El día después de una jornada de alta tensión, en el Gobierno transmitieron alivio. Cerca del presidente Javier Milei viven con satisfacción la postergación, por una semana, de la sesión en la que la oposición pensaba impulsar los pedidos de interpelación y moción de censura, impulsada por la oposición contra el jefe de gabinete Manuel Adorni, complicado por el incremento de su situación patrimonial, investigado por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo.

Milei está dispuesto a sostener a su jefe de Gabinete “hasta que la Justicia sentencie”, según dijeron fuentes oficiales a .

¿Y si lo citan a indagatoria? “Sigue siendo decisión del Presidente lo que haga ante el llamado”, recalcaron, lacónicos, desde un importante despacho oficial, dejando abierta la puerta para sostener lo que, hasta ahora, es la inflexible decisión presidencial de sostener al jefe de gabinete, que estará –junto al resto del gabinete-junto al presidente Milei en el acto por el Día de la Bandera, el sábado en Rosario.

En el Gobierno, en tanto, hay cierto alivio por la postergación de la sesión en el Senado en la que se preveía avanzar contra Adorni.

“Era lo que estuvimos negociando. Todos cumplieron”, afirmaron a funcionarios con conocimiento de las negociaciones que distintos operadores del oficialismo llevaron adelante con senadores de la oposición dialoguista (Pro, UCR) y partidos provinciales, con el objetivo de frenar la embestida contra el jefe de gabinete.

Expectantes de lo que pueda ocurrir en la sesión prevista para el próximo jueves 25, donde la Cámara alta prevé aprobar un pedido de interpelación para el 2 de julio, desde el Gobierno están convencidos de que el Presidente se reserva el derecho de sostener al ministro coordinador “hasta que la Justicia sentencie”, sin obligación de apartarlo del cargo ante una eventual citación desde el juzgado de Lijo.

En estas horas se conoció un avance judicial contra Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del jefe de gabinete, por haber omitido datos en su declaración jurada.

En Balcarce 50, y también en la quinta de Olivos, creen que sostener al jefe de gabinete, complicado por sus viajes al exterior y compra de propiedades con dinero en efectivo no declarado al fisco, genera un “costo político asumible, hasta tanto la Justicia sentencie”.

En el Gobierno admiten la sucesión de inconsistencias entre los dichos públicos de Adorni y la adquisición de bienes y gastos que investiga la Justicia, pero sostienen que no sería un buen antecedente su desplazamiento por una decisión del Congreso. Según el artículo 101 de la Constitución Nacional se necesita el voto de la mayoría absoluta, mitad más uno del total de los miembros de cada Cámara (37 senadores y 129 diputados) para destituir a un jefe de Gabinete, que llegó hoy, bien temprano, a Balcarce 50, sin agenda publicada hasta el momento.

Ese fue el argumento que escucharon los senadores dialoguistas de boca de la jefa de los senadores libertarios, Patricia Bullrich, a la vez impulsora de la salida de Adorni en las reuniones de mesa política. Con Bullrich trabajaron el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y (desde Israel) el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, alineados en salvar la cabeza del jefe de gabinete, y con el Presidente y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “informados de lo que se hablaba”, según fuentes oficiales.

Desde el Gobierno decían “entender” la actitud de senadores y dirigentes de Pro, que en la previa de la reunión daban por hecho que impulsarían la interpelación de Adorni, pero luego aceptaron postergar su tratamiento. “Es entendible, aunque quieren que se vaya Adorni sin pagar el costo”, reflexionó una espada oficialista en relación a declaraciones como la del macrista misionero Martín Goerling, jefe del bloque Pro, para quien “a esta altura mantener al jefe de Gabinete es un capricho”. El senador también afirmó a Infobae que pensó que “a esta altura el Presidente habría tomado la decisión correrlo del cargo”.

“Puro circo. No creo que prospere”, chicanearon cerca del jefe de gabinete, en referencia a las amenazas de los opositores dialoguistas, que de todos modos se concretarían en una semana, cuando la Cámara alta citaría a Adorni para ser interpelado el 2 de julio.

El Gobierno estrenó hoy el decreto con el que modificó los trámites para elegir jueces y limitó la participación de la ciudadanía en el proceso. Puso en práctica el nuevo mecanismo con concursos clave, tendientes a elegir a magistrados que llevarán causas de alta sensibilidad política.

El Ministerio de Justicia publicó hoy en el Boletín Oficial las ternas de candidatos que le envió el Consejo de la Magistratura correspondientes a siete concursos. Incluyen el destinado a cubrir dos de los seis cargos de camaristas federales en Comodoro Py y cuatro cargos en la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. También, el juzgado federal 1 de Corrientes (el único federal con competencia electoral de la provincia), el juzgado 10 en lo penal económico y el federal 2 de La Plata.

La publicación de hoy -que es por un solo día- cumple con enumerar los cargos a cubrir, la integración de las ternas y la referencia a la página web del Ministerio de Justicia donde pueden consultarse los curriculum y los puntajes obtenidos por los distintos candidatos. Eso es todo lo que demanda el nuevo decreto.

Hasta la semana pasada, estaba vigente el decreto 588/2003, que preveía un período de quince días para que particulares, colegios profesionales y asociaciones vinculadas a la Justicia presenten observaciones y objeciones a los candidatos. Contemplaba también la posibilidad de que el ministerio invitara a exponer su opinión a organizaciones especializadas. Establecía además que el Gobierno les pediría una declaración jurada patrimonial a los postulantes y que esa declaración podría ser consultada por la ciudadanía.

El Ministerio estaba obligado, asimismo, a pedir a ARCA un informe sobre “el cumplimiento por parte de los candidatos ternados de sus obligaciones impositivas y previsionales”. Después, debía presentarle su informe sobre los postulantes al Presidente.

El nuevo decreto de Milei cambia tanto la forma de elegir jueces, fiscales y defensores, como ministros de la Corte Suprema. Fue muy cuestionado por reducir la participación ciudadana en el proceso de selección de magistrados.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó esta semana una acción de amparo para frenar la aplicación del decreto.

En paralelo, un grupo de ONGs publicó un comunicado conjunto en rechazo de la nueva norma, a la que consideran un retroceso en materia de institucionalidad.

Firmaron el documento la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, Democracia en Red, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Campaña GQUAL.

Las organizaciones coincidieron en que los cambios introducidos por el Decreto 467/2026 implican “un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y para la igualdad de género, y por ende, también para la calidad de nuestra democracia”.

Además de eliminar la instancia de participación popular ante el Ministerio de Justicia, que es previa a la nominación presidencial, el decreto dejó sin efecto la sugerencia de contemplar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional que debían guiar la elección de los candidatos a la Corte.

El Gobierno argumentó que ese primer paso de participación era redundante con el que se abre una vez que los pliegos ingresan al Senado. Quienes cuestionan la decisión advierten que esa primera etapa de participación, ahora derogada, era central para poner al tanto al Poder Ejecutivo de posibles impugnaciones y objeciones antes −y esto es lo central− de que elija a los candidatos a jueces y los envíe al Congreso.