Brogas entró en concurso preventivo. La histórica compañía familiar argentina de 66 años, fabricante de artículos de gas, camping, ferretería y bazar, solicitó protección judicial ante lo que calificó como un «debacle comercial y financiero».

La medida fue dictada por el Juzgado Comercial 24, Secretaría N° 47. El juez Guillermo Pesaresi ordenó la apertura del proceso bajo la carátula de «Gran Concurso», una denominación reservada para empresas con estructuras complejas y pasivos de gran magnitud. El objetivo es evitar la quiebra.

Los números que presentó Brogas ante la Justicia pintan un panorama crítico. Según los estados contables con fecha de corte al 5 de mayo, la empresa arrastra un pasivo total de $7.193 millones.

Del lado del activo, la compañía declara un patrimonio valorado en $10.375 millones. La mayor parte de ese valor está concentrado en bienes de uso: planta industrial, maquinaria y equipamiento, tasados en más de $6.345 millones.

El peso de las deudas bancarias y fiscales

El pasivo de Brogas se distribuye entre varios acreedores. Los bancos encabezan la lista de compromisos financieros pendientes.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires figura como el principal acreedor financiero con $786 millones de deuda, seguido por el Banco de la Nación Argentina con $652 millones y el BBVA con $311 millones.

Pero las obligaciones no terminan ahí. La empresa también enfrenta deudas previsionales y fiscales millonarias con el ARCA (ex AFIP) y organismos provinciales.

Este combo de obligaciones financieras y tributarias terminó por ahogar la caja de la compañía. La imposibilidad de cumplir con los vencimientos en tiempo y forma forzó la presentación ante la Justicia.

Por qué una empresa de 66 años llegó a este punto

Leonardo Brodsky, presidente de la compañía, detalló en la presentación judicial los factores que desencadenaron la crisis. La dirección de Brogas atribuyó el colapso financiero a una «caída repentina de ventas» que se volvió insostenible ante el fuerte incremento de los costos fijos y las altas tasas de interés vigentes desde mediados de 2025.

Pero hay otro factor que la empresa señala como determinante: la apertura indiscriminada de importaciones. Esa política comercial golpeó de lleno la competitividad de sus productos de fabricación nacional.

Anafes, cocinas y calefactores producidos en Argentina no pudieron competir con bienes terminados provenientes del exterior. China, principalmente, inundó el mercado local con productos más baratos.

La ecuación se volvió imposible. Costos fijos en alza, tasas de interés prohibitivas y precios de venta presionados a la baja por la competencia importada.

Brogas intentó ajustar sus cuentas con un proceso de reestructuración interna. La medida más dolorosa fue la reducción de personal.

Actualmente, la empresa cuenta con alrededor de 90 empleados activos. Entre ellos hay oficiales, técnicos, supervisores de fábrica y administrativos. Muchos de estos trabajadores tienen una antigüedad que supera las dos décadas.

El ajuste de plantilla no fue indoloro. La compañía enfrenta cerca de 10 juicios por despidos y accidentes de trabajo. Estos reclamos suman presión adicional sobre las finanzas ya comprometidas.

De un farol a kerosene a una marca nacional de camping

Brogas nació en 1958. Su fundador, León, comenzó fabricando faroles y calentadores a kerosene en un taller modesto.

Con el tiempo se sumó su hermano Isaac. Juntos lograron adquirir las primeras matrices para industrializar la producción. Ese salto tecnológico les permitió crecer y profesionalizar el negocio familiar.

La década del 90 marcó un punto de inflexión. La segunda generación de la familia tomó el mando de la empresa.

Ese cambio generacional vino acompañado de un proceso de expansión tecnológica. Brogas se posicionó entre los principales jugadores del sector de artículos para camping y aire libre.

El inventario actual de la empresa refleja tres grandes unidades de negocio bien diferenciadas:

• Línea de gas: anafes de loza y acero, cocinas industriales, calefones, reguladores y los históricos faroles que le dieron origen a la marca.
• Tiempo libre (marca Broksol): carpas de diversos modelos, bolsas de dormir, termos de acero inoxidable, conservadoras, gazebos y mobiliario de camping como sillones de director y mesas plegables.
• Herramientas (marca Broktools): una línea completa de herramientas de mano, incluyendo llaves fijas, martillos, tenazas y candados de bronce.

En su presentación judicial, la empresa destacó su evolución: «El negocio, que comenzó como un emprendimiento familiar, creció a lo largo de todo este tiempo, acompañando los distintos vaivenes económicos del país con trabajo constante».

Y remarcó: «La empresa fabricó y sigue realizando productos nacionales; no obstante ello y para ser competitiva, se transformó en importadora de distintos productos de su rubro fundamentalmente chinos».

Esa transformación no fue casual. A mediados de los años ’90, Argentina permitió la entrada de productos importados indiscriminadamente.

El impacto sobre las empresas que fabricaban los mismos productos en el país fue devastador. Brogas, para sobrevivir, comenzó a importar.

Luego vinieron las trabas a las importaciones: aranceles, SIMI, SIRA. Con el actual gobierno se realizó una nueva apertura, aunque siguen existiendo restricciones para el giro de divisas al exterior.

Brogas opera desde dos instalaciones. La sede administrativa está en el barrio porteño de Paternal. La planta industrial se encuentra en el Parque Industrial La Cantábrica, en Haedo, provincia de Buenos Aires.

Esa planta fue inaugurada en 2021, sobre una superficie de 2.300 metros cuadrados totales. La inversión en esa nueva instalación reflejaba, en ese momento, la apuesta de la empresa por el futuro.

Qué sigue ahora con el concurso preventivo

Esta no es la primera vez que Brogas transita un concurso preventivo. La compañía había solicitado protección judicial en 2002 y obtuvo la declaración de cumplimiento de aquel concurso en 2012.

Ahora, el proceso se reinicia. La Justicia fijó el 14 de agosto como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación.

El cronograma judicial prevé que la empresa presente su propuesta de acuerdo preventivo y sus pedidos de verificación ante la sindicatura en mayo de 2027, con una audiencia informativa programada para el 10 de junio de ese año.

Los plazos son extensos. Brogas tendrá más de dos años para armar una propuesta de pago que resulte aceptable para sus acreedores.

A pesar de la compleja situación financiera, Brodsky manifestó ante el tribunal el deseo de la firma de continuar con la actividad empresaria. El objetivo es evitar la quiebra.

La apuesta de la compañía pasa por una renegociación de la deuda que le permita preservar el giro comercial. También busca mantener las relaciones laborales existentes con sus 90 empleados actuales.

El concurso preventivo es una herramienta legal que le da a Brogas tiempo y protección judicial para intentar ese rescate. Los próximos meses dirán si la histórica marca argentina de camping logra sortear esta tormenta o si termina siendo otra víctima de la crisis industrial del país.

Encontrar un lugar para estacionar en la Ciudad de Buenos Aires se convirtió en un desafío cada vez más costoso. A los aumentos de combustible, seguros, patentes y mantenimiento se suma un gasto que gana peso en el presupuesto de los automovilistas: el estacionamiento.

Un relevamiento de valores vigentes en julio de 2026 muestra que dejar el auto en un garaje puede costar entre $4.000 y $8.000 por hora en gran parte de la Ciudad, aunque en zonas de altísima demanda las tarifas llegan a tocar los $20.000 por hora. En paralelo, alquilar una cochera fija ya supera los $300.000 mensuales en algunos barrios premium.

Precios libres: cada garaje fija su propia tarifa

Un dato poco conocido es que los valores de los estacionamientos privados no están regulados por el Gobierno de la Ciudad ni por las entidades empresarias del sector. Cada operador define libremente sus tarifas en función de la ubicación, la demanda, los costos laborales, los servicios ofrecidos y la disponibilidad de espacios. Esto explica las fuertes diferencias que existen entre barrios e incluso entre garajes ubicados a pocas cuadras de distancia.

Según referentes del sector, la creciente concentración de oficinas, polos gastronómicos y centros comerciales generó una fuerte presión sobre la oferta de espacios, especialmente en zonas como Palermo, Recoleta, Belgrano y Microcentro.

En cuanto a lo que cuesta estacionar en CABA, los precios varían según el barrio y el tipo de vehículo.

• Microcentro: autos de $5.000 a $7.000 y SUV de $8.000 a $10.000
• Recoleta: autos de $5.000 a $6.500 y SUV de $8.000 a $11.000
• Palermo: autos de $5.000 a $6.000 y SUV de  $8.000 a $10.000
• Belgrano: autos de $4.500 a $6.000 y SUV de $7.000 a $9.500
• Caballito: autos de $4.000 a $5.500 y SUV de $6.500 a $8.500
• Flores: autos de $3.500 a $5.000 y SUV de $6.000 a $8.000

Sin embargo, estos valores representan promedios. En algunos puntos críticos de la Ciudad las tarifas son considerablemente más elevadas, en particular en las zonas denominadas por el propio sector como «calientes», donde el costa puede trepar hasta los $20.000 por hora

La dispersión de precios es cada vez mayor. Operadores consultados por el sector señalan que en áreas de alta circulación, como las inmediaciones del Barrio Chino, la estación Belgrano C del ferrocarril Mitre y los corredores gastronómicos de la zona, algunas playas de estacionamiento cobran entre $15.000 y $20.000 por hora en horarios pico. La situación se repite en sectores puntuales de Palermo Soho, Palermo Hollywood, Puerto Madero y el Microcentro durante jornadas laborales o eventos especiales.

En estos casos, la escasez de espacios disponibles y la elevada rotación de vehículos permiten a los operadores aplicar tarifas significativamente superiores al promedio del mercado.

Cuánto cuesta alquilar una cochera por mes

Para quienes utilizan el vehículo todos los días, el alquiler mensual suele representar una alternativa más económica frente al pago diario. Los valores relevados actualmente son los siguientes:

• Puerto Madero: $250.000 a $350.000
• Recoleta: $140.000 a $300.000
• Palermo: $150.000 a $280.000
• Belgrano: $155.000 a $250.000
• Núñez: $180.000 a $250.000
• Caballito: $150.000 a $220.000
• Villa Crespo: $120.000 a $250.000
• Flores: $100.000 a $180.000
• Microcentro: $110.000 a $200.000

Las cocheras aptas para camionetas, SUV o vehículos de gran porte suelen tener un recargo de entre 20% y 40% respecto de las destinadas a automóviles convencionales.

Cuánto representa el gasto anual

Los números muestran la magnitud del desembolso. Una cochera mensual de $200.000 implica un gasto de $2,4 millones al año. En los barrios más exclusivos, donde el alquiler supera los $300.000 mensuales, el costo anual puede acercarse a los $4 millones.

La comparación resulta aún más impactante para quienes utilizan estacionamiento por hora. Un conductor que deja su vehículo ocho horas por día en un garaje con una tarifa de $6.000 por hora desembolsa cerca de $48.000 diarios. En un mes laboral de 20 jornadas, el gasto ronda los $960.000. Si se trata de zonas donde la tarifa alcanza los $15.000 o $20.000 por hora, el costo diario puede ubicarse entre $120.000 y $160.000.

El nuevo costo oculto del auto

Durante años, los automovilistas concentraron su atención en el combustible, el seguro y las patentes. Sin embargo, la evolución de las tarifas de estacionamiento transformó a las cocheras en uno de los gastos que más creció dentro del presupuesto destinado al vehículo.

En algunos barrios porteños, alquilar una cochera ya demanda un desembolso similar al de una prepaga familiar o al alquiler de una vivienda pequeña en muchas ciudades del interior.

Por eso, para quienes utilizan el auto de manera cotidiana en la Ciudad de Buenos Aires, conseguir una cochera a precio razonable dejó de ser una cuestión de comodidad. Se convirtió en una decisión económica que puede representar un ahorro de cientos de miles de pesos por mes.

Mientras que las universidades siguen a la espera del cumplimiento de la ley de financiamiento aprobada en el Congreso y ratificada por la Corte Suprema, un estudio de la UBA calculó que el presupuesto educativo cayó 47,7% en el bienio 2024-2025.

Así surge de un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas, que destacó que en 2024 la función Educación y Cultura presentó una contracción real de 43,2% respecto del año anterior y redujo su participación en el PBI en aproximadamente 0,6 puntos porcentuales.

Si bien esto ocurre en el marco de un proceso más amplio de ajuste del gasto público nacional, la “motosierra” fue relativamente más profunda en esta área.

Por su magnitud y composición, esta caída se explica en gran medida por la discontinuación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que complementaba los salarios docentes en las provincias.

Como consecuencia, las jurisdicciones debieron asumir una mayor responsabilidad financiera, lo que reforzó el carácter descentralizado del sistema educativo argentino.

En 2025 se consolidó la trayectoria iniciada en 2024, con un retroceso de 7,9% en términos reales. “El ajuste volvió a concentrarse en algunos de los principales componentes del gasto educativo nacional, particularmente las transferencias destinadas a universidades y provincias y a programas de apoyo a estudiantes”, destacó el IIEP.

Según lo proyectado para 2026, de no producirse nuevas ampliaciones de las partidas presupuestarias vigentes, el gasto en esta función volvería a registrar un descenso real de 12,7%.

De concretarse este escenario, el presupuesto educativo nacional acumularía tres años consecutivos con variaciones negativas en términos reales. Además, la participación de Educación y Cultura tanto en el PBI como dentro del gasto total de la Administración Pública Nacional (APN) se ubicaría en mínimos desde el inicio de la serie.

Por programas, las transferencias destinadas al financiamiento universitario -a través del programa Desarrollo de la Educación Superior- mostraron una merma real de 5,4% interanual en 2025, mientras que las becas estudiantiles se redujeron en un 42,5% y el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas bajó 49,5%.

La principal excepción fue el Plan Nacional de Alfabetización, que incrementó su ejecución y se convirtió en una de las principales líneas de acción de la Secretaría de Educación.

Otro punto relevante que analizó el IIEP se vincula con los distintos modelos posibles de financiamiento. Históricamente, se organizó en torno a un esquema orientado principalmente a la oferta, en el que los recursos públicos se asignan a los sistemas provinciales y a las instituciones con el objetivo de garantizar infraestructura, cargos docentes y salarios, asegurando condiciones básicas de funcionamiento.

En contraste, la asignación por demanda se inscribe dentro de los cuasi-mercados educativos, basados en la separación entre aportes estatales y provisión.

Bajo este enfoque, el Estado puede sostener la educación con la transferencia de recursos a las familias o estudiantes para que elijan entre distintos proveedores educativos. De este modo, la competencia entre instituciones y la libertad de elección funcionarían como mecanismos para mejorar la eficiencia y la calidad del sistema.

Sin embargo, el IIEP considera que es necesario incorporar también sus efectos sobre la equidad, la cohesión social y la distribución territorial de la oferta.

“En contextos de fuerte desigualdad, los mecanismos de competencia pueden derivar en segmentación de la matrícula, debilitamiento de la oferta estatal y ampliación de brechas preexistentes”, explicó el informe.

El Gobierno promueve la discusión sobre la implementación de vouchers, becas o transferencias directas a familias, poniendo foco en la libertad de elección y la competencia entre instituciones. Pero dichas propuestas “plantean interrogantes respecto de sus posibles efectos sobre la segmentación social, la desigualdad territorial y la fragmentación del sistema educativo”, sostuvieron en la UBA.

En el plano fiscal, indican que un eventual cambio entre ambos modelos no es neutro. Para el IIEP, el financiamiento de la oferta permite orientar recursos según criterios de cobertura territorial y sostenimiento institucional, mientras que el de la demanda traslada parte de las decisiones de asignación hacia familias y estudiantes. Esto redefine el rol estatal, reduciendo el apoyo a capacidades instaladas y aumentando el subsidio a elecciones individuales.

Recordaron que desde 2024 se aplican vouchers para familias con hijos en escuelas privadas subvencionadas, los cuales alcanzaron a 830.000 estudiantes en 2024 y 504.808 en 2025. “Esta iniciativa no constituyó un sistema generalizado, sino una transferencia focalizada y orientada a cubrir parcialmente el pago de cuotas”.

“La implementación del programa implicó un refuerzo a los recursos nacionales destinados a la educación de gestión privada, en un contexto de desfinanciamiento a la estatal”, subrayó el IIEP. En 2023 ya se había habilitado la deducción en Ganancias de gastos escolares privados, beneficio fiscal que favorece a sectores de mayores ingresos.

Asimismo, el proyecto de “Libertad Educativa” propone transferencias a instituciones privadas. En la ley vigente, el financiamiento se menciona en el marco de la supervisión y, en ciertos casos, subvenciones, pero sin el mandato de “regularidad”.

“Si bien el objetivo es garantizar el derecho de los padres a optar por una educación acorde a sus valores, esto implicaría una nueva vía de refuerzo al financiamiento de las escuelas privadas en el marco de un retroceso de los recursos para la educación pública. Los cambios podrían profundizar la segmentación del sistema y tener efectos desigualadores en el acceso a la educación de calidad”, señaló el IIEP.

Además, de acuerdo al reporte, el alcance este tipo de políticas es muy acotado, ya que la matrícula se encuentra altamente concentrada en las escuelas públicas, excepto en CABA.

“Podemos decir que estas políticas podrían contribuir a reforzar las desigualdades territoriales existentes en materia de capacidad de financiamiento, ya que algunas de las jurisdicciones donde se concentra la mayor parte de la matrícula de gestión privada son aquellas con mayor disponibilidad presupuestaria”, concluyó el IIEP.