POLITICA
Ley de Lobby: las tres normativas de EE.UU. en las que el Gobierno basó el proyecto y las dudas sobre su control
El Gobierno basó su proyecto de ley de Lobby en tres normas de Estados Unidos y abrió una discusión interna sobre qué organismo deberá controlar el nuevo régimen si el Congreso lo sanciona. En el Ejecutivo reconocen que el texto tomó como referencia la Lobbying Disclosure Act de 1995, la Honest Leadership and Open Government Act de 2007 y la Foreign Agents Registration Act de 1938, aunque aclaran que la adaptación fue hecha “salvando las distancias” con el sistema institucional argentino.
En la Casa Rosada niegan que la iniciativa haya respondido a un pedido de sus vínculos políticos o económicos en Washington. Sostienen que formaba parte de las reformas programáticas iniciales de La Libertad Avanza, aunque no fue incluida en la primera versión de la Ley Bases que el Gobierno envió al Congreso a fines de 2023. Según fuentes oficiales, el proyecto fue presentado internamente por Santiago Caputo y trabajado por la Secretaría Legal y Técnica, que encabeza María Ibarzabal, junto con equipos del Ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli.
El dato que llamó la atención dentro del propio Gobierno es que el Ministerio de Justicia no intervino en la confección del proyecto, pese a que el texto incluye tipologías penales, sanciones administrativas, restricciones para exfuncionarios y un capítulo específico sobre intereses extranjeros. En Balcarce 50 descartan de forma tajante que Justicia vaya a ser la autoridad de aplicación del régimen, en un contexto atravesado por la interna entre el sector de Karina Milei y el de Santiago Caputo, y por los cambios recientes en esa cartera con el desembarco de Juan Bautista Mahiques.
La comparación con Estados Unidos expone una diferencia sensible. La ley de registro de agentes extranjeros, conocida como FARA, es administrada por el Departamento de Justicia y obliga a registrar a quienes actúan en nombre de gobiernos, partidos, entidades o principales extranjeros para influir en la política pública o la opinión pública estadounidense. En cambio, la ley de divulgación del lobby de 1995 y sus modificaciones posteriores se apoyan en registros y reportes ante el Congreso: los lobbistas presentan información ante las oficinas administrativas del Senado y de la Cámara de Representantes.
El proyecto argentino mezcla elementos de esos dos mundos. Por un lado, crea registros de gestores de intereses, reportes trimestrales y publicidad de contactos, en línea con la lógica de la LDA. Por otro, incorpora una regulación específica para gestores de intereses extranjeros, con reportes especiales y sanciones agravadas cuando la actividad esté vinculada a defensa nacional, seguridad interior, inteligencia, relaciones exteriores, contratación pública, infraestructura crítica o recursos naturales, un enfoque que se acerca más a la lógica de FARA.
El punto de mayor incertidumbre está en la autoridad de aplicación. El texto establece que, en el ámbito del Poder Ejecutivo, será el organismo o jurisdicción que el propio Ejecutivo designe. Para el Poder Legislativo, en cambio, asigna esa función a las secretarías administrativas de Diputados y del Senado. En los hechos, la definición más relevante queda abierta: quién controlará el registro, fiscalizará reportes, recibirá denuncias, aplicará sanciones y requerirá información en el Ejecutivo.
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No se trata de un detalle administrativo. El proyecto le da a la autoridad de aplicación poder para verificar la veracidad de la información presentada al momento de la inscripción, exigir subsanaciones en un plazo de diez días hábiles, requerir información a sujetos obligados y gestores de intereses, fiscalizar la actividad, instruir procedimientos sancionatorios y aplicar sanciones. También podrá recibir denuncias, ordenar correcciones de registros o reportes y remitir antecedentes a órganos con competencia administrativa, política o penal.
Ese diseño abre dudas sobre la capacidad real de investigación y monitoreo que tendrá el organismo que finalmente sea designado. En Estados Unidos, el control de agentes extranjeros está vinculado al Departamento de Justicia, mientras que el sistema argentino dejaría la arquitectura inicial en manos de una autoridad administrativa a definir por reglamentación. La pregunta política es si ese organismo tendrá músculo técnico, autonomía, acceso a información sensible y coordinación con áreas de seguridad, inteligencia y justicia.
La inquietud crece por el capítulo de intereses extranjeros. El artículo 24 establece que los gestores de intereses extranjeros deberán presentar, además de los reportes trimestrales, otros requerimientos o informes cuando existan razones fundadas de transparencia institucional, defensa nacional, seguridad interior, inteligencia nacional, relaciones exteriores u otros motivos de interés público. Esa redacción cruza la regulación del lobby con áreas que normalmente involucran información reservada, inteligencia estratégica o seguridad del Estado.
El texto también dialoga con otra agenda del Gobierno: la reforma electoral. En Balcarce 50 impulsan una modificación que busca prohibir la contratación de consultores extranjeros en campañas políticas. En paralelo, el proyecto de lobby crea una categoría especial para la representación de intereses extranjeros y obliga a declarar beneficiarios, clientes o principales del exterior. La combinación de ambos temas muestra una preocupación más amplia del oficialismo por la influencia externa en decisiones públicas, campañas y procesos regulatorios.
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La iniciativa además introduce restricciones para exfuncionarios. Quienes hayan ocupado cargos públicos no podrán actuar como gestores de intereses durante 24 meses ante el organismo donde se desempeñaron ni sobre asuntos en los que hubieran intervenido por su función. También se extiende la restricción a personas jurídicas vinculadas cuando el exfuncionario dirija, administre, represente o controle la voluntad social de la empresa.
El capítulo penal es otro punto fuerte del proyecto. La gestión clandestina de intereses prevé penas de seis meses a dos años de prisión e inhabilitación especial para quien realice lobby sin estar inscripto. La falsedad u ocultamiento agravado contempla sanciones para quien presente reportes o documentos falsos con el objetivo de ocultar al verdadero representado, cliente, beneficiario o principal extranjero. La representación clandestina de intereses extranjeros eleva la pena hasta tres años cuando la gestión busque influir en decisiones vinculadas a defensa, seguridad, inteligencia, relaciones exteriores, contratación pública, infraestructura crítica o recursos naturales.
También se penaliza la obstrucción dolosa de la fiscalización, con multas de 100 a 2000 salarios mínimos e inhabilitación especial de uno a cuatro años para quien oculte, destruya, altere o suprima documentación obligatoria requerida por la autoridad de aplicación. Esa combinación de sanciones administrativas y penales refuerza la pregunta sobre qué área del Estado tendrá a su cargo la primera capa de control.
La Argentina ya tenía antecedentes en la materia. El Decreto 1172/03 estableció un régimen de publicidad de audiencias de gestión de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo, pero no creó una ley integral de lobby ni un sistema equivalente para el Poder Legislativo. Ese decreto tuvo como antecedente debates impulsados por la Oficina Anticorrupción a comienzos de los 2000, cuando se discutieron proyectos sobre acceso a la información, audiencias públicas, elaboración participativa de normas y gestión de intereses.
Gobierno, Estados Unidos
POLITICA
El Gobierno sostiene a Adorni, pero desconfía del compromiso de Bullrich para defenderlo en el Senado
El Gobierno sigue decidido a sostener en el cargo a Manuel Adorni, a pesar de que las más recientes explicaciones del jefe de Gabinete, lejos de blindarlo, terminaron de convencer al arco político de activar los resortes institucionales para forzar su salida.
Javier y Karina Milei se quedaron en silencio después de la entrevista que le dio Adorni a LN+, y que funcionó como parteaguas. Las contradictorias versiones del jefe de Gabinete sobre el crecimiento de su patrimonio provocaron que incluso miembros del propio oficialismo -por Patricia Bullrich- lo repudiaran. Pero la cúpula del Gobierno dejó trascender off the record que Adorni se mantiene intacto como ministro coordinador, e inclusive que planean que retome nuevamente sus conferencias de prensa con anuncios de gestión a partir de la semana que viene.
En paralelo a esta pulsión por fingir demencia, a lo largo y ancho del oficialismo se impuso ayer una sensación de abatimiento y preocupación por la embestida opositora en el Congreso, donde desde los distintos partidos presentaron sendos pedidos de interpelación y una moción de censura que podrían determinar una salida forzada de Adorni.
Una de las preocupaciones centrales en Balcarce 50 surge por la sospecha de que Patricia Bullrich, que le marcó la cancha a Adorni dos veces, no trabaje para reunir los votos que le permitan a los Milei resistir la arremetida del kirchnerismo. La jefa del bloque de senadores libertarios se llamó a silencio después de sacudir el tablero del oficialismo y transformarse en la única referente del Gobierno dispuesta a plantear públicamente una crítica directa a Adorni. Y en su entorno, evasivos, aseguraron que por ahora no se sentó a evaluar cómo procederá en el Senado.
Una posibilidad de salvataje para el Gobierno sería que los karinistas Martín y Lule Menem, junto al ministro del Interior, Diego Santilli, se dediquen a reunir los votos con los gobernadores más allá de Bullrich. Pero la eventual reticencia de la jefa del bloque de LLA en el Senado los inquieta.
El panorama luce desolador para el oficialismo. Todavía ven en el horizonte un margen de negociación con los gobernadores aliados y con algunos radicales. Pero vislumbran una muy probable negativa a ayudarlos de parte de los aliados de PRO y de la UCR, como del llamado “cordobesismo”. Y el antecedente reciente del fracaso de los Menem para retirar el pliego de la jueza Verónica Michelli en el Senado, la semana pasada, les augura problemas. Creen que están muy lejos de conseguir las voluntades para proteger a Adorni.
Además, en el Gobierno temen por la inminencia de un desenlace negativo forzado. Adorni buscó dilatar los tiempos y postergar su informe de gestión ante el Senado hasta “julio”, pero sin fijar fecha. Y la moción de censura podría demorarse algunas semanas, en caso de que se trate en la comisión de Asuntos Constitucionales. Pero hay temor en LLA por la posibilidad de que la oposición logre tratar sobre tablas la moción de censura contra Adorni, lo cual podría precipitar una definición.
En caso de que Adorni fuera destituido, se pregunten en La Libertad Avanza, ¿Milei volvería a designarlo como jefe de Gabinete? En la Casa Rosada no contestan a esa pregunta, que les parece propia de una realidad distópica. Pero en LLA deslizaron que la Constitución no lo prohíbe.
Mientras hacen proyecciones de posibles escenarios, en el Gobierno se impone el mutis por el foro. Solo en off the record ningunearon el comunicado donde el PRO prácticamente pidió remover a Adorni. “Son posiciones partidarias. No interferimos”, sostuvieron cerca de Karina Milei.
Milei rechaza la presión de Macri para echar a Adorni. Pero puertas adentro se pimponean nombres Para su eventual reemplazo. Unos apuestan por el canciller, Pablo Quirno, pero muchos están convencidos de que de no hay lugar para a otro que no sea Martín Menem, quizá el karinista más puro. Y hay quienes mencionan a la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, de buena relación con los hermanos presidenciales. Por lo pronto Adorni está resguardado al calor de sus jefes y no parece registrar que el resto de los propios le quitaron el apoyo.
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POLITICA
El oficialismo apura la fecha para que Manuel Adorni brinde su informe de gestión en el Senado
La fecha para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, concurra al Senado a brindar su informe de gestión aparece como una posible salida a la presión de la oposición. La propuesta será llevada por la senadora Patricia Bullrich, jefa del oficialismo, a la reunión de Labor Parlamentaria convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel para el miércoles 17 a las 18.
Según pudo saber TN al consultar a una alta fuente libertaria, el planteo busca responder a una de las principales quejas de los bloques opositores: saber cuándo Adorni asistirá al Congreso. La Cámara alta tiene previsto sesionar el jueves 18 con una agenda que incluye temas de interés del oficialismo, aunque la oposición dialoguista pidió antes resolver la situación del ministro coordinador.
La presión de Villarruel y el reclamo opositor
“Esta obligación es, al menos, una vez al mes. Sin embargo, el jefe de Gabinete no lo hace desde que asumiera en noviembre del 2025”, planteó Villarruel al convocar a los jefes de bancada para la semana próxima.
La agenda del Senado incluye el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, solicitado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y los pliegos ya dictaminados para cubrir cargos judiciales, principalmente en el fuero laboral. Sin embargo, la discusión quedó atravesada por el pedido para que Adorni se presente ante la Cámara alta.
Fijar una fecha para su exposición podría funcionar como una primera salida política ante la presión legislativa.
La declaración jurada que complicó al jefe de Gabinete
La situación política de Adorni se agravó a partir de la presentación de su declaración jurada de bienes y de sus declaraciones periodísticas para justificar el ocultamiento de 500.000 dólares en sus presentaciones anteriores.
A los cuestionamientos de sectores aliados como la UCR y el PRO se sumaron también dirigentes referenciados en Juan Schiaretti y Carlos Gutiérrez desde la Cámara de Diputados.
En el Senado, las bancadas del PRO y de la UCR, que lideran Martín Goerling Lara y Eduardo Vischi, también solicitaron la presencia del ministro en el recinto.
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“Adorni nunca vino a rendir cuentas”, señaló Goerling Lara, y recordó que la última presentación de un jefe de Gabinete en la Cámara alta fue el 26 de junio de 2025, cuando concurrió el entonces ministro Guillermo Francos.
Los pedidos de interpelación son impulsados por la oposición más dura en ambas cámaras del Congreso. En el Senado ingresó una presentación firmada por legisladores del interbloque Justicialista, entre ellos José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Martín Soria.
En Diputados, los reclamos fueron acompañados por Unión por la Patria, la Coalición Cívica, los radicales críticos, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota.
El jefe de UxP, Germán Martínez, encabezó la presentación: “Manuel Adorni le mintió en la cara a los 47 millones de argentinos y a los 257 diputados nacionales. Es urgente aplicar el art. 101 de la Constitución Nacional”, dijo.
El artículo 101 de la Constitución Nacional establece las facultades y obligaciones del jefe de Gabinete. Entre ellas, habilita al Congreso a interpelarlo, someterlo a una moción de censura y, eventualmente, removerlo mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras.
En la misma línea, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro pidió directamente su remoción: “Los argentinos no merecen un jefe de Gabinete que miente descaradamente para “justificar” su patrimonio. Es inadmisible que siga en su cargo”.
Manuel Adorni, Senado, Patricia Bullrich
Los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, denunciaron al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la presunta comisión del delito de omisión maliciosa en sus declaraciones juradas patrimoniales de los años 2024 y 2025.
La presentación judicial sostiene que el funcionario habría incurrido en el delito de falsedad ideológica al ocultar deliberadamente activos e inmuebles durante su gestión, contraviniendo los principios de transparencia exigidos por la Ley de Ética Pública.
En el texto de la denuncia, los legisladores subrayan que Adorni, quien posee formación profesional como contador, atribuyó las omisiones a un “error involuntario” por desconocimiento de las obligaciones legales.
Sin embargo, la presentación desestima el argumento y sostiene que el ocultamiento de bienes —que incluyen criptomonedas, dinero en efectivo y propiedades— evidencia una “intención deliberada” de eludir tanto los controles de legalidad como las obligaciones tributarias correspondientes.
Todavía no se sorteó el juzgado que definirá si avanza con la nueva denuncia, pero es posible que finalmente quede en manos del juez Ariel Lijo, quien tiene en su poder las otras denuncias.
La denuncia también hace foco en el perjuicio institucional generado por las declaraciones públicas del funcionario, quien pasó de afirmar que su patrimonio estaba correctamente declarado a admitir ante la opinión pública que mantenía activos fuera del circuito formal.
Adorni reconoció el miércoles pasado que escondió ingresos en sus declaraciones juradas por unos US$500.000; según él, provenientes de una inversión previa a llegar al Gobierno. Aspira a que eso lo ayude en su causa por enriquecimiento ilícito, donde debe explicar el salto en su nivel de vida, pero quedó al límite de la confesión de otro delito: el de omisión maliciosa.
El artículo 268 (3) del Código Penal castiga a quien, por su cargo, “estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo” y a quien «maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas».
La pena de la “omisión maliciosa” es de quince días a dos años de prisión y de inhabilitación perpetua. Es un delito más leve que el de enriquecimiento ilícito, que Adorni aspira a eludir con esta admisión.
En la investigación que está en marcha en los tribunales de Comodoro Py ya estaba claro que los ingresos declarados por él no bastaban para explicar los más de 406.681 US$ en gastos -sin contar los corrientes- que se le detectaron desde que es funcionario. A eso se suman los 335.000 US$ en nuevas deudas. Tal como informó , a los investigadores los números no les cierran (sobre todo, los gastos) y el fiscal Gerardo Pollicita se preparaba para avanzar contra Adorni con un requerimiento para que justifique sus bienes.
reconoció el miércoles pasado,Manuel Adorni,Conforme a,Manuel Adorni,,Análisis. La “ocultación” como política de Estado,,Minuto a minuto. Santilli, ministro del Interior, se reunió con los gobernadores de Chaco y San Juan,,Repercusiones del caso Adorni. La publicación de Elisa Carrió sobre el Gobierno y la corrupción
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