POLITICA
Las claves del expediente por el fentanilo contaminado: 90 muertes, nuevas pruebas y fallas en el sistema de control

La Justicia Federal de La Plata amplió el procesamiento contra directivos y empleados de HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA en la causa por la distribución de fentanilo adulterado. La resolución incorpora nuevas pruebas que elevan de 20 a 90 las víctimas fatales confirmadas y a 44 las no fatales que quedaron con secuelas, según surge del fallo al que accedió Infobae. El documento judicial describe deficiencias críticas en la producción del fármaco, cuestiona los controles estatales y advierte sobre limitaciones estructurales del sistema sanitario.
En la resolución, Kreplak dejó por sentado que la cantidad de fallecidos podría ser superior, y lo explica así: “Es importante destacar que las circunstancias emergentes de la instrucción permiten aseverar con certeza la existencia de un número superior de casos que los que fueran imputados. Por cuestiones ajenas al accionar de la instrucción vinculadas a la realidad de la práctica hospitalaria argentina, esto es, criterios médicos, tecnología disponible y/o modalidad de registración documental, entre otros motivos- la prueba que permitiría acreditar el universo total de casos no se encuentra disponible”.
El gráfico 228 de la resolución sobre el caso del fentanilo sintetiza el método judicial que se utilizó para identificar a los pacientes afectados por la administración del lote 31202 del medicamento adulterado. De allí, se desprende que el tribunal solicitó a todas las instituciones de salud que adquirieron ese lote de Fentanilo HLB Pharma un listado de los pacientes que recibieron ampollas de esa partida durante el período de sospecha.
A partir de esos listados, se pidieron historias clínicas e informes bacteriológicos de los pacientes que recibieron cinco ampollas o más de fentanilo, considerado el umbral suficiente de exposición. Luego, se analizaron los cultivos microbiológicos de cada paciente y, en caso de hallarse las mismas bacterias detectadas en las ampollas contaminadas (Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia mannitolilytica), se compararon los perfiles de resistencia y características fenotípicas. Solo se incluyeron los casos con infecciones confirmadas y con muestras extraídas de sitios estériles, descartando los casos de colonización o cultivos de vigilancia.

El esquema del gráfico permite visualizar cómo se clasificaron los pacientes en tres grupos:
- Casos confirmados: pacientes con infección comprobada por las bacterias halladas en el fentanilo contaminado y con coincidencia de perfiles microbiológicos.
- Casos excluidos: pacientes en los que no se pudo confirmar una infección por las bacterias investigadas, ya sea porque no se realizaron cultivos adecuados, las muestras no fueron de sitios estériles o porque no hubo coincidencia fenotípica.
- Casos sospechosos: aquellas personas expuestas al fármaco, pero sin confirmación bacteriológica concluyente.
Este abordaje permitió delimitar el universo de víctimas judicialmente confirmadas, aunque la propia resolución advierte que el número real podría ser mayor debido a limitaciones en la obtención de pruebas y registros en el sistema sanitario.
El fallo reconoce que “pretender certeza científica para la prueba de la totalidad de los casos no resulta una exigencia razonable sino un celo dogmático improcedente”, y detalla la metodología judicial implementada para superar las limitaciones del sistema sanitario, que incluyó requerimientos a 32 establecimientos de salud para el envío de historias clínicas y listados de pacientes tratados con el potente anestésico.

Esto queda expuesto en los siguientes datos:
- 10.539 pacientes recibieron fentanilo en el período investigado. La enorme mayoría recibió solo una ampolla, en procedimientos quirúrgicos ambulatorios, con bajo riesgo y sin realización de cultivos microbiológicos.
- Pacientes con 5 o más ampollas: se seleccionó a quienes recibieron cinco o más ampollas del lote 31202, umbral considerado suficiente para que la exposición implique riesgo de contagio o infección. De este subgrupo, se solicitaron historias clínicas y estudios bacteriológicos, priorizando a pacientes en terapia intensiva y bajo asistencia respiratoria mecánica.
- Pacientes con cultivo bacteriológico: de los expuestos con cinco o más ampollas, muchos fueron excluidos porque no se les realizó ningún cultivo. En otros casos, las muestras se descartaron o los resultados no se incorporaron a la historia clínica, especialmente por el fallecimiento previo del paciente.
- Pacientes con cultivo positivo para las bacterias investigadas: posteriormente, sólo se consideraron aquellos pacientes en quienes se detectó en los cultivos la presencia de las bacterias vinculadas a las ampollas contaminadas: Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y Ralstonia mannitolilytica. Se descartaron todos los pacientes cuyos cultivos fueron negativos o identificaron otras bacterias distintas.

El resultado final, según la resolución, fue el siguiente:
- 70 pacientes fallecidos y 44 pacientes no fallecidos cumplen con los parámetros judiciales de caso confirmado y se suman a los 20 fallecidos de la resolución anterior, totalizando 90 casos fatales y 44 no fatales judicialmente probados y vinculados al brote.
- En ese mismo, punto Kreplak informó: “Se analizaron setenta historias clínicas de pacientes a quienes se administró fentanilo contaminado, y documenta que el contagio bacteriano produjo ‘un agravamiento significativo del cuadro de salud de los pacientes infectados y, por tanto, un peligro suplementario para su supervivencia’“. La resolución destaca la dificultad para identificar a todas las víctimas debido a la propia dinámica de funcionamiento del sistema sanitario argentino, la falta de vigilancia epidemiológica obligatoria y los errores frecuentes en la consignación bacteriológica.
Por esa razón, Kreplak reafirmó que “la metodología fue estricta y muchos pacientes quedaron excluidos por no cumplir los criterios de dosis mínima, ausencia de cultivos o falta de confirmación bacteriológica, aunque la propia resolución reconoce que la cifra real de víctimas podría ser mayor por las deficiencias en registros y trazabilidad dentro del sistema sanitario argentino”.

Críticas a los organismos de control
El juez detalló que la investigación se vio obstaculizada por la ausencia de registros confiables y la fragmentación de la información sanitaria. “Las dificultades que debimos afrontar responden en términos generales a que el suceso investigado no hizo eclosión en condiciones controladas sino en la operatoria cotidiana del sistema sanitario argentino”, señala la resolución.
El fallo remarca que la tarea de “recupero judicial” de ampollas de fentanilo debió ser ejecutada directamente por el juzgado ante la “incapacidad de los organismos de control en la materia”, en referencia a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), que admitieron la imposibilidad operativa de realizar un retiro efectivo de los lotes adulterados. La resolución documenta que fue el propio juzgado quien debió ordenar la inmovilización y retiro de ampollas en 572 establecimientos de salud de 17 jurisdicciones del país.
Sobre la ANMAT, el magistrado es muy crítico por la pasividad del máximo organismo de control al momento de solicitarle retirar del mercado el fentanilo adulterado con dos bacterias. En la resolución lo describe así: “El día 24 de mayo de 2025, es decir, poco más de una semana desde la radicación del expediente y en el marco de la adopción de diversas medidas urgentes, se ordenó a la autoridad de control en la materia -ANMAT- que ejecute el inmediato retiro del mercado de todas las ampollas correspondientes a los lotes sospechados del medicamento Fentanilo HLB”. Tres días después, el organismo que en ese momento estaba a cargo de Nélida Agustina Bisio respondió: “’Una recuperación efectiva solo puede lograrse conociendo la cantidad real fabricada y comercializada por el laboratorio’. Es decir, el primer impedimento informado para abordar la tarea designada a partir del contexto de riesgo palmariamente conocido”.

Por esa razón, el juzgado “resolvió oficiar a los responsables de cada uno de los establecimientos y efectores de salud identificados, a fin de hacerles saber su deber de poner en cuarentena todas las unidades del producto Fentanilo HLB que hayan adquirido correspondientes a los lotes 31200, 31201, 31202, 31244, 31245, 31246 y 31247, hasta tanto se disponga el modo en que serán retirados de sus instalaciones”.
La resolución sostiene que el juzgado debió suplir las falencias regulatorias y subrayó la “insuficiencia de la respuesta estatal ante un riesgo sanitario de esta magnitud”, advirtiendo sobre la falta de tecnología adecuada en hospitales para identificar bacterias y la ausencia de mecanismos de vigilancia centralizada.
El juzgado de Kreplak y la fiscalía federal de La Plata, a cargo de María Laura Roteta, comenzaron la segunda etapa de la investigación.
Según pudo reconstruir Infobae, en la segunda fase de investigación judicial los instructores judiciales avanzan sobre otros posibles empleados de los establecimientos ya clausurados y la rigurosidad de los controles a los laboratorios y sobre todo a HLB Pharma y Ramallo que debían realizar la ANMAT, por entonces a cargo de Nélida Agustina Bisio y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), en ese momento bajo la dirección de Gabriela Carmen Mantecón Fumadó. Los dos máximos organismos de control que dependen del Ministerio de Salud de la Nación.
Los hallazgos de la instrucción
El punto 3 de la resolución de 382 fojas recapitula que, tras el primer procesamiento centrado en veinte víctimas fatales, la continuidad de la investigación permitió ampliar el universo de casos vinculados al brote. El análisis de los peritajes del ANLIS Malbrán y el Cuerpo Médico Forense acreditó la identidad fenotípica, genómica y molecular de las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica halladas en pacientes y en las ampollas de fentanilo adulterado, identificados como los lotes 31202 y 31244, lo que permitió “acreditar con certeza científica” la asociación entre ambos.
La sentencia subraya que la intervención de ANLIS Malbrán “se limitó a analizar los aislamientos espontáneamente derivados por diferentes hospitales, una práctica no obligatoria en el sistema de salud, mucho antes de que se produjera la intervención judicial”.
Falencias productivas y responsabilidades empresariales
La resolución también expone las respuestas de los imputados y destaca la falta de organigrama, controles de calidad inexistentes, ausencia de personal calificado y registros manipulados. El documento resalta: “Los responsables del laboratorio sabían con claridad que, en las condiciones en que se encontraba funcionando, cualquier producto estaba muy por fuera de las Buenas Prácticas de Fabricación y, en consecuencia, tenían absoluto conocimiento del grado de riesgo que podrían introducir en la sociedad como consecuencia de desvíos de calidad en las sustancias medicinales que liberaban a la circulación”.

La situación de los imputados
El juez Ernesto Kreplak acusó a los 13 imputados procesados de por los presuntos delitos de “adulteración de sustancias medicinales con resultado muerte de 90 personas-respecto de la contaminación del Lote 31202-, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud -respecto de la contaminación del Lote 31244 (arts. 200 y 201 bis CP)”. La expectativa de pena es de 10 a 35 años.

El magistrado entendió que “por sus intervenciones y aportes en los hechos prima facie acreditados en la investigación, las líneas intermedias y superiores de índole técnica vinculadas a la producción y control de calidad de fentanilo HLB, así como el Director Técnico del titular del producto, quedaron comprendidos dentro del concepto de coautoría funcional en la producción del resultado disvalioso establecido: la contaminación y la muerte de alguna persona como su resultado, a saber: José Antonio Maiorano, Carolina Ansaldi, María Victoria García, Eduardo Darchuk, Edgardo Sclafani, Wilson Pons, Adriana Iúdica, Dayana Astudillo Bolívar y Rocío del Cielo Garay”. Esto se extendió también “al director general de ambos Laboratorios, así como a los dueños con injerencia directa en las actividades de los establecimientos: Javier Martín Tchukrán, Ariel Fernando García y Diego Hernán García”. En cuanto a Nilda Furfaro (madre de Ariel y Diego), “su rol en los hechos la llevó a revestir la calidad de partícipe necesaria”.
Para todos los imputados se mantiene la inhibición general de bienes y el embargo sobre sus bienes como garantía de eventuales responsabilidades civiles y/o penales.
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Mientras permanece detenido, Piccirillo solicitó que se levante el embargo y alquilar un departamento

La defensa del financista Elías Piccirillo solicitó a la Justicia que habilite la feria judicial para resolver trámites patrimoniales pendientes, entre ellos la autorización para alquilar un departamento en Nordelta.
El escrito presentado ante el juez Ariel Lijo advierte sobre el perjuicio económico y reclama una respuesta urgente, ya que la falta de definiciones dejó al imputado en un “estado de indefensión” mientras cumple prisión domiciliaria en Banfield.
Elías Piccirillo pidió cambiar el domicilio donde cumple la prisión domiciliaria y propuso la casa de una conductora
Asimismo, los abogados cuestionaron la magnitud de las medidas cautelares, solicitando reducir un embargo de 900.000.000 pesos, levantar una inhibición general y modificar la caución fijada en 100.000.000 pesos.
En paralelo, la fiscalía a cargo de Franco Picardi ya se había opuesto previamente al cese de la prisión preventiva. Mientras se define su situación procesal, la defensa también requirió trasladar el arresto domiciliario a un domicilio en el barrio porteño de Núñez.
La causa investiga un presunto operativo irregular en el Palacio Duhau, donde habrían detenido a Francisco Hauque y su esposa Anahí Aquino en el marco de un conflicto por una supuesta deuda de seis millones de dólares.
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Fentanilo Mortal: uno de los detenidos fue beneficiado con prisión domiciliaria por graves problemas de salud

Después de 331 días de detención, Javier Martín Tchukran, director general de Laboratorios Ramallo SA y director de manufactura de HLB Pharma Group SA, obtuvo la prisión domiciliaria por razones de salud, según el dictamen del Cuerpo Médico Forense del Centro de Asistencia Judicial Federal, incorporado a la causa que instruye el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, por la elaboración y distribución de fentanilo contaminado asociado a la muerte de al menos 173 pacientes.
El informe médico, firmado digitalmente el 17 de julio por el médico Miguel Bernardo Zappia, determinó que Tchukran —de 46 años, nacido el 30 de octubre de 1979— “padece un asma grave casi fatal de mal control de síntomas”, lo que lo convierte en “un paciente de alto riesgo que requiere un ambiente libre de humo, humedad y ácaros, con temperatura templada”. El profesional también advirtió que el tratamiento actual es insuficiente y que el paciente debería ser evaluado para recibir fármacos biológicos.
El Cuerpo Médico Forense, a demanda de la defensa del detenido, a cargo de Gastón Marano, realizó dos estudios el 17 de julio de 2026. La oximetría de pulso arrojó una saturación de oxígeno del 97% en reposo, dentro de los parámetros normales. La espirometría computada y la curva flujo-volumen, en cambio, mostraron una obstrucción severa: volumen espiratorio forzado en el primer segundo apenas “alcanzó el 33% del predicho para su edad y talla —165 centímetros, 77 kilogramos, índice de masa corporal de 28,3—“.

Las conclusiones del médico Zappia son taxativas: “El detenido Javier Martín Tchukran presenta un examen neumológico con alteraciones clínicas y funcionales debido a mal control de síntomas. Dado los antecedentes referidos y constatados en historia clínica, entiendo que el actor padece de asma grave casi fatal, por lo cual debe estar en un ambiente libre de humo, libre de humedad, sin ácaros y con ambiente templado. Cabe aclarar que es un paciente de alto riesgo, dada la gravedad de la patología que padece. Entiendo que el tratamiento actual es insuficiente y debería ser evaluado para ser tratado con fármacos biológicos.”
Tchukran fue detenido el 20 de agosto de 2025, en el operativo conjunto de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Gendarmería Nacional que también culminó con el arresto de Ariel Fernando García Furfaro, propietario del conglomerado farmacéutico integrado por HLB Pharma, Laboratorios Ramallo SA y la Droguería Alfarma SRL. El juez Kreplak lo procesó con prisión preventiva junto a otras 12 personas bajo los cargos de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte, en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas.
El dictamen fiscal de la fiscal María Laura Roteta lo describía como “ingeniero químico”, aunque en su declaración indagatoria Tchukran se presentó como técnico químico recibido en la ORT. Su posición en el organigrama era transversal: dirigía la manufactura de HLB Pharma —la empresa que comercializaba el fentanilo— y a la vez conducía operativamente Laboratorios Ramallo, la planta ubicada en la ciudad bonaerense de Ramallo donde se elaboraron físicamente los lotes contaminados con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.
En su indagatoria ante Kreplak, Tchukran intentó desvincularse del rol ejecutivo que le atribuía la acusación. Sostuvo que no era empleado de HLB sino consultor externo: “En primer lugar, yo ingresé en los laboratorios HLB para hacer una consultoría integral. Yo soy consultor, no empleado de HLB. Tengo muchos años en la industria química, farmacéutica. Lo que estaba haciendo era relevamientos para poder trasladar el Laboratorio HLB, que está en San Isidro, hacia el Laboratorio que está en Ramallo”, declaró.

La prueba más contundente en su contra provino de las cámaras de seguridad instaladas en su propio departamento, en el piso 6° de la Avenida Caseros al 2400, en la Ciudad de Buenos Aires. Los días 17 y 18 de mayo de 2025 —cinco días después de que la ANMAT realizara la denuncia penal—, Tchukran recibió en ese domicilio a Ariel García y a su hermano Diego García para diseñar una estrategia de ocultamiento de pruebas. Las imágenes, redirigidas automáticamente a su celular a través de una aplicación, fueron halladas en el allanamiento ordenado por el juez y reproducidas por los peritos informáticos. Los imputados no alcanzaron a borrarlas.
“Además de los mails, hice borrar todo lo que estaba… por suerte gracias a Dios (…) todo lo que tenemos en los servidores de información… y lo borramos todo, o sea que no hay un solo gramo de información”, se escucha decir a Tchukran en las grabaciones, incorporadas como prueba central del expediente. En otro tramo del video, el técnico químico simula estar orinando y agrega: “La HLB olvídate. Lo mismo que yo esté meando aquí. No se ve nada”, en referencia al borrado de las cámaras de seguridad de la empresa.

Las grabaciones también registraron la orden de Ariel García de someter ampollas de fentanilo a la autoclave —a 121°C y 2,1 kg/cm²— para destruir evidencias biológicas. En uno de los videos se ve a Tchukran trasladar una caja de cartón con ampollas desde el depósito del laboratorio. “Llevate esto, boludo”, le dijo García, y Tchukran asintió. La instrucción fue precisa: “Que las tenga la vieja ahí y que ponga autoclavada”, en referencia a Adriana Iudica, responsable de microbiología. Tchukran respondió: “Y que cultive las dos”.
En esa misma reunión, el ahora beneficiado con domiciliaria también reveló el nivel de conocimiento que tenía sobre las bacterias. Le dijo a García que la Ralstonia pickettii no le generaba mayor preocupación porque “la matas con un antibiótico choto”, pero advirtió que la otra bacteria —presumiblemente la Klebsiella pneumoniae— era multirresistente y que, aun con múltiples antibióticos, “existe incertidumbre respecto de la recuperación del individuo”.

Hasta el momento los hermanos García y José Antonio Maiorano permanecen detenidos en el penal federal de Marcos Paz. La madre de ambos, Nélida Furfaro y la Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo al momento de su elaboración, están en prisión domiciliaria.
La declaración indagatoria de Eduardo Darchuk, jefe de Producción de Laboratorios Ramallo, lo colocó además en el centro de otro episodio clave. Según Darchuk, en una reunión de mayo de 2025 en las instalaciones de la planta, Iudica reconoció ante los presentes que la muestra del fentanilo elaborado el 18 de diciembre de 2024 “me dio positivo”, y que luego “me olvidé” de reportarlo. La reacción de Tchukran, según el mismo relato, fue inmediata: “empezaron los gritos, Diego también empezó a las puteadas. Nosotros nos quedamos mudos. Le dijimos ‘¿cómo no dijiste a nadie?’”.
Su firma también aparece en documentación del lote 30366 de fentanilo —producido el 12 de julio de 2021 y vinculado a un desvío al mercado ilegal—, junto a la del jefe de producción Darchuk, según consta en el expediente.

Los registros del expediente también ubican a Tchukran entre los asistentes a la reunión del 14 de enero de 2025 en las oficinas de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), donde representantes de HLB Pharma se reunieron con la titular del organismo, Agustina Bisio, y la entonces directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó. El encuentro, realizado 13 días antes de que se elaborara el lote de fentanilo contaminado, tenía como objetivo discutir las deficiencias detectadas en una inspección de noviembre de 2024 en Laboratorios Ramallo. Tchukran asistió junto a Ariel García y Diego García.
El juez Kreplak señaló en las 401 fojas del procesamiento que las grabaciones del departamento de Tchukran demuestran “no solo la voluntad expresa de entorpecer la acción judicial sino también el alcance del dominio de Ariel García, desde la producción hasta la manipulación final de las pruebas comprometedoras”.
POLITICA
La Libertad Avanza redefine su estrategia en el Congreso y apuesta a acuerdos para impulsar sus reformas

La Libertad Avanza ajustará su estrategia parlamentaria para el segundo semestre y concentrará sus esfuerzos en la Reforma Electoral que impulsa la Casa Rosada y en el Presupuesto 2027, que ingresará formalmente al Congreso el próximo 15 de septiembre. El oficialismo buscará fortalecer los acuerdos con los bloques dialoguistas y evitar nuevas fricciones internas dentro de la bancada libertaria en el Senado.
La primera etapa de 2026 cerró con la postergación del tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y con un fuerte enfrentamiento entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la senadora Patricia Bullrich.
El oficialismo, más allá de las diferencias entre Villarruel y Bullrich, no logró avanzar con la sanción de la iniciativa sobre Propiedad Privada, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El proyecto encontró resistencia tanto en sectores aliados del Congreso como entre gobernadores provinciales, especialmente por los cambios previstos en el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros. Durante este período, el Senado solo aprobó pliegos para el Poder Judicial y ascensos en la Cancillería.
Tras la aprobación de un cuarto intermedio, la actividad en la Cámara alta se reanudará el próximo 6 de agosto, una vez finalizado el receso invernal. En ese contexto, Bullrich volvió a insistir en la necesidad de avanzar con las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei. Para ello crecen expectativas en un encuentro entre la senadora Bullrich y el ministro Sturzenegger.
Reuniones con el PRO
El Gobierno intensificó en las últimas semanas las reuniones en la Casa Rosada con sus bloques legislativos de Diputados y del Senado. Durante esos encuentros, Javier Milei explicó en detalle los proyectos que pretende impulsar, en particular la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), que todavía no fue enviada al Congreso.
Como parte de la nueva estrategia legislativa, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem, recibieron a los principales referentes parlamentarios del PRO: Cristian Ritondo, por la Cámara de Diputados, y Martín Goerling Lara, por el Senado.
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Las bancadas amarillas mantienen diferencias con La Libertad Avanza respecto de la reforma electoral. Se oponen a la eliminación de las PASO y prefieren discutir el capítulo de Ficha Limpia en una ley separada, en lugar de incluirlo dentro de la propuesta oficialista.
Sin embargo, sí existe disposición a respaldar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, mientras avanzan las conversaciones para alcanzar un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires de cara a los comicios del próximo año.
Hacía tiempo que los aliados no participaban de reuniones frecuentes en despachos oficiales, como ocurrió durante el primer año de gestión de Milei. En los próximos días, el Gobierno prevé extender las conversaciones a otros socios considerados clave para la construcción de mayorías parlamentarias: los radicales que responden a la diputada Pamela Verasay y al senador Eduardo Vischi.
Incluso en la última sesión del Senado hubo gestos de acercamiento desde la UCR. El senador bonaerense Maximiliano Abad cuestionó con dureza la gestión del gobernador Axel Kicillof por la situación de la obra social provincial IOMA.
El legislador marplatense sostuvo que la situación del organismo representa una grave vulneración del derecho a la salud, protegido por la Constitución Nacional y por tratados internacionales con jerarquía constitucional. “Vengo a plantear esta cuestión de privilegio porque el derecho a la salud de millones de bonaerenses está siendo vulnerado. La realidad de IOMA ya no admite más excusas ni más dilaciones”, expresó.
Inocencia Fiscal
La Casa Rosada prevé enviar esta semana a la Cámara de Diputados un proyecto para modificar la Ley de Inocencia Fiscal. De concretarse, las iniciativas del Ejecutivo ya no ingresarían exclusivamente por el Senado, que acumula varios expedientes pendientes, mientras que Diputados aguarda consensos políticos para avanzar con distintos proyectos.
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La iniciativa, elaborada por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca fortalecer el régimen fiscal, ampliar su alcance y brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que quieran incorporar fondos al circuito formal de la economía.
En su última conferencia de prensa, el 6 de julio, Caputo sostuvo que los argentinos mantienen alrededor de 170.000 millones de dólares fuera del sistema formal.
Entre los cambios previstos figura la eliminación de topes de ingresos y patrimonio para ampliar el universo de adherentes; modificaciones en el criterio de “discrepancia significativa”; nuevas instancias de rectificación antes de perder beneficios; límites al uso de presunciones por parte de ARCA; y reglas de bancarización para determinadas operaciones.
El objetivo técnico de la propuesta es reducir el temor de los contribuyentes a quedar expuestos a fiscalizaciones amplias sobre ejercicios anteriores por errores formales, diferencias de criterio o inconsistencias menores una vez que ingresen al régimen.
La reforma también contempla beneficios vinculados a sanciones y multas. Quienes adhieran y cumplan determinadas condiciones podrán acceder a condonaciones o mecanismos especiales de regularización.
Congreso de la Nación, Vacaciones, proyectos
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