La inteligencia artificial dejó de ser una promesa para convertirse en una demanda concreta de energía, cables y servidores. Argentina posee ventajas geográficas y energéticas que podrían convertirla en un nodo estratégico de infraestructura digital, aunque su punto de partida es limitado: 13 centros de datos operativos y una potencia instalada total de 32 megavatios, concentrados mayormente en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Frente a este escenario, referentes del sector advierten que el salto de escala es alcanzable, pero no está garantizado.

Existe una percepción errónea sobre dónde ocurre la tecnología. Se habla de “la nube” como si los datos flotaran en un espacio intangible, pero detrás de cada procesamiento de IA hay racks de servidores, cables de fibra óptica y consumo eléctrico medido en megavatios.

“La nube no está en el cielo, está en la tierra, y la IA necesita fierros. Muchos”, comentó Horacio Martínez, CEO de Grupo Datco y vicepresidente de la Cámara Argentina de Internet. La frase resume una realidad que el debate mediático sobre inteligencia artificial suele pasar por alto: antes de hablar de aplicaciones, hay que hablar de infraestructura.

Esa infraestructura tiene una demanda acelerada. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto de la Nación, los productos vinculados a la IA –semiconductores, servidores y equipos de telecomunicaciones- representaron el 42% del crecimiento total del comercio mundial de bienes durante el primer semestre de 2025, aunque constituyen menos del 10% del total de mercancías globales. La IA, hoy, es el motor principal del intercambio económico internacional.

Cabase presentó en su Internet Day 2026 un relevamiento de la infraestructura de centros de datos en el país. El resultado muestra una industria existente, pero insuficiente ante las exigencias de la inteligencia artificial: los 13 centros de datos y 32 megavatios instalados contrastan con la tendencia internacional, donde los grandes operadores tecnológicos avanzan hacia campus de 1.000 a 2.000 megavatios de capacidad.

La concentración geográfica es otro obstáculo: el 71% de la capacidad está en la Ciudad de Buenos Aires y el 29% en la provincia, mientras que el resto del país queda prácticamente excluido.

“El contraste con el desarrollo de hyperscalers y datacenters en Santiago de Chile o San Pablo sigue siendo enorme, pero por primera vez en mucho tiempo tenemos herramientas para acortar esa distancia. Ese abismo también refleja años de falta de previsibilidad y de políticas sectoriales sostenidas”, advirtió Ariel Graizer, presidente de Cabase.

Graizer remarcó: “El salto cuantitativo que Argentina necesita en infraestructura digital no va a ocurrir por arte de magia ni puede quedar limitado al AMBA. El desarrollo debe ser federal”.

Brasil y Chile llevan más de una década de ventaja en la atracción de inversiones de los grandes proveedores de nube -conocidos como hyperscalers-. Microsoft comprometió en Brasil una inversión de USD 2.700 millones para expandir su infraestructura de nube e inteligencia artificial. Google construye un centro de datos en Canelones, Uruguay, con una inversión de USD 850 millones. Amazon Web Services continúa expandiendo su presencia en México y Chile. Argentina, hasta hace poco, no figuraba en esa lista.

El argumento más contundente a favor de Argentina no es económico ni político: es geográfico. El clima frío de la Patagonia se convierte en un activo estratégico en la era de los centros de datos.

El enfriamiento es el principal gasto operativo, ya que estas instalaciones generan calor constantemente y requieren sistemas eficientes para disiparlo. En los países nórdicos, los grandes operadores llevan años reduciendo costos mediante técnicas de free cooling, aprovechando el aire exterior en lugar de sistemas artificiales.

“La oportunidad real está fuera de los centros urbanos, específicamente por debajo del paralelo 45 sur. En estas zonas australes, el clima extremo se convierte en un activo financiero”, explicó Martínez.

A esto se suma la disponibilidad de energía renovable. La Patagonia cuenta con recursos eólicos e hidroeléctricos que ofrecen electricidad barata y, en un contexto donde la sostenibilidad ambiental pesa cada vez más en las decisiones de inversión de las grandes tecnológicas, también limpia. Argentina y Chile, conectados por una red de fibra óptica que cruza la Cordillera en distintos puntos de latitud, podrían desarrollar un hub digital regional en lugar de competir entre sí.

En octubre de 2025, OpenAI -la empresa detrás de ChatGPT- y Sur Energy, una compañía creada por inversores argentinos en Estados Unidos, anunciaron la construcción de un mega centro de datos en la Patagonia bajo el nombre Stargate Argentina. La inversión estimada llega a USD 25.000 millones, lo que lo convierte en el proyecto de infraestructura más grande de la historia del país. A plena escala, el nodo tendría 500 megavatios de capacidad, más del triple de toda la demanda actual de la región.

“Este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina”, afirmó Sam Altman, CEO de OpenAI, en el anuncio. El proyecto se inscribirá en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y su primer tramo está estimado en entre 7.000 y 10.000 millones de dólares. OpenAI actuará como comprador de la potencia computacional que genere la instalación.

“El marco regulatorio y la alineación geopolítica hacen de Argentina el escenario adecuado. El potencial es realmente enorme”, aseguró una fuente del sector.

Emiliano Kargieman, cofundador de Sur Energy, lo expresó como una oportunidad histórica:“Esta alianza convierte a Argentina en un actor relevante en el nuevo mapa digital y energético mundial”.

Más allá de la infraestructura física, las empresas argentinas enfrentan desafíos vinculados al costo real de implementar inteligencia artificial. Según la empresa tecnológica N5, los gastos de implementación de IA aumentaron un 50% en los últimos años, impulsados por la integración con sistemas existentes.

“El error más común es enfocarse solo en el costo inicial y no en el costo total de propiedad (TCO). Si no se calcula correctamente, la tecnología deja de ser una ventaja y se convierte en una carga operativa”, advirtió Julián Colombo, CEO de N5. El problema se profundiza cuando la IA se incorpora sin integrarse a los procesos centrales del negocio: “Cuando la IA es una capa desconectada, el TCO se dispara; cuando se integra, se optimiza”.

El desafío se refleja en un dato del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT): el 95% de los pilotos de soluciones de IA generativa fracasan. La diferencia entre proyectos exitosos y fallidos no reside en la sofisticación tecnológica, sino en la planificación económica y la integración con la infraestructura preexistente. “Reemplazar todo suele ser más caro que hacerlo inteligente”, resumió Colombo.

El consenso entre los especialistas es que Argentina tiene los ingredientes, pero no, todavía, la receta completa. Para atraer inversiones de la escala que la IA demanda, hacen falta condiciones que van más allá de la geografía favorable.

Horacio Martínez enumeró los factores que los grandes inversores evalúan antes de decidir dónde instalar infraestructura: acceso robusto a fibra óptica, una matriz energética confiable y escalable, y lo que llamó “licencia social”, que incluye tanto el apoyo de las comunidades locales como la estabilidad política y jurídica. “Regímenes de promoción, beneficios y estabilidad fiscales, y, sobre todo, seguridad jurídica, son el piso de requerimiento para cualquier inversión que se amortiza en décadas”, destacó.

En el plano estatal, Martín Ozores, interventor del Enacom, dijo en el Internet Day 2026: “Las provincias y municipios que entienden esto y que lo van facilitando y promoviendo, son las primeras en recibir la inversión y acelerar su productividad”.

Ariel Graizer, de Cabase, planteó la oportunidad en términos que combinan urgencia y posibilidad: “Argentina tiene hoy las herramientas para acortar la distancia con los hubs regionales y convertirse en la sala de máquinas del hemisferio sur, pero para capitalizar esta oportunidad histórica necesitamos previsibilidad, políticas públicas que promuevan la inversión privada y un desarrollo verdaderamente federal”.

La discusión sobre centros de datos y megavatios trasciende la industria tecnológica. Si Argentina logra posicionarse como nodo relevante de la infraestructura global de IA, no solo exportaría capacidad computacional: podría impulsar sectores nacionales como la agroindustria, la salud y la educación.

El proyecto Stargate Argentina contempla que empresas locales, entidades estatales y organizaciones sociales puedan adquirir capacidad computacional para sus propias aplicaciones. OpenAI estima que casi el 30% de las empresas argentinas ya integran IA en sus operaciones y proyecta que esa cifra podría llegar al 70% en el corto plazo.

“Cuando todos buscan oro, el negocio seguro está en la venta de palas y picos. En nuestra industria, esas herramientas son los datacenters, la fibra óptica y la energía”, remarcó Martínez. La metáfora sintetiza el momento: la IA es la fiebre del oro del siglo XXI, y Argentina tiene, por primera vez en mucho tiempo, condiciones para liderar la provisión de infraestructura clave. Lo que resta, según el sector, es la decisión política y la continuidad de políticas para que ese potencial se concrete.

Según un estudio, en abril los haberes jubilatorios altos mejoraron 7,8% respecto de noviembre de 2023, pero los jubilados de la mínima perdieron un10,3% de poder adquisitivo

Así surge de un estudio del economista Nadín Argañaraz, que calculó también cuantos haberes perdieron o ganaron los diferentes niveles de haber previsional

En el mes de abril de 2026 el haber jubilatorio fue, en términos reales, un 7,8% superior al de noviembre de 2023, el valor con que el 10 de diciembre de ese año se inició la gestión presidencial de Javier Milei, dice un trabajo del economista Nadin Argañaraz, fundador del Instituto Argentina de Análisis Fiscal (Iaraf).

El estudio también calculó que en el mismo período de tiempo el ingreso de los jubilados que cobran el haber mínimo, más uno bono de $70.000 registró una caída real (esto es, descontada la inflación) del 10,3 por ciento.

El trabajo precisa que el valor actual del ingreso que tenía un jubilado que cobra el equivalente a la suma de 3 haberes mínimos en noviembre de 2023 es de $1.058.762, contra $1.140.859 que efectivamente cobró en abril. En el caso de un jubilado que cobra la mínima y el bono, el ingreso de noviembre de 2023 en moneda actual es de $502.207, contra $450.286 que efectivamente cobró.

En su trabajo, Argañaraz se preguntó de cuánto sería el aumento o la reducción acumulada desde noviembre de 2023 hasta el mes pasado, pues consideró importante “acumular las subas o bajas que han tenido los haberes en los últimos meses, con relación al ingreso real de noviembre de 2023” de forma de obtener “una aproximación más precisa de la evolución real de ingresos”.

En el caso de ese ejercicio, precisa el trabajo, “si se toma el caso del jubilado que cobra un haber equivalente a 3 haberes mínimos, el resultado acumulado de los últimos 29 meses es de 1,1 haberes. Es decir que tuvo un aumento de poder adquisitivo en todo el periodo.

Para los jubilados que cobran la mínima y el bono el resultado es casi exactamente opuesto y según los cálculos de Argañaraz tuvieron una pérdida equivalente a 1,8 ingresos mensuales de noviembre de 2023.

El experto fiscal extendió ese procedimiento para calcular la pérdida acumulada de los haberes jubilatorios en los últimos ocho años y medio, pues señaló que si bien la comparación habitual es comparar un año contra otro, lo verdaderamente importante es calcular la pérdida acumulada, en este caso en los últimos ocho años y 4 meses.

Los resultados del ejercicio arrojan que medida en términos del ingreso promedio del año 2017, un jubilado que no cobra bono perdió entre los años 2017 y 2026 el equivalente a 26,1 haberes de 2017. En pesos de abril de 2026, la pérdida acumulada

de alguien que cobra 3 veces el haber mínimo sería de $51,6 millones en tanto la pérdida acumulada de un jubilado que cobra el haber mínimo fue de $17,2 millones De todos modos, concluye el trabajo, en el caso de los jubilados que cobran la mínima y el bono, la pérdida es algo menos aunque todavía significativa, de unos 17,3 ingresos mensuales del año 2017 y de $11,4 millones en los ocho años y cuatro meses transcurridos desde entonces hasta el mes pasado.

El nuevo contexto macroeconómico argentino, junto con los esquemas de promoción impulsados por el Gobierno nacional comenzaron a modificar el perfil productivo de distintas regiones del país. Según un informe elaborado por el IERAL de Fundación Mediterránea en base a anuncios de inversión difundidos de las 24 provincias durante el último año y medio, existe una fuerte concentración de proyectos en sectores vinculados a energía, minería, agroindustria y economía del conocimiento.

El estudio indicó que los cambios regulatorios asociados al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y al recientemente aprobado RIMI impulsaron un nuevo escenario para la llegada de capitales privados. Según el trabajo, el nuevo marco económico y normativo reconfiguró el mapa productivo nacional, modernizando en algunos casos actividades existentes y reconvirtiendo perfiles productivos locales en otros.

De acuerdo con el informe, la localización de los proyectos respondió a una lógica de especialización territorial. Algunas provincias consolidaron un perfil exportador ligado a recursos energéticos o minerales, mientras que otras apostaron por actividades vinculadas a tecnología, servicios y modernización industrial.

Para realizar el relevamiento, IERAL tomó anuncios de inversión publicados en medios periodísticos de todas las jurisdicciones provinciales. El análisis incluyó proyectos tanto dentro como fuera del RIGI, debido a que numerosos sectores y montos anunciados no ingresaron en ese esquema específico. El trabajo permitió identificar no solo el volumen de fondos comprometidos en cada región sino también los sectores económicos involucrados y la cantidad de empleo proyectado.

La región patagónica encabezó el ranking nacional de inversiones anunciadas con un total de USD 12.284 millones. El informe destacó especialmente a las provincias de Neuquén y Río Negro, donde avanzaron distintos proyectos de gran escala vinculados al desarrollo de shale oil y gas e infraestructura asociada a los yacimientos de Vaca Muerta.

Según el relevamiento, la Patagonia consolidó así su posición como principal destino de inversiones energéticas del país. La magnitud de los proyectos también impactó en las perspectivas laborales de la región.

En materia de empleo, la Patagonia lideró las proyecciones nacionales con 35.564 puestos de trabajo estimados. Neuquén volvió a ocupar el lugar central dentro de esa expansión. El informe remarcó que un único proyecto de gas y petróleo calculó la creación de 19.000 empleos.

IERAL sostuvo que aunque la industria hidrocarburífera es intensiva en capital, genera una cadena de valor amplia vinculada a servicios, construcción y logística, con un efecto multiplicador relevante sobre las economías locales.

Detrás de la Patagonia apareció la región de Cuyo, con anuncios por USD 10.146 millones. En este bloque regional, la provincia de San Juan ocupó el rol principal gracias a la reactivación y expansión de proyectos de minería de cobre y oro.

El informe indicó que San Juan concentró buena parte del flujo de capitales mineros, mientras Mendoza complementó el movimiento inversor mediante proyectos vinculados a energía y modernización de refinerías.

La región cuyana también mostró un fuerte impacto en materia laboral. El estudio proyectó la creación de 27.575 empleos derivados de las inversiones anunciadas. La minería sanjuanina explicó gran parte de esa expansión ocupacional, aunque también aparecieron aportes provenientes de la industria alimenticia, especialmente en la provincia de San Luis.

En el Norte argentino, el NOA ocupó el tercer lugar en montos de inversión con USD 7.705 millones. El informe señaló que la región se benefició principalmente por el desarrollo del denominado “triángulo del litio”.

Dentro de ese esquema regional, Salta sobresalió por distintos proyectos productivos ligados al litio, mientras Catamarca concentró desarrollos mineros relevantes. A su vez, Tucumán mostró un perfil distinto, con inversiones orientadas principalmente hacia la agroindustria.

Pese al elevado volumen de fondos comprometidos, el informe marcó que la generación de empleo directo en el NOA resultó más moderada en comparación con otras regiones. Las proyecciones alcanzaron 11.150 nuevos puestos de trabajo.

Según el relevamiento, este comportamiento reflejó las características de la minería de litio y minerales críticos, actividades que demandan grandes montos de inversión pero menos mano de obra directa que otros sectores industriales o manufactureros. IERAL señaló además que esta situación plantea la necesidad de desarrollar políticas complementarias destinadas a fomentar proveedores locales y cadenas de servicios capaces de ampliar el impacto laboral de esos proyectos extractivos.

La Región Centro apareció en cuarto lugar entre las zonas con mayores anuncios de inversión. El total relevado alcanzó USD 4.894 millones y mostró un perfil productivo más diversificado que el observado en otras regiones del país.

Dentro de este bloque, la provincia de Buenos Aires concentró los montos más elevados, con proyectos asociados a producción de fertilizantes e inversiones siderúrgicas. Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires captó inversiones vinculadas principalmente a real estate y tecnología.

En el NEA, los anuncios relevados alcanzaron USD 2.658 millones. Aunque la región ocupó el último lugar en volumen de inversiones, el estudio destacó especialmente el impacto proyectado sobre el empleo.

Dentro de esta región, Corrientes concentró la mayor parte de los fondos mediante un proyecto de producción de pasta celulósica a base de fibra de pino valuado en USD 2.000 millones. El informe indicó que esa iniciativa explicó gran parte de la inversión regional y se transformó también en el principal motor de generación de empleo del NEA.

Las provincias de Misiones, Chaco y Formosa también registraron anuncios de inversión, aunque en escalas menores. Misiones aportó proyectos vinculados a modernización de plantas de celulosa y turismo de alta gama, mientras Chaco y Formosa concentraron desarrollos asociados a parques solares y plantas industriales.

En términos laborales, el NEA proyectó la creación de 13.718 puestos de trabajo, cifra que el informe consideró significativa en relación con el monto total invertido. El estudio destacó particularmente el peso de la forestoindustria dentro de esa dinámica regional. La nueva planta de celulosa prevista en Corrientes estimó la creación de 13.000 empleos por sí sola.

IERAL señaló que el NEA logró proyectar casi la misma cantidad de puestos de trabajo que la Región Centro con aproximadamente la mitad de la inversión, lo que subrayó el potencial de crecimiento e impacto social de la industria forestal.

El informe también analizó los desafíos que enfrentan las provincias para aprovechar el nuevo escenario de inversiones. Según el trabajo, las regiones con recursos estratégicos vinculados a energía y minería captaron la mayor parte de los grandes proyectos anunciados. A partir de ese contexto, IERAL sostuvo que las provincias que no aparecen entre las principales receptoras de inversiones necesitan fortalecer infraestructura logística, formación de capital humano e incentivos regulatorios locales para atraer proyectos complementarios.

El estudio mencionó además la necesidad de impulsar la creación y modernización de proveedores locales vinculados a los sectores de mayor crecimiento económico.

En paralelo, el informe indicó que tanto municipios como provincias enfrentan el desafío de desburocratizar procesos de radicación empresarial y ofrecer incentivos fiscales asociados a la generación de empleo formal.