El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para incorporar en la Argentina un mecanismo similar al «government shutdown» de los Estados Unidos; es decir, un «apagón» del Estado mediante el cual este deja de funcionar y de ejecutar gastos. Si bien lo presentó como parte del ahorro de recursos de la «motosierra», el motivo real es la caída de la recaudación —que en junio registró una baja del 7,4% real en comparación con junio de 2025—, la creciente «deuda flotante» con proveedores y la escasez de recursos para afrontar el funcionamiento cotidiano de la administración pública.

Según pudo saber iProfesional de fuentes oficiales del Ministerio de Economía que dirige Luis «Toto» Caputo, la deuda flotante de los primeros cinco meses de 2026 (de enero a mayo, según los últimos datos disponibles) sumó 11,8 billones de pesos. Solo en el mes de mayo, la cifra alcanzó los 1,4 billones.

La deuda flotante es la ejecución del gasto que el Estado reconoce como registrado y facturado por el proveedor, pero que no ha sido ejecutado; es decir, que no se pagó. En la práctica, funciona como un retraso en los pagos: el proveedor brinda el servicio, el Estado lo registra y lo reconoce, pero «pedalea» el cumplimiento de la obligación por meses. Este fenómeno es una derivación directa de la recesión y de la baja en la recaudación fiscal.

En otras palabras, para exhibir superávit fiscal, Caputo y Milei dejan de ejecutar pagos exigibles, y esa falta de recursos llevaría al Presidente a decretar un «shutdown». De paso, Milei encontraría otra manera de mostrarse en sintonía con su aliado político, Donald Trump.

La iniciativa fue presentada por el Presidente como una herramienta para profundizar la disciplina fiscal y evitar cualquier desvío del equilibrio de las cuentas públicas, atribuyéndole la responsabilidad a «la política». Sin embargo, según admitieron fuentes oficiales a iProfesional, la realidad es más compleja: «Estamos raspando la olla y no hay plata». Son luces amarillas en el frente fiscal.

¿Qué es el shutdown de Milei y cómo funcionaría el «apagón» del Estado?

Milei lo explicó de la siguiente manera durante una entrevista con el periodista Alejandro Fantino en el canal de streaming Neura: «Estamos trabajando en el armado del shutdown del Poder Ejecutivo…, en realidad, de la política». Y prosiguió: «Cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y apagás el Estado». Así que vamos a terminar con eso por ley».

En el diálogo, Fantino celebró la medida con expresión de admiración: «Javi, es otro país, otro país». A lo que Milei redobló la apuesta: «Por eso te digo… que esto guarda relación con la ley de mercado de capitales; hoy a las 18 empezamos a tejer eso».

El concepto «government shutdown» remite al sistema norteamericano, donde el cierre parcial o total del gobierno ocurre cuando el Congreso no aprueba las leyes de financiamiento necesarias para mantener operativas las agencias federales. Sin embargo, existen diferencias sustanciales entre ambos modelos.

En Estados Unidos el mecanismo está regulado desde hace décadas y contempla cuáles son los servicios esenciales que deben seguir funcionando —como defensa, seguridad, control aéreo, hospitales y emergencias— aun cuando el resto de la administración quede paralizada. Además, responde a un conflicto institucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso por la aprobación del presupuesto.

La propuesta que analiza Milei tendría otra lógica: establecer por ley que, una vez agotados los recursos presupuestarios asignados, el Estado deje automáticamente de gastar. Además, todavía falta definir cuáles serían los servicios esenciales y los no esenciales que podrían «apagarse». En este caso, el motivo fundamental sería que «se terminó la plata» y no la falta de aprobación de una partida presupuestaria por disputas legislativas.

La deuda flotante del Estado: el dato clave que explica el anuncio

El trasfondo económico del proyecto aparece reflejado en las cuentas públicas. Entre enero y mayo, la deuda flotante del Estado nacional alcanzó, sumando todos los meses, los 11,8 billones de pesos, según los últimos datos oficiales disponibles. Se trata de obligaciones con proveedores, prestadores de servicios, contratistas, provincias y otros acreedores del Estado que permanecen pendientes de pago.

¿Cómo se compone esa deuda flotante de estos cinco meses? De acuerdo con la planilla oficial del Ministerio de Economía sobre la Evolución de la Deuda Exigible de la Administración Central durante 2026, analizada por auditores internos y a la que accedió iProfesional, las obligaciones pendientes de pago registraron fuertes variaciones entre enero y mayo.

El indicador tuvo un pico de deuda de $4.044.758,20 millones en marzo, para luego descender a $2.791.422,03 millones en abril y a $1.422.736,19 millones en mayo. En tanto, en enero había sido de $1.582.757,61 millones y en febrero de $1.950.414,55 millones. La sumatoria de estos períodos arroja los 11,8 billones de pesos mencionados.

Los principales compromisos no pagados se concentraron en transferencias a provincias, con $676.596,97 millones en enero, $1.020.428,46 millones en febrero, $1.759.296,10 millones en marzo, $1.023.141,73 millones en abril y $419.568,13 millones en mayo. Esto explica los reclamos de recursos que los gobernadores le transmiten al jefe de Gabinete, Diego Santilli, en las reuniones celebradas en la Casa Rosada.

La deuda con el personal y los salarios también representó una porción importante, con montos de $428.331,41 millones, $359.269,23 millones, $428.532,37 millones, $378.534,55 millones y $299.873,88 millones, respectivamente.

En el rubro de bienes y servicios, la deuda exigible fue de $87.816,19 millones en enero, $106.991,31 millones en febrero, alcanzó un máximo de $364.924,13 millones en marzo, para luego bajar a $178.207,50 millones en abril y a $107.922,55 millones en mayo. En bienes de uso, los compromisos oscilaron entre $46.040,22 millones y $78.668,84 millones durante el mismo período.

La inversión financiera solo registró deuda exigible en marzo, por $50.721,16 millones, mientras que la adquisición de títulos y valores mostró obligaciones de $29.211,42 millones en enero, $9.591,31 millones en febrero, $51.133,28 millones en marzo, $29.675,56 millones en abril y $7.104,74 millones en mayo. No se informaron montos correspondientes a la disminución del patrimonio.

Por otra parte, los gastos figurativos corrientes y de capital, que constituyen transferencias dentro del sector público, también reflejaron cifras elevadas: $313.098,45 millones en enero, $359.681,85 millones en febrero, $1.271.496,29 millones en marzo, $1.039.573,53 millones en abril y $448.257,49 millones en mayo. A ello se suman los gastos figurativos para aplicaciones financieras, que ascendieron a $1.662,94 millones en enero, $39.986,03 millones en febrero y marzo, $72.446,47 millones en abril y $85.506,66 millones en mayo.

La planilla oficial aclara que estos datos no incluyen la deuda pública y que no se incorporan registros anteriores a 2025. Aunque parte de esos compromisos se cancelan en los meses subsiguientes, el fenómeno se repite de manera sistemática: todos los meses se generan nuevas obligaciones impagas.

Sólo en mayo la deuda flotante ascendió a 1,4 billones de pesos. En términos prácticos, esto significa que el Tesoro reconoce esos gastos, pero posterga los pagos para preservar caja. De ese modo, el déficit fiscal se desplaza hacia adelante.

Tal es así que ese dato contrasta con el discurso oficial que exhibe el superávit fiscal como el principal logro de la administración Milei. El vocero presidencial Adrián Ravier sinceró este martes en la Casa Rosada que «el Gobierno no puede bajar impuestos hasta no tener superávit fiscal», mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, convirtió al equilibrio de las cuentas públicas en el eje central de toda la estrategia económica. Milei y Caputo repiten en todos sus discursos que alcanzaron el equilibrio fiscal desde el primer mes de su gestión, pero las declaraciones del vocero evidenciaron matices internos.

Es por ello que muchos economistas advierten que una parte sustancial del superávit se explica, precisamente, por el diferimiento de pagos y la acumulación de deuda flotante.

Una caja fiscal cada vez más ajustada por el ajuste fiscal

Los números de mayo muestran la estrechez financiera del Estado. Ese mes, el Tesoro recaudó 13,2 billones de pesos.

De ese total, destinó:

• 7,9 billones a jubilaciones, pensiones y AUH
• 1,3 billones al pago de salarios
• 2,1 billones al pago de intereses de la deuda
• 500.000 millones a otros gastos

En conjunto, esos cuatro rubros absorbieron 11,9 billones de pesos, equivalentes a cerca del 86% de toda la recaudación de 13,2 billones. El restante 1,4 billón quedó asentado como deuda exigible o deuda flotante. «Tiene dos componentes: una recaudación insuficiente y una recaudación que se destina a deudas con proveedores de meses anteriores o a cubrir vencimientos de deuda pública con acreedores privados u organismos; entonces, quedan gastos del mes sin pagar y pasan para los meses siguientes», señalaron fuentes del Gobierno.

Con el margen de ese remanente debían afrontarse los gastos de funcionamiento del Estado, la compra de insumos hospitalarios, los programas sociales, las transferencias a provincias, los subsidios, el mantenimiento de organismos y la escasa obra pública que continúa en ejecución. Al no realizarse esos desembolsos, se genera de forma constante la denominada deuda flotante.

Allí aparece el nudo del problema: obligaciones que simplemente quedan pendientes. A esta situación se suma otro factor que preocupa al Palacio de Hacienda: la recaudación tributaria volvió a deteriorarse y en junio registró una caída real del 7,4%, reduciendo todavía más la disponibilidad de recursos líquidos.

Prioridad para la deuda financiera

Fuentes vinculadas al Ministerio de Economía explican que el esquema presupuestario vigente prioriza el cumplimiento de los compromisos financieros.

En otras palabras, antes que cancelar obligaciones con proveedores o gastos operativos, el Gobierno procura garantizar el pago de los vencimientos de deuda, los compromisos con organismos internacionales como el FMI y el BID, y los bonos emitidos por el Tesoro.

En esa misma línea se inscribe el reciente acuerdo anunciado por Caputo con BBVA, Santander y Deutsche Bank, que otorgarán un préstamo por u$s3.200 millones, con garantía de organismos multilaterales, para afrontar vencimientos financieros. El capital comenzará a amortizarse recién en 2029, mientras que el Banco Mundial cobrará alrededor de u$s100 millones por actuar como garante.

Para distintos analistas, esa prioridad configura una lógica de «frazada corta»: los recursos alcanzan para cumplir con los acreedores financieros, pero resultan insuficientes para sostener plenamente el funcionamiento de la estructura estatal.

Un modelo inspirado en Estados Unidos y el trasfondo político

Desde el Gobierno relativizan las diferencias y sostienen que el proyecto aún está en etapa de elaboración. Voceros oficiales señalaron que «será parecido a lo que ocurre en Estados Unidos» y remarcaron que «cada país define cuáles son sus actividades esenciales».

No existen todavía precisiones sobre qué organismos quedarían alcanzados, cuáles continuarían funcionando ni cómo se garantizarían prestaciones sensibles como salud, educación, justicia o seguridad. Por el momento, Milei avanza únicamente en la etapa de preparación de un anteproyecto de ley.

En Estados Unidos, los cierres del gobierno ocurrieron unas veinte veces desde la década de 1970. El más reciente, durante la segunda presidencia de Donald Trump entre fines de 2025 y comienzos de 2026, provocó la suspensión del pago de salarios a millones de empleados federales, afectó servicios públicos, retrasó programas sociales y paralizó numerosas agencias nacionales, aunque continuaron operando las áreas consideradas críticas.

Más allá de la explicación técnica, el anuncio contiene una fuerte carga política.

Milei busca convertir el equilibrio fiscal en un principio legal permanente que limite la capacidad de futuros gobiernos para expandir el gasto público. La iniciativa se complementa con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la prohibición de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria y otras normas vinculadas al mercado de capitales y las reglas fiscales.

Sin embargo, el proyecto también deja expuesta la tensión entre el discurso del superávit y la realidad de una administración que enfrenta una recaudación en retroceso, crecientes obligaciones impagas y una caja cada vez más ajustada.

En ese contexto, el «shutdown» aparece no sólo como una bandera ideológica con la cual Milei puede emular al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y adaptarse al modelo libertario, sino también como la respuesta institucional que el Gobierno busca diseñar frente a un problema mucho más inmediato: la escasez de recursos para sostener el funcionamiento del Estado sin abandonar su compromiso de déficit cero.

Mientras el Gobierno avanza en la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales y busca inversiones con el Super RIGI, proyecto aún pendiente de debate en el Congreso, el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Christian Asinelli, expresó en Infobae en Vivo que poseer recursos naturales no garantiza riqueza. El directivo puso el foco en una cuestión fundamental: “Necesitas la infraestructura habilitante para sacar esos recursos y después, con esos recursos, ¿qué vas a hacer?”. El interrogante atraviesa la agenda económica argentina y define los desafíos de futuro.

Asinelli ejemplificó con Neuquén y el caso de Vaca Muerta, donde la disponibilidad de gas y la irrupción de recursos minerales abren una oportunidad significativa. Sin embargo, preguntó: “¿Qué vamos a hacer con todo ese gas? ¿Qué vamos a hacer con estos minerales?”. El vicepresidente de CAF remarcó que el plus que hoy no tiene la economía argentina podría posicionarla mejor en el futuro, pero todo depende de cómo se utilicen los ingresos extraordinarios derivados del sector energético y minero. “¿Se lo va a utilizar para educación, para salud, para achicar las brechas de pobreza en nuestro país? Es una pregunta que nos tenemos que hacer”, insistió Asinelli.

Es que la mirada sobre el mundo rural en América Latina y el Caribe se transformó en las últimas décadas. Según CAF, la región suma 670 millones de habitantes, con 120 millones en zonas rurales, cerca del 18% del total. En Argentina, la ruralidad representa menos del 10% de la población, con 3,5 millones de personas. El concepto de ruralidad, explicó Asinelli, ya no se limita a la agricultura, la ganadería o la pesca, sino que abarca también la explotación de minerales críticos y el desarrollo de energías limpias como la solar y la eólica.

El desafío de la infraestructura aparece en toda la región. Asinelli precisó que el 65% de las personas en el mundo rural vive cerca de una vía de comunicación, pero cuando se consideran rutas pavimentadas, esa proporción baja al 50% en Argentina y al 40% en el resto de América Latina y el Caribe. La falta de infraestructura habilitante encarece la logística y limita la competitividad. El caso de Vaca Muerta es ilustrativo: la operación requiere grandes volúmenes de arena, transportada desde Entre Ríos en camiones que recorren cientos de kilómetros. Asinelli planteó la necesidad de un tren o un puerto para reducir los costos de transporte y el impacto ambiental, dado que el uso de camiones incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero.

La situación social del mundo rural añade más complejidad al panorama. Porque siete de cada diez trabajadores rurales son informales y la pobreza rural alcanza el 34%, el doble que en las ciudades. Asinelli destacó la urgencia de políticas que permitan transformar empleos informales en trabajos formales y de mayor calidad.

El vicepresidente de CAF describió una transformación progresiva en la economía rural. Mientras en el pasado la mayoría de los ocupados en zonas rurales se dedicaban a actividades agropecuarias directas, hoy la tecnología y la diversificación permitieron la aparición de nuevos sectores, como el turismo sostenible. Actividades como el avistaje de aves y la promoción de “pueblos mágicos”, reconocidos por Naciones Unidas, abren alternativas laborales y productivas. Aun así, la región mantiene una brecha productiva del 20% respecto de los países desarrollados.

Según Asinelli, la discusión sobre el destino de los recursos excede la lógica de inversión puntual. La experiencia regional, como la construcción del puerto de Chancay en Perú gracias a capital privado chino, muestra que el desarrollo depende tanto de la infraestructura principal como de una red de caminos, trenes y servicios que permitan que el progreso llegue también a las áreas próximas.

Ante la consulta sobre si hoy en el Gobierno de Milei se piensa en ello, el directivo subrayó que el desarrollo territorial requiere una visión integral. Aseguró que muchas áreas del Estado piensan en proyectos, pero no siempre de manera coordinada. CAF impulsa iniciativas que contemplan la obra principal y los impactos sobre el entorno, porque el crecimiento aislado no se traduce automáticamente en beneficios para el conjunto de la sociedad. “Uno se puede salvar, pero pasa un día, pasan dos días y tu barrio se empieza a poner peor”, ejemplificó Asinelli.

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Las casas prefabricadas chinas llegaron a Argentina para quedarse. En medio de un mercado inmobiliario cada vez más inaccesible, aparecieron las primeras viviendas modulares importadas que prometen cambiar las reglas del juego.

Casas chinas prefabricadas vs. construcción tradicional: cuánto cuesta

Los números hablan por sí solos. Mientras levantar una casa tradicional cuesta entre $1.600.000 y $2.500.000 por metro cuadrado, estos módulos se consiguen desde $931.000 por m², una diferencia que puede llegar hasta u$s1.000 menos por cada metro cuadrado.

El dato clave: desde u$s660 el metro cuadrado, sin considerar costos adicionales de importación y logística.

Construir en Argentina se volvió un desafío económico enorme. Los materiales pegaron subas históricas, la mano de obra se disparó y los plazos de obra se estiraron como nunca. En ese contexto hostil, las viviendas modulares chinas irrumpen como una alternativa concreta.

Estos productos ya circulan en plataformas de venta online y algunos importadores comenzaron a tocar puertas en el mercado local.

Qué son estas casas prefabricadas y cuánto tiempo lleva levantarlas

Las viviendas modulares importadas funcionan bajo un concepto simple pero efectivo. Estructura de acero galvanizado y paneles tipo sándwich que viajan desde China listos para ensamblar.

Los modelos disponibles arrancan en 37 metros cuadrados, pasan por versiones de 56 m² y llegan hasta 74 m². Cada configuración viene con lo básico: cocina integrada, baño completo, instalaciones eléctricas y ventanas de doble vidrio.

El acero galvanizado garantiza resistencia estructural. Los paneles sándwich, por su parte, trabajan en dos frentes: aislación térmica y reducción de tiempos de montaje.

Todo el sistema llega al terreno prácticamente armado. Solo requiere una base simple para la colocación. Nada de cimientos profundos ni estructuras complejas.

El dato que más llama la atención: algunos módulos quedan instalados en apenas 10 horas. Lo que en construcción tradicional demanda meses, acá se resuelve en menos de un día.

Cuánto se ahorra realmente frente a la construcción tradicional

El montaje ultra rápido encabeza la lista de beneficios

Los cálculos resultan reveladores. Una casa tradicional en Argentina se mueve entre u$s1.062 y u$s1.841 por metro cuadrado, al tipo de cambio actual. Las modulares chinas parten desde u$s660.

Tomá como ejemplo una vivienda de 56 m². Con construcción tradicional, el costo puede trepar hasta u$s103.096 en el extremo más alto. La misma superficie en versión modular china: u$s36.960.

La diferencia asusta: hasta u$s66.136 menos por una casa del mismo tamaño. El ahorro no viene solo del precio base del material, sino de la reducción drástica en mano de obra, la fabricación industrializada en serie y el sistema de montaje que no requiere especialistas altamente calificados.

En contexto local, esos $931.000 por m² de las viviendas chinas quedan muy por debajo de cualquier presupuesto de construcción tradicional. Incluso con terminaciones básicas, una obra convencional no baja de los $1.600.000 por m².

Los materiales locales siguieron encareciendo en el último tiempo. El cemento, el hierro y los ladrillos marcaron alzas sostenidas. Las modulares importadas esquivan esa problemática al traer todo resuelto de fábrica.

Qué ventajas concretas ofrecen estos módulos importados

El montaje ultra rápido encabeza la lista de beneficios. Donde una construcción tradicional tarda varios meses, estas casas están listas en horas. Para quien necesita solución habitacional urgente, el tiempo vale oro.

La modularidad permite ampliaciones futuras. Empezás con 37 m² y después sumás otro módulo cuando el bolsillo lo permita. Flexibilidad que la construcción tradicional no ofrece sin demoler o hacer obras mayores.

Los paneles sándwich traen aislación térmica incorporada. En zonas de temperaturas extremas, ese detalle marca diferencia en consumo de climatización. Menos gasto en gas y luz todo el año.

Resistencia al fuego y la humedad: los materiales están pensados para durar. El acero galvanizado no se pudre como la madera ni se agrieta como el revoque tradicional.

El menor costo inicial libera capital. Con lo que te ahorrás podés invertir en mejoras del terreno, cerramientos o instalaciones externas. O simplemente guardar la diferencia para otros proyectos.

La reventa es una incógnita. Sin mercado establecido, no hay referencias de cómo se valoriza (o desvaloriza) una vivienda modular china con el paso del tiempo. El comprador asume ese riesgo de liquidez futura.

Aun con todos estos puntos en contra, las casas prefabricadas chinas ya generan movimiento. En un país donde construir una vivienda propia se volvió casi imposible para el trabajador promedio, cualquier alternativa que reduzca costos encuentra oídos atentos.

Los importadores apuestan a que el mercado madure rápido. Las consultas aumentan semana a semana y algunos municipios ya empezaron a estudiar modificaciones en sus normativas para incorporar estas construcciones.