POLITICA
Revisarán la liberación del Rey de La Salada, acusado de lavado
La Cámara Federal de Casación decidió revisar el polémico fallo que liberó al Rey de la Salada, Jorge Castillo, parte de su familia y colaboradores, acusados de lavado de dinero.
El fallo es de los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky.
Por eso la causa por lavado de dinero contra los dueños de la megaferia La Salada de Lomas de Zamora que se derrumbó en abril pasado, ahora puede resucir.
La justicia había ordenado liberar a los líderes de este emprendimiento millonario, sospechado de tener protección del poder, al argumentar que no hay mérito ni para procesarlos ni para sobreseerlos.
El vuelco en la causa lo decidieron los jueces de la Cámara Federal de La Plata Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias, que criticaron con acidez la investigación que había llevado adelante la fiscal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y el juez federal Luis Armella.
El tribunal platense decidió revocar los procesamientos con prisión preventiva y dictar la falta de mérito para los presuntos líderes de la organización, entre ellos Jorge Omar Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa y una veintena de familiares, empleados y profesionales.
Ahora, los jueces de la Casación decidieron que van a revisar esa medida tras admitir un recurso de la fiscalía en ese sentido.
La Cámara Federal de La Plata había argumentado que no existían pruebas suficientes para mantenerlos procesados por asociación ilícita y lavado de activos de origen delictual, por lo que el tribunal había ordenado la inmediata libertad de todos los detenidos y dejado sin efecto los embargos millonarios que pesaban sobre sus patrimonios.
Los camaristas habían criticado la investigación de primera instancia y concluyeron que el procesamiento dictado en julio del año pasado firmado por el juez Luis Armella fue, cuanto menos, “prematuro” y carente de “autonomía suficiente”.
La fiscalía a cargo de Incardona había sostenido que en La Salada operaban dos grandes estructuras criminales independientes. Una de ellas, liderada por Jorge Omar Castillo, Aldo Presa y Antonio Corrillo Torrez, dedicada a la explotación de las ferias Punta Mogote S.C.A., Mogote Factory y Olimpo. La otra, encabezada por Enrique Esteban Antequera, regenteaba la feria Urkupiña S.A.
La fiscalía aseguraba que estas organizaciones conformaban asociaciones ilícitas estables orientadas a la venta masiva de productos con marcas falsificadas, la evasión tributaria estructural y el posterior lavado de esos dividendos espurios.
Se habló entonces de que solo en las cuentas bancarias de Punta Mogote ingresaron más de 26.000 millones de pesos entre 2021 y 2025.
Con ese flujo de dinero, los acusados habrían adquirido inmuebles de lujo, estancias y vehículos de alta gama.
Los beneficiados con la falta de mérito son Jorge Omar Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa, Natalia Paola Luengo, Manuel Jorge Castillo, César Francisco Antequera, Alan Emmanuel Antequera, Lucas Gonzalo Antequera y Carlos Guillermo Carrión.
También fueron alcanzados por la resolución Hugo Nicolás Picca, Paula Raquel Corbo, Rubén Javier Arjovsky, María Sara Corigliano, Guadalupe Presa, María Mora Presa, Margarita Nilda Arrieta, Marcelo Jorge Fernández Zurdo, Mabel Cristina Islas, Christian Ezequiel Arrieta y David Alberto Heinze.
Todos ahora están nuevamente en la mira de la Justicia.
La causa motivó el cierre de La Salada durante algunas semanas y protestas de los puesteros y clientes que se quedaron sin poder comerciar.
La Salada funciona como una megaferia donde se comercializan prendas que son compradas por comerciantes mayoristas que llegan desde todo el país en tours de compras, en micros para obtener productos más baratos y ofrecerlos en sus provincias.
megaferia La Salada,Hernán Cappiello,Conforme a
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Retardo de Justicia. Presentan una queja contra el juez que ordenó la cautelar que protege a Tapia y Toviggino
Los abogados de dos periodistas formalizaron una queja por retardo de Justicia contra el juez de garantías Walter Federico Saettone, que ordenó la cautelar que protege a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA.
Esa medida del juez le impide a Nicolás Pizzi y Nicolás Gasulla y otros periodistas que investigaron a la AFA tomar contacto o acercarse a Tapia y Toviggino, además de difundir datos, imágenes o información de ambos dirigentes.
Los abogados de Pizzi y Gasulla apelaron esa cautelar, pero el juez Saettone no le dio trámite, dijeron en un escrito que su defensa presentó este viernes ante la Cámara Penal de San Isidro.
“Pese a haber transcurrido un mes de la apelación presentada por esta parte con relación a la cautelar dispuesta con fecha 13/05/2026 (en favor del Sr. Tapia) y más de 20 días de la apelación presentada en relación con la resolución de fecha 18/05/2026 (en favor del Sr. Toviggino), la causa continúa en la primera instancia a la espera de que se finalice el trámite de notificaciones a los imputados”, dice el texto, que lleva la firma de los abogados Hugo Wortman y Tomás Brady.
“En aquellas impugnaciones nuestros clientes señalaron una grave e inaceptable afectación al derecho de libertad de expresión a través de una vía de censura indirecta. Nuestros clientes son periodistas y necesitan investigar y que no se les condicione su labor profesional”.
La cautelar que cuestiona fue dictada en el marco de una denuncia de Tapia contra los dirigentes de la Coalición Cívica Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, quienes iniciaron la causa que investiga a las autoridades de la AFA por la quinta de Villa Rosa, Pilar.
La versión de Tapia fue que, tras un conflicto por cámaras de fotomultas en la órbita del Ceamse, comenzó una campaña de presión con denuncias judiciales y exposición mediática sobre la AFA, su patrimonio y la quinta de Pilar. Esa denuncia quedó bajo la órbita del juez Saettone y la fiscalía de Pilar.
Los abogados sostienen que pasó un mes desde la apelación contra la cautelar concedida a Tapia y más de 20 días desde la apelación contra la medida dictada en favor de Toviggino, pero que el expediente continúa en primera instancia a la espera de que se completen notificaciones a otros imputados.
Para la defensa, esa demora configura un retardo de justicia. En la presentación, pidieron que la Cámara ordene al juez de primera instancia que, en un plazo de 24 horas, realice los trámites necesarios para que la Alzada pueda intervenir y revisar las cautelares cuestionadas.
El perfil público del juez incluye elogios a la expresidenta Cristina Kirchner, una foto con el gobernador Axel Kicillof y un papel relevante en un documental sobre jueces preocupados por las garantías de los presos en la provincia de Buenos Aires.
Walter Federico Saettone,Conforme a
POLITICA
La Corte ratificó la cautelar por el financiamiento: “Es una noticia que la comunidad universitaria estaba esperando”
El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación obliga al Gobierno argentino a cumplir, sin dilaciones, los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta decisión afecta a todas las universidades públicas nacionales. A partir de la resolución, las autoridades deben recomponer los salarios docentes y actualizar las becas estudiantiles. El objetivo es restablecer el nivel presupuestario que existía en diciembre de 2023, tras meses de pérdida provocados por la inflación y el retraso en las partidas.
Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, confirmó en Infobae Al Amanecer que la espera por el fallo generaba incertidumbre en el sector. “Es una noticia muy importante que la comunidad universitaria estaba esperando”, expresó. Según su testimonio, el pedido ante la Corte Suprema incluyó un pronto despacho para que la cautelar se resolviera con urgencia.
La medida judicial establece que el Estado debe aplicar de forma plena los artículos que fijan la recomposición salarial y la actualización de becas. El rector detalló que el reclamo no buscaba un aumento del presupuesto, sino revertir el deterioro que sufrieron los ingresos y beneficios.
“No es para incrementar el presupuesto de las universidades, es para recomponer el estado de cosas a como estábamos en diciembre del 2023, porque la pérdida ha sido muy fuerte a lo largo de este tiempo”, afirmó.
La recomposición y el alcance del fallo
El fallo de la Corte Suprema exige recomponer los salarios docentes y actualizar becas que alcanzan a miles de estudiantes. El impacto recae especialmente sobre el rubro salarial, donde el desfasaje alcanza entre 25% y 30%.
Bartolacci precisó que la actualización de las becas tampoco se había resuelto en su totalidad. “Lo que se recompuso es una parte, que es la beca Manuel Belgrano, que son las becas estratégicas, pero no se había hecho nada con las becas Progresar, que son las que comprenden la mayor cantidad de estudiantes en el sistema universitario y sí están comprendidas en el texto de la ley”, explicó.
La aplicación de la ley implica responder a un problema estructural que afecta tanto a docentes como a estudiantes de todo el país. El rector remarcó la importancia del fallo para la salud institucional de la nación. “Que una ley, debatida tantas veces, aprobada con tanta legitimidad, finalmente pueda empezar a aplicarse a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostuvo.
El contexto previo incluyó negociaciones entre el Gobierno Nacional y las universidades. Esas instancias mejoraron de manera parcial los números, pero no resolvieron la totalidad de las pérdidas acumuladas. Bartolacci indicó que la última mejora no subsanó el desfasaje presupuestario. “El desfasaje quedaba aún entre un veinticinco, un treinta por ciento aproximadamente vinculado a lo salarial”, puntualizó.
Dilaciones del Gobierno y argumentos oficiales
El Gobierno Nacional demoró la aplicación de la ley, incluso ante fallos judiciales previos de primera y segunda instancia. Según Bartolacci, existió una intención de dilatar la definición. “Creo que había una intención de dilatar la definición bajo el argumento, que incluso con lo que pasó en junio quedó en evidencia que no era cierto, de que no había recursos y que no había atribuciones en el Poder Ejecutivo para redireccionar partidas”, señaló.
El rector agregó que los hechos demostraron que el Ejecutivo sí tenía capacidad para cumplir con los compromisos. “Lo que pasó en julio también ponía en evidencia que no hace falta una ley que diga expresamente en un artículo de dónde salen los recursos para poder cumplir con un objetivo que el Estado se propone”, opinó.
Las universidades públicas nacionales atravesaron una etapa de incertidumbre mientras aguardaban la definición judicial. Bartolacci manifestó que ahora sienten alivio y satisfacción por el deber cumplido. “Es alivio. Es la satisfacción del deber cumplido y la convicción de que vale la pena siempre. Cuando la causa es noble, vale la pena comprometerse”, expresó.
Consecuencias en el sistema universitario
La demora en la recomposición salarial y la actualización de becas tuvo efectos concretos en las universidades públicas. Bartolacci relató que docentes decidieron dejar sus cargos y buscaron otras fuentes de ingreso. “Por supuesto que pasó, no solo en Rosario, en todo el país. Y en algunas áreas disciplinares nos ha costado encontrar con qué reponer esos cargos”, afirmó.
El pluriempleo docente se extendió, según el rector. Muchos profesores combinaron la actividad académica con otros trabajos, algunos ajenos a su formación. “Conozco colegas que hacen las cosas más diversas, desde manejar un Uber hasta tener comercios o lo que fuera que le permita llegar a fin de mes”, describió.
La precariedad salarial también afectó la calidad de la enseñanza y la continuidad de proyectos científicos. “El 70% de la ciencia se produce en el sistema universitario público. Allí prácticamente todas las líneas de financiamiento están cortadas y estamos perdiendo recursos humanos muy valiosos”, advirtió.
Bartolacci alertó que la pérdida de investigadores y proyectos no se recupera de inmediato. “En formación de recursos humanos y en líneas de investigación lo que se pierde después no lo recuperás con un acto administrativo en un solo momento. A veces te demanda décadas volver al punto anterior”, señaló.
Prioridades y desafíos para el futuro
El rector remarcó la necesidad de resolver la cuestión presupuestaria y salarial como tarea urgente. Propuso avanzar hacia una reforma estructural del sistema universitario. “Hay que provocar una especie de segunda reforma universitaria”, sugirió.
Al mismo tiempon consideró que la universidad pública argentina debe adaptarse a un contexto nacional e internacional en constante cambio. “En una Argentina que ya no es la misma, la universidad no puede seguir haciendo las mismas cosas que hace veinte o treinta años atrás. Ahora, esa es la agenda que deberíamos estar discutiendo”, manifestó.
Según el rector, el sistema universitario y científico nacional debe reorientarse para aportar al desarrollo del país. Planteó la necesidad de transformar planes de estudio, métodos de enseñanza y la estructura de las carreras. “Hay que hacer una especie de revolución académica, pedagógica y curricular”, concluyó.
El fallo de la Corte Suprema marca un punto de inflexión. Las universidades aguardan la aplicación efectiva de la ley y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado. La comunidad universitaria se prepara para afrontar los desafíos pendientes y contribuir al desarrollo nacional.
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POLITICA
Militantes del MTE, que responden a Grabois, prendieron fuego la municipalidad de La Plata: hay 22 detenidos
Graves incidentes se desataron este viernes en la Municipalidad de La Plata cuando cooperativistas prendieron fuego el edificio gubernamental en reclamo por modificaciones en el procedimiento de licitación pública para la contratación de tareas de mantenimiento de la ciudad.
Grandes columnas de humo y vidrios rotos se distinguieron en los videos publicados en redes sociales, mietras desde el gobierno local contabilizaban 22 detenidos y siete heridos tras los incidentes.
La Municipalidad de La Plata efectuó una denuncia penal ante la fiscalía en turno del Departamento Judicial de La Plata y se presentó como particular damnificada, por daño agravado al Palacio Municipal, lesiones y atentado a la autoridad, contra militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la organización social fundada por Juan Grabois.
“Es una organización política que destruyó las puertas de acceso, vidrios, ventanas y vitrales del Salón Dorado y del Concejo Deliberante, además de agredir a vecinos presentes en una actividad educativa”, explicaron desde la Municipalidad.
El grupo de manifestantes buscó irrumpir en el Palacio cerca de las 13, mientras realizaban una manifestación contra la licitación de los servicios de limpieza de zanjas, reciclado, corte de pasto y barrido.
En paralelo, en el interior del palacio, ubicado en el centro de la ciudad, se llevaba adelante un acto por el Día Internacional de Prevención de Adicciones con la presencia de más de 300 vecinos.
En ese momento, manifestantes comenzaron a arrojar objetos hacia las ventanas y puertas de la Municipalidad. Desde el gobierno local que conduce Julio Alak detallaron que un vecino resultó herido cuando un manifestante arrojó una piedra que rompió un vitral del Salón Dorado. Además, seis efectivos de la Policía Bonaerense resultaron heridos.
Desde la Municipalidad repudiaron la violencia que se generó y que además causó que los vecinos no pudieran salir del establecimiento hasta que terminaran los incidentes.
“El gobierno municipal de La Plata siempre ha estado abierto al diálogo, pero no aceptará ningún tipo de extorsión ni mecanismos violentos”, expresó la administración local.
El conflicto por la licitación pública
El gobierno de La Plata denunció que la organización política buscaba mantener una contratación directa de 90 millones de pesos mensuales -más de mil millones al año- que se había originado en 2011, a pesar de que incumplía sus obligaciones así como tampoco respetaba el “nuevo procedimiento de licitación pública para la contratación de tareas de mantenimiento en la ciudad”.
El nuevo procedimiento consiste en una modificación que se realizó en el último año cuando el Tribunal de Cuentas advirtió al municipio que no podía seguir contratando cooperativas por contratación directa y exigió que todas se realizaran a través del procedimiento de licitación pública.
Tras ello, la Municipalidad llamó a licitación pública para la contratación de los servicios y “convocó a todas las cooperativas y empresas con tiempo suficiente para que se adaptaran al nuevo sistema”.
Desde el gobierno local argumentaron que todas las cooperativas y empresas que venían prestando servicios, además de otras nuevas, adquirieron pliegos para presentarse a la licitación pública, excepto la organización de militantes políticos del MTE, que “no aceptó participar del procedimiento y decidió atacar violentamente las instalaciones del Palacio Municipal”.
“Si el municipio la hubiese contratado nuevamente en forma directa, habría violado la Ley Orgánica, habría sido sancionado por el Tribunal de Cuentas y sus autoridades habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público”, sumó el gobierno local.
Un día antes de la manifestación, el MTE de La Plata había anunciado una movilización y el corte de las calles en 12 y 53 desde las 9.30 del viernes. “El Municipio de La Plata decidió no renovar los contratos que tiene con las cooperativas, mediante los cuales se puede sostener el trabajo de 400 compañeros recicladores que se desempeñan en diferentes calles de la ciudad”, sostuvieron.
Y denunciaron que, como alternativa, la Municipalidad les ofreció “entregar Tarjetas Alimentar, reemplazando un sistema de trabajo por planes sociales”.
“Esta decisión desconoce la trayectoria de diez años de la cooperativa y busca destruir la única política socioambiental que tiene nuestra ciudad”, había advertido el MTE.
La Plata,Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE),La Plata,Juan Grabois,Conforme a,La Plata,,La Plata. Allanaron la casa de un chico de 16 años al que filmaron practicando tiro: había 25 armas y miles de municiones,,Empezaron las obras en el sur del conurbano. Se viene el cuarto carril en la autopista Buenos Aires-La Plata,,Apoyo. Kicillof, con Moyano y gremialistas internacionales: “Si el Gobierno les da la espalda, cuentan con la Provincia”
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