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“Si se llega a esa instancia, vamos a acompañar el pedido de censura o remoción de Adorni”, anticipó el jefe de senadores del PRO

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El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara, aseguró que el futuro de Manuel Adorni como jefe de Gabinete se definirá luego de que se presente su informe en la Cámara alta el próximo 2 de julio, aunque ratificó que el partido amarillo reclama su remoción en el cargo.

En diálogo con el equipo de Infobae al Amanecer, Goerling Lara sostuvo que la permanencia de Adorni en el cargo “no da para más”, y criticó la negativa del oficialismo a habilitar la sesión parlamentaria destinada a tratar el desempeño del jefe de Gabinete.

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Consultado sobre la postura del PRO ante una eventual moción de censura o remoción, el senador macrista fue tajante: “Si llega esa instancia, el PRO va a acompañar el pedido de censura o remoción”. Incluso si la iniciativa partiera de bloques opositores más duros, como el kirchnerismo: “Acá el que nos está sometiendo a todos los que ayudamos a este gobierno es el mismo Gobierno, insistiendo a esta altura que es un capricho de mantenerlo al jefe de Gabinete”.

Goerling Lara llamó la atención que la polémica en torno al jefe de Gabinete continúa, incluso cuando gran parte de la atención se la lleva el Mundial de Fútbol: “Arrancó el Mundial y seguimos hablando de Adorni. Yo pensé que a esta altura el Presidente habría tomado como decisión correrlo del cargo. Es lo que estamos pidiendo desde nuestro espacio”.

El senador recordó que fue el bloque PRO fue el que solicitó que vaya a comparecer al informe de gestión ante la Cámara alta, y que se llegó a una situación de punto límite tras el informe del funcionario en la Cámara de Diputados. “Le ha mentido al Congreso y a toda la Argentina”, aseguró. Y que la presión política y social se incrementó después de la declaración jurada de Adorni y la falta de respuestas claras. “No da para más, está rompiendo un vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión de todos los argentinos”, remarcó.

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La agenda parlamentaria

El jefe del bloque PRO subrayó la diferencia la moción de censura y la remoción del cargo, que son las distintas que están sobre la mesa de los bloques opositores y cercanos al oficialismo. “La censura es un acto político fuerte que le dice al presidente que ambas cámaras no quieren que este sea el ministro de gabinete, pero el presidente puede desoír. Ahora, la remoción tiene un efecto jurídico: el presidente tiene que correrlo”, deslizó.

Goerling Lara explicó que, para avanzar con la remoción en el Senado, se requiere mayoría absoluta de 37 votos de la totalidad de los miembros. Remarcó también que, para el oficialismo, “sesionar es riesgoso” en este contexto “porque si se abre el recinto van a suceder cosas”.

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La reunión de labor parlamentaria prevista para las 18, señaló, será decisiva para definir si hay sesión este jueves. “La idea era sesionar mañana. Hay un grupo de diputados del oficialismo que no quiere la sesión porque se puede dar la moción de censura o remoción”, contó.

El senador insistió que la permanencia de Adorni como jefe de Gabinete “le está haciendo un daño tremendo” al Gobierno y “está impactando en la imagen presidencial”, donde cuestiones como la “lucha contra la casta” se estaría perdiendo por los escándalos de presunta corrupción. “Era un activo de este Gobierno y lo está dilapidando”, planteó.

Goerling Lara describió la relación del PRO con el Gobierno en dos etapas. “El PRO ha tenido una actitud de acompañar a este gobierno desde el balotaje”, afirmó, recordando el rol clave del partido en la sanción de la Ley Bases: “La ley más importante que mandó este gobierno, que era la herramienta para empezar su gestión, la desempató (la vicepresidenta, Victoria) Villarruel. Si no le daba votos el PRO, esa ley no salía”.

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Sin embargo, anticipó que la actual coyuntura está vinculada a una “segunda etapa” donde el oficialismo “tiene que demostrar cómo quiere gobernar la Argentina”. “Nosotros nos tenemos que preparar porque el año que viene también hay elecciones”, dijo. Sin embargo, ratificó que “el PRO no es oposición al Gobierno en el sentido kirchnerista”.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados para dar su informe de gestión (EFE/Matías Campaya)

“Nos vamos a oponer cuando las cosas están mal, cuando se está desviando el rumbo, cuando se debilitan las instituciones. Vamos a acompañar los procesos de transformación económica, la baja de la inflación y del déficit. Lo que está bien acompañaremos y lo que está mal nos vamos a oponer con total claridad”, amplió.

El senador enfatizó que la crisis con el caso de Adorni entorpece la agenda legislativa, ya que se tendrían que estar tratando varios proyectos que envió el Poder Ejecutivo y “no podemos avanzar”. “Si no hay sesión es por el tema Adorni. Es un riesgo y le está perjudicando la gobernabilidad y la gestión, día a día. No puede ser que hace tres meses estemos discutiendo este tema”, lamentó Goerling Lara.

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“Si el Presidente quiere evitar eso, lo tiene que correr. De otra manera, me parece que es una grave señal para la Argentina y sobre todo para la economía, porque esto mete ruido”, concluyó.

Las diferencias sobre la reforma política y el futuro del PRO

El senador también se refirió a la reforma electoral que presentó el Gobierno, en la que anticipó “la mayoría de los senadores no va a eliminar las PASO como competencia electoral previa”. “Podemos sacar la obligatoriedad, discutir el piso para que los partidos participen, el financiamiento, pero que haya primaria”, expresó. Además, defendió el mantenimiento de los debates presidenciales obligatorios porque es una “obligación de los que quieren gobernar la Argentina debatir ideas”.

Sobre el futuro del PRO, Goerling Lara expresó que le encantaría que Mauricio Macri sea candidato a presidente en 2027. “Creo que en una segunda oportunidad, después de la experiencia acumulada, sería un gran presidente. Pero va a depender de él”, planteó, y confió en la reconstrucción partidaria de cara a 2027: “Mauricio está trabajando y poniendo el cuerpo en todo el país, reorganizando nuestra fuerza política. El PRO va a ser protagonista el año que viene, o encabezando una fórmula presidencial o acompañando un frente electoral”.

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Fuerte debate en la CGT: hay consenso para iniciar medidas de fuerza sectoriales, pero no un paro general en forma inminente

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La CGT inició este miércoles el camino hacia un nuevo plan de lucha contra el Gobierno, que incluiría paros sectoriales y escalonados, además de asambleas y movilizaciones callejeras, pero no hay consenso para concretar la quinta huelga general contra Javier Milei.

“Por ahora no están dadas las condiciones para otro paro general”, resaltó un jefe gremial tras una reunión del triunvirato cegetista con las confederaciones sindicales de la industria, el transporte, la alimentación, la energía y las comunicaciones realizado en la sede de la CGT, en Azopardo 802.

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En el encuentro, la postura más extrema fue llevar adelante un paro por tiempo indeterminado, planteada por el titular de La Fraternidad, Omar Maturano, aunque esa posibilidad no tuvo mucho consenso entre sus pares.

Sí, en cambio, hubo un acuerdo casi mayoritario en instrumentar una modalidad de protestas por sectores, que se vayan alternando en cada actividad y en su modalidad (asambleas, paros y movilizaciones), con la idea incluso de sumar a otros sectores de la sociedad que están castigados por el actual plan económico.

Esa variante que se analizó, anticipada por Infobae, está inspirada en el plan de lucha que se instrumentó en Francia para protestar contra la reforma jubilatoria impulsada por Emmanuel Macron en 2023.

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¿Cristina libre? La expresidenta no fue condenada por sus ideas

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Un año después de la condena firme a Cristina Fernández de Kirchner todavía escuchamos el mismo argumento: la condenaron por defender a los pobres. La condenaron por ampliar derechos. La condenaron por enfrentarse a los poderes económicos. La condenaron por representar un proyecto político popular.

Aun sin compartir la base de la premisa, la pregunta es inevitable.

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Si eso fuera cierto, ¿por qué la sentencia habla de licitaciones y no de asignaciones universales? ¿Por qué habla de contratos de obra pública y no de jubilaciones? ¿Por qué habla de direccionamiento de fondos, sobreprecios y administración fraudulenta, y no de derechos humanos, universidades o políticas sociales?

La respuesta es simple: porque Cristina Kirchner no fue condenada por sus ideas.

Fue condenada por hechos. Y esa diferencia importa.

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Porque cuando se afirma que la condenaron por defender a los pobres, lo que en realidad se está diciendo es algo mucho más grave: que las políticas sociales otorgan una especie de inmunidad moral frente a la corrupción.

Como si un gobierno pudiera apropiarse de recursos públicos siempre que al mismo tiempo impulsara medidas que una parte de la sociedad considera valiosas.

Como si la Justicia debiera evaluar simpatías ideológicas antes que conductas.

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Como si los delitos dejaran de ser delitos cuando los comete alguien que piensa como nosotros.

La sentencia de la Corte Suprema no evaluó un modelo económico. Tampoco juzgó una identidad política. Lo que hizo fue confirmar, después de años de investigación y revisión judicial, que existió una maniobra de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Los hechos están ampliamente documentados: transferencias discrecionales de fondos públicos, adjudicaciones e irregularidades contractuales, sobreprecios, obras inconclusas y una estructura de beneficios direccionados. Todo ello fue analizado por distintos jueces y tribunales que arribaron a la misma conclusión.

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Por eso resulta llamativo que algunos sigan discutiendo las motivaciones de los jueces en lugar de discutir las pruebas.

Hay, entonces, que actualizar alguna información:

1. El 10 de junio de 2025 la Corte Suprema de Justicia de la Nación por unanimidad dictó la sentencia condenando a Cristina Fernández de Kirchner y otros por delitos contra la administración pública (delitos de corrupción). Una semana después se dispuso su detención domiciliaria por tener más de 70 años.

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2. El inicio de la investigación tuvo lugar después de la presentación de una denuncia basada en un informe de auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad en 2016. Existían denuncias previas que no habían encontrado un sustento probatorio suficiente o bien, la decisión política de los jueces había sido cajonearlas.

3. Para llegar a ese fallo, existieron múltiples instancias previas y la intervención de muchos magistrados, jueces y fiscales que siempre arribaron a la misma conclusión: la responsabilidad penal de CFK y otros en perjuicio del estado. El juez Ercolini dictó el procesamiento y el juicio oral y público se inició en el 2019. La sentencia del Tribunal Oral Federal 2 es de diciembre 2022, condenando a 6 años de prisión por administración fraudulenta. La sala IV de la Cámara de Casación Penal ratificó la condena con más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en noviembre de 2024. Presentado un recurso extraordinario ante la Corte, el máximo tribunal dictó sentencia definitiva hace un año.

4. El delito es haber causado un perjuicio deliberado y probado a la administración pública del que participaron una decena de personas. Se impuso además el decomiso de los bienes por el valor de $ 684.990.350.139,56. (Si, casi Seiscientos ochenta y cinco mil millones de pesos, aproximadamente 500 millones de dólares). Se estableció la responsabilidad solidaria de todos los condenados y la ejecución de 111 inmuebles y activos financieros.

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5. Pruebas encontradas: Decretos del Poder Ejecutivo para transferir fondos de manera discrecional a la Provincia de Santa Cruz desde donde se direccionaban a las empresas de Lázaro Báez. 80% de las obras fueron adjudicadas a las empresas del grupo Báez. Irregularidades en los contratos. Sobreprecios. Obras pagadas sin terminar. Prórrogas injustificadas.

6. Más pruebas: Vínculos comerciales y personales entre la Familia Kirchner y Lázaro Báez. El devenido empresario era un funcionario de banco hasta mayo de 2003 cuando, al llegar Néstor Kirchner al Gobierno forma una empresa constructora (sin tener antecedentes), Austral Construcciones, desde la cual y con maniobras ilegales fue adquiriendo otras empresas para armar competencia simulada e influir sobre los precios de las licitaciones.

7. Otra prueba: El mensaje ordenando “limpiar todo: paralizar obras, despedir personal, pagar saldos”. Con el cambio de gobierno y el inicio de las investigaciones, se abandonaron las obras y se vaciaron las empresas dejando deudas, trabajadores en la calle y contratos sin cumplir.

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8. El decomiso de bienes incluye inmuebles de miles de hectáreas, hoteles, departamentos y varios millones de dólares depositados a nombre de Florencia Kirchner por cesión de su madre. Nunca esa fortuna pudo haber tenido un origen legal.

9. El artículo 36 de la Constitución Nacional establece un alto rango de sanción para la corrupción, asimilando el delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento, con los golpes de estado, y le impone siempre como pena accesoria la inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos.

10. Todos los tribunales intervinientes rechazaron los argumentos políticos de la defensa, que nunca pudo probar inocencia, descartando lawfare, persecución política o proscripción.

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El juzgamiento no ha recaído sobre las políticas de su gobierno, sino sobre el uso de los recursos públicos durante 12 años para enriquecimiento personal y, en este caso (que no es el único) del amigo Lázaro Báez ( sobre quien guardo mi profunda convicción de su condición de testaferro de la fortuna familiar de los Kirchner).

Aparece entonces una cuestión más profunda.

Durante demasiado tiempo en la Argentina se instaló la idea de que la corrupción era una preocupación secundaria frente a los grandes objetivos políticos. Que primero había que preguntarse quién gobernaba y recién después cómo gobernaba.

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Esa lógica terminó produciendo una peligrosa tolerancia social.

Muchos argentinos llegaron a convencerse de que podían mirar para otro lado frente a la corrupción siempre que compartieran las banderas del gobierno de turno. Una afirmación que se instaló con tanta firmeza que aún condiciona hoy la valoración social sobre el gobierno actual.

Los derechos sociales y la corrupción no son conceptos compatibles. Como no lo es la baja de la inflación o el equilibrio fiscal.

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La corrupción desvía recursos que deberían destinarse precisamente a esos derechos que se dice defender. Menos hospitales. Menos escuelas. Menos rutas. Menos viviendas. Menos oportunidades.

Por eso la verdadera contradicción no está entre justicia social y condena judicial.

La verdadera contradicción está entre invocar a los sectores más vulnerables mientras se tolera que una parte de los recursos públicos termine beneficiando a grupos privilegiados cercanos al poder. O al poder mismo.

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Un año después de la condena, con todos los elementos sobre la mesa, la discusión ya no es jurídica. La Justicia habló. La discusión es moral y política.

¿Estamos dispuestos a aceptar que la corrupción debe ser condenada aun cuando el corrupto defienda las causas que compartimos? Tal vez sea el desafío más complejo de nuestra democracia.



Margarita Stolbizer,LA NACION,Política

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El Gobierno redefine su estrategia electoral por el caso Adorni y Patricia Bullrich gana terreno en el armado con miras a 2027

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El Gobierno redefine su estrategia electoral por el impacto del caso Manuel Adorni y Patricia Bullrich gana terreno como posible candidata a vicepresidenta de Javier Milei en 2027. En la Casa Rosada reconocen que la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado logró sentarse en la mesa chica del oficialismo y aumentar su poder de negociación en medio de las tensiones internas, la presión legislativa y la necesidad de sostener las reformas en el Congreso.

Vamos a tener que arreglar con Patricia. Internamente todos lo saben”, expresan en Nación. La frase resume un cambio de clima dentro del oficialismo: la senadora pasó de ser un factor incómodo para el karinismo a convertirse en una dirigente difícil de excluir del diseño electoral. En Balcarce 50 admiten que Bullrich acumuló autonomía, volumen público y capacidad para condicionar la agenda parlamentaria, sobre todo después de sus diferencias con el Gobierno por el caso Adorni y por el pliego de María Verónica Michelli.

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En el Ejecutivo reconocen que la idea inicial de Karina Milei era que la senadora neuquina Nadia Márquez pudiera integrar la fórmula presidencial como candidata a vicepresidenta el año que viene. Ese plan perdió fuerza en medio del nuevo escenario político. En la Casa Rosada admiten ahora que Bullrich volvió a aparecer como una opción que algunos sectores ven con buenos ojos para acompañar a Milei en la boleta nacional.

El cambio también impacta en la estrategia porteña. Hasta hace pocos días, en el entorno de Karina Milei insistían con que Bullrich debía competir por la Ciudad de Buenos Aires para ordenar su rol dentro del oficialismo y despejar cualquier expectativa de candidatura nacional. Esa idea ahora pierde fuerza. En algunos despachos incluso contemplan la posibilidad de reabrir una negociación con el PRO en la Ciudad, una alternativa que hasta ahora era resistida por el armado karinista.

La discusión tiene una consecuencia directa sobre Pilar Ramírez. Si Bullrich finalmente integra la fórmula presidencial y deja su banca en el Senado, la legisladora porteña asumiría como senadora suplente. En Balcarce 50 remarcan que Ramírez es la principal armadora de Karina Milei en la Ciudad, pero en distintos sectores del oficialismo reconocen que no creen que tenga todavía un nivel de conocimiento público suficiente como para encabezar una pelea por la Jefatura de Gobierno.

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Patricia Bullrich gana terreno interno como posible candidata a vicepresidenta de Javier Milei (Foto: Casa Rosada).

En paralelo, hay funcionarios que empujan el nombre de Martín Menem como eventual candidato a vicepresidente. La posibilidad aparece en conversaciones de la mesa política, pero incluso quienes la mencionan admiten que el plan para el presidente de la Cámara de Diputados es de largo plazo. “La apuesta de Karina es que Martín sea el sucesor de Milei”, advierten en sectores neutrales de la interna oficialista. Por eso, en ese espacio creen que exponerlo ahora en una fórmula podría no ser la jugada más conveniente.

La lógica de Bullrich es distinta. En su entorno reconocen que la senadora se posiciona como posible candidata presidencial si Milei no compite por la reelección. “Si no es él, va a estar ella”, agregan cerca de la exministra de Seguridad. Bajo esa lectura, sus últimos movimientos buscan sostener una doble condición: permanecer dentro del oficialismo, pero despegarse de los costos más altos de la gestión cuando considera que pueden afectar su capital político.

Leé también: En medio de la crisis por Adorni, Milei se mostrará con Karina y Caputo en el acto por el Día de la Bandera

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Esa estrategia se vio en dos episodios recientes. Bullrich tomó distancia de Adorni después de sus explicaciones patrimoniales, al hablar de una “omisión ética”, y también marcó una diferencia con el Gobierno en la votación del pliego de Michelli. En la Casa Rosada lo leyeron como un gesto de autonomía que incomodó a Karina Milei, pero también como una señal de que la senadora no está dispuesta a quedar pegada a decisiones que puedan erosionar su proyección hacia 2027.

El caso Adorni aceleró ese reordenamiento. En el Gobierno reconocen que atraviesan un momento de debilidad frente a aliados y gobernadores. Las explicaciones del jefe de Gabinete, la falta de respaldo público del Gabinete y el silencio de buena parte de la estructura digital libertaria complicaron la defensa política del ministro coordinador y dejaron a la Casa Rosada con menos margen para imponer condiciones en las negociaciones electorales.

Milei, de todos modos, mantiene la decisión de sostener a Adorni. En el Ejecutivo aseguran que el jefe de Gabinete volverá a mostrarse públicamente con el Presidente este sábado en Rosario, durante el acto por el Día de la Bandera. La foto será leída como una nueva señal de respaldo institucional, aunque en Balcarce 50 todavía admiten dudas internas sobre la conveniencia de exponerlo en un acto público después de semanas de desgaste.

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Manuel Adorni, Jorge Macri y Javier Milei en el acto central por el 44° aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (Foto: Reuters - Agustín Marcarian).
Manuel Adorni, Jorge Macri y Javier Milei en el acto central por el 44° aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (Foto: Reuters – Agustín Marcarian).

La Casa Rosada también prepara una “contraofensiva” para el informe de gestión que Adorni debe presentar el 2 de julio en el Senado. La intención es que el jefe de Gabinete llegue a esa instancia con una estrategia más ordenada, responda cuestionamientos y busque revertir parte del impacto político de sus declaraciones. En el Gobierno creen que la presentación puede servir para desactivar la presión opositora, aunque admiten que dependerá del clima parlamentario y de la postura de los aliados.

El plan que sí sigue en pie es el de Diego Santilli como candidato a gobernador bonaerense. En la Casa Rosada lo consideran la opción más consolidada para competir en la provincia de Buenos Aires si no hay sorpresas en los próximos meses. Santilli, además, quedó al frente de una agenda clave para el oficialismo: negociar con gobernadores, ordenar reclamos de gestión y sostener los votos necesarios para avanzar con la reforma electoral y otros proyectos.

Leé también: El Gobierno busca mostrar unidad en medio de la tensión por el futuro político de Adorni

La negociación con mandatarios provinciales será central para sostener el programa legislativo hasta marzo. El Gobierno busca acuerdos de competencia y gobernabilidad con gobernadores dialoguistas, más allá de si finalmente comparten boleta con La Libertad Avanza o compiten por separado en sus distritos. En Balcarce 50 necesitan votos para el Súper RIGI, la ley de lobby, la reforma electoral, cambios en Inocencia Fiscal, desregulación y una promesa de discusión tributaria para aplicar en 2028.

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En ese tablero, Bullrich aparece como una pieza cada vez más difícil de ordenar. Para el karinismo, su eventual candidatura porteña permitía contenerla territorialmente y dejar libre la discusión por la vicepresidencia. Pero la crisis de Adorni, la tensión con aliados y la necesidad de mostrar unidad la devolvieron al centro del esquema nacional.

La redefinición electoral todavía está abierta, pero el diagnóstico interno cambió. El Gobierno admite que el caso Adorni alteró los planes originales, fortaleció la capacidad de negociación de Bullrich y obligó a revisar la estrategia en la Ciudad, la fórmula presidencial y los acuerdos con gobernadores. En la Casa Rosada intentan sostener la idea de control político, pero en los hechos el armado de 2027 empezó a ordenarse bajo una premisa menos cómoda para el oficialismo.

Gobierno, Manuel Adorni, Patricia Bullrich

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