En el sexto mes del año, el sector aplicará un aumento del 1,5% en los salarios, acordado en paritarias entre el sindicato y las empresas del rubro

26/05/2026 – 11:42hs

El salario y sueldo de los cajeros de supermercados como Coto o Carrefour se actualiza en junio de 2026 dentro del esquema paritario del sector comercio, uno de los más amplios del país. El empleo en súper, hipermercados y grandes cadenas también se ve alcanzado por este acuerdo, que impacta en todas las categorías del rubro con incrementos sobre las escalas vigentes.

El incremento forma parte del acuerdo vigente de los empleados de comercio, que abarca a cajeros, repositores, personal administrativo y supervisores. La actualización se aplica de manera progresiva sobre las escalas vigentes y busca compensar la evolución del costo de vida en el trimestre.

En esta etapa del año, el ajuste salarial llega tras la validación del acuerdo paritario y se incorpora de forma automática a las liquidaciones mensuales del personal encuadrado bajo el convenio mercantil.

Cuánto cobra un cajero de Coto y Carrefour en junio 2026

Dentro de la estructura del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, los cajeros se dividen en tres niveles salariales según responsabilidades y tareas dentro del supermercado.

Para junio de 2026, los haberes estimados quedan de la siguiente manera:

• Cajero categoría A: alrededor de $1.232.731 mensuales
• Cajero categoría B: cerca de $1.238.277 mensuales
• Cajero categoría C: aproximadamente $1.245.404 mensuales

Estos valores incluyen sumas no remunerativas incorporadas en acuerdos previos, aunque no contemplan adicionales como antigüedad, presentismo ni horas extras.

En el caso de jornada parcial de cuatro horas, el ingreso se reduce proporcionalmente y ronda los $616.000 para la categoría inicial.

Cómo se actualizan los salarios en supermercados Coto y Carrefour

La suba de junio representa un ajuste del 1,5% acumulativo sobre los haberes del mes anterior, completando un incremento trimestral cercano al 5%. Este esquema de actualización impacta de manera directa en trabajadores de supermercados como Coto y Carrefour, así como en otras cadenas del país.

El acuerdo no solo abarca a cajeros, sino también a otros sectores del convenio colectivo de comercio.

Otros salarios dentro del convenio mercantil

• En la rama de maestranza, los sueldos van desde aproximadamente $1.216.895 hasta $1.231.145.
• En el sector administrativo, los ingresos parten de $1.228.772 y pueden superar los $1.281.833 en los niveles más alto.
• Los vendedores también registran incrementos similares, con salarios que van desde $1.232.731 hasta $1.281.833, dependiendo de la categoría.

Qué puede pasar con los próximos aumentos

El acuerdo vigente contempla una cláusula de revisión que permite reabrir la negociación en función de la evolución de la inflación. Esto significa que los salarios del sector podrían volver a actualizarse si el contexto económico lo requiere, manteniendo bajo revisión el poder adquisitivo de los trabajadores de comercio.

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Super RIGI, un esquema que busca ofrecer mayores beneficios que el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones original para las “industrias del futuro”. Está destinado a iniciativas que superen los USD 1.000 millones.

Llamado formalmente Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, busca principalmente promover el desarrollo económico, incrementar las exportaciones, favorecer la creación de empleo y fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales.

El documento oficial aclara que se entenderá por “nuevas actividades económicas” a todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, “con impacto transformador en la estructura productiva nacional que, a la fecha de entrada en vigencia de la ley, no se desarrolle, produzca ni preste en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había ejemplificado con actividades tales como la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio.

El proyecto de ley establece un plazo de 5 años para la presentación de solicitudes de adhesión al régimen, con la posibilidad de una prórroga única de hasta un año. El texto define que solo podrán acceder aquellos sujetos que constituyan Vehículos de Proyecto Único (VPU), diseñados exclusivamente para el desarrollo de cada emprendimiento y con activos destinados únicamente al proyecto adherido.

Cada proyecto deberá implicar una inversión mínima de USD 1.000 millones en activos computables, y comprometer al menos el 20% de ese monto dentro de los primeros 2 años desde la fecha de adhesión.

La ley incorpora también incentivos tributarios y aduaneros del régimen. Entre ellos, se incluye una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias para los VPU adheridos, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

Se prevé la utilización de Certificados de Crédito Fiscal para cancelar el IVA sobre inversiones en activos computables, junto con la exención de derechos de importación y exportación para los bienes comprendidos en el plan de inversión y los productos obtenidos bajo el proyecto.

Además, introduce incentivos en materia de Seguridad Social, con una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales respecto de nuevas relaciones laborales generadas.

Asimismo, el proyecto regula los incentivos cambiarios. Se habilita la libre disponibilidad progresiva de los cobros de exportación, con un esquema escalonado del 20, 40 y 100 por ciento a lo largo de tres años desde la primera exportación.

También se exceptúa de la obligación de ingresar y liquidar divisas provenientes de aportes de capital, financiamientos y servicios vinculados al proyecto.

A su vez, establece un marco de garantías, estabilidad normativa y compatibilidad con otros regímenes. Se asegura a los VPU la disponibilidad plena sobre los productos del proyecto, la protección frente a actos confiscatorios o expropiatorios, el derecho a la operación continuada y el acceso irrestricto a la justicia.

Precisa que la estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, de seguridad social y cambiaria se extiende por 30 años a partir de la fecha de adhesión.

Un punto importante es que las empresas que ya hayan solicitado ingresar al RIGI no podrán adherirse al Súper RIGI. La restricción también alcanza a proyectos similares a otros ya presentados bajo ese esquema.

Así, quedarán excluidos quienes, de manera individual o junto a empresas vinculadas del mismo grupo económico, compartan el mismo plan de inversión, la misma ubicación, instalaciones esenciales o activos estratégicos.

La restricción aplica de igual manera a proyectos con la misma cadena de valor, productos o procesos productivos similares, así como a aquellos que tengan una superposición igual o superior al 50% de la inversión comprometida, de los activos físicos principales o de la capacidad de producción prevista.

Según el texto, esto busca preservar la coherencia del sistema de incentivos y evitar superposiciones. De esta manera, el Súper RIGI quedará reservado para nuevas actividades productivas y funcionará como un esquema autónomo y complementario al régimen vigente.

Al mismo tiempo, el proyecto exige como condición para la adhesión provincial compromisos concretos en materia de moderación fiscal y previsibilidad normativa, de modo tal que los incentivos nacionales no se vean neutralizados por cargas locales “incompatibles con la magnitud de las inversiones que se pretende atraer”.

En este sentido, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios no podrán imponer nuevos gravámenes locales, salvo las tasas por servicios específicos, concretos e individualmente prestados.

Se considerará nuevo gravamen cualquier tributo creado o modificado tras el 31 de diciembre de 2025 que implique mayor carga fiscal.

Tampoco podrán aplicar una alícuota superior al 0,50% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos ni gravar con el Impuesto de Sellos los actos, contratos, instrumentos, escrituras, carta oferta, nota de pedido, operación, préstamos, pagaré, garantía, prenda, hipoteca, fianza y operación monetaria. En suma, se prohíbe aplicar regalías o cánones administrativos, tanto vigentes como futuros.

Finalmente, las jurisdicciones mencionadas renuncian a exigir el pago previo como requisito para la presentación de recursos o demandas administrativas y judiciales por parte de los VPU.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley del «Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias», conocido como Súper RIGI. La iniciativa apunta a inversiones de al menos u$s1.000 millones en sectores tecnológicos que hoy no operan en Argentina.

El esquema estará vigente por 5 años si el parlamento lo aprueba, y busca captar proyectos en industrias como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital.

El mensaje que acompaña al articulado establece que el objetivo es atraer inversiones de gran escala en actividades consideradas nuevas para la economía argentina. Se trata de un régimen más ambicioso que el RIGI original, con beneficios específicos para sectores de alta tecnología.

Qué sectores pueden acceder y cuáles quedan afuera

El texto de ley es claro: el régimen está destinado exclusivamente a proyectos que desarrollen actividades que «no se desarrollen, produzcan ni presten en el país». También contempla emprendimientos cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto.

Quedan fuera del esquema las ampliaciones, modernizaciones o reconversiones de instalaciones ya existentes. La diferencia con el RIGI convencional es justamente esta: no se busca potenciar sectores ya instalados, sino traer industrias completamente nuevas.

Los rubros mencionados explícitamente incluyen inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital. Pero el proyecto deja abierta la puerta a otros sectores tecnológicos que cumplan con el criterio de «nueva industria».

Cuánto hay que invertir y cómo se estructura el proyecto

Para acceder al Súper RIGI, las inversiones deberán canalizarse mediante «Vehículos de Proyecto Único» (VPU), que son sociedades creadas exclusivamente para cada emprendimiento. El proyecto fija un piso mínimo de u$s1.000 millones por iniciativa.

Además, exige ejecutar al menos el 20% de ese monto durante los primeros dos años desde la adhesión al régimen. Es decir, u$s200 millones como mínimo en el arranque del proyecto.

Este requisito de ejecución rápida busca garantizar que las inversiones sean reales y no meras promesas: el inversor debe demostrar compromiso financiero desde el inicio.

Qué beneficios impositivos y aduaneros ofrece el régimen

El proyecto prevé una alícuota reducida de 15% en el Impuesto a las Ganancias para los proyectos adheridos. Se suma un régimen de amortización acelerada y la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal.

También contempla una reducción en la carga sobre dividendos y utilidades. Ese tributo bajaría al 3,5% luego de cuatro años desde la adhesión al régimen.

En el plano aduanero, la iniciativa exime de derechos de importación y exportación a bienes vinculados con el proyecto. También libera de esos gravámenes a los productos exportados bajo el esquema.

Por el lado cambiario, habilita un esquema progresivo de libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones. La mecánica es escalonada: 20% de las divisas al primer año desde la primera exportación, 40% al segundo año y 100% al tercer año.

Cuánta estabilidad jurídica garantiza el proyecto

El texto garantiza un plazo de 30 años de estabilidad normativa en cuestiones tributarias, aduaneras, cambiarias y de seguridad social. Es una de las protecciones más extensas que ofrece la legislación argentina para inversiones extranjeras.

El proyecto también prevé que las controversias entre el Estado y los inversores puedan someterse a arbitraje internacional, un mecanismo que aleja las disputas de la justicia local y aumenta las garantías para el capital extranjero.

Esta cláusula de arbitraje internacional es clave para inversores que desconfían del sistema judicial argentino. Les permite recurrir a tribunales neutrales en caso de conflicto con el Estado.

Qué papel tienen las provincias en el Súper RIGI

El texto establece que las provincias y municipios deberán adherir expresamente al régimen para que los proyectos localizados en sus territorios puedan acceder a los beneficios nacionales.

Además, señala que cualquier norma local que limite o altere los incentivos previstos podrá ser considerada «nula de nulidad absoluta e insanable». Es decir, el proyecto busca blindar los beneficios frente a potenciales restricciones provinciales o municipales.

Esta cláusula genera tensión con el federalismo: las provincias pierden margen de maniobra si adhieren al régimen. Pero quienes no lo hagan quedarán fuera de la posibilidad de atraer estas inversiones millonarias en sus territorios.