El Gobierno nacional se prepara para enviar al Congreso el nuevo proyecto que modifica la ley de Inocencia Fiscal, sancionada en diciembre de 2025. El borrador que trascendió introduce cambios en varios puntos que habían generado resistencia entre contadores y contribuyentes, y apunta a ampliar el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias, precisar cuándo el fisco puede cuestionar una declaración y establecer un plazo concreto para utilizar los dólares que están fuera del sistema financiero.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que los argentinos tienen unos 170.000 millones de dólares fuera del circuito bancario, y el oficialismo ve en esta reforma una herramienta clave para atraer parte de ese ahorro hacia la economía formal.

Estas son las diez claves del nuevo proyecto:

La ley vigente restringía el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) a quienes tuvieran ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones. El nuevo borrador elimina ambos límites.

Cualquier persona humana residente fiscal en Argentina que tribute Ganancias y obtenga exclusivamente rentas de fuente local podrá optar por el esquema simplificado, sin importar el nivel de ingresos o el patrimonio acumulado. El único requisito general que se mantiene es haber tenido residencia fiscal argentina durante todo el período declarado.

Uno de los problemas centrales de la ley original era la falta de claridad sobre en qué casos la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) podía considerar que la declaración de un contribuyente era incorrecta.

El borrador establece dos umbrales concretos: solo habrá discrepancia significativa si la diferencia entre lo declarado y lo que detecta el fisco supera el 15% del impuesto determinado y, al mismo tiempo, supera el 5% del límite de evasión simple, que actualmente está fijado en $100 millones. Esto implica un piso de $5 millones para que se active el control. Si la diferencia no alcanza ninguno de esos parámetros, no podrá ser cuestionada.

El nuevo proyecto incorpora de forma explícita que es ARCA quien debe demostrar la existencia de una discrepancia significativa, y no el contribuyente quien debe justificar su declaración. Este punto no estaba consagrado en la ley original —se había intentado incluir por decreto— y su incorporación al texto legal fue uno de los cambios más valorados por los especialistas consultados. Según el borrador, el organismo deberá probar con información objetiva que existe una diferencia de la magnitud necesaria para considerarla relevante.

El borrador incorpora una restricción expresa: ARCA no podrá recurrir ni a la presunción de incremento patrimonial no justificado ni a la de depósitos bancarios para impugnar una declaración de quien esté dentro del régimen.

Esta limitación apunta directamente a una de las herramientas más utilizadas históricamente por el fisco para cuestionar las declaraciones de los contribuyentes, y su inclusión fue señalada por especialistas como un avance concreto en materia de seguridad jurídica.

En la ley original existía el riesgo de que, ante cualquier observación del fisco, el contribuyente perdiera automáticamente los beneficios del régimen. El nuevo proyecto elimina esa posibilidad. Si ARCA detecta una discrepancia que supera los umbrales establecidos, el contribuyente tendrá la opción de rectificar su declaración, pagar la diferencia o regularizarla mediante un plan de pagos, incluso hasta 15 días después de notificada la determinación de oficio, y conservar los derechos adquiridos por haber ingresado al régimen. Esto implica que el pago de una diferencia no equivale automáticamente a caer fuera del esquema.

Una de las novedades del borrador es la incorporación de un plazo concreto para que los contribuyentes adheridos al régimen puedan utilizar fondos no declarados. Según el artículo 5 del anteproyecto, esa posibilidad estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

Durante ese período, ARCA no podrá usar los fondos incorporados al circuito formal como base para determinar ventas omitidas o ganancias no declaradas. La idea es darle a los ahorristas una ventana de tiempo definida en la que puedan disponer de ese dinero sin riesgo de ser perseguidos por el fisco.

La adhesión al RSG no implica necesariamente la exteriorización de fondos no declarados. El régimen tiene dos dimensiones que funcionan de manera independiente. Por un lado, permite presentar una declaración jurada simplificada que no exige informar patrimonio al inicio ni al cierre del período, ni variaciones patrimoniales ni consumos. Por otro, habilita —pero no obliga— a incorporar fondos al circuito formal dentro del plazo establecido. Un contribuyente puede adherirse al régimen únicamente para acceder a la presunción de exactitud y al efecto “tapón fiscal” hacia el pasado, sin necesidad de movilizar dólares.

Quienes presenten la declaración simplificada correspondiente al período fiscal 2025 y abonen el impuesto en término, obtendrán dos beneficios centrales. El primero es la presunción de exactitud: ARCA acepta que lo declarado es correcto y no puede fiscalizar ni ajustar declaraciones de Ganancias e IVA de los períodos anteriores no prescriptos.

El segundo es la reducción del plazo de prescripción de cinco a tres años para los contribuyentes cumplidores, lo que acota aún más el horizonte temporal en el que el fisco puede revisar declaraciones pasadas.

9. Los grandes contribuyentes nacionales tienen un acceso diferenciado

El borrador permite que los grandes contribuyentes nacionales se adhieran al RSG, pero con condiciones distintas al resto.

En su caso, la adhesión tiene efecto únicamente en la presentación de la declaración jurada de Ganancias y en el pago del impuesto, pero no les otorga acceso a la presunción de exactitud ni al efecto tapón fiscal. Esta distinción fue destacada por especialistas como una forma de abrir el régimen sin eliminar los controles sobre los contribuyentes de mayor tamaño.

El nuevo proyecto no altera las facultades de la Unidad de Información Financiera ni las obligaciones de las entidades financieras en materia de prevención del lavado de activos. Los bancos conservan la potestad de solicitar explicaciones sobre el origen de los fondos depositados, independientemente de que el titular haya adherido al régimen simplificado.

La adhesión puede constituir un antecedente favorable en ese análisis, pero no reemplaza la necesidad de justificar la procedencia del dinero cuando corresponda. El régimen, tal como está planteado en el borrador, aplica exclusivamente a fondos provenientes de actividades lícitas.

La calificadora de riesgo S&P Global Ratings elevó la calificación de la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera de Argentina desde CCC+ hasta B-, una decisión que refleja la mejora observada en los indicadores fiscales y macroeconómicos del país. Al mismo tiempo, mantuvo una perspectiva estable para la nota crediticia.

De esta manera, se suma a la decisión que había tomado a comienzos de mayo la calificadora Fitch Ratings, que subió la calificación de la deuda argentina de CCC+ a B-. Por entonces, la agencia estadounidense destacó los avances en consolidación fiscal, acumulación de reservas y reformas estructurales del gobierno de Javier Milei. 

Desde S&P señalaron este miércoles que el Gobierno logró fortalecer su posición financiera y mejorar el acceso a la liquidez necesaria para afrontar los compromisos de deuda, apoyado en la continuidad de los superávits fiscales, una desaceleración de la inflación y una reducción de diversos desequilibrios económicos.

La mejora de la calificación representa un nuevo respaldo para la estrategia económica impulsada por la administración de Javier Milei, que desde fines de 2023 puso el foco en el ajuste de las cuentas públicas, la reducción de la emisión monetaria y la normalización del mercado cambiario.

El ministro de Economía Luis Caputo celebró la noticia en redes: «Nueva mejora», puso con banderas argentinas. Y agregó: «Clasificaciones a largo plazo de Argentina elevadas a B- por S&P».

Para el equipo de Caputo es una noticia clave. De hecho, semanas atrás el viceministro de Economía José Luis Daza explicó que con el B- de Fitch que «cruza un umbral clave en los mercados financieros internacionales».

«Es un cambio de enorme importancia que expande masivamente el universo de inversores elegibles para invertir en deuda soberana y corporativa argentina. Miles de fondos institucionales no pueden invertir en instrumentos calificados CCC. Ahora sí podrán invertir en bonos argentinos», explicó Daza tras conocerse la actualización de Fitch.

Qué factores destacó S&P para mejorar la calificación de Argentina

Según explicó la calificadora, uno de los elementos centrales detrás de la decisión fue la capacidad del Gobierno para sostener una política de disciplina fiscal, que permitió mejorar las condiciones de financiamiento y reducir los riesgos vinculados al pago de la deuda.

Además, destacó la disminución de la inflación respecto de los niveles observados durante los últimos años y la corrección de desequilibrios macroeconómicos que habían deteriorado la capacidad de pago del país.

Para S&P, estos avances contribuyeron a fortalecer la posición de liquidez de Argentina y a mejorar las perspectivas para el cumplimiento de sus obligaciones financieras.

La agencia mantuvo la perspectiva en estable, lo que implica que no prevé cambios inmediatos en la calificación si se mantiene el actual escenario económico.

En ese sentido, estimó que el Gobierno continuará aplicando su programa de austeridad fiscal, mientras el Banco Central sigue incrementando sus reservas internacionales.

De acuerdo con la visión de S&P, la combinación de equilibrio fiscal, acumulación de divisas y menor inflación debería permitir sostener la recuperación de la actividad económica y fortalecer gradualmente la solvencia del país.

Qué implica la mejora en la clasificación para la economía

La mejora de la calificación crediticia de Argentina por parte de S&P constituye una señal relevante para los mercados financieros internacionales, ya que refleja una percepción de menor riesgo soberano respecto de meses anteriores. Si bien el país continúa dentro de la categoría especulativa, el ascenso de CCC+ a B- puede contribuir a mejorar gradualmente las condiciones de acceso al financiamiento tanto para el sector público como para las empresas privadas.

Para el Gobierno, una mejor nota crediticia representa un respaldo a la estrategia económica basada en el equilibrio fiscal y la reducción de los desequilibrios macroeconómicos. Además, puede facilitar futuras colocaciones de deuda en los mercados internacionales, ya que los inversores suelen exigir menores tasas de interés a los países que exhiben una trayectoria de mejora en sus indicadores financieros y fiscales.

Las empresas argentinas también pueden verse beneficiadas. En muchos casos, el riesgo soberano funciona como un techo para la calificación de las compañías locales, por lo que una mejora en la nota del país abre la puerta a que firmas privadas obtengan mejores evaluaciones crediticias. Esto puede traducirse en un acceso más amplio a financiamiento externo y en costos de endeudamiento más bajos para proyectos de inversión y expansión.

Otro efecto potencial es el fortalecimiento de la confianza de los inversores extranjeros. Las agencias calificadoras son una referencia clave para fondos de inversión, bancos y organismos financieros internacionales al momento de decidir dónde colocar capital. Una mejora en la percepción de riesgo puede favorecer la llegada de nuevas inversiones productivas y financieras, especialmente en sectores con potencial de crecimiento como energía, minería, infraestructura y economía del conocimiento.

Por último, aunque el cambio de calificación no genera efectos automáticos ni inmediatos sobre la economía real, sí contribuye a consolidar una narrativa de normalización financiera. Si el Gobierno logra sostener los superávits fiscales, continuar acumulando reservas y mantener la desaceleración de la inflación, nuevas mejoras en la nota crediticia podrían profundizar los beneficios para el Estado y el sector privado, acercando a Argentina a condiciones de financiamiento más competitivas a nivel internacional.

Como inicio de un “nuevo ciclo”, Fitch Ratings presentó las perspectivas, riesgos y oportunidades que ve en la Argentina, con el foco puesto en los desafíos del país para continuar mejorando su calificación de la deuda soberana. Si bien observan avances en diversos indicadores, las reservas, el riesgo político y la dinámica cambiaria siguen siendo factores clave en su análisis.

Vale recordar que en mayo pasado, la entidad había subido la calificación de riesgo crediticio a largo plazo de la Argentina en moneda extranjera y local a “B-” desde “CCC+”, con una perspectiva estable.

“La calificación de Argentina refleja una mejora estructural de los equilibrios fiscal y externo, avances en las reformas económicas, mejores perspectivas para la acumulación de reservas en moneda extranjera y nuestra expectativa de que el Gobierno obtendrá financiamiento suficiente para cumplir con sus obligaciones de deuda”, argumentaron.

No obstante, señalaron que persisten limitaciones. En este sentido, Todd Martinez, director senior y codirector para las Américas del grupo de calificaciones soberanas de Fitch, indicó que todavía hay fundamentos cuantitativos que no lucen tan sólidos. Señaló que la Argentina es más rica que muchos países comparables y, si se excluye la deuda intra sector público, el nivel de endeudamiento es relativamente bajo. Sin embargo, tiene una de las menores ofertas monetarias entre los mercados emergentes y un mercado financiero muy poco desarrollado. “Eso es una debilidad estructural que va a demorar en mejorar”, explicó el ejecutivo.

En el frente externo, sostuvo que “si bien Argentina tiene una buena cuenta corriente, recibe poca inversión extranjera directa”.

Pero de todos los fundamentos, Martinez aseguró que el que más influye en la calificación es el nivel de reservas internacionales y su capacidad de cobertura. Destacó que Argentina sigue siendo uno de los países emergentes con menores reservas disponibles en relación con el PBI, excluyendo el swap con China. Además, ”son bajas en relación a la muralla de vencimientos que el país debe afrontar en los próximos años».

“En las categorías más bajas de calificación importan el crecimiento, la riqueza y la estabilidad política, pero lo que más pesa es algo muy simple: cuántos dólares tiene un país, cuántos puede conseguir prestados en los mercados y cuántos necesita para afrontar sus vencimientos. Ese ratio históricamente no fue favorable para Argentina y todavía no es muy bueno”, precisó.

Al mismo tiempo, Martinez relató que aunque el país venía encontrando los dólares necesarios para cumplir con sus obligaciones —a través del blanqueo y del financiamiento del FMI, por ejemplo—, eso fue suficiente para justificar una mejora hasta CCC+. Para pensar en una nueva suba de categoría “no solo queríamos ver al Gobierno sacando conejos de la galera para pagar la deuda, sino que más previsibilidad, de la mano de la acumulación de reservas”.

“Y eso es justamente observamos este año. Las compras de dólares por parte del Banco Central avanzaron a muy buen ritmo y ya superaron los USD 10.000 millones. Si bien parte de esas compras se compensa con pagos de deuda, vemos una mejora tanto de las reservas brutas como de las netas”, puntualizó el analista. En ese sentido, resaltó que el Gobierno está encaminado a cumplir las metas acordadas con el FMI. “Sin dudas, esa fue la clave para la suba de la calificación en mayo”, remarcó.

Otro elemento que buscaban era evidencia de acceso al financiamiento. Argentina decidió no volver a los mercados internacionales, a diferencia de Ecuador y Bolivia, que emitieron deuda pagando una tasa del 9%. Desde su perspectiva, esa fue una decisión razonable para esos países, porque les permitió construir colchones de liquidez en un contexto internacional incierto.

“A pesar de no hacer eso, lo que sí nos gustó es que el Gobierno ha sido bastante proactivo. En lugar de acudir a los mercados, identificó otras fuentes de financiamiento y de más largo plazo, por lo que no vencen junto con la muralla de vencimientos de los bonos. Para nosotros, esa también es una forma de acceder a los mercados: utilizar el mercado local. Son dólares genuinos, no están atrapados por ningún cepo y se está colocando deuda que vence después de las elecciones”, enfatizó Martinez.

Aunque todavía no considera completamente despejado el panorama para 2027, confía en que el Gobierno seguirá en esa línea con suficiente anticipación a fin de evitar dudas sobre la disponibilidad de dólares para cubrir los pagos.

Apuntó además que si ocurriera alguna contingencia, existe un stock de reservas que podría utilizarse para cumplir con las obligaciones. “No sería un escenario positivo, queremos ver el Gobierno acumulando reservas en vez de usándolas para pagar deuda”, afirmó.

Martinez aseguró que Argentina, para llegar a un umbral prudencial de reservas —en torno al 15% del PBI— necesita acumular 62.000 millones de dólares. “Ahora bien, no se requiere ese monto para subir un escalón más dentro de la categoría B, pero sí para seguir mejorando su calificación. En caso de no lograrse, queremos ver un tipo de cambio 100% libre y una población que no sea sensible a los movimientos cambiarios, de modo que el país no necesite reservas. Sin embargo, lo más probable es que se quiera mantener cierto margen de maniobra para manejar el tipo de cambio”, planteó.

“También estaremos observando la política cambiaria. No sabemos qué va a pasar con el tipo de cambio, pero yo había dicho hace dos años que, para acumular reservas y estabilizarse, Argentina iba a necesitar ser un país muy barato durante un buen tiempo, como ocurrió en 2004. Ya no pensamos eso porque aumentó la confianza”, sostuvo.

Igualmente, presentó dudas respecto de qué hará el equipo económico si el año próximo hay presión sobre el tipo de cambio. “¿Va a intervenir dentro de la banda para planchar el dólar y gastar reservas, desviándolas de otros usos? ¿O va a dejar flotar el tipo de cambio? Claro que, si hubiera un shock tan severo que el tipo de cambio llegara al techo de la banda, tendrían que vender dólares y ese sería un escenario muy adverso».

Por otra parte, cree que todavía falta, dentro del proceso de estabilización, una mayor demanda de pesos, lo cual permitiría acumular reservas sin esterilizar.

Sin embargo, existen dos elementos positivos. Primero, durante los episodios de dolarización los dólares permanecieron dentro del país; no hubo fuga de capitales. Segundo, el crecimiento económico continúa mostrando cifras positivas.

La principal preocupación tiene que ver con la composición de ese crecimiento, concentrado en sectores menos demandantes de empleo.

“Desde nuestra perspectiva, el aspecto positivo es que finalmente el crecimiento está impulsado por la inversión y por actividades que generan dólares, teniendo en cuenta que la debilidad histórica de Argentina es que es un país que le cuesta generar dólares, pero no le cuesta endeudarse en dólares”, agregó.

La cuestión es que quizás la sociedad no siente tanto esa expansión económica: “Los salarios y pensiones reales no han recuperado sus niveles de 2022”.

De todos modos, opinó que la transición, donde hay ganadores y perdedores, es probablemente inevitable. Como ejemplo, mencionó el caso de Uruguay, país en el que también existen debates sobre el atraso cambiario y las diferencias de dinamismo entre sectores.

Por último, remarcó que el riesgo político, el llamado “riesgo kuka”, resulta un agravante. “En otros países hay elecciones muy relevantes, pero no producen el mismo nerviosismo. Uno podría decir que los fundamentos de Argentina son buenos, pero que estamos sobreponderando el riesgo político”, dijo Martinez.