciones principalmente productivas y ambientales. Banacloy argumentó que el principal motivo es el daño económico que provocan los animales silvestres sobre los cultivos. El funcionario describió que los jabalíes actúan como una plaga, arrasando plantaciones de maíz y alfalfa, productos destinados tanto al consumo interno como a la exportación.

Banacloy remarcó que el único control posible sobre la población de jabalíes es a través de la acción humana, ya que la caza deportiva perdió relevancia entre las nuevas generaciones. “La mayoría de las carnes salvajes son mucho más magras que las carnes tradicionalmente hechas en encierro. Es naturalmente un animal que tiene que moverse, que camina, que nada, cruza ríos para buscar alimento”, indicó el ministro.

En relación a la economía del consumidor, Banacloy reconoció que el consumo de proteínas alternativas responde a la necesidad de precios más accesibles, en especial tras la caída del poder adquisitivo y el encarecimiento de la carne bovina. Sin embargo, aclaró que el objetivo central del proyecto es aprovechar una proteína localmente disponible y actualmente desaprovechada por cuestiones legales.

Formalización y controles sanitarios

Uno de los argumentos principales del gobierno de Río Negro es la necesidad de formalizar una práctica que ya existe en la región. Banacloy insistió en que el consumo de carnes salvajes ocurre desde hace mucho tiempo, pero mayormente fuera del circuito legal y sin controles sanitarios adecuados. “Lo que estamos haciendo es que estos animales puedan venir a un establecimiento habilitado, como va cualquier otro tipo de especie”, detalló el ministro.

El proyecto prevé que la carne de jabalí y guanaco ingrese a plantas de faena autorizadas y se someta a los mismos controles veterinarios que las carnes tradicionales, incluyendo exámenes para detectar enfermedades como la triquinosis. Banacloy enfatizó que “lo mejor que te puede pasar es que esté formalizado, porque ahí es donde perdés el control si no está formalizado”.

La iniciativa también contempla el concepto de “proteína de cercanía”, ya que los animales silvestres se encuentran en las inmediaciones de los pueblos patagónicos, lo que facilitaría la logística y reduciría los costos de transporte habituales en otras cadenas cárnicas.

Cambios regulatorios y perspectivas

El avance del proyecto de ley requiere modificar normativas que, según Banacloy, tienen entre cuarenta y cincuenta años de antigüedad. El funcionario subrayó que la caza está permitida actualmente en la provincia, pero el objetivo es incorporar formalmente estas carnes al circuito comercial bajo un esquema de aprovechamiento sostenible, controlado y trazable.

La provincia busca así liderar un cambio estructural en el mercado de carnes del país, promoviendo opciones que ya forman parte de la cultura alimentaria patagónica, pero que hasta ahora permanecían fuera de la legalidad y el control sanitario.

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El Tribunal Oral Federal N° 4 difundirá este mediodía el veredicto del Caso Skanska, la constructora sueca acusada de direccionar licitaciones y pagar coimas a funcionarios públicos durante el gobierno del expresidente Néstor Kirchner.

La Fiscalía pidió penas de entre cuatro y cinco años de cárcel para los principales acusados, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López. Además de inhabilitarlos de manera perpetua para ejercer cargos públicos y decomisos millonarios.

El tribunal de Comodoro Py informará cuál será la sentencia para ambos exfuncionarios, que escucharán la decisión judicial de manera virtual desde sus lugares de detención. De Vido desde su arresto domiciliario en Zárate y López desde la cárcel de Ezeiza, respectivamente.

Las claves de Skanska, el primer gran caso de corrupción del kirchnerismo

El Caso Skanska fue el primer hecho de corrupción que se destapó durante el primer mandato kirchnerista. En el expediente se investigó el supuesto pago de coimas y sobreprecios por parte de la constructora sueca, con el objetivo de adjudicarse las obras de ampliación de dos gasoductos en 2004. Según la Justicia hubo cobro de sobornos para la concesión de la obra y la construcción de los gasoductos Norte y Sur.

La empresa señalada de direccionar licitaciones y pagarles coimas a exfuncionarios públicos fue acusada, además, de esconder este esquema a través de un sistema de facturas falsificadas emitidas por más de 20 empresas fantasma, en las que se simulaban servicios que nunca se prestaron.

La prueba fundamental que destapó la maniobra fue una grabación de la propia compañía en la que un exejecutivo, Javier Azcárate, dijo en diálogo con el exsíndico dela empresa, Claudio Corizzo, que había recibido el pago de coimas a cambio de asegurarse las obras. La causa judicial involucró tanto a exfuncionarios kirchneristas como a directivos de Skanska.

El juez federal, Sebastián Casanello, argumentó al elevar el caso a juicio, en 2019: “La empresa Skanska, al momento de la negociación de las ofertas presentadas en el concurso privado, acordó con sus competidores para elevar los costos, lo que fue consentido por los funcionarios públicos que intervinieron directa e indirectamente en el procedimiento».

El magistrado planteó: “Para respaldar esas actividades ficticias, los representantes de Skanska S.A. decidieron darle un marco legal que les permitiera justificar cada uno de los egresos. Así fue que computaron las transacciones como gastos vinculados al proyecto central adjudicado, previamente, por el Estado Nacional”.

Casanello advirtió: “Todos estos sucesos habrían generado, como consecuencia, un perjuicio económico millonario para la administración pública, en tenor de que los sobornos pagados por los privados y recibidos por los funcionarios constituyeron un beneficio económico ilegal a título personal para ellos pero, en simultáneo, la extracción de dinero de las arcas estatales sin amparo legal alguno».

Julio De Vido, José López, skanska