POLITICA
Ley de Lobby: las tres normativas de EE.UU. en las que el Gobierno basó el proyecto y las dudas sobre su control
El Gobierno basó su proyecto de ley de Lobby en tres normas de Estados Unidos y abrió una discusión interna sobre qué organismo deberá controlar el nuevo régimen si el Congreso lo sanciona. En el Ejecutivo reconocen que el texto tomó como referencia la Lobbying Disclosure Act de 1995, la Honest Leadership and Open Government Act de 2007 y la Foreign Agents Registration Act de 1938, aunque aclaran que la adaptación fue hecha “salvando las distancias” con el sistema institucional argentino.
En la Casa Rosada niegan que la iniciativa haya respondido a un pedido de sus vínculos políticos o económicos en Washington. Sostienen que formaba parte de las reformas programáticas iniciales de La Libertad Avanza, aunque no fue incluida en la primera versión de la Ley Bases que el Gobierno envió al Congreso a fines de 2023. Según fuentes oficiales, el proyecto fue presentado internamente por Santiago Caputo y trabajado por la Secretaría Legal y Técnica, que encabeza María Ibarzabal, junto con equipos del Ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli.
El dato que llamó la atención dentro del propio Gobierno es que el Ministerio de Justicia no intervino en la confección del proyecto, pese a que el texto incluye tipologías penales, sanciones administrativas, restricciones para exfuncionarios y un capítulo específico sobre intereses extranjeros. En Balcarce 50 descartan de forma tajante que Justicia vaya a ser la autoridad de aplicación del régimen, en un contexto atravesado por la interna entre el sector de Karina Milei y el de Santiago Caputo, y por los cambios recientes en esa cartera con el desembarco de Juan Bautista Mahiques.
La comparación con Estados Unidos expone una diferencia sensible. La ley de registro de agentes extranjeros, conocida como FARA, es administrada por el Departamento de Justicia y obliga a registrar a quienes actúan en nombre de gobiernos, partidos, entidades o principales extranjeros para influir en la política pública o la opinión pública estadounidense. En cambio, la ley de divulgación del lobby de 1995 y sus modificaciones posteriores se apoyan en registros y reportes ante el Congreso: los lobbistas presentan información ante las oficinas administrativas del Senado y de la Cámara de Representantes.
El proyecto argentino mezcla elementos de esos dos mundos. Por un lado, crea registros de gestores de intereses, reportes trimestrales y publicidad de contactos, en línea con la lógica de la LDA. Por otro, incorpora una regulación específica para gestores de intereses extranjeros, con reportes especiales y sanciones agravadas cuando la actividad esté vinculada a defensa nacional, seguridad interior, inteligencia, relaciones exteriores, contratación pública, infraestructura crítica o recursos naturales, un enfoque que se acerca más a la lógica de FARA.
El punto de mayor incertidumbre está en la autoridad de aplicación. El texto establece que, en el ámbito del Poder Ejecutivo, será el organismo o jurisdicción que el propio Ejecutivo designe. Para el Poder Legislativo, en cambio, asigna esa función a las secretarías administrativas de Diputados y del Senado. En los hechos, la definición más relevante queda abierta: quién controlará el registro, fiscalizará reportes, recibirá denuncias, aplicará sanciones y requerirá información en el Ejecutivo.
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No se trata de un detalle administrativo. El proyecto le da a la autoridad de aplicación poder para verificar la veracidad de la información presentada al momento de la inscripción, exigir subsanaciones en un plazo de diez días hábiles, requerir información a sujetos obligados y gestores de intereses, fiscalizar la actividad, instruir procedimientos sancionatorios y aplicar sanciones. También podrá recibir denuncias, ordenar correcciones de registros o reportes y remitir antecedentes a órganos con competencia administrativa, política o penal.
Ese diseño abre dudas sobre la capacidad real de investigación y monitoreo que tendrá el organismo que finalmente sea designado. En Estados Unidos, el control de agentes extranjeros está vinculado al Departamento de Justicia, mientras que el sistema argentino dejaría la arquitectura inicial en manos de una autoridad administrativa a definir por reglamentación. La pregunta política es si ese organismo tendrá músculo técnico, autonomía, acceso a información sensible y coordinación con áreas de seguridad, inteligencia y justicia.
La inquietud crece por el capítulo de intereses extranjeros. El artículo 24 establece que los gestores de intereses extranjeros deberán presentar, además de los reportes trimestrales, otros requerimientos o informes cuando existan razones fundadas de transparencia institucional, defensa nacional, seguridad interior, inteligencia nacional, relaciones exteriores u otros motivos de interés público. Esa redacción cruza la regulación del lobby con áreas que normalmente involucran información reservada, inteligencia estratégica o seguridad del Estado.
El texto también dialoga con otra agenda del Gobierno: la reforma electoral. En Balcarce 50 impulsan una modificación que busca prohibir la contratación de consultores extranjeros en campañas políticas. En paralelo, el proyecto de lobby crea una categoría especial para la representación de intereses extranjeros y obliga a declarar beneficiarios, clientes o principales del exterior. La combinación de ambos temas muestra una preocupación más amplia del oficialismo por la influencia externa en decisiones públicas, campañas y procesos regulatorios.
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La iniciativa además introduce restricciones para exfuncionarios. Quienes hayan ocupado cargos públicos no podrán actuar como gestores de intereses durante 24 meses ante el organismo donde se desempeñaron ni sobre asuntos en los que hubieran intervenido por su función. También se extiende la restricción a personas jurídicas vinculadas cuando el exfuncionario dirija, administre, represente o controle la voluntad social de la empresa.
El capítulo penal es otro punto fuerte del proyecto. La gestión clandestina de intereses prevé penas de seis meses a dos años de prisión e inhabilitación especial para quien realice lobby sin estar inscripto. La falsedad u ocultamiento agravado contempla sanciones para quien presente reportes o documentos falsos con el objetivo de ocultar al verdadero representado, cliente, beneficiario o principal extranjero. La representación clandestina de intereses extranjeros eleva la pena hasta tres años cuando la gestión busque influir en decisiones vinculadas a defensa, seguridad, inteligencia, relaciones exteriores, contratación pública, infraestructura crítica o recursos naturales.
También se penaliza la obstrucción dolosa de la fiscalización, con multas de 100 a 2000 salarios mínimos e inhabilitación especial de uno a cuatro años para quien oculte, destruya, altere o suprima documentación obligatoria requerida por la autoridad de aplicación. Esa combinación de sanciones administrativas y penales refuerza la pregunta sobre qué área del Estado tendrá a su cargo la primera capa de control.
La Argentina ya tenía antecedentes en la materia. El Decreto 1172/03 estableció un régimen de publicidad de audiencias de gestión de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo, pero no creó una ley integral de lobby ni un sistema equivalente para el Poder Legislativo. Ese decreto tuvo como antecedente debates impulsados por la Oficina Anticorrupción a comienzos de los 2000, cuando se discutieron proyectos sobre acceso a la información, audiencias públicas, elaboración participativa de normas y gestión de intereses.
Gobierno, Estados Unidos
POLITICA
Tensión por Malvinas: Londres publicó una guía para “proteger” a las empresas de las sanciones del gobierno argentino
El Reino Unido publicó este martes una guía oficial en la que respalda toda actividad económica legítima en las Islas Malvinas y descarta que Argentina tenga derecho a ejercer jurisdicción sobre las empresas que operan en el archipiélago, en la primera respuesta directa -y oficial- a las sanciones y advertencias que impulsó el presidente Javier Milei en las últimas dos semanas.
El documento, divulgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) del gobierno británico y denominado “Hacer negocios con las Islas Malvinas”, afirma que la ley argentina no tiene aplicación dentro de las islas ni sobre las compañías o personas que realizan negocios allí. “Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland (SIC)”, se afirma en el texto.
Además, señala que el Reino Unido no encuentra fundamento legal para que los tribunales de cualquier país fuera de Argentina puedan ejercer jurisdicción legítima respecto de las medidas que Buenos Aires adopte. A través de esta guía, el gobierno británico recordó que sanciones anteriores impuestas por distintas administraciones argentinas estuvieron vigentes durante años sin impedir el crecimiento de la economía de las islas, y que la situación actual no difiere de ese historial.
La publicación se produce 11 días después de la cadena nacional donde Milei anunció su intención de enviar al Congreso un proyecto de ley de “defensa de la soberanía nacional” con sanciones económicas más severas para las empresas que extraigan petróleo en aguas que Argentina considera propias. Y avanzar en este sentido contra empresarios y firmas que operan en Malvinas.
En aquel momento, el mandatario calificó al yacimiento Sea Lion -un campo de petróleo en aguas profundas ubicado a unos 220 kilómetros (140 millas) al norte de las islas- como “un peligro claro e inmediato” para los intereses del país. La iniciativa apunta directamente al consorcio Rockhopper–Navitas, que prevé iniciar la extracción en 2028, en el marco de un proyecto que apunta a extraer en una primera fase 170 millones barriles.
La propuesta legislativa incluiría penalidades para proveedores, accionistas y directores, y podría prohibirles operar o firmar contratos en territorio argentino. Rockhopper, en tanto, señaló en un comunicado que no espera que el anuncio tenga un “efecto material” en el desarrollo del proyecto.
La guía que difundió el gobierno británico sostiene que no discutirá la soberanía sobre las islas a menos que los propios isleños así lo deseen, posición que mantiene desde que el Reino Unido administra el archipiélago de forma ininterrumpida desde 1833, con la excepción del conflicto armado de 1982. El texto reafirma que el derecho a la autodeterminación de los isleños incluye la facultad de explotar sus propios recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, bajo la regulación del Gobierno de las Islas Malvinas y en conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
En la práctica, la guía traza tres líneas de acción concretas para las empresas. Primero, establece que las actividades reguladas por la legislación de las islas son plenamente legítimas y que ningún tribunal fuera de Argentina tiene base para ejecutar las medidas de Buenos Aires. Segundo, recomienda que toda compañía o individuo que reciba correspondencia o amenazas de acción legal por parte de las autoridades argentinas obtenga asesoramiento legal independiente sobre sus circunstancias particulares.
Tercero, ofrece intervención directa del gobierno británico: donde una compañía, una subsidiaria o un proveedor enfrente presiones en un tercer país por su actividad legítima en las islas, el FCDO está dispuesto a hacer valer su postura ante esa empresa de forma directa.
Por otro lado, el canciller argentino Pablo Quirno salió a interpretar a su favor otro frente abierto en el Reino Unido. Ayer, los jefes de gobierno de Escocia, Gales e Irlanda del Norte —John Swinney, Rhun ap Iorwerth y Michelle O’Neill, respectivamente— suscribieron en Cardiff un memorando en el que afirman que el derecho a la autodeterminación corresponde a sus naciones y que la democracia no puede quedar condicionada por la negativa del Parlamento británico a autorizar procesos de consulta.
Quirno, que expuso en la apertura del Día de la Exportación organizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), afirmó que esa declaración conjunta es “una excelente noticia” para Buenos Aires. “Que el Reino Unido defienda la integralidad territorial es una excelente noticia, porque es lo que nosotros también hemos reclamado siempre”, sostuvo el funcionario. El canciller reconoció que esos movimientos “le dan otra relevancia” al reclamo soberano argentino, aunque evitó pronunciarse sobre los asuntos internos del Reino Unido.
Consultado sobre eventuales quejas diplomáticas por las sanciones impuestas a las empresas petroleras que participan del proyecto Sea Lion, Quirno descartó que haya habido reclamos: “No ha habido absolutamente ninguna queja. Argentina está a derecho, cumpliendo con su legislación y tratando de agregar herramientas para la mejor defensa de nuestros intereses en Malvinas”, afirmó. El canciller también expresó confianza en que el Congreso apruebe el proyecto de ley impulsado por Milei, al que describió como una herramienta para “mejorar las condiciones que tenemos para defender nuestra soberanía”.
Mientras el gobierno británico publicaba su guía, en Buenos Aires la administración libertaria afina la redacción del proyecto. El documento se encuentra en la Secretaría Legal y Técnica bajo revisión final de la secretaria María Ibarzabal Murphy, que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, informó Infobae. El envío al Congreso, que el Gabinete había previsto para el inicio de la semana, se demoró por los ajustes técnicos pendientes, y el oficialismo espera girar el proyecto esta semana.
Diplomacy / Foreign Policy,South America / Central America
POLITICA
Reino Unido desafía a la Argentina y anuncia proteción a las empresas que operan en Malvinas
El gobierno de Reino Unido publicó este martes una guía para “proteger” a las empresas que se encuentran en las islas Malvinas de las sanciones establecidas por el gobierno argentino.
En un documento publicado en el sitio oficial de la administración, incentivaron a las compañías a trabajar en las islas y hablaron de actividad económica “legítima” en el archipiélago. En el texto también apuntaron fuertemente contra la Argentina y argumentaron que no tiene jurisdicción para aplicar la ley en las islas.
“El Gobierno del Reino Unido apoya toda actividad económica legítima en las Islas Malvinas y celebra el continuo interés y la participación del sector privado en las islas”, expresaron.
La guía está destinada a empresas y particulares que buscan realizar negocios u otra actividad económica en el archipiélago; suministrar bienes o servicios a las islas Malvinas; o que están involucradas de alguna otra manera (directa o indirectamente) en el desarrollo de la economía de las islas, incluida la explotación de sus recursos naturales.
“El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, para su propio beneficio económico. Esto forma parte integral de su derecho a la autodeterminación”, aseguraron.
Hace dos semanas el presidente Javier Milei anunció el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operan en el archipiélago y el envío de un proyecto de ley al Congreso sobre la soberanía nacional. Señaló que el Estado argentino tiene la obligación de usar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para “defender la soberanía y los recursos” del país.
Noticia en desarrollo.
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LA PLATA. – La marcha convocada para conmemorar el secuestro y la desaparición forzada de un grupo de estudiantes secundarios durante la última dictadura militar, suscitó controversia entre los distintos sectores del peronismo.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participará este miércoles de marcha por los 50 años de la Noche de los Lápices, un raid de secuestros de una decena de estudiantes secundarios registrada durante la última dictadura, en 1976.
En tanto, La Cámpora llamó a movilizar en la misma conmemoración popular, bajo la bandera de la libertad de Cristina Kirchner. Alineada, la Federación de Estudiantes Secundarios (FES) convocó bajo el lema: “Patriotas y Valientes para cambiar la Argentina. Ayer por Perón hoy por Cristina”.
El homenaje será mañana, a las 14.30, en la Plaza Olazábal, de La Plata.
La marcha será una sola, pero hay tensión entre los sectores que no lograron unificar las consignas a futuro, más allá de la reivindicación por los sucesos del pasado.
El gobernador enfrenó críticas de La Cámpora por negar financiamiento estatal a micros escolares para que los estudiantes secundarios identificados con el liderazgo de Cristina Kirchner puedan asistir a la movilización que se desarrollará por las calles de esta capital.
Estudiantes de la FES un plenario previo criticaron a la dirección de Juventudes, que conduce Ayelén López bajo la órbita del ministerio de Desarrollo Humano, a cargo de Andrés Larroque, por negarse a pagar colectivos para sumar militantes adeptos.
Ante las críticas de los sectores estudiantiles peronistas que alzaron la voz contra el estado provincial, Kicillof cerrará esta tarde un Congreso Federal e Internacional de Juventudes en esta capital, bajo el auspicio del intendente local, Julio Alak.
El propio gobernador marchará, como lo hizo desde que asumió junto a las juventudes nucleadas desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que conduce Larroque. Antes se mostrará con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
En tanto el movimiento estudiantil secundario vinculado a La Cámpora identificado como Red Nacional de Centros de Estudiantes (ReNaCe), convocó a la marcha de mañana bajo la consigna “Patriotas y valientes para cambiar la historia: Romper la proscripción para cambiar la Argentina”, habrá actividades en distintos puntos del país, con una movilización central en La Plata.
“Nos juntamos a discutir la escuela que soñábamos de la mano de Cristina, una compañera que nos permitía soñar. Hoy los pibes van a la escuela con hambre, no pueden pagar el boleto, leen desde un celular porque no pueden pagar las fotocopias, sus padres se endeudan para comprarles una mochila y las escuelas se caen a pedazos”, dijo Alma Parla Hair, presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios de la provincia de Buenos Aires. Y concluyó: “Cristina está presa, pero nosotros seguimos organizándonos, porque luchar por su liberación también es luchar por el país que queremos”.
Desde la Union de Estudiantes Secundarios de La Plata se llamó a una vigilia esta noche y a marchar el miércoles y reclamar también por la libertad de Cristina Kirchner. Esta organización visitó a la ex presidenta en su domicilio de detención en San José 1111 y luego lanzó una convocatoria bajo la consigna “Contra el FMI y los vendepatria, 30.000 razones para liberar a Cristina”.
La Noche de los Lápices
El 16 de septiembre es una jornada de memoria sobre la privación ilegítima de libertad contra un grupo alumnos secundarios durante la dictadura militar.
Hace 50 años, el 16 de septiembre de 1976 cinco estudiantes secundarios identificados como Claudia Falcone, y Francisco López Muntaner de 16 años; Horacio Ungaro de 17, María Clara Ciocchini, y Daniel Racero -los dos de 18 años y militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios- fueron secuestrados por reclamar por el boleto estudiantil.
La redada había comenzado el 4 de septiembre con la detención de Víctor Treviño, militante de la Juventud Guevarista, que al igual que los estudiantes secuestrados el 16 de septiembre continúa desaparecido. El 8 de septiembre fue secuestrado Gustavo Calotti también de la Juventud Guevarista y de la UES. El 15 de septiembre fue detenido Horacio Acha, que continúan desparecido.
El 17 de septiembre, en plena madrugada fueron secuestradas a Emilce Moler. Al poco tiempo, el 21 de septiembre, Pablo Díaz , entonces de 18 años, fue secuestrado en este raid que se pasó a la historia como La Noche de los Lápices.
“Es cansador esta confrontación interna”, dijo Díaz, que mañana asistirá a la marcha. “Espero que se resuelva la polarización y se organice: la causa lo amerita”.
Díaz estuvo detenido en el Pozo de Banfield junto a los estudiantes secuestrados el 16 de septiembre de 1976 que permanecen desaparecidos. “Estuvimos en el Pozo al cuidado de mujeres embarazadas. Vivíamos en un calabozo encerrados sin luz. A mi me sacaron. A ellos los mataron de un tiro”, dijo Díaz a .
El testimonio de Díaz fue clave en los Juicio a la Juntas y Juicios de la Verdad, donde tuvo careos con ex militares.
Esta tarde la Universidad Nacional de La Plata rendirá un homenaje a los estudiantes secuestrados mediante la Secretaria de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad, que entregará un doctorado honoris causa a sobrevivientes y familiares de desaparecidos.
Se hará entrega del Doctorado Honoris Causa a Díaz, -sobreviviente del Pozo de Banfiel- junto a familiares de Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone, Claudio De Acha, Horacio Ungaro, Daniel Alberto Racero, María Clara Ciocchini y Víctor Treviño todos ellos estudiantes detenidos-desaparecidos.
También recibirá el honoris causa Emilce Moler y Gustavo Calotti sobrevivientes del terrorismo de Estado, que permanecieron detenidos en otros centros clandestinos distintos al Pozo de Balfield y que fueron liberados.
Verónica Cruz desde la Universidad Nacional de La Plata, precisó que esta casa de estudios registra 800 personas detenidas desaparecidas en la última dictadura: “Nosotros en realidad iniciamos lo que se llama un ciclo especial ‘A 50 años del Golpe’ en la UNLP, en marzo del 2026, tratando de reconstruir y reivindicar ahí en nuestra agenda las diferentes luchas porque nuestra universidad tiene casi 800 personas detenidas desaparecidas y asesinadas por la última dictadura, incluso personas que fueron víctimas antes de 1976”.
De acuerdo a la investigación de la UNLP la larga noche de los lápices también tuvo por víctimas a Juan Cristobal Mainer, detenido el 29 de septiembre de 1976, Nilda Eloy, el primero de octubre de 1976. A Graciela Torrano, Alejandro Di Sio, Domingo Cáceres y Abel Fuks.
María José Lucesole,PJ Partido Justicialista,Conforme a
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