A la hora de alquilar, la gran duda suele ser si conviene pedirle a un familiar o amigo una garantía propietaria o directamente contratar un seguro de caución. Aunque ambos mecanismos sirven para respaldar al propietario ante un eventual incumplimiento, tienen diferencias importantes en costos, rapidez y riesgos.

La garantía propietaria sigue siendo la opción más barata en términos estrictamente económicos. En general no tiene un costo directo: el garante solo debe presentar la escritura, informes de dominio y eventualmente firmar ante escribano. Pero el problema aparece en la práctica: cada vez menos personas quieren comprometer su inmueble para respaldar un alquiler ajeno.

El seguro de caución, en cambio, funciona como una póliza emitida por una aseguradora. El inquilino paga una prima y la compañía responde frente al dueño si hay falta de pago de alquileres, expensas o servicios, según la cobertura contratada.

Cuánto cuesta cada alternativa

La garantía propietaria prácticamente no tiene costo económico relevante. Puede haber gastos menores por certificaciones, informes o escribano, pero suelen representar una cifra baja comparada con el valor total del contrato. El seguro de caución sí implica un desembolso importante. Hoy las aseguradoras cobran entre 4% y 7% del valor total del contrato, aunque depende del perfil crediticio y de las coberturas incluidas. En la práctica, suele equivaler aproximadamente a entre uno y dos meses de alquiler.

Por ejemplo, para un alquiler inicial de $500.000 mensuales, el seguro puede rondar entre $700.000 y más de $1 millón según la duración de contrato, los ingresos declarados, el historial crediticio, si incluye expensas, servicios u ocupación indebida, etc. Debe tenerse en cuenta que según el monto que se trate, muchas compañías permiten financiarlo en cuotas o pagarlo con tarjeta.

Qué conviene para el inquilino y el propietario

Si el inquilino tiene acceso a una garantía propietaria confiable, suele ser la opción más económica. Pero implica pedir un favor importante: el garante pone en juego su patrimonio y queda legalmente comprometido si hay deuda.

El seguro de caución evita ese problema y además agiliza el proceso. Muchas inmobiliarias incluso lo prefieren porque consideran más sencillo reclamarle a una aseguradora que ejecutar una garantía inmobiliaria. En muchos casos la aprobación sale en 24 a 72 horas y el trámite es completamente online.

Además, el seguro tiene ventajas para quienes no tienen familiares propietarios, vienen del interior, son jóvenes que alquilan por primera vez, trabajan como monotributistas o freelancers y necesitan resolver rápido la operación. 

Por el lado de los propietarios, históricamente preferían la garantía propietaria porque existía un inmueble concreto detrás del contrato. Sin embargo, el mercado empezó a cambiar y hoy hay muchas inmobiliarias aceptan o directamente exigen seguros de caución por mayor rapidez de cobro, validación crediticia previa del inquilino, cobertura de expensas y servicios y menor complejidad judicial.

En distintos foros inmobiliarios y experiencias de usuarios aparecen inmobiliarias que ya trabajan directamente con determinadas compañías o marcas de caución como condición para alquilar.

Cuáles son las principales compañías de caución

Entre las empresas y aseguradoras más utilizadas en Argentina aparecen:

• Woranz
• Finaer
• Respaldar
• IAPSER Seguros
• Garantía Ya
• TuGarantía
• Hanseatica Seguros

También existen pólizas emitidas por bancos y aseguradoras tradicionales como BBVA, Banco Provincia, Sancor Seguros, Federación Patronal, San Cristóbal o La Segunda, aunque no todas son aceptadas por todas las inmobiliarias.

Entonces, ¿qué conviene más?

Para quien tiene acceso a una garantía propietaria sólida y no quiere sumar gastos iniciales, sigue siendo la alternativa más barata, pero para quienes buscan rapidez, independencia y evitar comprometer a familiares o amigos, el seguro de caución se convirtió en la opción más práctica y cada vez más usada en el mercado inmobiliario argentino, aunque implique pagar un costo importante al inicio del contrato.

El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió buenas noticias de cara a “los mejores 18 meses” que espera a partir de mayo y junio. Uno de los pilares para la reactivación es la Ley de Inocencia Fiscal y el fisco nacional comunicó que hubo un salto en las adhesiones al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) con más de 80.000 contribuyentes, cuando el último dato oficial que se conocía era de 16.000.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que las adhesiones al Régimen de Declaración Jurada Simplificada duplicaron los registros en solo veinte días, desde que se habilitó el aplicativo digital para formalizar la presentación. El proceso de inscripción ganó impulso a partir de la Resolución General 5820, dictada en febrero, que simplificó el cumplimiento fiscal para personas humanas y sucesiones indivisas. El régimen empezó con 5.800 inscriptos y en abril sumó más de 36.000 nuevos, hasta superar ampliamente los 80.000, un salto que sorprendió a los funcionarios.

Lo que fue celebrado por el ministro Caputo quien en la red social X escribió: “Más de 80.000 adhesiones al Régimen Simplificado de Ganancias (…). La cifra se duplicó en los últimos 20 días, fecha en que ARCA puso a disposición el aplicativo para presentar las declaraciones juradas”. El número es considerable si se toma en consideración que en el último año pagaron Ganancias menos de un millón de personas humanas.

El vencimiento para la presentación correspondiente al período fiscal 2025 quedó fijado para junio, de acuerdo con la terminación de la CUIT de cada contribuyente. El aplicativo digital, disponible desde abril, permitió el ingreso de declaraciones juradas con datos precargados y validaciones automáticas, lo que facilitó la regularización de la situación fiscal para miles de contribuyentes y eliminó trabas habituales en el cumplimiento.

Aunque se debe tener en cuenta que las adhesiones no implican que los contribuyentes saquen los dólares del colchón. “De los 80.000 que se adhirieron, la gran mayoría no presentó la declaración jurada, por lo cual puede ser que alguien se adhiera y de acá al vencimiento de la declaración jurada en junio termine presentando por el régimen general, o puede ser alguien que todavía no se adhirió y lo haga más adelante por el RSG”, sostuvo Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios en conversación con Infobae.

Para quien 80.000 es un “número provisorio”. En esa línea, remarcó que si bien las declaraciones juradas simplificadas tienen problemas, en términos generales, son más simples que las del régimen general, por lo cual puede haber incentivos a adherirse. “Puede haber contribuyentes que opten porque es más simple la declaración jurada, por los beneficios que tiene de presunción de exactitud y efecto liberatorio del pago, más allá de utilizar dólares no declarados”, marcó.

Aquellos contribuyentes que adhieran al RSG, presenten la declaración jurada en termino y paguen o el sado en un plan de pagos, se tiene el efecto liberatorio del pago y la presunción de exactitud. Esto hace que salvo que se produzca una “discrepancia significativa”, el fisco no puede hacer una determinación sobre ese periodo ni por los periodos fiscales no prescripto tanto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) o de Ganancias.

“Puede ser que haya contribuyentes que adhieran al RSG no necesariamente porque van a utilizar dólares del colchón sino porque con este Régimen brindan menos datos al fisco y pagando en termino obtiene un tapón fiscal con el que impiden que le revisen periodos anteriores tampoco. Siempre que no se produzca la discrepancia significativa”, comentó Domínguez.

En las últimas semanas, el Gobierno reforzó su estrategia para atraer ahorros al sistema financiero, especialmente los dólares que los argentinos mantienen fuera del circuito formal. Aunque el ministro Luis Caputo destacó que los depósitos en dólares del sector privado alcanzan niveles récord, la evolución registrada en los últimos cuatro meses evidenció que la Ley de Inocencia Fiscal no generó el impacto esperado en la repatriación de fondos.

El informe monetario diario del Banco Central de la República Argentina (BCRA) reflejó un comportamiento volátil en los depósitos en moneda extranjera del sector privado. El 2 de enero de 2025, el stock se ubicó en USD 37.044 millones. En ese contexto, Caputo promovió públicamente la idea de canalizar los dólares hacia el sistema financiero. El 1° de febrero, los depósitos subieron a USD 37.817 millones y el 2 de marzo alcanzaron USD 39.172 millones, el nivel más alto del período. El 27 de abril, último dato publicado, el saldo bajó levemente a USD 38.967 millones.

Este comportamiento evidenció la cautela de los ahorristas y la incidencia de la confianza en las medidas oficiales. Los saldos bancarios en dólares subieron entre enero y marzo, en coincidencia con la campaña del Gobierno, y luego descendieron levemente. El movimiento de fondos respondió a los incentivos y a la percepción de seguridad del sistema financiero.

En declaraciones recientes, Caputo reconoció que persisten percepciones de incertidumbre entre los profesionales y los contribuyentes. “Está la percepción de algunos contadores de que, genuinamente, pueden creer que hay vacíos, que nosotros no lo vemos, pero tienen su opinión y hay que respetarla. Y hay algunos que ven el famoso riesgo kuka: no importa lo que hagan los de enfrente, son tan salvajes que si algún día vuelven, van a encontrar la forma de romperme los cocos igual”, afirmó.

La evidencia de que la mayoría de los dólares sigue fuera del sistema llevó al equipo económico a acelerar medidas para reducir la burocracia y ampliar la oferta de productos en dólares. Por este motivo, el Ejecutivo avanza con la flexibilización de restricciones financieras y la promoción de nuevos productos de bancos y ALyCs, con el objetivo de mejorar los rendimientos y sumar alternativas para los ahorristas.

El ministro Caputo anticipó cambios en la Comisión Nacional de Valores (CNV): los fondos abiertos dejarán de requerir aprobación previa y pasarán a un régimen de anuncio, mientras que los fondos cerrados y las obligaciones negociables tendrán trámites más ágiles. Caputo subrayó la importancia de mejorar los rendimientos: “Esto es muy importante porque si querés llevar tus dólares al banco y, por ahí, si te dicen ‘te pago 2%’, decís ‘no sé’. En cambio, si te dicen podés colocarlo en este fondo de préstamos hipotecarios que rinde 7%, o en este fondo de préstamos de infraestructura que rinde 8%”.

Los docentes universitarios acumularon una pérdida salarial equivalente a 8 sueldos desde noviembre de 2023, con una caída del 34,5% en términos reales. Los datos surgen en la antesala de la marcha federal de este martes por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento por parte del Gobierno Nacional, la cual fue aprobada e insistida en el Congreso tras el veto del presidente Javier Milei.

Para poner estas variaciones en números concretos, en base a datos de Conadu, Infobae elaboró ejemplos de salarios brutos para docentes con hasta 2 y 10 años de antigüedad.

De acuerdo con la escala salarial de mayo de 2026, la dedicación exclusiva (40 horas semanales) muestra una brecha significativa determinada por el escalafón y la antigüedad. Un profesor Titular que inicia su carrera o posee hasta dos años de experiencia percibe un básico bruto de $1.898.740,01, cifra que se eleva a $2.373.425,01 al alcanzar los 10 años en el cargo.

Un Auxiliar de primera categoría percibe $1.062.708,05 como sueldo inicial, lo que representa apenas un 55% de lo que cobra un Titular con su misma antigüedad.

En el caso de las dedicaciones semiexclusivas de 20 horas semanales, los montos reflejan la presión sobre los ingresos de los cargos intermedios. Un docente con el cargo de Adjunto y una década de trayectoria percibe un bruto de $925.745,76, mientras que un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con la misma antigüedad llega a los $795.039,03.

Por su parte, un Auxiliar de primera con 10 años de experiencia bajo este régimen horario cobra $664.190,55, valores que obligan a la mayoría de los profesionales a buscar fuentes de ingresos adicionales para cubrir la canasta básica.

La situación resulta más crítica en las dedicaciones simples de 10 horas semanales, las más frecuentes en el sistema universitario nacional. Aquí, los salarios de los niveles iniciales, como el de Auxiliar de segunda, oscilan entre los $212.540,62 y los $265.675,77 brutos según la antigüedad. Incluso un profesor Titular en este régimen percibe apenas $593.355,63 tras diez años de servicio.

Estas cifras cobran especial relevancia frente a un contexto donde la inflación interanual a comienzos de año se situó en el 32,4% y se proyecta un cierre para 2026 del 27,5%, lo que subraya la magnitud del desafío para mantener el poder adquisitivo del sector académico.

Para calcular el efecto del ajuste que aplicó el Gobierno al presupuesto universitario en términos reales, se tomaron cálculos privados con datos a marzo o abril, según el caso. Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) detalló que un titular con dedicación exclusiva, en el acumulado desde el cambio de gestión, cobró $18,5 millones menos a precios de abril.

El recorte presupuestario en las universidades nacionales afecta principalmente a los docentes, ya que el 80% de los fondos se destina a remuneraciones. Como resultado de dicho deterioro en el poder adquisitivo, según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), más de 10.000 profesionales ya dejaron sus cargos.

Como comparativa, el presupuesto asignado al sistema universitario nacional pasó del 0,72% del PBI en 2023 al 0,47% proyectado para este año, mientras que las transferencias muestran una baja real acumulada del 45,6%

“El gasto en 2025 fue similar al que se realizó en 2007 ($5,5 billones a precios de abril de 2026); y sin tener en cuenta la creación de 13 universidades públicas y los 768.200 nuevos estudiantes que se incorporaron al sistema”, señaló el IAG.

Un informe de CEPA tomó los salarios básicos a marzo de 2026 y, con ellos, estimó el impacto de la inflación sobre su poder adquisitivo al compararlo con la evolución de las canastas de indigencia y pobreza. De acuerdo al análisis, si se considera la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) de un Hogar Tipo 2 en marzo de 2026 con los salarios básicos brutos (sin antigüedad) del personal docente y no docente de las universidades nacionales, se advierte que solo una minoría de los cargos supera la línea de pobreza. Ese mes, la CBT fue de $1.434.464.

Entre los docentes, únicamente los titulares con dedicación exclusiva exceden ese monto, con un sueldo bruto de $1.555.834. En el caso del personal no docente, solo los cargos de los niveles 1 y 2 logran cubrir la canasta.

A su vez, la CBA, que marca la línea de indigencia, alcanzó los $658.011 en marzo. A excepción de los titulares y asociados con dedicación semi-exclusiva, el resto de los cargos docentes, incluidos los de dedicación simple, quedaron por debajo de ese umbral.

La Ley de Financiamiento Universitario insistida en el Congreso establecía la convocatoria a una paritaria nacional para que recuperen el terreno perdido desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, fecha prevista para su publicación en el Boletín Oficial.

Eso implicaba un aumento del 44% que, de haberse aplicado en noviembre, habría dejado las remuneraciones apenas un 1,3% por debajo del nivel de igual mes de 2023.

Mientras tanto, en Casa Rosada aseguran: “Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata». Estiman que la suma adeudada asciende a 2,5 billones de pesos.

En la misma línea, el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, dijo: “La consigna de ellos es ‘cumplan la ley’. No se puede cumplir porque es abstracta, quedó derogada al aprobarse el Presupuesto. Cuando se aprueba una ley presupuestaria previa a la aprobación del Presupuesto, este la deroga de manera implícita, porque no puede haber asignaciones por fuera de eso”.

“Implicaría un gasto que el Estado no está en condiciones económicas de afrontar hoy”, agregó.

Por otra parte, mediante la Decisión Administrativa 20/2026, el Gobierno dispuso recientemente un ajuste de $78.768 millones a programas de la Secretaría de Educación.

Según el anexo correspondiente, la reducción incluye una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital destinadas a infraestructura del conocimiento, con afectación directa a obras en trece casas de estudio.

La Universidad Nacional de La Plata es la más perjudicada, con $1.043.000.000 menos. Le siguen la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, con recortes de $700.000.000 cada una; Río Cuarto, con $680.500.000; y Entre Ríos, con $540.000.000.