En los últimos meses el cierre de empresas se ha convertido en un dato habitual y contundente de la administración libertaria. Más allá de la discusión de si se trata de una reconversión económica-laboral de estos tiempos, lo cierto es que los despidos le agregan un ingrediente por demás picante a la difícil situación que atraviesan varios sectores de la sociedad.

En esa ola de conflictos hay algunos que encuentran una solución que, con el tiempo, veremos si es total o parcial. En este caso hablamos de la empresa de logística Express Beer, que anunció el cese de sus actividades, cesanteando a unos 220 trabajadores y trabajadoras. Después del anuncio, el Sindicato de Choferes de Camiones declaró el estado de alerta y movilización, advirtiendo que podrían disponer la paralización en la actividad de Aguas y Gaseosas.

Estado de alerta y amenaza de medidas de fuerza

Express Beer prestaba servicios para Cervecería y Maltería Quilmes. Esto motivó el reclamo del secretario Adjunto del gremio, Pablo Moyano, quien ratificó el compromiso de «defender cada uno de los puestos de trabajo y acompañar a las familias afectadas», resaltando que los despedidos «cuentan con una antigüedad promedio de 26 años de servicio«. Moyano además solicitó la intervención de los directivos de Quilmes para encontrar una salida frente a los despidos.

En un comunicado, el sindicato de Camioneros planteó que «durante décadas, el personal desempeñó sus tareas con responsabilidad y compromiso, prestando servicios para Cervecería y Maltería Quilmes», señalando que «sin embargo, el propietario de la firma, Juan Aguilar, decidió el cierre de la empresa sin brindar respuestas acordes a la gravedad de la situación, dejando a cientos de familias en la incertidumbre».

Asimismo, exigió «el cumplimiento de todas las obligaciones laborales», detallando que las comisiones internas de las siguientes empresas -que también prestan servicios para Cervecería y Maltería Quilmes- expresaron su solidaridad:

Todas acompañan «la lucha de los compañeros de Express Beer», respaldando el reclamo «en defensa de los puestos de trabajo y reafirmando la unidad de la familia camionera frente a este difícil momento ante la falta de pago de sueldos y aguinaldo que golpea a los trabajadores».

Pagan los salarios hasta la llegada de una nueva empresa

En medio de los reclamos y advertencias de medidas de fuerza, la dirigencia gremial mantuvo reuniones con los empresarios hasta que llegó el acuerdo. Moyano anunció que «Quilmes abonó los sueldos y el aguinaldo», y detalló que la totalidad del personal de Express Beer continuará cobrando sus salarios hasta que una nueva empresa garantice la continuidad laboral.

El dirigente sostuvo que «sin lugar a dudas es un avance importante ya que después del cierre de la empresa no teníamos nada» y agregó: «Los trabajadores están confiados en el gremio que nunca los dejó tirados y mucho menos en esta situación tan crítica que vive el país».

Se estima que a partir del lunes comenzarán las gestiones entre las partes, en tanto que fuentes gremiales indicaron a iProfesional que estarán atentos a una posible venta de Express Beer, al tiempo que solicitaron la intervención de la secretaría de Trabajo. «Más allá del compromiso de Quilmes, hay que darle una seguridad jurídica a los 220 empleados que vivieron semanas de incertidumbre», apuntaron.

A fines de junio, el Sindicato de Camioneros y las empresas Coca-Cola y Quilmes llegaron a un acuerdo que beneficia a unos 2.500 empleados nucleados en la rama Aguas y Gaseosas. La mejora consiste en un adicional por presentismo que no solo llega a los choferes, sino también a sus respectivos ayudantes de distribución, cubriendo tanto al personal contratado de manera directa por las firmas matrices como a las tripulaciones que prestan servicios bajo el paraguas de las empresas concesionarias y distribuidoras tercerizadas.

Esta semana ocurrió algo que Argentina no veía desde hace tiempo. La última vez que el Estado presentó formalmente un programa financiero fue en 2018, con Luis Caputo al frente del entonces Ministerio de Finanzas. Ocho años más tarde, el mismo funcionario, ahora como ministro de Economía, volvió a poner necesidades y fuentes sobre la mesa.

Más allá de los números, el hecho relevante es institucional: un programa financiero es, ante todo, un ejercicio de transparencia. El Tesoro explicita sus supuestos, se compromete con una secuencia y acepta ser auditado.

Ahora bien, un plan es un plan. La táctica puede ajustarse cuantas veces haga falta. Por eso, resulta relevante ver cuáles son sus supuestos (y qué tan ambiciosos son) para identificar cuáles podrían ser los márgenes de maniobra. Lo único innegociable para el Gobierno es el objetivo de fondo: cumplir con la deuda. Todo lo demás parece instrumentación.

El esquema ya es conocido a esta altura de la semana, así que conviene resumirlo. Frente a compromisos en moneda extranjera que superan los USD 30.000 millones entre mediados de 2026 y fines de 2027, el Tesoro plantea un escenario base sin emisiones en los mercados internacionales en ninguno de los dos años.

La apuesta pasa por el mercado local y por fuentes alternativas, como compras de divisas al BCRA por USD 6.700 millones este año, préstamos con garantía de organismos multilaterales por USD 4.000 millones, un nuevo Bonar 2029 con cupo inicial de USD 2.000 millones y privatizaciones por USD 800 millones.

Con necesidades por USD 19.200 millones (incluyendo los pagos de esta semana por USD 4.500 millones de Globales y Bonares) y fuentes por USD 22.900 millones, según Finanzas 2026 cerraría con un excedente de USD 3.700 millones que oficiaría de colchón para el año electoral.

El plan no quedó en la conferencia: a las 48 horas se oficializaron préstamos por USD 3.200 millones con BBVA, Santander y Deutsche Bank, respaldados por garantías del Banco Mundial y el BID. Una semana antes, el BCRA había renovado los repos con bancos internacionales por USD 6.000 millones, y despejó esos vencimientos hasta 2028.

Dicho esto, el diseño de 2027 descansa sobre supuestos que valen la pena mirar.

1. Contempla compras adicionales de reservas al BCRA por USD 4.900 millones en pleno año electoral, cuando la demanda de cobertura suele intensificarse.
2. Proyecta ingresos por privatizaciones por USD 1.500 millones.
3. Quizás lo más fino, el programa asume captar USD 5.000 millones en el mercado local, cifra que el secretario de Finanzas, Federico Furiase, presentó como un simple refinanciamiento total de los vencimientos de capital de Bonares (USD 4.900 millones). Pero si el sector público renueva sus propias tenencias mediante nuevos títulos, la cuenta cambia: la relación de refinanciamiento requerido se acerca a 1,4 veces los vencimientos de capital.

En términos simples, el plan supone colocar deuda neta en el mercado doméstico durante un año electoral, no apenas renovar lo que vence. Es posible, pero no es trivial.

El horizonte que ordena todo lo anterior es el “grado de inversión”, que Caputo ubicó hacia 2031 y que, según dijo, dos de las tres grandes calificadoras consideran alcanzable. Hoy Argentina está en B-, seis escalones por debajo del umbral de BBB-.

La experiencia regional ofrece referencias, pero ninguna muestra esta velocidad en el proceso:

• Perú perdió el grado inversor en 1999 y tardó nueve años en recuperarlo, recién en 2008, tras consolidar disciplina fiscal y crecimiento.
• Uruguay lo perdió en febrero de 2002, arrastrado por el contagio de la crisis argentina, y demoró diez años exactos: S&P se lo devolvió en abril de 2012.
• Colombia necesitó 12 años, entre 1999 y 2011.
• Chile, ya dentro del grado de inversión, escaló seis niveles a lo largo de dos décadas, desde BBB a comienzos de los noventa hasta su máximo histórico en 2012.

Contra esas referencias, la ambición oficial de lograrlo en dos mandatos presidenciales no tiene precedentes cercanos.

¿Y Wall Street? El Gobierno hizo énfasis en que el escenario base no contempla emisiones internacionales ni en 2026 ni en 2027: un mensaje de autonomía financiera dirigido tanto al mercado como a la política. Pero, como venimos destacando en estas columnas, la puerta no está cerrada, y el propio equipo económico se encargó de aclararlo. Si las condiciones lo justifican, la alternativa sigue disponible.

Hay buenos motivos para no descartarla. Con el riesgo país en la zona de los 400 puntos básicos, mínimos desde abril de 2018, el tramo largo de la curva de Globales ley Nueva York rinde en torno al 8,5% anual. Es una tasa todavía elevada, cierto. Pero es, a toda vista, la única vía para que el Tesoro logre extender significativamente los plazos de vencimiento y descomprimir el perfil de deuda de los próximos años, algo que el mercado local, por profundidad y por plazos, todavía no puede ofrecer.

El autor es Team Leader de Estrategia de PPI (Portfolio Manager Inversiones)

Los salarios rurales ya tienen escalas oficiales para junio y julio de 2026. La Secretaría de Trabajo homologó el acuerdo salarial firmado entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las principales entidades agropecuarias, por lo que quedaron confirmados los sueldos mínimos que cobrarán los trabajadores rurales de todo el país.

El convenio, suscripto entre UATRE, la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), CONINAGRO, la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), fija nuevas escalas salariales, incorpora sumas no remunerativas, mantiene adicionales por antigüedad y zona desfavorable y establece una cláusula de revisión que permitirá reabrir la negociación si cambian las condiciones económicas.

Con la homologación oficial, los salarios acordados continúan vigentes para las tareas realizadas durante junio y también regirán durante julio para la mayoría de las actividades alcanzadas por el convenio colectivo. En ese marco, el salario básico de un peón rural ya supera el millón de pesos mensuales, mientras que las categorías más especializadas alcanzan remuneraciones superiores a los $2,5 millones.

Cuánto cobra un peón rural en junio de 2026

La categoría de peón general, una de las más numerosas del sector agropecuario, tiene un salario básico mensual de $1.088.358,51, al que se suma una asignación no remunerativa de $5.335,10.

Se trata del piso salarial para los trabajadores rurales permanentes comprendidos en el convenio colectivo, aunque el ingreso final puede incrementarse con adicionales por antigüedad, zona desfavorable u otros conceptos previstos en la actividad.

El acuerdo también establece que estos valores continuarán vigentes durante julio, salvo que las partes decidan activar la cláusula de revisión para actualizar nuevamente las remuneraciones.

Salarios rurales: cuánto cobra cada categoría

Además del peón general, el convenio fija salarios mínimos para todas las categorías del personal permanente de prestación continua:

• El peón único percibe un salario básico de $1.116.058,33, más una suma no remunerativa de $5.470,88
• El ovejero cobra $1.127.265,44, con un adicional no remunerativo de $5.525,82
• Los trabajadores especializados, entre ellos albañiles, herreros, carpinteros, mecánicos, cocineros y otros oficios rurales, reciben $1.158.597,91, más $5.679,41 no remunerativos
• Los ordeñadores perciben un salario mínimo de $1.165.963,05, acompañado por una suma no remunerativa de $5.715,52
• Los conductores tractoristas y maquinistas agrícolas cobran $1.207.669,28, además de $5.919,96 no remunerativos
• Los mecánicos tractoristas tienen un salario básico de $1.267.993,03, con una suma adicional de $6.215,66
• La categoría de encargado percibe $1.384.853,14, más $6.788,51 como suma no remunerativa

Estas escalas constituyen los salarios mínimos vigentes para junio y julio de 2026 en la mayor parte de las actividades rurales alcanzadas por el convenio.

Cuáles son los trabajadores rurales que cobran los salarios más altos

El convenio también contempla actividades altamente especializadas que perciben remuneraciones considerablemente superiores a las escalas generales.

Uno de esos casos corresponde a los trabajadores dedicados a la aplicación de productos fitosanitarios.

Dentro de esa actividad, el peón auxiliar cobra $1.761.296,80 mensuales, más una suma no remunerativa de $8.633,81.

La categoría mejor remunerada de todo el convenio corresponde al conductor de equipos autopropulsados, cuyo salario básico alcanza los $2.545.139,23, más $12.476,17 no remunerativos.

De esta manera, es el puesto con la remuneración mínima garantizada más elevada entre todas las categorías del convenio rural.

Cuánto cobran quienes trabajan en la cosecha

Otra de las actividades con mejores salarios es la vinculada exclusivamente a la cosecha de granos y oleaginosas.

En estos casos, los conductores tractoristas y maquinistas de cosechadoras afectados únicamente a esas tareas perciben un salario mínimo mensual de $1.666.580,76, además de una suma no remunerativa de $8.169,51.

Las escalas responden al mayor grado de especialización requerido para operar maquinaria agrícola durante las campañas de cosecha.

Qué cambia para la actividad olivícola desde julio

La actividad olivícola quedó alcanzada por un esquema salarial diferente, ya que el acuerdo prevé incrementos escalonados que continuarán hasta septiembre.

Durante junio, un trabajador calificado de riego percibe $1.338.417,73, más una suma no remunerativa de $13.121,74.

Desde julio y hasta septiembre, el salario básico aumentará a $1.378.570,26, mientras que la suma no remunerativa descenderá a $6.757,70, manteniendo prácticamente el mismo nivel de ingreso total.

En el caso de los encargados de la actividad olivícola, el salario básico pasará de $1.440.014,11 en junio a $1.483.214,54 durante julio, agosto y septiembre.

Qué adicionales cobran los trabajadores rurales

Además de los salarios básicos, el convenio mantiene los adicionales históricos del sector. La bonificación por antigüedad equivale al 1% del salario básico por cada año trabajado hasta completar diez años de servicio. Una vez superado ese período, el adicional asciende al 1,5% anual por cada año de antigüedad.

También continúa vigente el adicional por zona desfavorable, que beneficia a quienes prestan servicios en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

En esos casos, el incremento equivale al 20% del salario mínimo correspondiente a cada categoría, elevando significativamente el ingreso de los trabajadores alcanzados.

Qué pasará con los salarios rurales en julio

Las escalas homologadas por la Secretaría de Trabajo continuarán vigentes durante todo julio para la mayoría de las actividades comprendidas en el convenio.

Por el momento no existe un aumento automático previsto para ese mes. Sin embargo, el acuerdo incorpora una cláusula de revisión que habilita a UATRE y a las entidades empresarias a volver a negociar las remuneraciones si la evolución de la inflación u otras variables económicas afecta el poder adquisitivo de los salarios.

En consecuencia, los trabajadores rurales cobrarán durante julio los mismos valores básicos vigentes en junio, salvo que las partes alcancen un nuevo entendimiento antes del vencimiento del acuerdo.

Un cambio histórico en la negociación salarial del sector

La homologación de este convenio también marca un cambio para las relaciones laborales del sector agropecuario.

Se trata de uno de los primeros acuerdos salariales celebrados bajo el nuevo esquema de negociación colectiva impulsado por la reforma laboral. Hasta hace poco, la mayoría de las remuneraciones del sector eran establecidas mediante resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). Con las modificaciones introducidas por la Ley 27.802, las negociaciones comenzaron a encuadrarse en el régimen de convenios colectivos previsto en la Ley 14.250, el mismo sistema utilizado por la mayor parte de las actividades privadas.

Este nuevo mecanismo otorga mayor protagonismo a la negociación entre sindicatos y empleadores y permite incorporar herramientas como la cláusula de revisión, que facilita la actualización de los salarios rurales frente a eventuales cambios en el contexto económico.

De esta manera, las escalas homologadas no solo fijan cuánto cobra un peón rural y el resto de las categorías durante junio y julio de 2026, sino que también establecen el marco para futuras negociaciones salariales si la evolución de la economía así lo requiere.