El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, remitirá sobre el final de esta semana o a principios de la próxima el texto para reformar el sistema previsional de la provincia que lidera. Una de las claves será el empalme de la edad de retiro con los estándares nacionales. Además, su administración destacó que habrá equidad de género entre varones y mujeres al jubilarse. La clave pasa por mantener el 82% móvil que perciben los pasivos hoy por hoy.

En la actualidad, un agente estatal debe cumplir 30 años de servicio para poder solicitar el retiro. Si es mujer, puede hacerlo a la edad de 57 años. Si es varón, deberá esperar a los 62. La iniciativa legislativa que impulsa el Ejecutivo mantiene estos parámetros hasta el 2030. Y proyecta un esquema gradual a partir del año siguiente. La meta es llegar a los 35 años de aporte y 65 de edad de forma indistinta.

El lapso para completar el ciclo se extenderá hasta 2046. La variación se hará de a fracciones de 6 meses por año en la edad. Los períodos de aporte se incrementarán a razón de uno por bienio.

De este modo, para solicitar el retiro en 2031 una mujer necesitará tener 57 años y medio de edad y 31 años de aporte. Dos años después se requerirá 58 y medio y 32, en forma respectiva.

Uno de los puntos más álgidos son los regímenes especiales. Algunos contemplan edades especiales. Otros, pautas que el Gobierno no controla.

Hay sectores que pueden pedir el retiro a los 52 años. La idea del Ejecutivo es sostener una normativa vigente, pero que no se aplicaba, y obligar a esas personas a que sigan aportando a la Caja de Jubilaciones hasta alcanzar la edad ordinaria.

El Poder Judicial es otro problema. Hoy por hoy rige un sistema de enganche con los incrementos salariales que otorga la Corte Suprema. Esto hace que la movilidad de los sueldos de activos, base de cálculo de los haberes de pasivos, se defina en Buenas, Aires y no en Entre Ríos. La idea del Gobierno es desatar ese nudo que se formó 15 años atrás.

Cómo fue el proceso previo

La Administración Frigerio abrió un proceso de diálogo con los gremios estatales para buscar acuerdos básicos. Con la oposición implementó el mismo mecanismo.

Los sindicatos rechazaron los tópicos de trabajo y hasta realizaron medidas de fuerza con el fin de oponerse a la reforma. El más importante del sector docente, Agmer (CTERA – CTA), lanzó una campaña pública para presionar a los legisladores a que no voten el texto del Ejecutivo. Otros, como UPCN, tuvieron una postura más conciliadora y realizaron aportes al articulado.

La oposición justicialista, por su parte, también se opuso. Más allá de que ningún referente del PJ niega el daño del déficit en las cuentas provinciales, aseguran que la Administración Frigerio pretende hacer pagar el ajuste a maestros, policías y empleados públicos.

El Gobierno provincial le retrucó recordando que el desequilibrio existía (y se fue agravando) en los 20 años sucesivos de gobiernos peronistas que se dieron desde principios de siglo. Y que en ese período no hubo ninguna respuesta para zanjar el problema.

Fondos de la ANSES

A fin de completar el abordaje al déficit previsional, el Gobierno entrerriano negocia un incremento de las partidas que la ANSES envía para compensar el rojo.

Cabe destacar que el desequilibrio en el sistema previsional local tuvo su origen en los ‘90. El entonces gobernador Mario Moine aceptó entonces que la Nación traspasara los servicios de salud y educación sin contrapartida de fondos. A la Caja de Jubilaciones le entraron por la ventana miles de agentes sin aportes, a los que debió jubilar en las mismas condiciones que los provinciales.

En la actualidad, Entre Ríos tiene un acuerdo con Nación de $6 mil millones mensuales. La intención es incrementarlo hasta llegar a los $10 mil millones. Para ello, Frigerio mantuvo esta semana un encuentro con Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, y Guillermo Arancibia, director ejecutivo de ANSES. En paralelo, la Provincia sostiene una demanda ante la Corte Suprema en la que reclama $154 mil millones.

Las claves para cerrar un circuito que fluya entre Nación y Provincia son dos. La primera, que ANSES complete las auditorías anuales, algunas de las cuales estaban pendientes desde 2017. La segunda, que haya armonía entre el sistema provincial y el nacional. Esto significa que se establezca la compatibilidad de ambos esquemas en ítems como edad y aportes, entre otros.

“Nadie tuvo el coraje de tratar este problema”

Frigerio defendió la reforma haciendo hincapié en que era un tema que requería una solución inmediata. “Son discusiones que hay que poner sobre la mesa. Nadie ha tenido el coraje y la determinación de hacerlo hasta ahora. ¡Nosotros sí!”, sentenció el mandatario en declaraciones al programa Cuestión de Fondo (Canal 9).

Además, distinguió las actitudes disímiles de los sindicatos públicos: “Hemos estado acompañados por dirigentes sindicales que también han tenido el coraje y la determinación de discutir estos temas. Otros prefirieron levantarse, irse, quejarse y esconder el problema”.

“Todo el mundo sabe que ningún régimen aguanta teniendo 1.8 activos por cada pasivo. Se necesitan 4. Ahora, esta realidad ¿No nos obliga a todos a sentarnos en una mesa a discutir? ¿Puede ser la única solución seguir pidiéndole a los que se jubilan por ANSES que contribuya a que nada cambie en la Caja para que no explote? Yo no creo en eso”, agregó.

El mandatario indicó que su compromiso es con “el diálogo”. Y alegó que no debe existir ”ningún tema tabú. No creo en los escraches para frenar las discusiones que tienen que darse de cara a la sociedad”.

“No vamos a cambiar nada de las actuales jubilaciones. Son derechos adquiridos y nos comprometemos a respetarlos”, concluyó.

El Gobierno quiere derogar la Ley de Etiquetado Frontal, sancionada por el Congreso en 2021 con el objetivo de advertir a los consumidores sobre el contenido nutricional de los alimentos. Bloques oficialistas y aliados ya presentaron un proyecto para eliminar la norma, mientras que el Poder Ejecutivo trabaja en una nueva iniciativa para adecuar el sistema argentino a estándares del Mercosur.

La ley vigente obliga a las empresas alimenticias a incluir octógonos negros en los envases para advertir sobre excesos de grasas, sodio, azúcares y calorías. El oficialismo busca reemplazarla por un nuevo esquema, aunque primero intentará derogar la normativa actual, orientada a promover una alimentación más saludable.

El objetivo es que la Argentina adopte un reglamento técnico regional unificado para armonizar el etiquetado nutricional frontal entre los países del Mercosur.

El proyecto lleva la firma de los diputados Daiana Fernández Molero (PRO), bloque aliado al oficialismo, y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza), aunque forma parte del paquete de medidas que prepara el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger.

Según sostienen los legisladores, la actual Ley de Etiquetado Frontal no cumplió sus objetivos. “A más de cuatro años de su implementación, ninguno de esos propósitos fue alcanzado de manera satisfactoria. Las razones no son circunstanciales, sino estructurales: responden a un diseño técnico deficiente que genera confusión en el consumidor, desincentiva la reformulación y obstaculiza el comercio y la inversión”, señalaron.

También cuestionaron el perfil nutricional adoptado al sancionarse la norma. Explicaron que la ley utiliza parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que no evalúan la cantidad absoluta de nutrientes —como gramos de azúcar, sodio o grasa por cada 100 gramos de producto—, sino su proporción sobre el total de calorías del alimento.

“A estos se los denomina umbrales móviles, y son el origen de las principales distorsiones de la ley”, argumentaron.

La industria alimenticia resistió desde un comienzo la sanción de la Ley de Etiquetado Frontal. En los fundamentos del proyecto, Fernández Molero y Bongiovanni sostuvieron que la norma “constituye un obstáculo al comercio y a la inversión”.

Los diputados remarcaron que, aunque cada país del Mercosur tiene actualmente su propio sistema de etiquetado frontal, el bloque trabaja para unificar estándares. Según argumentan, esto evitaría que las empresas deban desarrollar líneas de producción diferenciadas para exportar, con mayores costos operativos que finalmente impactan en el precio para el consumidor.

“La coexistencia de cuatro sistemas de etiquetado distintos obliga a adaptar envases, fórmulas y líneas de producción para cada mercado, con costos que recaen especialmente sobre las pymes exportadoras y, en última instancia, sobre los consumidores”, señalaron.

Y agregaron: “Los productores, exportadores y consumidores requieren un marco normativo estable. La derogación legislativa es el único instrumento que ofrece esa certeza”.

Comparación con otros países

El oficialismo destaca que Brasil, Chile y Uruguay utilizan perfiles nutricionales basados en umbrales fijos para el etiquetado frontal, definidos por cantidades absolutas de nutrientes por cada 100 gramos de producto. Según sostienen, ese sistema resulta más claro para el consumidor porque se basa en valores concretos y no en su relación con las calorías totales.

En cambio, argumentan que el esquema argentino utiliza umbrales móviles, lo que limitaría tanto la capacidad de las empresas para reformular productos más saludables como la posibilidad de los consumidores de elegir mejores opciones.

Como ejemplo mencionan el caso de los edulcorantes: cualquier producto que los contenga y cumpla función endulzante debe llevar la advertencia “contiene edulcorantes”, independientemente de la cantidad presente. “Esto significa que un producto con 1 gramo recibe el mismo tratamiento que otro con 20 gramos”, sostienen.

Qué establece la actual Ley de Promoción de la Alimentación Saludable

La norma, sancionada en 2021, obliga a incluir octógonos negros de advertencia en alimentos procesados y ultraprocesados cuando superan límites establecidos para azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.

Además, exige leyendas precautorias para productos con edulcorantes o cafeína, indicando que no son recomendables para niños.

La ley también impone restricciones al marketing y la publicidad: los productos con al menos un sello no pueden incluir personajes infantiles, mascotas, animaciones ni avales de sociedades científicas o celebridades en sus envases. Tampoco pueden ser publicitados para niños ni ofrecerse en entornos escolares.

Etiquetado frontal, Ley, Diputados