POLITICA
El juez Irurzun da pelea y presenta una medida cautelar para no jubilarse en la Cámara Federal
El juez de la Cámara Federal Martín Iruzun, que cumple 75 años el 18 de julio, no está dispuesto a jubilarse. El Gobierno se negó a enviar su pliego al Senado para darle un nuevo acuerdo porque quiere reformular el tribunal, pero Irurzun está dispuesto a dar pelea y resiste.
Por eso es que presentó una medida cautelar autónoma ante el fuero Contencioso administrativo para que se suspenda la cláusula constitucional que lo obliga a renovar su nombramiento.
Irurzun, que integra la Sala II de la Cámara Federal, argumentó que la cláusula constitucional que lo obligaría a cesar en el cargo a los 75 años es “nula de nulidad absoluta” porque la Convención Constituyente de 1994 se excedió en sus atribuciones al incorporarla.
La presentación fue radicada ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal a cargo del juez Walter Lara Correa, con el patrocinio del abogado Alberto Spota.
El gobierno de Javier Milei no envió hasta el momento el pliego de Irurzun al Senado para que el cuerpo preste el acuerdo que la Constitución exige para renovar el mandato de los jueces que superan esa edad. Sin ese trámite, el magistrado deberá cesar en funciones dentro de poco más de cinco semanas.
El Gobierno quiere refundar la Justicia Federal y aprovechar la jubilación de Irurzun para reconvertir la Cámara Federal, que es un tribunal estratégico para los casos de corrupción, pues tiene la llave para que las causas contra funcionarios –Manuel Adorni, Diego Spagnuolo, Karina Milei y Javier Milei con el caso $LIBRA– prosperen y sigan su camino al juicio, o se congelen.
Con la salida de Iriruzun se piensa llamar a un nuevo concurso que cubra su cargo. El Gobierno ya avanzó esta semana con la cobertura de otros dos cargos en el tribunal, pues el Consejo de la Magistratura aprobó la terna para cubrir las vacantes de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Este último podría seguir en su cargo para el que concursó.
El núcleo del planteo de Irurzun es técnico. Sostiene que la cláusula del artículo 99, inciso 4°, tercer párrafo de la Constitución Nacional (que establece que los jueces que cumplan 75 años necesitan un nuevo nombramiento con acuerdo del Senado para continuar en sus cargos, por períodos de cinco años) es un acto nulo porque la Convención Constituyente de 1994 nunca estuvo habilitada para incorporarla.
La ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional y fijó los temas que la Convención podía modificar, autorizó a los convencionales a revisar el mecanismo de designación y remoción de magistrados pero no habilitó establecer un límite de edad para el ejercicio del cargo.
En esa lógica, la cláusula de los 75 años sería un acto nulo desde su origen y, por lo tanto, no podría surtir efecto. La Corte ya se pronunció sobre esta misma cuestión en el precedente relacionado con el juez Leopoldo Schiffrin, de 2017, donde por mayoría convalidó la cláusula constitucional impugnada, revirtiendo así la posición que había adoptado años antes en el caso del juez Carlos Fayt.
Pero Irurzun encontró un resquicio, pues la mayoría en la Corte que formó el precedente “Schiffrin” ya no existe. Con el cese en funciones del juez Juan Carlos Maqueda, que se jubiló a principios al cumplir 75 años, la composición de la Corte cambió y si se planteara hoy un caso análogo no habría mayoría para sostener esa doctrina.
“El estándar de Schiffrin ha desaparecido, lo que impide tenerlo como doctrina vigente de la CSJN”, sostiene el escrito. Irurzun también adelantó que se reserva el derecho de recusar, con expresión de causa, a cualquier ministro de la Corte que hubiera participado como Convencional Constituyente en la reforma de 1994 y aprobado la cláusula impugnada, porque no podría pronunciarse con imparcialidad sobre la validez de un acto que él mismo realizó. Alude en rigor al juez Horacio Rosatti.
La urgencia del pedido cautelar está dada por que el 18 de julio Irurzun cumple 75 años. Si para esa fecha no hay una medida judicial que suspenda los efectos de la cláusula constitucional, el magistrado cesará automáticamente en sus funciones. Y ese cese, una vez producido, sería irreversible: no hay mecanismo legal para restituir a un juez a su cargo una vez que fue separado de él por haber alcanzado el límite de edad.
“De no neutralizarse los efectos del precepto en crisis, habrá el dicente de cesar en el cargo y en funciones no bien cumpla los setenta y cinco años de edad, lo que acaecerá el próximo 18 de julio; extremo que supondrá un cuadro de situación irreversible y fatal”, advierte el escrito.
Por esa razón, Irurzun pidió que la cautelar se dicte de inmediato, sin correr traslado a la parte contraria -el Estado- y también impugnó por inconstitucionales varias disposiciones de la ley 26.854 que regulan el régimen de medidas cautelares contra el Estado, en particular las que prevén la bilateralización previa del pedido y el efecto suspensivo del recurso de apelación. En su criterio, esas normas harían imposible la tutela efectiva porque los plazos que insumen son incompatibles con la urgencia del caso.
El debate sobre el límite de edad para los jueces federales tiene antecedentes. El juez Fayt lo planteó en 1999 y obtuvo un fallo favorable que declaró nula la cláusula de los 75 años tal como había sido introducida en 1994. Años después, en 2017, el caso Schiffrin revirtió esa jurisprudencia. Ahora Irurzun intenta abrir un tercer capítulo.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Difirieron la implementación del Código Procesal Penal Federal en Córdoba por razones operativas
El Gobierno nacional difirió la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal para la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
De acuerdo con lo dispuesto mediante la disposición 274/2026, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, la implementación se postergó hasta las 00:00 horas del 8 de marzo de 2027.
La decisión responde a la necesidad de consolidar las condiciones materiales, operativas y tecnológicas que permitan asegurar una transición ordenada y sostenible en una de las jurisdicciones federales de mayor complejidad institucional del país.
La postergación se comunicará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara Federal de Casación Penal, a la Procuración General de la Nación, a la Defensoría General de la Nación, a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso y al Ministerio de Seguridad Nacional, conforme lo establece la resolución. El cronograma de implementación, definido por el Ministerio de Justicia, prevé una puesta en marcha gradual del Código en los distintos distritos federales del país, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 27.150 y sus modificatorias.
Desde la reanudación del proceso de reforma procesal penal federal, el Ministerio de Justicia impulsó la vigencia del sistema acusatorio en varias jurisdicciones, priorizando la consolidación paulatina y la articulación interinstitucional.
Hasta el momento, el nuevo modelo se instaló en nueve distritos federales —incluyendo provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego— y en regiones de la provincia de Buenos Aires, tales como Bahía Blanca, Mar del Plata y San Nicolás de los Arroyos.
Y aún resta implementar el sistema acusatorio en nueve jurisdicciones federales, entre ellas Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos y Misiones, además de zonas de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso de Córdoba, la extensión territorial, la densidad poblacional, la dispersión geográfica de las sedes judiciales y el volumen de litigiosidad penal federal han sido señalados como factores determinantes para requerir un análisis específico de las condiciones necesarias para la transición.
La magnitud y complejidad estructural de la Justicia Federal en Córdoba obliga a contemplar una evaluación detallada de los recursos humanos, la infraestructura disponible, la tecnología y la operatividad de los organismos involucrados. El distrito concentra investigaciones vinculadas a delitos complejos, como narcotráfico, criminalidad económica y contrabando, lo que demanda un despliegue técnico y profesional adicional para garantizar la eficacia del sistema acusatorio.
En el proceso de adecuación, se realizaron aportes específicos al Poder Judicial de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, con el propósito de mejorar las condiciones de funcionamiento y garantizar estándares homogéneos en la operatividad del sistema. Entre las acciones desarrolladas, la cartera de Justicia proporcionó herramientas tecnológicas orientadas a fortalecer el análisis forense digital, mediante la entrega de sistemas UFED y equipamiento especializado que optimizan el tratamiento de evidencia digital y la preservación de la cadena de custodia.
Además, se inició el relevamiento de las estructuras edilicias del Poder Judicial para avanzar en la adecuación y equipamiento de las salas de audiencias requeridas por el modelo acusatorio, incluyendo sistemas audiovisuales, conectividad y registración digital. Paralelamente, se impulsaron instancias de formación y capacitación para magistrados, funcionarios y equipos técnicos, a través de talleres, actividades académicas e intercambios institucionales con distritos donde el sistema ya está vigente.
La decisión de diferir la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en Córdoba surge tras evaluaciones técnicas y diagnósticos institucionales que coinciden en la necesidad de profundizar la adecuación edilicia, fortalecer la disponibilidad de espacios y asegurar la operatividad de las salas de audiencias bajo el nuevo modelo.
El proceso fue acompañado por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba —que solicitó formalmente el aplazamiento mediante la Acordada N° 34/2026— y por la Procuración General de la Nación, que presentó un informe de diagnóstico en abril de 2026 destacando diversas necesidades operativas, tecnológicas y de infraestructura.
El relevamiento realizado por las instituciones intervinientes, incluyendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura, ratifica la importancia de garantizar condiciones materiales y operativas óptimas para la implementación. Se estima que la entrada en vigencia del Código solo será efectiva cuando las salas de audiencias se encuentren plenamente operativas y se hayan completado las acciones de capacitación, incluyendo simulacros y talleres de estandarización dirigidos a todos los operadores judiciales.
Anniversaries,Domestic Politics,Anniversaries,South America / Central America,Government / Politics
POLITICA
Las dudas que dejó Manuel Adorni y que ahora deberá demostrar ante la Justicia: criptomonedas, bienes y declaraciones
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, omitió aclarar múltiples incógnitas durante la entrevista que concedió anoche a LN+ e incurrió en inconsistencias, omisiones y afirmaciones que requerirán documentación fehaciente, trazable y verificable de manera independiente que deberá presentar ante la Justicia federal, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Oficina Anticorrupción (OA).
Los principales puntos críticos, según contadores, expertos antilavado, inversores en criptomonedas y abogados consultados por , son los siguientes:
• Inconsistencia en la cronología de inversiones: ofreció versiones divergentes sobre el inicio de sus operaciones en Bitcoin (“hace 13 años”, “2013-2014”, operaciones exhibidas de 2017-2018), sin lograr reconstruir una secuencia temporal coherente que arroje un monto final que sea con las cotizaciones de 2014 y 2018 (con valores promedios de 527 y 7573 dólares, respectivamente, lo que arrojaría una ganancia muy superior a la declarada por Adorni). Esta inconsistencia afecta la posibilidad de verificar la evolución patrimonial y el origen temporal de los activos.
• Ganancias alegadas sin respaldo técnico idóneo: reconoció utilidades por aproximadamente US$ 300.000, sustentadas en capturas de pantalla de billeteras digitales. Pero no acreditó titularidad, integridad ni correspondencia con registros verificables en blockchain o exchanges.
• Falta de identificación de instrumentos operativos: no precisó direcciones de wallets, sean “calientes” o “frías”, ni plataformas de intercambio utilizadas o cantidades de USDT vendidas. Esta omisión impide la verificación independiente en registros públicos (blockchain) y privados (exchanges), restringiendo la auditabilidad de las operaciones.
• Origen indeterminado del fondeo inicial (FIAT): no acreditó el origen de los fondos con los que él y Angeletti habrían adquirido los criptoactivos, ni su correspondencia con ingresos declarados. Este vacío resulta relevante a efectos de determinar la licitud del capital inicial.
• Falta de correlación entre liquidación de activos y registros bancarios: no aportó evidencia sobre la fecha, modalidad ni destino de la eventual venta de criptoactivos, ni su reflejo en las cuentas bancarias en las que ingresaron esos fondos, lo que impide verificar su entrada al circuito formal, por ejemplo a través de un banco, sea en dólares, pesos u otra moneda.
• Posible inconsistencia en declaraciones juradas patrimoniales: reconoció una modificación en la titularidad del inmueble en el country Indio Cúa previamente omitido o consignado de forma parcial con Angeletti, lo que podría configurar una declaración incompleta o inexacta bajo los estándares de integridad exigidos por la legislación vigente a funcionarios públicos.
• Estructura contractual atípica en operación inmobiliaria: describió un esquema de financiamiento con créditos sin intereses con jubiladas y amigos, sin cronograma de amortización y con formalización posterior, características que se apartan de prácticas usuales y que, en sede judicial, podrían requerir justificación económica y documental adicional.
• Invocación de ingresos de terceros sin acreditación: atribuyó diferencias entre ingresos y consumos a ingresos de su cónyuge, sin aportar documentación respaldatoria suficiente ni consistencia con registros tributarios, lo que impide validar esa fuente de financiamiento.
• Reconocimiento de omisión impositiva: admitió no haber declarado ganancias derivadas de inversiones en criptomonedas, invocando una práctica generalizada de economía “en negro”. Dicha admisión podría resultar relevante a efectos tributarios y eventualmente penales, en tanto no se invocó causal legal que justifique la omisión.
• Demora en la producción de prueba documental: indicó haber tardado tres meses en localizar documentación clave sobre el origen de los fondos, lo que plantea interrogantes sobre su disponibilidad, conservación y consistencia, elementos centrales en procesos de verificación patrimonial.
• Adhesión posterior a régimen de regularización fiscal: se acogió ayer al régimen simplificado de Ganancias creado por la Ley de Inocencia Fiscal, tres meses después de radicada la denuncia penal en su contra. Si bien la herramienta es legal, su utilización en ese contexto temporal podría ser objeto de análisis respecto de sus efectos jurídicos y su alcance frente a eventuales responsabilidades preexistentes.
la entrevista que concedió anoche a LN+,Hugo Alconada Mon,Manuel Adorni,Conforme a,Manuel Adorni,,“Ahorramos en negro”. Manuel Adorni admitió que ocultó ingresos en sus declaraciones juradas por medio millón de dólares,,Con torta de cumpleaños. Karina Milei posteó una foto de la mesa política en medio de las tensiones Adorni-Bullrich,,En redes sociales. La contundente frase de Esteban Bullrich contra Adorni
POLITICA
La Justicia investigará cómo hizo Adorni para ahorrar los US$200 mil que invirtió en bitcoin
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó el miércoles su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y aseguró que el mayor incremento de su patrimonio fue gracias a una inversión de US$200 mil en Bitcoin. La información brindada por el funcionario generó un cambio drástico en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y el fiscal Gerardo Pollicita profundizará ahora en los orígenes de esos fondos.
Concretamente, el fiscal a cargo de la investigación junto al juez Ariel Lijo, investigará el historial laboral de los últimos 12 años de Adorni.
Pollicita quiere saber de dónde salió ese dinero, a pesar de que el funcionario dijo que lo logró gracias a “ahorros en negro” que recaudó junto a su mujer, Bettina Angelleti.
En caso de que el jefe de Gabinete asegure que ese dinero fue hallado en la casa de sus padre, la investigación recaerá también en el resto de sus familiares hasta poder dar con el origen de los fondos.
No será la única medida que tomará Pollicita. También se reunirá con los peritos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero(DAFI) para que se incorporen los US$500 mil que Adorni dijo tener en una entrevista.
El fiscal también solicitará la declaración jurada reservada de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, como parte de las medidas destinadas a reconstruir el patrimonio familiar y contrastar la información presentada ante los organismos de control.
La investigación tomó impulso luego de las declaraciones públicas del jefe de Gabinete, quien admitió que durante años mantuvo ahorros no declarados junto a su esposa y aseguró que una parte significativa de su patrimonio proviene de inversiones realizadas en bitcoin.
Según pudo saber TN, Pollicita analizará además la documentación vinculada a los activos digitales mencionados por el funcionario. En la fiscalía evalúan cuál es el mecanismo más adecuado para requerir información que permita verificar la existencia de esos fondos y confirmar que fueron incorporados a las declaraciones patrimoniales correspondientes.
El foco está puesto en los US$300.000 que Adorni aseguró haber obtenido como ganancia a partir de inversiones en criptomonedas realizadas junto a su esposa. En una entrevista televisiva, explicó que comenzó a operar con bitcoin en 2013 y que entre 2014 y 2018 obtuvieron importantes rendimientos.
Leé también: Los dichos de Adorni sobre su patrimonio contradicen declaraciones anteriores en el Congreso y la Casa Rosada
“Invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000”, sostuvo el jefe de Gabinete. También afirmó que esos fondos son la forma de demostrar que su patrimonio fue generado antes de su ingreso a la función pública.
Las explicaciones de Adorni se produjeron en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en los tribunales federales y luego de que se conociera la presentación de declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción.
Manuel Adorni, Justicia, Gobierno
Difirieron la implementación del Código Procesal Penal Federal en Córdoba por razones operativas
Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos y nevadas para este viernes 12 de junio: las provincias afectadas
El desopilante error de Lizy Tagliani al comprarle la camiseta de la Selección a su hijo: “Antes de ser mami, fui trava”
El Gobierno bonificó el acceso a las garrafas para los cuarteles de bomberos voluntarios
La camiseta “de papel”, el gol de lateral y una definición a lo Di María: las perlitas de Corea del Sur-República Checa
Las dudas que dejó Manuel Adorni y que ahora deberá demostrar ante la Justicia: criptomonedas, bienes y declaraciones
Victoria Villarruel envió una corona de flores al funeral del Indio Solari y buscó diferenciarse del Gobierno
Reforma laboral: qué cambia para los trabajadores con la revisión de más de 100 convenios colectivos vencidos
La advertencia del economista más escuchado por Milei: «Si Argentina tiene éxito, va a ser cara»
“Me parece una vergüenza”: la dura crítica de Victoria Villarruel a la declaración jurada de Manuel Adorni
ECONOMIA2 días agoLa advertencia del economista más escuchado por Milei: «Si Argentina tiene éxito, va a ser cara»
- POLITICA1 día ago
“Me parece una vergüenza”: la dura crítica de Victoria Villarruel a la declaración jurada de Manuel Adorni
- POLITICA2 días ago
Manuel Adorni y su esposa decidieron acogerse al régimen de “inocencia fiscal” aunque aseguran que no declararán dólares
