POLITICA
La aprobación del pliego de la jueza Michelli en el Senado sumó un nuevo capítulo en la interna del Gobierno
Después de barrer bajo la alfombra el enojo con Patricia Bullrich, el Gobierno eligió fingir demencia, también, frente al traspié que supuso la aprobación del pliego de la jueza María Verónica Michelli. En la Casa Rosada hicieron caso omiso a la derrota y usaron toda la artillería de comunicación para enfocarse en el lado positivo: la aprobación de 74 pliegos de jueces.
Por lo bajo, en el Ejecutivo masticaban bronca contra la jefa del bloque de Senadores de La Libertad Avanza y admitían el desorden en las directivas producto de las diferencias internas que empantanó la sesión. Pero en público, el Gobierno no hizo una sola mención al tema de Bullrich y Michelli. Tanto durante como después del debate.
“Es una disputa interna de poder constante”, admitió una voz del ecosistema libertario una vez terminada la jornada.
Pese a que, en la reunión de labor parlamentaria del miércoles, se fijaron criterios para encausar la votación, el desenlace fue completamente diferente al acordado. Incluso, incluyó el tratamiento del pliego de Michelli que había quedado postergado para la semana siguente. “Era completamente discrecional que hayan sido 50 y no los 74. Se le ocurrió solo a Patricia (Bullrich)“, justificaron desde el karinismo.
La sesión lo tuvo todo. Desde la disidencia de la jefa del bloque oficialista, que en un abierto desacato a la orden de la Casa Rosada se abstuvo durante la votación, a contramano de su propia bancada, hasta la repentina incorporación de otros 23 pliegos judiciales. Entre ellos, el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el de Yamile Susana Bernan, esposa de Diego Guerendiain, estrecho colaborador del exministro Mariano Cúneo Libarona.
Para distintos sectores del oficialismo, esos movimientos fueron una muestra más de las diferencias que atraviesan al espacio. En las tribus karinistas acusaron al sector que comanda el asesor presidencial Santiago Caputo de haber intentado dejar afuera ambos nombres y de instalar un clima de derrota que buscaron relativizar. “Un sapo entre 74 no está mal. El triunfo por la reconstrucción de la justicia es histórico y es todo de Karina”, minimizaron cerca de la secretaria general, luego de que la oposición lograra aprobar, sobre tablas y por mayoría, el pliego que el Gobierno buscaba frenar.
Ensalzaron, así, a los dos principales alfiles la Secretaria General en el Ministerio de Justicia, número uno y dos de la cartera, Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola.
“Es un tribunal no creado. Aún si se la designa no va a ser juez porque tiene que habilitarlo la Corte”, sumaron argumentos en el karinismo, respecto del Tribunal Oral Federal Nº 3 de La Plata.
Sólo de manera solapada dispararon contra Bullrich, que a pesar de su rol de liderazgo en el oficialismo de la Cámara Alta, desobedeció las órdenes del Ejecutivo durante la votación. “Patricia sabía que tenía margen para hacer lo que hizo. Que nadie la iba a echar, porque la necesitan. El error estuvo en no chequear el nombre. Es algo que tenés que saber”, admitió un funcionario ajeno a la puja entre el Triángulo de Hierro.
Horas antes, Karina Milei se había retratado con la senadora, en un intento por amenguar las internas. “Nadie va a romper. La confianza no se pierde. Puede haber diferencias. Es normal, pero el rumbo es claro y común”, intentó calmar las aguas una fuente cercana a la funcionaria.
“Metimos 74 pliegos y acuerdo con los Holdouts. No es ni de cerca una derrota”, insistió un integrante de la mesa política de la que, por cierto, también participa la senadora ex PRO, que se pintó de violeta pero tiene juego propio.
En la cúpula del Gobierno deslizaron que el Presidente, muy probablemente, no firmará el pliego para hacer efectivo su nombramiento. “Es un tema menor. Ya está. Fue un buen día para el Gobierno, hace años que no se meten jueces”, dijeron en Balcarce 50. Mientras tanto, Milei tuiteaba lo propio: ”El inicio de la reconstrucción de la justicia: en un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos». Poco más de 24 horas antes, el jefe de Estado había defendido la decisión de retirar el pliego, amparándose en la Constitución Nacional.
Si bien Javier y Karina Milei desconocieron el nuevo traspié del espacio, las miradas en la Casa Rosada no eran unánimes, y el sector de Santiago Caputo insistía en que el problema que se generó con Bullrich por la jueza Michelli se podría haber evitado. “Fue mala praxis”, sostuvieron en referencia a la tarea de los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem.
A ello se sumaron los fuertes cuestionamientos de Victoria Villarruel, el tratamiento del pliego de Michelli —hasta entonces postergado— y la celebración de la sesión en redes sociales.
Además, entre acusaciones cruzadas, el oficialismo, en la voz de senador de La Libertad Avanza Agustín Coto solicitó que el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volviera a comisión. “Lo tratamos la semana próxima”, prometían desde el oficialismo.
Aunque hubo intentos por presentar la jornada como un éxito, puertas adentro la aprobación del pliego de Michelli volvió a exhibir las dificultades para ordenar a un oficialismo atravesado por disputas de poder. En Balcarce 50 eligieron relativizar el episodio, pero la sesión dejó nuevamente al descubierto las fisuras de una interna que está lejos de resolverse.
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POLITICA
La Cámpora difundió una protesta contra la Corte Suprema y el fiscal Luciani en la Facultad de Derecho
Una particular protesta estudiantil tuvo lugar este martes contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el juez Julián Ercolini en reclamo de la “libertad” de la exmandataria Cristina Kirchner y contra el fallo del máximo tribunal sobre la lay de Tierras.
La intervención de los estudiantes tuvo lugar durante el acto de entrega de los Premios Quorum que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Rosatti, Ercolini y el fiscal Diego Luciani, quien tuvo a su cargo la causapor la que Fernández de Kirchner resultó condenada, fueron sorprendidos en el auditorio por estudiantes que lanzaron papeles con la inscripción “Cristina Libre” y colgaron una bandera con la insignia “La tierra no se vende, la Corte sí”.
Por los videos que trascendieron pudo verse cómo los jóvenes irrumpían en el recinto al canto de “La Patria no se vende”, mientras los organizadores pedían orden en la sala. Después, los militantes procedieron a arrojar papeles desde el palco superior.
Las imágenes de la protesta fueron difundidas por la cuenta de Twitter ‘Cristina Libre’, relacionada a La Cámpora y que mantiene vigente el pedido de “libertad” de la exmandataria, condenada a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.
Pero no fue la única protesta del día contra la Corte. Sectores del PJ, la izquierda, gremios y piqueteros se manifestaron este martes frente al edificio del máximo tribunal contra el fallo que dejó vigente la derogación de la ley de tierras incluida en un decreto del presidente Javier Milei.
Los manifestantes, vinculados a organizaciones sindicales kirchneristas y de izquierda, llevaron a cabo la concentración, que se agrupó sobre una Plaza Lavalle, en el centro porteño.
Frente al edificio de los tribunales se montaron dos escenarios, uno ocupado por los sindicatos más cercanos al kirchnerismo y otro por las agrupaciones de izquierda que convocaron a la protesta.
La convocatoria no alcanzó a cubrir la Plaza Lavalle, aunque la instalación de los escenarios y el despliegue de manifestantes sobre Talcahuano generaron que se interrumpiera el tránsito en esa arteria, entre Tucumán y Lavalle.
El fallo de la Corte
El 30 de septiembre, el máximo tribunal dictó un fallo que, en la práctica, quitó los límites a la venta de tierras a extranjeros, al restituit un artículo del megadecreto de Milei de 2023.
Ese artículo, que derogaba la ley de Tierras y, por lo tanto, sus límites a la venta de tierras a extranjeros, había sido frenado por una presentación de inconstitucionalidad del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
Los excombatientes alegaron que estaban legitimados en tanto defensores de la soberanía nacional, pero ese argumento fue rechazado por la Corte Suprema. En su fallo, el máximo tribunal fue muy críticó al advertir a los tribunales inferiores sobre reconocerles capacidad de iniciar acciones colectivas a actores que no tienen esa representatividad.
Un tribunal había dictado la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/23 que derogaba la ley de tierras. Pero la Corte revocó ese fallo.
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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazó una nueva serie de agravios del presidente Javier Milei contra periodistas, columnistas y directivos de medios de comunicación a través de publicaciones en la red social X.
En los últimos días, el Presidente volvió a utilizar sus cuentas en redes sociales para insultar a profesionales de la prensa a raíz de sus entrevistas, análisis, opiniones o publicaciones periodísticas.
ADEPA lamenta tener que volver a destacar algo que ha sostenido desde siempre. Quien gobierna, y es objeto de crítica, o considera que la información de un acto de gobierno es errónea, incorrecta o incluso puede evaluarla como sesgada, tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano de nuestra república: ejercer su crítica, aclaración o desmentida, incluso en tono enérgico y vehemente.
Lo que erosiona el debate público y el diálogo democrático son el insulto y el agravio, que afectan no solo al destinatario identificado, sino al conjunto del cuerpo social.
La libertad de expresión protege especialmente la circulación de opiniones sobre quienes ejercen el poder. La réplica ha sido concebida para responder, pero no para avalar los ataques personales.
Apenas unas horas antes del comienzo de una marcha contra la Corte Suprema de Justicia por el fallo que dejó vigente la derogación de la ley de tierras, las organizaciones piqueteras nucleadas en el Frente de Lucha Piquetero anticiparon sus reclamos contra los jueces del máximo tribunal y contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Repudiaron el fallo judicial que se conoció el martes de la semana pasada y volvieron a protestar por la eliminación del plan Volver al Trabajo, de $78.000 mensuales, que el Gobierno decidió reemplazar por vouchers de capacitación.
En la intersección de Moreno y la avenida 9 de Julio, en una plazoleta frente a uno de los laterales del edificio donde funcionaba el Ministerio de Desarrollo Social y sin cortar el tránsito, un puñado de manifestantes se concentró alrededor de los dirigentes de las agrupaciones, en una conferencia de prensa callejera, custodiada por una veintena de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Dina Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), fue una de las voces que arengaron a marchar contra la Corte. Afirmó que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti son “tres jueces cipayos que decidieron poner en venta la Argentina”. Y llamó a “marchar al Poder Judicial, que generalmente se la lleva de arriba y vela por el 1% más privilegiado”, y a repetir la movilización el día 15, al Congreso (cuando está previsto que se debata la posible derogación del decreto 70/23, firmado por el presidente Javier Milei, que en su artículo 54 deroga el “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales”).
En medio de banderas del Polo Obrero, del Bloque Piquetero, de Libres del Sur, del Frente Barrial de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) o del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras organizaciones, también habló Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero. “Esta convocatoria es previa a la movilización a los tribunales, que tienen un objetivo de clase muy claro”, dijo. Repudió el reciente procesamiento de Juan Grabois por la toma del Instituto Juan Perón y añadió: “Otra mala noticia: acaban de elevar a juicio a los compañeros de Fate”.
El Ministerio de Capital Humano fue el otro eje de los reclamos en la conferencia de prensa piquetera, previa a la marcha contra la Corte. Los distintos oradores rechazaron la baja del plan Volver al Trabajo, decisión que los piqueteros judicializaron y que, tras distintas instancias, la Justicia convalidó. “Hace tres meses que no cobramos quienes percibíamos el Volver al Trabajo”, resaltó Sánchez. El mismo reclamo hicieron desde otras agrupaciones presentes en la ronda de prensa, como Libres del Sur o el Frente Barrial de la CTA.
A la breve manifestación se acercaron representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en lo que era el Ministerio de Desarrollo Social. El gremio realiza un paro de media jornada para sumarse a la movilización contra la Corte. La secretaria general de la Comisión Interna del gremio en el ministerio, Ingrid Manfred, denunció el “desmantelamiento de las políticas públicas, 3000 despedidos en el ministerio y persecución hacia la organización gremial con recorte salarial a los delegados”.
Belliboni, al cerrar la conferencia de prensa, dijo que el Ministerio de Capital Humano “no es de capital, porque se han vaciado los equipos técnicos, y mucho menos, humano”.
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