Era de prever. Aunque no tanto, tan rápido ni con tanta profundidad y alcance. El proyecto de presupuesto 2027 no solo iba a mostrar algunas de las cartas con las que Javier Milei se aprestaba a jugar en el año electoral. También iba a ser un duro examen y una muy probable fuente de conflicto.

Mucho más cuando el cálculo de gastos y recursos tenía que hacer juego con el muy amplio y ambicioso proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional.

La manta corta de los recursos estatales, estrechada aún más por una actividad economía planchada o ya en retroceso, como mostró la evolución negativa del PBI en el segundo trimestre de 2026, fue tironeada, adicionalmente, por la búsqueda de recuperación de iniciativa, poder e imagen de Javier Milei y su gestión, a través del flamante embanderamiento con la causa de Malvinas, la cual demanda fondos, además de votos.

Se trata de una combinación destinada a abrir nuevos frentes de tensión en un momento complicado para el Gobierno por la evolución de los indicadores económico-financieros.

Aunque el ruido excede ampliamente esa cuestión contante y sonante y llega a asuntos de extrema gravedad y sensibilidad, como la posible afectación de derechos fundamentales que podría derivarse de la ley de defensa de la soberanía nacional, que impulsa y ayer dio a publicidad el Gobierno.

En lo inmediato y más concreto, en la disputa por la distribución de fondos asomaron en primer lugar los cuestionamientos internos y externos por los recortes o limitaciones a la actualización de los aportes en materia de asistencia a las personas con discapacidad, cuestión que agrava el conflicto sin solución que se registran en esta materia desde hace ya más de un año.

Otro tanto ocurre con los fondos para la educación superior, que vuelven a estar lejos de las demandas y necesidades planteadas desde hace dos años por las universidades públicas nacionales. Lo llamativo es que a eso se agregó el recorte de hecho a la Asignación Universal por Hijo (AUH), que había sido hasta ahora una de las políticas públicas del Gobierno que más elogios recibió, ya que tuvo aumentos en las partidas muy por encima de la inflación y paliaron la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad.

El problema para la administración mileísta es que la queja no provino solo de los directamente afectados ni de opositores políticos sino que fue amplificada por el malestar que expresó públicamente al respecto la jefa de la bancada oficialista de senadores, una voz que vuelve a ser disonante con las melodías oficiales.

Patricia Bullrich, en otra expresión de su condición de independentista con refinado olfato político, sostuvo en declaraciones a radio Rivadavia que el recorte y las reformas a la ley de discapacidad incluidas en el presupuesto se habían dispuesto sin aviso ni discusión previa en la mesa política, donde apenas 48 horas antes se había hablado de la iniciativa.

Los cambios introducidos en el proyecto tuvieron como efecto agravante que el oficialismo legislativo habría hecho promesas en contrario con los bloques aliados y dialoguistas. Justo cuando se les venía reclamando apoyo para que avanzaran otras iniciativas del Gobierno, como la ley de Inocencia Fiscal II, finalmente sancionada ayer, y, especialmente, para la muy trabada reforma política electoral, cuya aprobación urge al Gobierno. La multiplicidad y simultaneidad de objetivos suele complicar al mileísmo desde el primer día.

Para peor, Bullrich explicitó en la entrevista una de las cosas que más le reprochan al oficialismo aliados y dialoguistas, y complica cualquier negociación: el déficit de credibilidad que acumula por incumplimiento o violación de compromisos asumidos. Una más y van…

La exposición pública de la jefa del bloque de senadores libertarios no solo tuvo una gran repercusión pública sino que tuvo el efecto de una bomba de estruendo en la Casa Rosada. “Cayó muy mal. Hay mucho enojo con ella”, dijo un estrecho colaborador del Presidente. En tanto, en el Palacio de Hacienda desmentían a Bullrich y afirmaban que el tema había sido discutido en la mesa política, aunque nadie la confrontara con nombre y apellido.

Sin embargo, no son esas las únicas señales inquietantes que hacen mucho ruido en la agenda pública por estas horas y que tiene relación con estas novedades.

La ley Malvinas

En ese escenario hizo su aparición la “ley Malvinas”, sobre cuyo propósito general de protección de la soberanía y de la defensa de los recursos naturales en esa área ocupada por Gran Bretaña no hay oposición.

Es una causa nacional, que en los últimos meses tuvo un sensible reverdecimiento, expresado y potenciado por la bandera con la reivindicación de la soberanía sobre las islas que algunos jugadores de la selección Argentina exhibieron tras el triunfo ante Inglaterra en el último Mundial. Después de quedar a contramano con ese hecho y por otros antecedentes, el Gobierno busca ahora conectar con ese humor social, reivindicarse y subirse a la oalista con urgencia.

No obstante, algunas disposiciones concretas de esa iniciativa pusieron en alerta a sectores de la sociedad civil y de diversas expresiones del arco político. El aparente avance sobre derechos y garantías constitucionales, ni más ni menos, es el objeto central de los cuestionamientos

El proyecto incluye reformas que van desde la ley de defensa hasta el Código Penal, que darían amplias atribuciones al Poder Ejecutivo y abrirían la posibilidad de avanzar casi discrecionalmente sobre derechos fundamentales, como la libertad de expresión. Serían prerrogativas más propias de un estado de excepción que de la vigencia plena del Estado de Derecho, según coinciden diversos juristas.

Uno de los puntos que despertó las alarmas es la modificación del artículo 225 bis del Código Penal, a fines de sancionar con entre cinco y 12 años de prisión a quien, “actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero realizare actividades que alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.

La redacción, según los especialistas en derecho penal y legisladores de la oposición, abre la posibilidad de que puede ser utilizado como una herramienta de “persecución política” contra la prensa y la sociedad civil bajo la excusa de “agentes extranjeros”.

Varios de los expertos consultados validaron sus reparos en la similitud que el articulado tiene esta materia con normas adoptadas por regímenes de corte autoritario, que restringieron derechos civiles, como el de Viktor Orban, en Hungría; el de Recep Tagyp Erdogan, en Turguía, de Vladimir Putin, en Rusia, y hasta de Nicolás Maduro, en Venezuela, o Nayib Bukele, en El Salvador.

Al respecto, el excamarista Ricardo Gil Lavedra afirmó que no cumple el principio constitucional de legalidad por la vaguedad de las conductas. Posición con la que coincidió el abogado y expresidente de Poder Ciudadano Hugo Wortman Jofré, al señalar que se trata de “un tipo penal muy abierto”, que no especifica conductas.

En tanto, el director ejecutivo de esa institución, Pablo Secchi, destacó que “es válida la preocupación institucional sobre posibles campañas de desinformación. Pero hay q tener en cuidado de que las normativas o instituciones que se creen para su control no terminen siendo herramientas de censura o persecusión de periodistas y organizaciones de la sociedad civil”.

Con similar preocupación y aun mayor dureza se expidió el constitucionalista Roberto Gargarella: “Envalentonado por el rédito prometido por la retórica Malvinas, el Gobierno aprovecha el resquicio para colar un proyecto de censura y persecución a sus críticos. El articulado que hoy se conoce muestra parecidos con iniciativas promovidas en tiempos recientes por los gobiernos populistas y autoritarios de esta década. En particular, el de Putin, que impulsó una normativa parecida en 2019 y que reforzó desde la guerra con Ucrania en el 2022; el de Maduro en Venezuela (con su ley contra el Odio y por la Convivencia Pacífica, del 2017); pero sobre todo la ley contra la Desinformación que consiguiera aprobar Erdogan, en Turquía, en el 2022. Desde ya, el articulado que favorece el Presidente no resiste el análisis penal ni constitucional”.

A las objeciones que suscita las reformas del artículo 225 bis del Código Penal se agregan las muchas prevenciones y cuestionamientos que generan las atribuciones que se le asignan al Consejo Nacional de Seguridad, bajo cuyo tutelaje y decisión quedan áreas y políticas de orden económico, cambiario, de defensa, relaciones, inteligencia y ciberseguridad.

Además, le permite a ese Consejo, que lideraría el Presidente, exigir de manera obligatoria datos, informes y asistencia a cualquier dependencia del sector público nacional, además de requerir cooperación a las provincias y municipios. También establece que podrá disponer medidas de emergencia, como restricciones financieras, bloqueo de activos, suspensión de contratos o autorizaciones y aumentos temporales de derechos de importación o exportación, sujetas a control judicial.

Como se sabe, la creación del Consejo Nacional de Seguridad y el establecimiento de una doctrina de la seguridad nacional son iniciativas impulsadas desde hace ya mucho tiempo por el asesor sin cargo oficial Santiago Caputo, quien ayer, en una especie de confirmación implícita, no solo defendió el proyecto de ley sino que descalificó en las redes sociales a quienes lo cuestionaron. Para que se sepa y se tome nota.

En tanto, el Presidente publicó ayer por la tarde una nueva cataratas de epítetos contras los periodistas, de manera generalizada, aunque sin explicar el motivo de su nuevo arresto de ira ni referirse a ninguna de los asuntos que hoy despertaron observaciones críticas.

No es fácil determinar si se trató de un solo asunto o de la acumulación de noticias poco benévolas para el oficialismo en una racha que se prolonga en el tiempo y que, según testimonios del entorno presidencial, mantienen alterada “la emocionalidad importante” (Patricia Bullrich dixit) de Milei.

Solo de ayer pueden mencionarse los malos datos sobre la actividad económica, los cuestionamientos de la jefa del bloque libertario del Senado a la presentación del presupuesto, las críticas a ciertos artículos de la ley de defensa de la soberanía nacional y las filtraciones sobre gastos y situaciones ocurridos en la residencia presidencial de Olivos, que derivaron en el despido de la mayoría de los empleados y el recambio de los encargados de la seguridad presidencial, en medio de inquietantes rumores.

Demasiado ruido y muchas señales preocupantes.