El nuevo dato oficial de la inflación de abril del Indec, que fue del 2,6% mensual —un nivel acorde a lo previsto por el mercado y la cifra más baja desde noviembre pasado—, pone de relieve la situación del plazo fijo tradicional. Esta es una de las principales inversiones de los argentinos, pero viene «perdiendo» hace varios meses frente a los precios de la economía.

Es decir que, pese a registrarse la menor inflación de los últimos cinco meses, el plazo fijo tradicional sigue ofreciendo una renta negativa. En concreto, hoy un depósito minorista para personas humanas en cualquier banco líder, por un lapso de 30 días —tiempo mínimo de encaje requerido para este instrumento—, paga una tasa nominal anual (TNA) de entre el 15% y el 19,5%, según la entidad seleccionada.

Por lo tanto, la renta de un depósito en pesos es de un mínimo del 1,23% y de un máximo del 1,6% mensual. Esto significa que rinde la mitad, o menos, que el avance del resto de los precios en el mismo período. Incluso en bancos chicos, donde la tasa ofrecida es mayor para captar liquidez y luego prestarla, se está ofreciendo un interés máximo del 24% de TNA, que equivale a una renta del 1,97% cada 30 días.

En resumen, todos los bancos están ofreciendo una tasa negativa en sus plazos fijos respecto a la inflación. No obstante, la perspectiva de los economistas es que el índice de precios al consumidor (IPC) siga disminuyendo en los próximos meses, por lo que podría acercarse al rendimiento que ofrece una colocación tradicional.

«La inflación desaceleró con fuerza en abril y marca que el pico inflacionario del primer trimestre habría quedado atrás. El IPC nacional avanzó 2,6%, lo que representa 0,8 puntos porcentuales menos que en marzo. Es la primera baja mensual luego de diez meses consecutivos de aceleración«, opina Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics.

Incluso algunos expertos consideran que esta disminución del ritmo de avance de los precios puede ser más relevante en mayo. «En los últimos meses la inflación le ganó al plazo fijo, aunque en mayo creo que van a estar parejos», afirma a iProfesional Camilo Tiscornia, economista y director de C&T Asesores.

Plazo fijo, inflación y dólar

El dato positivo para el plazo fijo tradicional es que sigue superando al avance del precio del dólar, que es la otra referencia de inversión para los ahorristas. Por ende, como viene sucediendo durante el año, hacer tasa en pesos resulta mucho más rentable que comprar divisas.

En cifras, en lo que va de mayo, la cotización del dólar mayorista apenas asciende un 0,1%, mientras que en 2026 cae alrededor del 4,5%. Es decir, retrocede en el año mientras que el plazo fijo tradicional gana cerca del 9%.

En base a las proyecciones de bancos y consultoras locales y del exterior, encuestados en el último informe mundial FocusEconomics, para todo el 2026 la devaluación podría oscilar el 16%. «Por ahora está abajo el plazo fijo tradicional, pero respecto de la expectativa de devaluación sigue siendo interesante», concluye Fernando Baer, economista jefe de la consultora Quantum.

Por el lado de la inflación prevista, el plazo fijo tradicional podría comenzar a ganar terreno. «La baja de la inflación hace que el rendimiento real de las colocaciones financieras sea menos negativo, recuperando terreno inclusive con respecto al tipo de cambio real», reflexiona Darío Rossignolo, economista y profesor de Finanzas Públicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Plazo fijo tradicional: ¿cuándo podría volver a ganar?

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central, que promedia la visión de más de 40 economistas, los analistas consideran que el IPC de mayo será del 2,3% y para junio estiman una baja al 2,1%. En tanto, para julio se prevé un 2% y para agosto un 1,8%.

Bajo este escenario, se espera que las rentabilidades en pesos se acerquen al avance de la inflación, aunque el instrumento todavía tendría por delante algunos meses más de renta negativa.

«El plazo fijo tradicional sigue perdiendo poder de compra porque la tasa sigue estando por debajo de la inflación del mes. Parece que esto se mantendría; no es probable que la tasa de un depósito suba mucho cuando los bancos no tienen intención de ampliar la cartera de préstamos por los niveles de mora que estamos viendo», sentencia Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum.

Por lo tanto, el plazo fijo tradicional podría volver a ser ganador en los próximos meses, siempre y cuando no continúe la baja de las tasas de interés con el fin de reactivar la economía. Cabe destacar que, en los últimos dos meses, la tendencia marcó una caída de hasta 7 puntos porcentuales en la renta ofrecida por los bancos para los depósitos.

«Si bien esperamos que la inflación siga desacelerando, también vemos que las tasas reales continuarán siendo negativas en el corto plazo», advierte el equipo de Research de PUENTE.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 87 jornadas con resultado favorable en el mercado cambiario, impulsado por acuerdos con entidades privadas y organismos públicos. Este miércoles, la autoridad monetaria adquirió USD 140 millones y el total de compras en 2026 rebasó los 8.000 millones de dólares.

Desde el inicio del nuevo esquema monetario, en enero, el BCRA sumó 8.016 millones de dólares. Abril se destacó como el mes de mayor volumen, con compras que llegaron a 2.769 millones de dólares. Desde el lanzamiento del programa, solo un día —el 2 de enero— no se registraron adquisiciones. Recientemente, la cantidad de divisas compradas aumentó después de una primera semana de mayo con montos diarios por debajo de los 100 millones de dólares.

Fuentes del Ministerio de Economía señalaron que todavía no se concretó el ingreso principal de dólares de la cosecha agrícola, lo que, según sus perspectivas, incrementará la oferta de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y fortalecerá la capacidad de compra del BCRA en el corto plazo.

El porcentaje de avance sobre la meta anual de compras se sitúa en 80,16 por ciento. Sin embargo, la demanda de divisas del Tesoro para afrontar pagos de deuda limitó el crecimiento neto de reservas durante el primer trimestre.

Para mantener el ritmo de compras, el Central optó por emitir pesos sin aplicar esterilización, mientras el Tesoro absorbió liquidez a través de colocaciones de deuda en moneda local, buscando aliviar la presión sobre la cotización y moderar la inflación.

Las previsiones oficiales para 2026 proyectan un saldo neto de compras entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, sujeto al flujo de divisas y a la demanda interna de pesos. Santiago Bausili, presidente del BCRA, remarcó que ambos factores serán claves para el resultado final del año.

La liquidación de la cosecha gruesa aportará una suma relevante de dólares, lo que permitirá robustecer las reservas. Además, se estima que la emisión de deuda corporativa en mercados internacionales podría añadir más de USD 3.200 millones, reforzando la capacidad de intervención y la estabilidad cambiaria.

Al cierre de la última rueda, las reservas internacionales se ubicaron en USD 46.194 millones tras una baja diaria de USD 337 millones explicada por baja de cotizaciones de los activos que integran el stock y pagos a organismos internacionales, según fuentes del Central.

El máximo de reservas durante la gestión actual se alcanzó en febrero, con USD 46.905 millones, nivel que no se veía desde 2018. La caída posterior respondió a pagos de deuda externa y a la volatilidad internacional, que afectó la cotización de activos como el oro y los bonos soberanos.

El último Informe de Política Monetaria (IPOM) subrayó que en el contexto del desarrollo del conflicto en Medio Oriente, se espera que la economía argentina consolide su superávit comercial en 2026, “configurando un escenario propicio para que continúe el proceso de compra de reservas internacionales”.

Las exportaciones continuarían con su tendencia positiva. Éstas serían impulsadas por una cosecha que, con una evolución climática favorable y tras la reducción de los derechos de exportación implementada el año previo, se encamina a ser la más alta de la historia», reza el reporte oficial.

Al mismo tiempo, la autoridad monetaria consideró que “se suma un contexto internacional de mejora en los precios internacionales de los principales productos exportados por el país —granos, aceites, metales y petróleo—, así como el dinamismo creciente de sectores estratégicos. En efecto, la energía y la minería contribuirían a incrementar los envíos externos a medida que maduren los proyectos en curso y se incorporen nuevas iniciativas en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y del Súper RIGI».

La discusión sobre las retenciones volvió formalmente al Congreso con dos proyectos de ley que buscan eliminar de manera gradual los derechos de exportación para el sector agropecuario y agroindustrial.

Las iniciativas, presentadas casi en simultáneo en la Cámara de Diputados, no solo apuntan a desmontar el esquema tributario que grava las exportaciones, sino también a quitarle al Poder Ejecutivo la facultad de modificar alícuotas por decreto.

De la mano del presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Martín Ardohain, se presentó un proyecto de ley para eliminar de manera gradual todos los derechos de exportación aplicados al agro y a las economías regionales en un plazo de tres años. El otro lleva las firmas de la exvicegobernadora santafesina, Gisela Scaglia, y diputados vinculados a provincias productivas como Córdoba y Santa Fe.

Retenciones cero: el proyecto de Ardohain y el vínculo con Europa

La iniciativa presentada por Ardohain propone un «cronograma de adecuación» de los Derechos de Exportación para «armonizar el régimen tributario con los compromisos internacionales asumidos en el marco del Acuerdo de Asociación Estratégica Mercosur-Unión Europea».

El texto toma como punto de partida el 1 de mayo de 2026, fecha que menciona como inicio de la vigencia del acuerdo comercial con Europa, y establece un esquema de reducción gradual para manufacturas industriales, agroindustriales y economías regionales hasta alcanzar una alícuota cero en un plazo de 36 meses.

En el caso del complejo sojero, el proyecto fija un mecanismo diferencial con una reducción automática mensual de 0,5 puntos porcentuales hasta llegar a cero.

La iniciativa alcanza a productos comprendidos en las secciones I, II, III y IV de la Nomenclatura Común del Mercosur, donde se listan productos del reino animal, vegetal, aceites, grasas y alimentos, incluyendo materias primas y manufacturas agroindustriales, forestales, cuero, textiles de origen natural y biocombustibles, es

En los fundamentos, Ardohain sostiene que el objetivo es «establecer un marco de certidumbre y competitividad para el sector agroindustrial argentino» y plantea que la reforma busca «restituir la potestad tributaria al Congreso».

Por eso el proyecto propone derogar los apartados a) y c) del artículo 755 del Código Aduanero, que actualmente habilitan al Poder Ejecutivo a gravar exportaciones y modificar alícuotas.

El otro proyecto propone una eliminación total en cuatro años

El segundo proyecto, identificado como «Reducción gradual y eliminación de los Derechos de Exportación para el sector agropecuario y agroindustrial, estabilidad fiscal e institucional», fue presentado por Gisela Scaglia junto a Carlos Gutiérrez, José Núñez, Carolina Basualdo, Alejandra Torres y María Inés Zigarán.

La propuesta plantea un esquema de reducción lineal y uniforme durante cuatro años, con una baja anual equivalente al 25% de la alícuota vigente al momento de la promulgación de la ley.

El cronograma establece una reducción inicial inmediata del 25%, luego un recorte acumulado del 50% desde diciembre de 2026, del 75% desde diciembre de 2027 y finalmente una alícuota cero permanente desde diciembre de 2028.

A diferencia del proyecto de Ardohain, esta iniciativa detalla específicamente las posiciones arancelarias alcanzadas y menciona cereales, oleaginosas y derivados industriales como trigo, maíz, soja, girasol, harinas, aceites, pellets y expellers. También excluye expresamente a la minería y a los hidrocarburos.

En los fundamentos, el proyecto plantea una crítica directa al esquema actual de derechos de exportación. «Hay una pregunta que el campo le viene haciendo a la política argentina desde hace décadas y que todavía espera respuesta: ¿hasta cuándo el interior produce la riqueza que después se gasta en el centro?», sostiene el texto.

La iniciativa afirma que el sector agroexportador cerró 2025 con ingresos superiores a los 31.000 millones de dólares y señala que el complejo agroexportador explicó «más del 90%» de la recaudación total por derechos de exportación.

También argumenta que las retenciones «gravan el ingreso bruto, no la renta neta» y que afectan especialmente a productores alejados de los puertos por el impacto del flete.

«Argentina compite globalmente contra países que no aplican estos gravámenes», agrega el proyecto.

El punto en común: limitar el poder del Ejecutivo

Más allá de las diferencias de diseño, ambos proyectos coinciden en el aspecto central de restringir la capacidad del Poder Ejecutivo para modificar derechos de exportación sin pasar por el Congreso.

El proyecto de Scaglia directamente propone derogar el artículo 755 del Código Aduanero y establece que «toda creación, modificación o restablecimiento de alícuotas al sector agropecuario y agroindustrial deberá ser dispuesta por ley formal del Honorable Congreso de la Nación».

La iniciativa de Ardohain avanza en el mismo sentido, aunque mantiene para el Ejecutivo la facultad de reducir o eliminar alícuotas cuando eso implique una mejora de competitividad.

El proyecto impulsado por Scaglia menciona que durante 2025 hubo seis cambios en los derechos de exportación de cereales y oleaginosas mediante decretos, lo que «cambió el ritmo de ventas de granos y trajo distorsiones en el mercado».

Qué dice el acuerdo Mercosur-Unión Europea

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no obliga a la Argentina a eliminar retenciones agropecuarias, pero sí establece compromisos vinculados a la liberalización comercial y a la reducción de restricciones sobre exportaciones.

En particular, el capítulo comercial del entendimiento apunta a eliminar aranceles y facilitar el acceso recíproco a mercados para una parte significativa del comercio bilateral, incluyendo productos agroindustriales.

En ese contexto, los proyectos presentados en Diputados buscan instalar la idea de que la Argentina deberá converger hacia un esquema tributario más previsible y competitivo si pretende aprovechar plenamente la apertura comercial.

Por ahora ninguno de los dos proyectos tiene fecha de tratamiento en comisión. Pero ambos volvieron a instalar en el Congreso un debate que atraviesa desde hace más de veinte años a la política agropecuaria argentina y versa en el peso de las retenciones, la distribución federal de los recursos y el rol del Estado sobre el principal sector exportador del país.