El Gobierno busca armar una sesión grande en Diputados para fines de junio y, en paralelo, ordenar en el Senado el tratamiento del resto de las reformas que envió al Congreso. En la Casa Rosada sostienen que el objetivo es “agrupar todo lo que se pueda” para llevar al recinto una tanda amplia de proyectos en la última semana del mes, con el Súper RIGI y la ley de lobby como ejes principales.

La agenda empieza a moverse este miércoles en comisiones. El oficialismo tiene previsto abrir el debate del Súper RIGI en un plenario de Presupuesto, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. También comenzará el tratamiento de la ley de lobby, bajo el nombre formal de Régimen de Gestión de Intereses, en Asuntos Constitucionales y Legislación General.

En Balcarce 50 quieren que ambos proyectos tengan al menos dos reuniones informativas y que lleguen con dictamen a mediados de junio. La fecha tentativa para la sesión grande dependerá del nivel de consenso con los bloques aliados, pero en el oficialismo trabajan con el escenario de una sesión para la última semana de junio.

El Súper RIGI es la prioridad económica del paquete. El régimen apunta a incentivar inversiones de gran escala en sectores considerados estratégicos o todavía poco desarrollados en el país, como inteligencia artificial, data centers, baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y cadenas vinculadas al uranio. El esquema incluye beneficios fiscales, aduaneros y regulatorios para proyectos de alto volumen de inversión.

El debate con los aliados no estará exento de tensiones. En el PRO y la UCR piden revisar el impacto sobre provincias y municipios, en particular por los límites a Ingresos Brutos y tasas locales. También aparecen planteos para incorporar requisitos de proveedores nacionales y precisar mejor qué actividades quedarán comprendidas dentro de la categoría de “industrias del futuro”. En el oficialismo creen que esos puntos pueden corregirse en comisión sin alterar el régimen.

La ley de lobby es el segundo proyecto que el Ejecutivo quiere empujar en Diputados. El texto crea un registro de gestores de intereses, reportes trimestrales, obligaciones para declarar beneficiarios finales y un capítulo especial sobre intereses extranjeros. La discusión no se limita a la transparencia de reuniones: también abre preguntas sobre el organismo de control, las sanciones administrativas y las penas previstas para gestiones clandestinas o reportes falsos.

La intención del Gobierno es sumar a esa misma sesión otros proyectos si llegan en condiciones. Uno de los principales candidatos es el paquete de propiedad privada, que se votará este jueves en el Senado junto con el acuerdo para pagar US$171 millones a holdouts con sentencias firmes en el exterior. Si ambas iniciativas obtienen media sanción, el oficialismo intentará incorporarlas al temario de Diputados antes de fin de mes.

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El caso de los holdouts tiene un condimento adicional: en el Gobierno advierten que el acuerdo necesita aprobación legislativa antes del 30 de junio. Por eso, si el Senado avanza este jueves, Diputados quedará bajo presión para tratarlo rápido. La Casa Rosada busca evitar que ese expediente quede aislado y prefiere incluirlo en una sesión más amplia.

En Diputados también están pendientes el acuerdo comercial entre el Mercosur y Singapur y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. El primero aparece como una iniciativa con menor nivel de conflicto político. El segundo, en cambio, sigue atravesado por presiones internas y externas: es uno de los pedidos vinculados al acuerdo comercial con Estados Unidos, pero genera resistencia en sectores de laboratorios nacionales y en bloques opositores.

Por ahora, en el Gobierno no confirman si el tratado de patentes será incorporado a la sesión grande. El proyecto ya tiene dictamen, pero la Casa Rosada evita fijar una fecha. En algunos despachos sostienen que la decisión dependerá de la negociación con aliados, de la posibilidad de evitar nuevas modificaciones al texto y de las señales que lleguen desde Washington sobre la implementación del entendimiento bilateral.

El Senado presenta un cuadro más complejo. El oficialismo todavía no definió una estrategia cerrada para ordenar todos los proyectos que se acumulan en la Cámara alta. Además del tratamiento de propiedad privada y holdouts, allí ya ingresaron iniciativas como los cambios en etiquetado frontal y la reforma del régimen de sociedades trabajada por el equipo de Federico Sturzenegger.

También están en la Cámara alta los proyectos que llegaron con media sanción de Diputados, como Ley Hojarasca y Zonas Frías. En la Casa Rosada no los ubican dentro de la prioridad inmediata, pero tampoco quieren dejar que se acumulen sin una hoja de ruta. El problema es que cada uno abre negociaciones distintas con gobernadores, bloques provinciales, aliados y sectores afectados.

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La reforma electoral corre por otro carril. En el Ejecutivo la consideran una prioridad política, pero admiten que no creen que llegue a votarse en junio. El proyecto requiere concesiones y acuerdos más amplios, porque el oficialismo todavía no tiene los votos para sostener el texto original. En Balcarce 50 asumen que esa discusión será más larga y probablemente se compagine con otros debates después del primer tramo del Mundial.

Los cambios en Salud Mental y Discapacidad tampoco tienen agenda definida. En el Gobierno reconocen que son temas sensibles y que, por ahora, no están dentro del paquete que buscan llevar al recinto en las próximas semanas. La prioridad inmediata pasa por las reformas económicas, de transparencia y propiedad privada, además de los acuerdos que tienen plazos políticos o judiciales más ajustados.

A ese tablero se sumará la reforma de Inocencia Fiscal. El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que el Ejecutivo enviará al Congreso una versión renovada del régimen, después de recibir observaciones de contadores y especialistas tributarios. La iniciativa apunta a dar más seguridad jurídica y relanzar el ingreso de dólares del colchón al circuito formal. En el oficialismo entienden que el proyecto ingresará por el Senado.

Gobierno, Diputados, Senado

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El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aseguró hoy que el presidente Javier Milei no está obligado a emitir el decreto de nombramiento de la jueza María Verónica Michelli.

“Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará (el decreto de nombramiento). El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”, aseguró el funcionario en diálogo con Eduardo Feinmann en radio Mitre.

Michelli es la magistrada que fue nominada por el Gobierno y designada por el Senado para ocupar el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, que aún no se conformó. Su nombre generó polémica porque días antes de que fuera discutido su nombramiento, el presidente Milei decidió retirar el pliego sin explicación pública. Según trascendió, a la Casa Rosada le molesta el parentezco de la jurista con el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon. Este viernes, Mahiques rechazó esa versión.

“En ningún momento se dijo cuál es el motivo. El Presidente tiene la facultad de retirar un pliego como hicieron todos los presidentes”, repasó Mahiques. En esta línea, Mahíques indicó: “El cargo de la doctora Micheli es un tribunal que no está habilitado, como el de otros dos candidatos propuestos”.

“Es un juzgado que todavía tiene que crear la corte. El Consejo de la Magistratura tiene que iniciar un proceso para buscar edificio, acondicionarlo, poner mobiliario y tecnología. Es un proceso largo, hay varios tribunales y juzgados sin habilitar hace tiempo”, agregó.

Con relación a la votación en el Senado, el Ministro de Justicia aseguró que era “una deuda” con “la justicia, con el sistema judicial y con la ciudadanía”. “Llegó a niveles históricos de un 37 % aproximadamente de vacancia en el Poder Judicial, lo que generó una crisis institucional nunca antes vista”, sostuvo.

Y añadió: “Esta es una manera de ir saldando esa deuda y de ir dando respuesta y cumpliendo los objetivos que nos propusimos al asumir: generar una justicia más ágil, más cercana a la gente y con recursos. Para eso hay que tener magistrados”.

En otro pasaje de la entrevista, Mahíques amplió el alcance de la votación. Entre los 74 pliegos aprobados figuran entre ocho y diez magistrados para la Cámara Civil de la Ciudad de Buenos Aires, el tribunal de alzada de los juzgados de familia y civiles, que acumula vacantes desde hace años. También salieron dos jueces para la Cámara Criminal de la Capital Federal cuyos pliegos llevaban ocho años en el limbo: dos presidentes distintos los retiraron en ese período antes de que esta semana obtuvieran el acuerdo del Senado. “Vean lo complejo que es el proceso”, señaló el ministro.

Mahíques subrayó que las ternas aprobadas no fueron armadas por la actual gestión: “Los candidatos que elegimos son los que elevó otra administración. El Consejo de la Magistratura (CDM) confeccionó todas las ternas”.

Sobre los próximos pasos, el ministro precisó que el Poder Ejecutivo prevé enviar al Senado una nueva tanda de entre 50 y 60 pliegos la semana próxima, con el objetivo de superar los 200 en total. Confirmó que hay seis vacantes de tribunales orales federales de Comodoro Py en condiciones de ser cubiertas. Para la Cámara Federal y los juzgados de primera instancia de ese fuero, en cambio, aún no hay ternas disponibles, aunque el CDM tratará esas designaciones en un plenario próximo. También hay múltiples vacantes en cámaras federales del interior del país listas para ser resueltas por el Ejecutivo.

El ministro descartó que el Gobierno tenga urgencia por completar la Corte Suprema o designar procurador general y defensor general: “La Corte funciona con tres miembros con mejores números en resoluciones que cuando estaba compuesta por cinco. La prioridad son los tribunales inferiores”. Reconoció la anomalía de llevar más de ocho años con un procurador interino, pero remitió la decisión al criterio presidencial.

Consultado sobre las investigaciones que involucran a las autoridades de la AFA, Mahíques rechazó que las causas judiciales se hayan frenado desde su llegada al ministerio: “A los implicados se los citó, procesó, inhibió y se les prohibió la salida del país. En otras jurisdicciones incluso se pidió la detención. Es absurdo decir que las causas se frenaron”, expresó.

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