Luego de varias semanas de análisis y reuniones con especialistas, el Gobierno presentará este miércoles una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa con la que busca generar un marco de mayor confianza para que los denominados «dólares del colchón» ingresen al circuito formal.

La presentación estará encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto con representantes de cámaras empresarias y del sector profesional. El objetivo del Ejecutivo es que la modificación del régimen tributario permita sumar contribuyentes y reducir los temores vinculados con posibles revisiones futuras por parte del fisco.

Como es de público conocimiento, los «dólares del colchón» son aquellos ahorros que permanecen fuera del sistema financiero formal y que no fueron declarados ante el organismo recaudador.

El Gobierno considera que una parte importante de esos fondos podría movilizarse hacia inversiones, consumo o depósitos si existen reglas más claras y previsibles. La nueva iniciativa llega después de distintos encuentros entre funcionarios de Economía y contadores y tributaristas, quienes plantearon cambios para mejorar la adhesión al régimen.

Entre los puntos discutidos estuvieron los límites para ingresar al beneficio, el tratamiento de las diferencias detectadas por ARCA y la posibilidad de simplificar determinados controles.

Qué busca el Gobierno con la nueva Ley de Inocencia Fiscal

El principal objetivo de la norma es modificar la relación entre los contribuyentes y el fisco. La idea central es que quienes tengan ingresos o patrimonio dentro de determinados parámetros puedan contar con mayores certezas respecto del análisis futuro de sus declaraciones juradas.

El Gobierno considera que una parte de los fondos que hoy permanecen fuera del sistema financiero podría incorporarse a la economía si los contribuyentes cuentan con un esquema que reduzca la incertidumbre tributaria.

En ese sentido, la Ley de Inocencia Fiscal busca cambiar la lógica de la relación entre el fisco y los contribuyentes, premiando el cumplimiento y ofreciendo mayores garantías para quienes adhieran al nuevo régimen.

Uno de los cambios centrales estará vinculado al Régimen Simplificado de Ganancias, una herramienta que busca reducir la carga administrativa para determinados contribuyentes y limitar la posibilidad de revisiones extensas sobre períodos anteriores.

La discusión surgió porque especialistas advirtieron que las condiciones originales podían dejar afuera a una parte importante de los potenciales adherentes, especialmente aquellos con mayores niveles de patrimonio.

Los principales cambios que tendrá la nueva Ley de Inocencia Fiscal

Uno de los puntos más relevantes del nuevo proyecto estará relacionado con el denominado blindaje fiscal para quienes ingresen al régimen.

La propuesta establece que los contribuyentes que cumplan con las condiciones previstas tendrán mayores garantías frente a futuras revisiones. En la versión anterior, una de las principales críticas estaba relacionada con los límites establecidos para acceder al beneficio.

El esquema original contemplaba que podían ingresar quienes tuvieran ingresos anuales inferiores a $1.000 millones y un patrimonio total por debajo de $10.000 millones. Estos parámetros fueron cuestionados por algunos especialistas porque dejaban fuera a contribuyentes con capacidad económica relevante y, por lo tanto, potenciales tenedores de mayores montos de dólares no declarados.

Otro de los cambios bajo análisis apunta a las llamadas discrepancias significativas. Actualmente, si ARCA detecta diferencias que superen el 15% de los saldos declarados o supere los $100 millones, el efecto de inocencia fiscal queda sin efecto.

La propuesta del Gobierno busca ampliar el margen de tolerancia y permitir que el contribuyente pueda corregir la información presentada antes de que se inicie una investigación formal.

El objetivo es evitar que una diferencia administrativa o un error de declaración derive automáticamente en la pérdida del beneficio. La posibilidad de rectificar y regularizar una diferencia antes de una instancia judicial o fiscal más compleja podría mejorar la confianza de los contribuyentes.

Qué cambia para quienes adhieran al régimen

Para los contribuyentes, el principal cambio estaría en la previsibilidad. Uno de los motivos que explican la permanencia de dinero fuera del circuito formal es el temor a que una declaración posterior active controles sobre períodos anteriores o genere reclamos tributarios.

Con la nueva normativa, quienes cumplan los requisitos podrían acceder a un esquema con reglas más claras y con un alcance determinado para las revisiones de ARCA. El proyecto también apunta a simplificar la presentación de información vinculada al Impuesto a las Ganancias.

La intención oficial es que el cumplimiento tributario sea más sencillo para aquellos contribuyentes que mantengan sus declaraciones ordenadas.

De todas formas, el beneficio no implicaría una eliminación general de los controles fiscales. ARCA mantendría sus facultades de fiscalización en casos donde existan inconsistencias relevantes o incumplimientos.

Por ese motivo, uno de los aspectos centrales será definir con precisión cuáles serán los parámetros para acceder al régimen y bajo qué situaciones el contribuyente podría perder los beneficios.

Los pedidos de los tributaristas que impulsaron cambios en el proyecto

La nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal incorporará algunos planteos realizados por contadores y especialistas tributarios que participaron de reuniones con Luis Caputo.

Entre ellos estuvieron Alejandro Rosenfeld, César Litvin, Miriam Roldán y Sonia Becherman, quienes analizaron distintos aspectos técnicos del proyecto.

Uno de los pedidos principales estuvo vinculado con la postergación de la presentación de declaraciones juradas de Ganancias. La discusión tomó relevancia luego de que ARCA prorrogara hasta el 27 de agosto la presentación de la declaración jurada del período fiscal 2025, aunque mantuvo la fecha del vencimiento del pago.

Rosenfeld explicó tras la reunión con Economía que la decisión de extender el plazo de presentación podía resultar positiva para ordenar la implementación del nuevo esquema.

El planteo de los especialistas fue que una mayor flexibilidad podía favorecer la adhesión, ya que muchos contribuyentes necesitaban conocer con precisión las reglas antes de decidir si formalizaban fondos que actualmente permanecen fuera del sistema.

Qué falta para que la Ley de Inocencia Fiscal entre en vigencia

La presentación del proyecto será apenas el primer paso. Luego deberá avanzar el tratamiento legislativo correspondiente para que los cambios puedan convertirse en ley.

Una vez aprobada la norma, el Gobierno deberá definir la reglamentación y los procedimientos que utilizará ARCA para aplicar el nuevo esquema.

Entre los puntos que quedarán pendientes estará la definición final de los requisitos de adhesión, los mecanismos de control y las condiciones bajo las cuales funcionará el blindaje fiscal.

Mientras tanto, el Ejecutivo busca que la iniciativa permita canalizar parte de los dólares del colchón hacia la economía formal y generar un mayor movimiento de capitales dentro del sistema argentino.

La expectativa oficial es que, con reglas más simples y previsibles, más contribuyentes decidan declarar sus activos y utilizarlos dentro del circuito económico.

Con una reducción del volumen de operaciones, que cayó casi a la mitad respecto del martes, con USD 389,7 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista retomó la suba y avanzó 5,50 pesos o 0,4%, a 1.483 pesos, para volver al nivel del 8 de julio.

“En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió 5 pesos, muy por encima de la caída de $13,50 registrada en idéntico lapso de la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio. En el mes el dólar gana solo un peso, mientras que en 2026 la suba es de 28 pesos o 1,9 por ciento.

El BCRA fijó el techo del régimen cambiario en los $1.833,77, por lo tanto el dólar mayorista quedó a 350,77 pesos o 23,7% de la banda superior del régimen de flotación.

El dólar al público subió cinco pesos o 0,3%, a $1.505 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.502,35 para la venta y $1.451,15 para la compra.

El dólar blue ganó diez pesos o 0,7% este miércoles, a $1.555 para la venta un récord nominal, por encima de los $1.550 del 22 de octubre del año pasado. En 2026 el precio del billete informal aumentó 25 pesos o 1,6%, aún muy lejos de la inflación acumulada, del orden del 18% en el período.

La divisa en esta plaza informal es tomada por las agencias de cambio a sus clientes a $1.535, esto es 85 pesos o 5,9% más que los $1.450 que pagan los bancos, brecha que justifica liquidar billetes atesorados en este segmento.

“Dentro de una operatoria aún más expandida, y con un canje de la Lelink D31L6 que tuvo buena aceptación, el dólar mayorista continúa más estabilizado en torno a los $1.480. Que se extienda la calma cambiaria resulta positivo en vista a que las mejoras económicas puedan irse percibiendo más en la calle, con un mayor dinamismo del crédito privado como el próximo desafío”, consideró Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

La jornada tiene como gran protagonista al upgrade de Moody’s, que elevó la nota soberana a B3 y dejó a las tres grandes calificadoras alineadas por primera vez en años.

“Con Moodyʼs sumándose ahora a Fitch y S&P, Argentina se alejó aún más de la categoría de deuda en dificultades y profundizó el proceso de normalización crediticia. La mejora debería respaldar ingresos adicionales de capital, especialmente por parte de inversores cuyos mandatos se vuelven menos restrictivos una vez que más de una calificadora importante ubica al soberano dentro de la categoría B”, indicó un informe de Federico Fillipini y Javier Casabal, analistas de Adcap Grupo financiero.

“La mejora también fortalece el escenario para que el Gobierno reconsidere un regreso a los mercados internacionales de deuda. Sin embargo, seguimos esperando que las autoridades prioricen en el corto plazo fuentes de financiamiento de menor costo, entre ellas el financiamiento multilateral, los préstamos garantizados, las estructuras de REPO y las emisiones en dólares en el mercado local”, añadieron los analistas de Adcap.

“Para lo que resta del año, es probable que el Gobierno opte por seguir construyendo la curva local con el AO29, que tiene un programa de hasta USD 2.000 millones y ya colocó USD 649 millones en su primera licitación, complementar con multilaterales y postergar la emisión global. La otra posibilidad es una emisión global de referencia, quizás un bono a 10 años, como señal al mercado de que Argentina recuperó el acceso pleno al financiamiento voluntario. Eso tendría un efecto de compresión adicional sobre toda la curva”, evaluó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

En otro orden, el Gobierno presentó el proyecto para ampliar la Ley de Inocencia Fiscal y fomentar el ingreso de los llamados “dólares del colchón” al sistema formal. La iniciativa procura ampliar el régimen simplificado, flexibilizar los controles de ARCA y permitir corregir diferencias antes de perder los beneficios fiscales.

El Gobierno nacional aprobó formalmente la adhesión de Pampa Energía al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) bajo la figura de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP). La medida habilita el plan de desarrollo para el área Rincón de Aranda, ubicada en el departamento de Añelo, Neuquén.

El vehículo de proyecto único (VPU) presentado por la compañía prevé un desembolso total de u$s4.521 millones en activos computables destinados a la perforación de 259 pozos de shale oil y la construcción de infraestructura clave de procesamiento y transporte de hidrocarburos.

Con esta calificación estratégica, la compañía presidida por Marcelo Mindlin busca posicionarse como un productor de peso en el mercado de petróleo crudo, proyectando divisas por exportaciones que rondarán los u$s17.000 millones a lo largo de la vida útil del proyecto.

El esquema aprobado por el Comité Evaluador y refrendado por el ministro Luis Caputo contempla un plan de ejecución dividido en tres fases sucesivas. La primera de ellas (2024-2028) demandará u$s1.159 millones para la perforación de los primeros 50 pozos y el tendido de obras de superficie, incluyendo una Planta Central de Procesamiento (CPF), oleoductos y gasoductos de evacuación.

La segunda etapa (2028-2031) sumará u$s1.107 millones en la perforación de otros 70 pozos horizontales. Hacia el 1° de julio de 2031, la empresa completará la inversión mínima exigida para los proyectos PEELP, fijada en u$s2.000 millones.

La etapa final del proyecto presentado (2031-2041) involucrará u$s2.255 millones para la perforación y terminación de 139 pozos adicionales, logrando así el pleno desarrollo del bloque.

Adicionalmente, la resolución precisó que Pampa Energía compromete desembolsos por u$s1.099 millones durante los primeros dos años desde la notificación del acto administrativo (u$s521 millones en el primer año y u$s578 millones en el segundo), cifra que supera con holgura el piso del 20% exigido por la normativa para el periodo inicial.

La irrupción de Pampa en la ventana de oil

El ministro había dado a conocer semanas atrás que el Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó el proyecto de bloque Rincón de Aranda, en la ventana de petróleo de Vaca Muerta, presentado Pampa Energía. Tras el anuncio el presidente del grupo energético, Marcelo Mindlin, aseguró que «la aprobación del RIGI para Rincon de Aranda es muy importante porque permite acelerar las inversiones».

Se trata del vigésimo proyecto bajo este marco normativo y con la incorporación de este bloque, Caputo precisó que el RIGI consolida una cartera de 21 proyectos aprobados que totalizan una inversión corporativa comprometida de US$49.000 millones.

Asimismo, la autoridad de aplicación mantiene bajo análisis técnico las auditorías de otras 20 iniciativas que ya iniciaron el proceso formal de postulación, las cuales se distribuyen principalmente entre los sectores de minería, infraestructura de transporte y upstream de hidrocarburos.

La facilidad financiera que otorga el régimen fiscal y aduanero con la inclusión del upstream al beneficio -anunciado a mediados de diciembre-, modificó de forma directa el plan de desarrollo inicial de Pampa Energía, permitiendo un incremento del 50% en la actividad de perforación y completación originalmente proyectada para el área. La empresa lleva invertidos allí unos US$1.500 millones en el bienio 2025-2026.

Respecto a este salto en la intensidad de los trabajos, Mindlin afirmó a través de un breve comunicado que «la aprobación del RIGI es muy importante porque nos permite acelerar las inversiones. Podremos desarrollar la parte norte del área, acelerar el ramp-up y extender el plateau de producción«. Toda la producción del bloque se evacuará a través del sistema Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), en construcción y con previsión de entrada en operación hacia fines de este año.

Pampa Energía y sus tres proyectos bajo el RIGI

El proyecto generará unos 800 empleos directos y 1.000 indirectos, y tal como había anunciado la compañía, la aceleración del ramp-up en la zona norte de Rincón de Aranda requerirá una fuerte inversión en facilidades de superficie y ductos de evacuación internos para manejar los mayores volúmenes de producción temprana.

La estrategia de la empresa comandada por Marcelo Mindlin, uno de los principales productores de gas de la Argentina, busca extender su core business en el segmento del crudo no convencional, replicando la eficiencia de costos y los factores de productividad que ya estabilizó en sus desarrollos de gas natural en bloques como El Mangrullo y Sierra Chata.

Pampa había presentado en los primeros días de julio de 2025 la adhesión de su proyecto al RIGI con una inversión inicial de US$426 millones, pero a comienzos de este año amplió la solicitud por un monto de hasta US$4.500 millones para desarrollar también la zona norte del bloque, tras la decisión del Gobierno de incorporar las actividades de upstream al RIGI.

Pero la compañía avanzó en los últimos dos meses con otros dos megaproyectos bajo el amparo del RIGI, con una inversión total de caso de US$10.000 millones. A la estrategia en upstream, el grupo consolida su infraestructura logística mediante la ampliación y construcción del sistema de separación de líquidos del gas natural (NGLs) a través de Transportadora de Gas del Sur (TGS). Una obra de US$3.000 millones para asegurar la evacuación y el tratamiento del gas natural de la cuenca neuquina.

Por último, la apuesta industrial se completa con el diseño y puesta en marcha de una nueva planta de producción de urea, por otros US$2.400 millones. El proyecto a desarrollarse en el polo petroquímico de Bahía Blanca es una iniciativa que busca sustituir importaciones, agregar valor al gas en origen y abastecer de manera al mercado de fertilizantes de la Argentina y la región.