INTERNACIONAL
República Dominicana logra 82 puntos en transparencia presupuestaria y queda segunda en el mundo
La República Dominicana fue reconocida por la organización internacional International Budget Partnership (IBP) tras obtener 82 puntos sobre 100 en transparencia presupuestaria en la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025, según informó la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).
El país se ubicó en el segundo lugar a nivel global, solo por detrás de Brasil, y encabezó el ranking de Hispanoamérica, Centroamérica y el Caribe, de acuerdo con el informe presentado este martes en Santo Domingo.
El director ejecutivo de la Fundación Solidaridad, Juan Castillo, entregó formalmente los resultados nacionales de la encuesta al director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, en un acto realizado en el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones.
En la ceremonia participaron el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, representantes del Congreso Nacional, órganos de control, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y equipos técnicos vinculados al sistema presupuestario nacional.
La Encuesta de Presupuesto Abierto (OBS) es el único estudio internacional independiente que evalúa el acceso público a información presupuestaria del Gobierno central, las oportunidades para la participación ciudadana y la supervisión del Congreso Nacional y la Cámara de Cuentas. Su décima edición consideró documentos, procesos y evidencias disponibles hasta el 31 de diciembre de 2024 y abarcó 82 países.
Según datos del reporte global de International Budget Partnership, República Dominicana fue identificada como el caso más claro de progreso sostenido en transparencia presupuestaria a nivel mundial. Entre 2008 y 2025, el país elevó su puntuación de aproximadamente 12 a 82 puntos, con un incremento acumulado de 70 puntos, el mayor avance registrado entre los países evaluados en ese periodo.
El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, declaró que “estos resultados representan un reconocimiento al trabajo realizado por el país, pero también una responsabilidad”, y subrayó que la transparencia no solo implica la publicación de información, sino también su utilidad para la ciudadanía y el fortalecimiento de la confianza pública. Rijo precisó que este logro responde a la visión del gobierno del presidente Luis Abinader sobre fortalecer la transparencia, ampliar la participación ciudadana y asegurar que el gasto público genere valor para la sociedad.
Durante la presentación, Juan Castillo remarcó que, según IBP, la República Dominicana es el ejemplo más claro de progreso sostenido en transparencia presupuestaria a escala global. En la misma línea, el director de Estudios Económicos, Rafael Jovine, resaltó iniciativas como el Presupuesto Ciudadano, Presupuesto en las Aulas, los Encuentros Ciudadanos y las plataformas digitales, que buscan ampliar el acceso a la información y la supervisión de los fondos públicos.
Entre los asistentes al acto estuvieron Iván Ramírez, subdirector de Presupuesto; Odilys Hidalgo, directora de Servicios Presupuestarios; Paola Chaljub, encargada de Comunicaciones, y equipos técnicos de DIGEPRES. El evento congregó a representantes de instituciones públicas, órganos de control, el Congreso Nacional, organismos internacionales y la sociedad civil.
La DIGEPRES destacó que la publicación constante de los ocho documentos presupuestarios fundamentales, el fortalecimiento de capacidades técnicas y la institucionalización de mecanismos de participación han sido factores determinantes para el avance registrado en la transparencia presupuestaria nacional.
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INTERNACIONAL
Rafael Grossi confirmó que mantuvo conversaciones con Irán y aseguró que será necesaria una verificación nuclear “muy rigurosa”
El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, afirmó este viernes que Irán requiere un sistema de verificación “muy sólido” para asegurar que no desarrolle armas nucleares tras el reciente acuerdo alcanzado con Estados Unidos.
A su vez, manifestó que las conversaciones para visitar el territorio iraní comenzaron pese a negativa de Teherán: “Tuvimos un intercambio con la parte iraní a nivel técnico, y la expectativa es que este proceso continuar. El trabajo técnico ha comenzado y esperamos estar allí pronto”.
El titular de la OEUA remarcó ante la prensa en Tokio: “Creo que el objetivo de este acuerdo es garantizar que no se desarrollen armas nucleares en Irán. El gobierno iraní declaró muy claramente que esa no es su intención”.
Sin embargo, pese a las declaraciones oficiales del régimen persa, Grossi sostuvo que las manifestaciones de intención no resultan suficientes para la comunidad internacional. “Pero, por supuesto, las intenciones no son suficientes. Tenemos que contar con un sistema de verificación muy sólido… tan pronto como sea posible”, subrayó en su visita a Japón.
Grossi había confirmado el miércoles pasado que los inspectores de la agencia de la ONU visitarán las instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán. El anuncio representó la señal más concreta hasta ahora sobre la implementación de uno de los puntos clave del entendimiento entre Washington y Teherán.
El acuerdo dispone que las actividades relacionadas con instalaciones y materiales nucleares iraníes quedarán bajo supervisión del OIEA. Durante una conferencia de prensa realizada en la central nuclear de Fukushima Daiichi, en Japón, Grossi explicó: “Puedo comprender las declaraciones políticas, son parte de la realidad, pero lo fundamental que quisiera recordarles y a lo que quisiera llamar su atención es que ha habido un Memorando de Entendimiento, firmado por ambos presidentes”.
El jefe del organismo internacional agregó que el texto “establece explícitamente que las actividades nucleares que se lleven a cabo en relación con las instalaciones de material nuclear serán supervisadas por el OIEA, en todos los sentidos”. El anuncio refuerza la postura del organismo sobre la necesidad de control y transparencia en el desarrollo nuclear iraní, en línea con los compromisos adoptados en las negociaciones recientes.
La negociación diplomática entre Estados Unidos e Irán enfrenta obstáculos significativos debido a desacuerdos en torno al programa nuclear iraní y al destino de 6.000 millones de dólares congelados en Qatar pertenecientes al régimen chiíta. Las diferencias han dificultado la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo integral entre ambas partes.
El presidente estadounidense Donald Trump insistió en el desmantelamiento del plan nuclear iraní como condición para impedir que Irán adquiera capacidad de desarrollar un arsenal nuclear. Además, plantea que los fondos por liberar solo puedan utilizarse para la adquisición de bienes estadounidenses.
Por su parte, Teherán aseguró días atrás que no existieron comunicaciones con el organismo de la ONU: “No hemos tenido ninguna reunión con el director general del OIEA (por Rafael Grossi), ni tenemos previsto que el organismo inspeccione las instalaciones nucleares iraníes ,afirmó Esmail Baqaei, portavoz de la Cancillería de Irán.
Estas demandas intensificaron el debate diplomático y mantienen la incertidumbre sobre el futuro de los recursos bloqueados y la orientación del programa nuclear de Teherán.
Cabe recordar que en cumplimiento con una ley sancionada por el Parlamento iraní después de la guerra de 12 días con Israel en 2025, Teherán suspendió la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica en julio del año pasado. La medida restringió el acceso y la supervisión internacional sobre el programa nuclear iraní, en un contexto de creciente tensión regional.
(Con información de AFP y EFE)
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Trump administration notches major immigration victories at Supreme Court
The Supreme Court delivers significant immigration victories for the Trump administration, affirming presidential authority to end temporary protected status and turn away asylum seekers at the border. Constitutional law attorney Jonathan Turley breaks down the impact of these crucial 6-3 decisions, highlighting their implications for border sovereignty and future immigration policy in the United States.
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The Supreme Court’s Thursday decision to restrict asylum applications, hailed by immigration hawks, could actually end up increasing illegal crossings, according to the three dissenting justices and immigration nonprofit involved in the case.
On Thursday, the Supreme Court held in Mullin v. Al Otro Lado that migrants must physically set foot in the United States in order to be eligible for asylum, reversing lower court rulings that had required the government to process certain asylum seekers turned away at ports of entry. While the decision is broadly viewed as making asylum claims more difficult to secure, an objective of the Trump administration, Justice Sonia Sotomayor and Al Otro Lado both argue that it may have unintended consequences.
«This Court has previously recognized that immigration statutes and procedures should not be construed to ‘create a perverse incentive to enter at an unlawful rather than a lawful location. Yet, the majority’s construction does exactly that,» Sotomayor wrote in her dissent. «It tells asylum seekers that they may apply for asylum if they can make it across the border illegally but that they cannot apply if they patiently wait at the edge of a port of entry.»
Al Otro Lado argued on similar lines, stating in a court filing that restricting asylum access to those who physically enter the United States would»create a perverse incentive to cross the border between ports of entry» as people who do so will receive greater rights than those stopped at ports.
SUPREME COURT HANDS TRUMP TWO MAJOR IMMIGRATION VICTORIES
Asylum seekers seen walking toward the southern border in Tijuana, Mexico and a image of a courtroom in the Concord Immigration Court. Kyra Lilien, an immigration judge is suing the Trump administration over her termination, alleging she was fired because of her political affiliations. (Getty Images; Concord Immigration Court)
It is unclear if the Department of Homeland Security, which celebrated the decision, has prepared for the potential uptick in asylum seekers illegally crossing the border. DHS did not respond to a request for comment when reached by Fox News Digital on Thursday.
The conservative majority, led by Justice Samuel Alito, downplayed this possibility, calling the concern «overstated.»
Pro and anti-Trump demonstrators rally outside the U.S. Supreme Court in Washington, D.C., on April 1, 2026, before justices hear oral arguments on whether President Donald Trump can deny citizenship to children born to parents who are in the United States illegally or temporarily. (J. Scott Applewhite/Associated Press)
DOJ ACCUSES COURTS OF UNDERCUTTING EXECUTIVE POWER IN HIGH-STAKES SUPREME COURT BORDER CASE
«Metering does not permanently bar any alien from arriving in the United States and then applying for asylum,» Alito wrote for the majority. «Illegal entry, on the other hand, may be expensive and dangerous, and it carries adverse legal effects. Entry at an improper location is a crime. An alien becomes ineligible for asylum if he unlawfully re-enters the country after having been removed.»
«An alien whose admission and inspection are delayed due to metering would need a powerful reason to apply for asylum immediately for it to be preferable to run all the risks of illegal entry,» he added.
TRUMP ADMIN EASES ASYLUM FREEZE FOR VETTED MIGRANTS, KEEPS BANS ON ‘HIGH-RISK’ NATIONS
Migrants cross illegally through a hole in a fence near El Paso, Texas, on Dec. 22, 2022, after the U.S. Supreme Court halted the removal of Title 42, a policy used to block migrants at the southwest border. (Allison Dinner/AFP)
Metering refers to the practice of limiting how many asylum seekers can approach or enter a U.S. port of entry each day for processing. Under the policy, migrants were often told to wait in Mexico until U.S. officials determined the port had capacity.
Alito’s rationale was not enough to convince Sotomayor and the other dissenting justices.
«The point, however, is not that illegal entry always produces a net windfall for asylum seekers; it is that Congress was unlikely to devise a system in which asylum is available to those who unlawfully set foot over the border, but not to those who attempt to comply with the law and are physically blocked from entering at the threshold of a port of entry by an immigration officer,» she wrote. «It is also the unfortunate reality that, despite the adverse consequences the majority cites, many asylum seekers are desperate enough to flee the persecution they face in their home countries that they are willing to run significant risks to apply for asylum.»
Sotomayor went on to cite a 2018 DHS Office of the Inspector General report that found metering had «unintended consequences» which «le[d] some aliens who would otherwise seek legal entry into the United States to cross the border illegally.»
The report was published before lower courts held that migrants turned away at the border could apply for asylum, meaning that the conditions it covered are comparable to the new status quo set by the Supreme Court.
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«This administration has demonstrated that the border can be secured against illegal entries. As border wall construction continues, the ability to deter illegal crossings will only improve,» Matt Crapo, the director of litigation at the right-wing Federation for American Immigration Reform, told Fox News Digital.
«So long as the federal government makes border security a priority, illegal crossings should not be a major concern,» he added.
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