POLITICA
El Gobierno pasó a disponibilidad a todos los trabajadores del hotel presidencial de Chapadmalal y abrió un frente de conflicto con Kicillof
Con el objetivo de desprenderse de las residencias presidenciales de Chapadmalal (Mar del Plata) y de la unidad turística Embalse (Córdoba), el Gobierno pasó esta semana a disponibilidad a la totalidad de los empleados de los hoteles. Los complejos ya fueron cerrados para realizar reformas y avanzar en su privatización.
La medida fue oficializada a través de la resolución 129/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial, donde la Secretaría de Turismo y Ambiente, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitó la tramitación del pase a disponibilidad de los 58 trabajadores de Chapadmalal y los 19 de Embalse.
Según pudo saber TN, la decisión fue tomada por la Jefatura de Gabinete que conduce Manuel Adorni, quien había anunciado a fines de marzo la decisión de concesionar al sector privado el hotel de Chapadmalal por 30 años. El complejo de Córdoba será subastado.
En aquel entonces, Adorni había justificado la medida en la reducción de la carga del costo de mantenimiento para el Estado, que un año atrás había declarado la innecesariedad del espacio cuando decidió trasladarlo a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Dicha entidad, hoy a cargo de Tania Yedro, está a cargo de llevar adelante el proceso de concesión y subasta de Chapadmalal y Embalse, respectivamente, aunque todavía no hubo avances en la materia.
Sin embargo, como primer paso, el Gobierno decidió desafectar a todos los empleados para realizar una serie de reformas sobre los inmuebles y luego avanzar con los procesos de privatización. En ese sentido, la AABE había intimado el mes pasado a trabajadores de Chapadmalal a desalojar las viviendas del complejo en 10 días corridos.
Qué pasará con los empleados de los complejos de Chapadmalal y Embalse
De acuerdo a la normativa vigente, los 77 empleados pasados a disponibilidad quedaron eximidos de concurrir a prestar servicios, aunque deben estar localizables durante su horario laboral y concurrir a toda convocatoria por parte del empleador.
Además, la ley estipula que puedan recibir capacitaciones y desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado durante un plazo de entre seis y doce meses, dependiendo de la antigüedad.
En ese periodo, los empleados desafectados continuarán recibiendo un pago, aunque menos que un sueldo. Una vez vencido el plazo, los trabajadores quedarán automáticamente desvinculados de la administración pública nacional con el derecho a percibir la indemnización correspondiente.
El reclamo de la provincia de Buenos Aires para que el Gobierno le transfiera el complejo de Chapadmalal
En ese contexto, la provincia de Buenos Aires insistió este martes en su reclamo para que el Gobierno nacional transfiera los hoteles de Chapadmalal y los bienes del Museo Evita del complejo para que el gobierno bonaerense se haga cargo.
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“Si la Nación abandona sus responsabilidades, la Provincia defiende el patrimonio de los argentinos”, aseguró el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, en sus redes.
Y agregó: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio de unos pocos inmobiliarios”.
Chapadmalal, Embalse, Gobierno
POLITICA
Primeros indicios de desabastecimiento en la distribución de bebidas por medidas de fuerza de Camioneros
Un conflicto entre el Sindicato de Camioneros y empresas de aguas y gaseosas empezó a impactar en el abastecimiento de bebidas en Capital y el Gran Buenos Aires, con entregas incompletas y demoras en la distribución, según indicaron fuentes del sector.
La Cámara Argentina de la Industria de Bebidas Sin Alcohol (CADIBSA) advirtió este miércoles en un comunicado que el reclamo impulsado por el gremio “está generando dificultades en el normal abastecimiento de bebidas en distintos puntos del país”.
La entidad sostuvo que las empresas de transporte y distribución “trabajan con responsabilidad y de manera coordinada” para buscar una solución y “minimizar su impacto sobre la cadena de abastecimiento”.
CADIBSA agregó que la situación “ajena a la voluntad de las empresas” puede provocar demoras en las entregas y “eventuales faltantes” para clientes y consumidores.
Otras fuentes empresariales aseguraron a Infobae que los camiones de distribución regresan a sus depósitos con entre 20% y 50% de la carga sin entregar, en un problema que ya genera faltantes de productos y un aumento de reclamos de numerosos clientes en Capital y Gran Buenos Aires.
De acuerdo con estas fuentes, los camiones están realizando una sola salida por jornada y parte del stock ni siquiera sale del depósito, lo que reduce el volumen efectivamente distribuido en los comercios.
La situación afecta de forma creciente a la cartera de clientes en el área metropolitana, donde ya se registran quejas por la falta de entrega de bebidas y se pidió resolver con urgencia el conflicto que está interrumpiendo el abastecimiento de estos productos.
Por su parte, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, afirmó que la demanda consiste en el pago del presentismo y el aumento de los adicionales para los choferes y los ayudantes de este sector y se quejó de que los empresarios “siguen haciéndose los boludos, siguen mirando para otro lado y no atienden el reclamo legítimo que estamos llevando adelante”.
En un video publicado en el sitio del gremio, el hijo de Hugo Moyano dijo que finalizó sin resultados positivos una reunión virtual con las empresas Coca-Cola, Quilmes y CCU (Compañía de Cervecerías Unidas), y puntualizó: “Seguimos con el día décimo trabajando como marca nuestro convenio colectivo de trabajo”.
En la misma declaración, Moyano sostuvo que “cualquier desabastecimiento que haya de estos productos de Coca-Cola, Quilmes, agua, es responsabilidad de estas empresas, que son las dadoras de carga”.
El sindicalista ya había denunciado una disparidad en las liquidaciones salariales en plantas de distribución de bebidas por el esquema de contratación y reclamó la equiparación de adicionales para evitar “trabajadores de primera y de segunda categoría” en la actividad.
Según detalló, Quilmes paga el premio por asistencia al personal propio de línea directa y de depósitos centrales, pero excluye a los choferes que trabajan para centros concesionarios externos, y lo atribuyó a una “ingeniería contable” aplicada de forma unilateral por las empresas.
En 2005 se produjo un conflicto similar, con medidas de fuerza del Sindicato de Camioneros en demanda de aumentos salariales y pago de horas extra, que generó síntomas de desabastecimiento de bebidas gaseosas y cervezas en pequeños comercios y supermercados de la ciudad de Buenos Aires y también generó un inesperado aumento del 10 por ciento en algunos precios.
CADIBSA denunció que el gremio no acató la conciliación obligatoria ni tampoco cumple con el trabajo a reglamento. “El flujo de entrega de mercadería ha disminuido fuertemente”, consideró la entidad. Sin embargo, Pablo Moyano dijo que el sindicato “decidió acatar la conciliación obligatoria y los trabajadores volvieron a la tarea”, aunque reconoció que “se está trabajando como marca el convenio”. “Los trabajadores están cumpliendo un horario de ocho horas, y si quieren que se amplíe el horario que paguen horas extras”, dijo.
POLITICA
El Gobierno acató el pedido judicial y transfirió $590 millones al Banco Nacional de Datos Genéticos
El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla levantó la medida cautelar que instaba a la jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, a tomar medidas presupuestarias para garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Lo hizo luego de que el gobierno de Javier Milei realizara la compensación presupuestaria requerida para subsanar la situación de emergencia del organismo.
Según consta en la resolución de Ramos Padilla, la administración nacional transfirió la semana pasada $590 millones al BNDG para garantizar la continuidad de sus actividades. La entidad cumple un rol clave en las causas por apropiación de menores durante la última dictadura militar.
Con el envío de fondos ejecutado, el juez federal levantó ayer la medida cautelar en la que ordenaba al jefe de gabinete -que tiene bajo su órbita al BNDG- arbitrar los medios necesarios para que no se interrumpiera su normal funcionamiento. Considera que el monto transferido es suficiente para “superar la situación de urgencia” que habían denunciado autoridades del organismo.
La cautelar había sido emitida el pasado 14 de mayo, a pedido de los fiscales Pablo Parenti y Gonzalo Miranda, especializados en apropiación de menores y violaciones de derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Habían advertido -en línea con lo informado por la Directora General Técnica del BNDG- que la falta de fondos podía afectar el rol de auxiliar de la Justicia que hoy tiene la entidad.
Actualmente, el BNDG asiste a la Justicia en lo que refiere a “obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad” cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Se encarga de realizar estudios genéticos y preservar muestras biológicas cruciales para tales procesos.
Según explicaron los fiscales, la ley de Presupuesto nacional aprobada contemplaba apenas el 55,96% del monto requerido para garantizar el normal funcionamiento del organismo público y resultaba insuficiente para cubrir la totalidad de servicios (de limpieza, vigilancia, mantenimiento general del edificio y tratamiento de residuos patológicos) necesarios para continuar operativos.
Las autoridades del BNDG explicaron que, en este escenario, los peritajes y tareas de laboratorio para 2026 podían verse interrumpidos por no contar con recursos ni condiciones ambientales y de higiene adecuadas.
Para los fiscales intervinientes, esta “eventual demora o paralización de los peritajes genéticos no solo afectaría la continuidad del trámite de expedientes penales, sino que comprometería la responsabilidad estatal ante órganos internacionales en materia de investigación, juzgamiento y sanción de las graves violaciones de derechos humanos”.
Por este motivo, solicitaron a Ramos Padilla que dictara una medida cautelar. Así, a mediados de mayo, el juez federal ordenó a la Jefatura de Gabinete que dispusiera de manera inmediata “todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias” para asegurar el normal funcionamiento del BNDG.
Esto último incluía la preservación del Archivo Nacional de Datos Genéticos, el mantenimiento de la cadena de custodia de las muestras biológicas y de adecuadas condiciones de higiene y seguridad de la entidad. Ahora, con los $590 millones transferidos, el juez consideró que tales obligaciones quedaban cubiertas.
La agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, que había denunciado un “ahogo presupuestario” del BNDG, aún no se expidió respecto de la transferencia realizada por el gobierno de Milei ni el levantamiento de la cautelar. La organización había advertido por un “peligro de parálisis” de la entidad pública.
“El desfinanciamiento del BNDG podría generar un daño irreversible para la restitución de los nietos y nietas apropiados en dictadura, pero también para las nuevas búsquedas que se han ido incorporando a lo largo de los años de ampliación del derecho a la identidad”, habían señalado en la agrupación, antes de que Ramos Padilla dictara la cautelar. También habían solicitado la intervención del Poder Legislativo para que se revirtiera la crisis presupuestaria.
Según datos de Abuelas, el BNDG cuenta hoy en día con alrededor de 32.000 muestras genéticas ingresadas, entre los más de 1000 perfiles genéticos de madres que buscan a sus hijos, familiares de desaparecidos y hombres y mujeres que dudan de su identidad. “Se trata de una institución modelo en la identificación de personas desaparecidas y está siendo atacado desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza”, cuestionaron en la organización de derechos humanos.
https://t.co/okE9IXbsvA,pic.twitter.com/7qNx474q17,May 14, 2026,Javier Milei,Derechos Humanos,Conforme a,,»Manos de manteca». La tropa digital de Santiago Caputo denunció un pacto con el kirchnerismo en La Matanza y apuntó a Pareja,,Revés para Toviggino. Un fiscal pidió que la causa que investiga la quinta atribuida a la AFA deje el juzgado de Campana,,En el juicio. Schoklender declaró que Aníbal Fernández financió una “usina de denuncias contra Pro” y que Chávez aportó fondos a las Madres,Javier Milei,,Oficialismo sin filtros. El pudor, una institución informal,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas: reorganización del oficialismo y repercusiones del tedeum,,»Las reformas están funcionando». Delegados de Trump elogiaron al Gobierno y dieron nuevas señales de sintonía en un evento en Washington
POLITICA
Cierran Puerto Madero por una reconstrucción clave del caso Piccirillo y crecen las sospechas de un beneficio
Elías Piccirillo tacha los días. Los que lleva en prisión domiciliaria en un departamento modesto en Banfield y los días que faltan para que empiece el Mundial.
La Justicia fijó la reconstrucción de la “cama” a su exsocio Francisco Hauque, por la que está procesado, para el 10 de junio, un día antes del Mundial. La sospecha y el temor de la querella es que sea un guiño para dejar al ex de Jesica Cirio en libertad durante el Campeonato de la Copa del Mundo.
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El fiscal Franco Picardi pidió el operativo con el aval del juez Ariel Lijo. La Unidad Criminalística de Alta Complejidad de la Policía Federal (PFA) advirtió que la medida exige una logística demencial: bloquear al menos 12 accesos clave al barrio de Puerto Madero, con un masivo despliegue de efectivos.
La reconstrucción arrancará a las 9 y estiman que puede estirarse hasta las 23. Para hacer el simulacro, se necesita un auto idéntico al del caso: un Audi Q8 55 TFSI Tiptronic Quattro, año 2020. Pero no hay plata.
El Ministerio Público Fiscal dejó por escrito que no tiene dinero para pagar el alquiler del auto de lujo. La PFA tuvo que salir a rastrear agencias. Dieron con una concesionaria en Acassuso que los deja ir a tomar medidas del auto y sacar fotos, mientras consultan las especificaciones técnicas con el service oficial de Audi.
En definitiva, la fiscalía supeditó la realización del peritaje a que la propia defensa aporte el vehículo ese día.
Mientras la defensa de Piccirillo presiona por el vencimiento de los plazos, la fiscalía ratificó la extrema complejidad de la causa por la cantidad de procesados y la existencia de arrepentidos.
La querella sospecha que el operativo en la calle es la antesala de un guiño judicial para que pase el Mundial en libertad antes de que la campaña electoral largue de lleno.
Piccirillo es clave en la causa del rulo financiero y la política busca no tener sobresaltos: después del Mundial arranca la campaña.
A fines de febrero, TN anticipó que Hauque había desistido de impulsar un recurso en la Justicia para que Piccirillo volviera a la cárcel de Ezeiza, donde fue derivado desde que fue detenido en marzo de 2025. “El fiscal ya sabe por qué”, dice una fuente para explicar las razones de una aparente tregua entre Piccirillo y Hauque.
Los exsocios son investigados por la Justicia por el rulo financiero. Quedaron involucrados por los audios que aportó en un pen drive Carlos “El Lobo” Smith, un ex agente de la Policía Federal que secundaba a Piccirillo en “la cama” contra Hauque y se adhirió a la figura de “arrepentido”.
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El juez Daniel Rafecas, que está reemplazando a la jueza María Servini hasta el viernes, rechazó la unificación de las causas que están en los despachos de Lijo y Servini.
Para la jueza Servini, el perjuicio al Estado durante la gestión de Alberto Fernández fue de 607 millones de dólares. Dictó un embargo de $859.516 millones sobre los financistas y las casas de cambio involucradas. El dinero provenía de extracciones en efectivo que terminaban directamente en las cuevas del mercado paralelo.
Las casas de cambio en la mira por el rulo financiero
- Arg Exchange: La firma de Elías Piccirillo y Martín Migueles -el novio de Wanda Nara– compró y vendió más de US$ 250 millones en un año. La Justicia detectó que hacían un “pasamanos” de pesos y dólares sin justificación económica.
- Mega Latina: Es el caso más emblemático del expediente. Vendió US$ 466 millones entre enero de 2022 y agosto de 2023. Detrás operaban Juan Ignacio Agra y la contadora Valeria Fernández. También se investiga a Gallo Cambios, Arg Exchange, Stema Cambios y Ars Cambios.
SIRA y la pista política
La causa que tiene el fiscal Picardi incorporó el circuito paralelo de las autorizaciones SIRA. Los chats del teléfono secuestrado a Martín Migueles (exsocio de Piccirillo) revelan que cobraban un “rédito” de entre el 10% y el 15% de cada importación gracias a “la gente de adentro”.
El fiscal pidió identificar formalmente a los funcionarios sospechosos que operaban dentro de las estructuras que comandaban Matías Tombolini (Secretaría de Comercio), Carlos Castagneto (exAFIP), Guillermo Michel (Aduana) y Miguel Ángel Pesce (BCRA).
“La Osa se siente mal, me tengo que ir”
La trama Piccirillo-Hauque tiene aristas increíbles. En la última cena, de la supuesta traición con el operativo trucho en el Palacio Duhau, armada por Piccirillo para que la policía detuviera a Hauque y su esposa Anahí Aquino con un arma y dos kilos de cocaína, un detalle llamó la atención de los investigadores.
Piccirillo dijo que Cirio llegaría de un momento a otro. Ya el mozo le había traído el salmón. Pero Piccirillo atendió el celular y dijo que hablaba con su esposa, que no está imputada en la causa: “Osa, ya voy para allá”, se excusó ante la pareja. “La Osa se siente mal, me tengo que ir”, les dijo a Hauque y Aquino. Le pidió al mozo que le arme un paquetito con el salmón y Piccirillo salió por el subsuelo del Palacio Duhau.
Elías Piccirillo, Puerto Madero
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