ECONOMIA
Ranking de 80 ciudades argentinas: cuáles son las que ofrecen mejores condiciones para la vivienda

Las condiciones en las que viven las personas no dependen solo de sus ingresos, sino también del lugar donde residen. Un nuevo informe de la Fundación Tejido Urbano elaboró un ranking de las 80 ciudades argentinas con más de 50.000 habitantes según su situación habitacional, y los resultados confirman una brecha profunda entre el norte del país y la franja central: mientras algunas ciudades intermedias de la región pampeana muestran indicadores relativamente sólidos, varias urbes del noroeste y noreste registran déficits en casi todas las variables analizadas.
El trabajo construyó un Índice de Hábitat Urbano (IHU) que va de 0 a 10 —donde 0 es la peor situación y 10 la ideal— e integra siete aspectos de medición: hacinamiento, viviendas irrecuperables, viviendas compartidas por más de un hogar, viviendas con deficiencias recuperables, falta de acceso a servicios básicos, irregularidad en la tenencia y falta de acceso a la propiedad. El valor promedio para el conjunto de ciudades analizadas fue de 6,2 puntos. De las 80 ciudades relevadas, 27 quedaron por debajo de ese umbral y 53 por encima.

El informe se construyó a partir de datos del Censo 2022 del Indec y forma parte de una serie de trabajos anteriores que ya habían analizado la situación habitacional a nivel nacional y provincial. Como punto de partida, Tejido Urbano recuerda que, del total de 14,6 millones de hogares urbanos censados en 2022, 10,7 millones —el 73%— presentan algún tipo de problema habitacional.
En el extremo inferior del ranking se ubican Tartagal, San Ramón de la Nueva Orán, Clorinda, Perico, Presidencia Roque Sáenz Peña, Puerto Iguazú y Formosa, todas con menos de 5 puntos en el IHU. Estas ciudades acumulan déficits simultáneos en hacinamiento, viviendas irrecuperables y hogares que comparten una misma unidad con otra familia, lo que el informe identifica como el núcleo más crítico de vulnerabilidad habitacional.

Entre las ciudades de mayor tamaño, también se destacan por sus bajos índices San Miguel de Tucumán (5,3), Santiago del Estero (5,3), el Gran Buenos Aires sin incluir a CABA (5,3), Salta (5,4), Corrientes (5,5) y Resistencia (5,5). En estos casos, el peso demográfico convierte los déficits en problemas de mayor escala.
El informe advierte además que muchas de las ciudades con problemas materiales severos también presentan altos niveles de irregularidad en la tenencia de la vivienda. En Clorinda, Puerto Iguazú, Perico, Tartagal y Orán, entre otras, el puntaje en ese subíndice es 0, lo que implica que más de la mitad de los hogares carece de documentación adecuada sobre su vivienda. “A los problemas materiales se suma la precariedad en las modalidades de tenencia, lo que puede limitar procesos de formalización dominial y restringir oportunidades de acceso al financiamiento”, señala el informe.
En el extremo opuesto, las ciudades con mejor IHU son mayormente intermedias y están ubicadas en el centro del país. Río Tercero, San Francisco, General Pico, Villa María y Tres Arroyos encabezan el ranking, aunque ninguna supera los 8 puntos sobre 10, lo que da cuenta de que incluso las mejor posicionadas registran déficits en alguna de las dimensiones analizadas.

Entre los grandes aglomerados urbanos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la que mejor posición relativa tiene, seguida por Rawson-Trelew, Mar del Plata, Bahía Blanca y Viedma-Carmen de Patagones, con índices de entre 7 y 8 puntos. Mendoza (6,8), Rosario (6,6) y Córdoba (6,3) se ubican levemente por encima del promedio nacional, aunque Córdoba aparece con déficits importantes en el acceso a servicios básicos.
La falta de acceso a agua potable de red y a cloacas es uno de los aspectos que el informe identifica como más extendidos y, a la vez, más independientes del nivel general de vulnerabilidad. A diferencia del hacinamiento o las viviendas irrecuperables —que tienden a concentrarse en las ciudades del norte—, el déficit de servicios básicos aparece de manera dispersa en todo el país, incluso en ciudades con buenas condiciones habitacionales en otros aspectos.
Entre las ciudades con mayor déficit en este subíndice figuran Eldorado, Puerto Iguazú, La Costa, Presidencia Roque Sáenz Peña, Oberá, Venado Tuerto, Santiago del Estero, Villa Carlos Paz, Clorinda, Córdoba y el Gran Buenos Aires, todas con un puntaje de 0 en este componente, lo que significa que más de la mitad de sus hogares no tienen acceso completo a estos servicios.
El informe atribuye esta particularidad a una lógica diferente a la que explica otros déficits: “Mientras los problemas de materiales y tenencia de la vivienda tienen que ver con la situación socioeconómica de las familias, la falta de servicios básicos se asocia más bien a problemas de planificación urbana, y particularmente a la modalidad de expansión desordenada sin su correspondiente correlato con la infraestructura”. Los casos de La Costa y Villa Carlos Paz son citados como ejemplos de ciudades con baja vulnerabilidad en otros aspectos pero con deficiencias severas en infraestructura de servicios.
El hacinamiento crítico —definido como más de tres personas por cuarto— afecta en mayor proporción a ciudades del norte. Tartagal, Perico, Goya, Formosa y Clorinda registran los subíndices más bajos en esta dimensión, con más del 4% de los hogares en esa situación. En contraste, ciudades como San Francisco, CABA, General Pico, Santa Rosa, Tandil y Mar del Plata presentan subíndices superiores a 8,5, con tasas de hacinamiento crítico por debajo del 1,5% de los hogares.

En cuanto a las viviendas irrecuperables —ranchos, casillas, piezas de inquilinato o pensión que no pueden ser mejoradas con refacciones—, Tartagal y Orán tienen el subíndice más bajo posible: 0. Allí, más del 13% de los hogares habita en ese tipo de estructuras. Presidencia Roque Sáenz Peña, Puerto Iguazú y Concordia también están entre las peores posicionadas en este aspecto.
Uno de los hallazgos que el informe destaca es la relación inversa entre el déficit habitacional clásico y la proporción de hogares inquilinos. Las ciudades que encabezan el ranking por falta de acceso a la propiedad —entendida como la dependencia del alquiler— son precisamente algunas de las mejor posicionadas en el resto de los indicadores: Villa María, Villa Carlos Paz, CABA, San Francisco, Rafaela y Tandil, donde más del 30% de los hogares alquila.
El informe aclara que el alquiler “puede ser una opción elegida”, pero señala que la propiedad de la vivienda tiene ventajas en términos de seguridad patrimonial y que la proporción de inquilinos viene creciendo de manera generalizada en todo el país. En ciudades con presencia de universidades, empleo estacional o crecimiento reciente, el mercado de alquiler responde a una dinámica propia, aunque eso no neutraliza las implicancias de fondo sobre el acceso al patrimonio familiar.
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ECONOMIA
Minería: el Gobierno actualiza el régimen de promoción y busca dar mayor previsibilidad a las inversiones

La minería argentina atraviesa uno de los momentos más prometedores de las últimas décadas. La creciente demanda mundial de litio, cobre y minerales críticos, impulsada por la transición energética y las nuevas tecnologías, ha colocado al país en una posición privilegiada para captar inversiones multimillonarias. Sin embargo, disponer de recursos naturales no alcanza. La competencia internacional por esos capitales es feroz y exige marcos regulatorios previsibles, procesos ágiles y reglas de juego estables.
En ese contexto, el Gobierno nacional publicó el Decreto 482/2026, que introduce modificaciones a la reglamentación de la Ley 24.196 de Promoción de Inversiones Mineras. Aunque no modifica los beneficios sustanciales del régimen, sí actualiza numerosos aspectos operativos que habían quedado rezagados frente a la evolución tecnológica y las nuevas exigencias de gestión.
La filosofía que atraviesa la norma parece clara: menos burocracia, más digitalización y mayores controles sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas.
Resulta relevante la modernización del Certificado de Estabilidad Fiscal, probablemente uno de los pilares más importantes del régimen promocional
Entre los cambios más relevantes se destacan la obligatoriedad del domicilio fiscal electrónico, la digitalización de trámites vinculados a importaciones, la integración con la Ventanilla Única de Comercio Exterior y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización y seguimiento de inversiones. También se precisan las condiciones para acceder a determinados beneficios y se refuerzan las obligaciones informativas de los sujetos alcanzados por el régimen.
Cada demora administrativa, cada trámite redundante y cada incertidumbre regulatoria terminan elevando el costo argentino y reduciendo la competitividad frente a otros destinos mineros de la región.
El decreto también delimita con mayor precisión quiénes pueden acceder a los beneficios promocionales. Particularmente, los prestadores de servicios mineros deberán acreditar que una porción mínima de su facturación proviene efectivamente de actividades vinculadas a la minería, buscando evitar la incorporación de empresas cuya actividad principal resulte ajena al sector.
Otro cambio significativo se relaciona con el fortalecimiento de los controles. Se precisan las obligaciones informativas anuales y se establecen mecanismos más claros para la aplicación de sanciones en casos de incumplimiento, incluyendo la suspensión o incluso la caducidad de la inscripción en el régimen. La señal es clara: la simplificación administrativa viene acompañada de mayores exigencias en materia de transparencia y trazabilidad.
La filosofía que atraviesa la norma parece clara: menos burocracia, más digitalización y mayores controles
Resulta particularmente relevante la modernización del Certificado de Estabilidad Fiscal, probablemente uno de los pilares más importantes del régimen promocional. La estabilidad tributaria constituye una condición esencial para proyectos cuyo horizonte de recuperación suele medirse en décadas.
En un país que durante años modificó reiteradamente las reglas impositivas, brindar mayor certeza sobre los alcances y el momento a partir del cual opera dicha estabilidad constituye una señal positiva para los inversores.
También merece destacarse la ampliación de la distancia permitida para integrar yacimientos y plantas de procesamiento, que pasa a 500 kilómetros. Esta modificación reconoce una realidad geográfica evidente: la minería argentina se desarrolla en territorios extensos y muchas veces alejados de la infraestructura industrial disponible. La nueva regulación permite una mayor flexibilidad operativa y favorece el desarrollo de cadenas de valor más eficientes.
La reglamentación incorpora además precisiones respecto de la doble deducción de gastos de exploración, extiende el beneficio de amortización acelerada a bienes reacondicionados y simplifica el procedimiento para solicitar la devolución anticipada del IVA correspondiente a gastos exploratorios. Estas medidas buscan mejorar el flujo financiero de las empresas durante las etapas iniciales de los proyectos, caracterizadas por elevados desembolsos y largos períodos sin generación de ingresos.
La Argentina posee una oportunidad histórica de consolidarse como uno de los grandes proveedores globales de minerales estratégicos
En paralelo, se profundiza la digitalización de las operaciones de importación vinculadas a la actividad minera. El nuevo esquema se integrará con la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (Vucea) y con el Sistema Informático Malvina, permitiendo validaciones automáticas y reduciendo tiempos administrativos.
Desde una perspectiva ambiental, se reconoce que la acreditación del Seguro Ambiental Obligatorio podrá satisfacer determinados requisitos de previsión para la conservación del medio ambiente, siempre bajo evaluación de la autoridad competente. El objetivo es evitar superposiciones regulatorias y aportar mayor claridad a las obligaciones de las empresas.
Sin embargo, sería un error pensar que la actualización reglamentaria por sí sola alcanzará para transformar el potencial minero argentino en inversiones concretas. Los inversores internacionales observan variables mucho más amplias que un régimen promocional. Analizan la presión tributaria total, la estabilidad macroeconómica, las restricciones cambiarias, la seguridad jurídica, la infraestructura disponible, los costos logísticos y la capacidad de los distintos niveles de gobierno para actuar de manera coordinada.
La competitividad de un proyecto minero no se define únicamente en los despachos de Buenos Aires; también se construye —o se destruye— en cada jurisdicción donde ese proyecto debe operar.
La Argentina posee una oportunidad histórica de consolidarse como uno de los grandes proveedores globales de minerales estratégicos. Pero para convertir esa oportunidad en realidad no alcanza con disponer de recursos geológicos excepcionales. Es necesario construir un ecosistema regulatorio integral que combine promoción, estabilidad y competitividad.
En términos generales, la norma reglamentaria refleja una tendencia que atraviesa buena parte de la agenda económica actual: menos burocracia, más digitalización y mayores exigencias de cumplimiento. Para un sector que requiere inversiones de largo plazo y miles de millones de dólares para desarrollar nuevos proyectos, la previsibilidad regulatoria resulta tan importante como los incentivos fiscales.
Porque en la minería, como en cualquier actividad intensiva en capital, las decisiones de inversión no se toman por los recursos que existen bajo la tierra, sino por la confianza que generan las reglas que rigen sobre ella.
CEO y socio del Dpto. de Energía y Recursos Naturales de Lisicki, Litvin & Abelovich
ECONOMIA
ANSES: quiénes cobran hoy viernes 26 de junio de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este viernes 26 de junio con el cronograma de pagos correspondiente al mes de junio. Hoy se efectúan acreditaciones para jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo, así como para titulares de asignaciones sociales y prestaciones familiares, con los montos actualizados tras el incremento de 2,58% y el pago del medio aguinaldo. El calendario se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que permite una distribución ordenada de los haberes en todo el país.

Este viernes corresponde el pago a quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo y cuyos DNI finalizan en 6 y 7. Estos beneficiarios reciben su haber actualizado, el medio aguinaldo y, en los casos que corresponde, un bono extraordinario.
Las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social con DNI terminados en 8 reciben hoy el pago correspondiente a junio, que ya incluye el aumento del 2,58%. El esquema mantiene la retención de una parte del monto hasta la presentación de la documentación obligatoria.
Hoy cobran las beneficiarias de la Asignación por Prenatal cuyos documentos finalizan en 8, según el calendario oficial. La prestación se acredita en la cuenta bancaria declarada por la titular.
Las titulares de la Asignación por Maternidad de todas las terminaciones de DNI reciben el pago durante el período que va del 10 de junio al 8 de julio, por lo que hoy también se efectúan acreditaciones para quienes cumplen con los requisitos y cronograma.
El período de cobro de la Segunda Quincena para las Asignaciones de Pago Único (por Matrimonio, Nacimiento y Adopción) sigue vigente entre el 9 de junio y el 8 de julio, alcanzando a todas las terminaciones de documento.
El Seguro por Desempleo se abona según el cronograma dispuesto y corresponde hoy a los beneficiarios con DNI terminados en 4 y 5.

Durante el mes de junio, las jubilaciones y pensiones recibieron una actualización del 2,58% aplicando la fórmula de movilidad. Los montos para este mes quedan de la siguiente forma:
- La jubilación mínima asciende a $403.317,99 brutos. Una vez realizado el descuento al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), el monto neto es de $391.218.
- Los beneficiarios de la mínima reciben, además, un bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo, que equivale a $201.659 brutos. El total bruto para quienes cobran la mínima alcanza $674.976,99 ($656.827,67 netos).
- La jubilación máxima en junio se ubica en $2.713.948,17 brutos. Con el descuento de PAMI, el monto neto es de $2.563.211. El aguinaldo para este grupo es de $1.356.974 brutos, por lo que el ingreso total del mes llega a $4.070.922,27 brutos ($3.844.816,23 netos).
- La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) corresponde a $322.654,39 más el bono y el aguinaldo, totalizando $553.981,59.
- Las Pensiones No Contributivas (PNC) quedan en $282.322,60 más bono y aguinaldo, sumando $493.483,90.
Estos valores reflejan el impacto de las medidas oficiales para preservar el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados.

Las asignaciones familiares y universales también recibieron el ajuste del 2,58% y presentan los siguientes valores:
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE): $144.932 por cada menor de 18 años o mujer embarazada. De ese monto, se abonan $115.945,60 mensuales y se retienen $28.986,40 hasta que se presente la Libreta AUH o la documentación obligatoria.
- AUH por Discapacidad: el monto mensual es de $471.915. El beneficiario cobra $377.532 por mes y se le retienen $94.383 hasta la acreditación documental. En los casos donde se suma la Tarjeta Alimentar, el ingreso total puede superar $449.780,06.
- Asignaciones Familiares (SUAF): para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas, la Asignación por Hijo es de $72.474 en el primer rango de ingresos (hasta $1.122.074 mensuales) y $235.967 por hijo con discapacidad. Los montos disminuyen en rangos de ingreso superiores.
- Asignaciones de Pago Único (APU): por Nacimiento, el monto es de $84.478; por Matrimonio, asciende a $126.489; y por Adopción, se abonan $505.070 en un solo pago.
Los titulares pueden consultar la fecha y el monto exacto de sus acreditaciones a través de la plataforma Mi ANSES o en las entidades bancarias habilitadas.
ECONOMIA
Cuánto tiene que ganar una familia para pertenecer al 10% de la población con mayores ingresos

Para formar parte del 10% de los hogares argentinos más ricos, una familia debe contar con un ingreso total mensual superior a $4.120.000, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para el primer trimestre de 2026. Este valor marca el umbral mínimo requerido para ingresar al décimo decil de la escala de ingresos en los 31 principales aglomerados urbanos relevados.
En este segmento, los ingresos familiares se ubican entre $4.120.000 y $45.000.000 mensuales, con un ingreso medio de 6.732.547 pesos. El décimo decil concentra a 1.014.000 hogares, lo que equivale al 10% del total, y a 3.411.000 personas, que representan el 11,4% de la población contemplada en la muestra.
Dentro del grupo, las diferencias internas son notables, ya que incluye tanto hogares que apenas superan el umbral de $4.120.000 como otros con ingresos que multiplican varias veces esa cifra. El promedio de ingresos en este decil evidencia una distancia significativa respecto al resto de la distribución.
La comparación con los deciles inferiores resalta aún más la brecha existente. En el noveno decil, los hogares perciben entre $3.000.000 y $4.120.000, con un ingreso promedio de 3.511.457 pesos. El octavo decil comprende ingresos de $2.400.000 a $3.000.000, con un ingreso medio de 2.652.257 pesos. En el primer decil, que agrupa al 10% de los hogares con menores recursos, los ingresos oscilan entre $12.000 y $600.000, y el ingreso medio se ubica en 426.981 pesos.
Primer decil
- Ingreso total familiar: desde $12.000 hasta $600.000
- Hogares: 1.016.000 (10%)
- Personas: 2.041.000 (6,8%)
- Ingreso total decil: $433.730.000.000 (2%)
- Ingreso medio: $426.981
Segundo decil
- Ingreso total familiar: desde $600.000 hasta $853.000
- Hogares: 1.019.000 (10%)
- Personas: 2.419.000 (8,1%)
- Ingreso total decil: $757.692.000.000 (3,5%)
- Ingreso medio: $743.309
Tercer decil
- Ingreso total familiar: desde $853.000 hasta $1.060.000
- Hogares: 1.019.000 (10%)
- Personas: 2.697.000 (9%)
- Ingreso total decil: $973.973.000.000 (4,4%)
- Ingreso medio: $964.541
Cuarto decil
- Ingreso total familiar: desde $1.060.000 hasta $1.310.000
- Hogares: 1.015.000 (10%)
- Personas: 2.942.000 (9,8%)
- Ingreso total decil: $1.209.299.000.000 (5,5%)
- Ingreso medio: $1.191.510
Quinto decil
- Ingreso total familiar: desde $1.310.000 hasta $1.600.000
- Hogares: 1.017.000 (10%)
- Personas: 3.056.000 (10,2%)
- Ingreso total decil: $1.497.003.000.000 (6,8%)
- Ingreso medio: $1.471.332
Sexto decil
- Ingreso total familiar: desde $1.600.000 hasta $1.919.000
- Hogares: 1.012.000 (10%)
- Personas: 3.413.000 (11,4%)
- Ingreso total decil: $1.781.824.000.000 (8,1%)
- Ingreso medio: $1.760.251
Séptimo decil
- Ingreso total familiar: desde $1.919.000 hasta $2.400.000
- Hogares: 1.016.000 (10%)
- Personas: 3.163.000 (10,6%)
- Ingreso total decil: $2.175.789.000.000 (9,9%)
- Ingreso medio: $2.139.223
Octavo decil
- Ingreso total familiar: desde $2.400.000 hasta $3.000.000
- Hogares: 1.014.000 (10%)
- Personas: 3.446.000 (11,5%)
- Ingreso total decil: $2.686.153.000.000 (12,3%)
- Ingreso medio: $2.652.257
Noveno decil
- Ingreso total familiar: desde $3.000.000 hasta $4.120.000
- Hogares: 1.014.000 (10%)
- Personas: 3.362.000 (11,2%)
- Ingreso total decil: $3.565.249.000.000 (16,3%)
- Ingreso medio: $3.511.457
Décimo decil
- Ingreso total familiar: desde $4.120.000 hasta $45.000.000
- Hogares: 1.014.000 (10%)
- Personas: 3.411.000 (11,4%)
- Ingreso total decil: $6.828.789.000.000 (31,2%)
- Ingreso medio: $6.732.547
Según el Indec, en la Argentina, el 61,9% de la población percibió algún tipo de ingreso durante el primer trimestre de 2026. El ingreso promedio para quienes tuvieron ingresos en este período fue de 1.153.457 pesos. Analizando por niveles, quienes se ubican en los deciles más bajos (del 1 al 4) tuvieron un ingreso promedio de $389.298, el sector medio (deciles 5 a 8) alcanzó $1.059.895, y el segmento de mayores ingresos (deciles 9 y 10) promedió 2.873.233 pesos.
Existen diferencias importantes según género. Los varones que percibieron ingresos tuvieron un promedio de $1.352.247, mientras que en las mujeres el promedio fue de 959.030 pesos.
En cuanto a la población ocupada —personas que efectivamente trabajan— el ingreso promedio se estimó en $1.104.227, con una mediana de 900.000 pesos. Esto significa que la mitad de quienes trabajan perciben hasta ese monto. En el grupo de menores ingresos laborales (deciles 1 a 4), el promedio fue de 405.245 pesos. En el sector medio (deciles 5 a 8) llegó a $1.065.844 y, en los deciles más altos (9 y 10), a 2.579.304 pesos.
Entre las personas asalariadas, se estimaron 9,7 millones de trabajadores con un ingreso promedio de 1.136.558 pesos. Quienes cuentan con descuento jubilatorio —es decir, aportes a la seguridad social— tuvieron un promedio de $1.375.143, mientras que quienes no realizan estos aportes percibieron en promedio 731.150 pesos.
Al observar los ingresos de los hogares, el 77,7% provino de fuentes laborales y el 22,3% restante de ingresos no laborales, como jubilaciones, pensiones o ayudas sociales. Estos últimos tienen mayor peso en los hogares de menores ingresos: en el primer decil, los ingresos no laborales representaron el 61% del total, en contraste con el décimo decil, donde solo aportaron el 15,6 por ciento.
La relación de dependencia en los hogares —cuántas personas no ocupadas hay por cada 100 ocupadas— fue de 123 a 100 en el promedio general, y de 61 personas sin ingresos por cada 100 con ingresos. Esta relación es mucho mayor en los sectores más vulnerables: en el primer decil, hay 272 personas no ocupadas por cada 100 ocupadas y 153 no perceptores de ingreso cada 100 perceptores. En el decil más alto, en cambio, la relación cae a 48 no ocupados y 22 no perceptores por cada 100 ocupados y perceptores, respectivamente.
En cuanto a la desigualdad, el coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar se ubicó en 0,442, levemente por encima del 0,435 registrado un año antes. La brecha de ingresos entre la mediana del decil más alto y la del más bajo fue de 15 veces, un valor que se mantuvo estable respecto al año anterior, aunque mostró variaciones en los trimestres intermedios.
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