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Causa SIRA: ARCA informó que los permisos de importación se aprobaban con un sistema automatizado

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Avanza la investigación sobre el sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) entre el 2020 y el 2024, durante el gobierno de Alberto Fernández, pero la Justicia no puede dar con los nombres de los funcionarios que participaban del entramado, a pesar de los reiteradas solicitudes.

Semanas atrás, el fiscal federal Franco Picardi envió un nuevo oficio a distintos organismos del Estado para que informen, de manera urgente, qué funcionarios participaron en la aprobación de las solicitudes de las importaciones. Algunos de los intimados fueron ARCA, el Banco Central y Aduana.

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En las últimas horas, varios de los intimados respondieron a la solicitud pero lo llamativo es que no se detalló ningún nombre. El fiscal había solicitado concretamente información de las firmas Nemes S.H. de Fuentes N. y Mazza, Técnicas Ferroviarias Argentinas S.A. y Fizika S.R.L..

TN tuvo acceso a las pruebas enviadas y todos los documentos aseguran que en ninguna de esas empresas hubo funcionarios involucrados. ¿Cómo funcionaban entonces? Según lo enviado a la Justicia, bajo procedimientos informáticos automáticos. Dicho sistema solo chequeaba los requisitos y aprobaba el ingreso al país de los productos importados por estas empresas.

En el caso de Fizika no existen rastros de que haya operado como importadora. “Cabe destacar que la firma Fizika SRL no posee declaraciones SIRA registradas”, se lee en el documento enviado por ARCA.

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La respuesta de ARCA. (Foto: TN)

Sobre el pedido puntual de identificar a los funcionarios que aprobaron las solicitudes, ARCA informó textualmente que “no existían en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos usuarios habilitados para operar con el sistema. La totalidad de las interacciones con el sistema se realizaba mediante procedimientos informáticos automatizados”. Por lo tanto, el organismo señaló que no fue posible identificar funcionarios humanos que hubieran intervenido en la aprobación de las solicitudes vinculadas a las sociedades investigadas.

De esta manera, ARCA no entregó un listado con la nómina funcionarios ni detalla intervenciones individuales. Este dato resulta central porque responde directamente al pedido judicial que busca individualizar responsabilidades en el proceso de aprobación de las SIRA.

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Sin esos datos, no se podrán establecer las responsabilidades individuales en la cadena de aprobación de los permisos de importación de las empresas investigadas. Mientras que los datos objetivos sobre las operaciones, como solicitudes, bloqueos, montos y estados, fueron entregados, la identificación nominal de funcionarios que el fiscal había pedido se sigue dilatando.

Las otras pruebas del expediente

Además de este informe, la fiscalía incorporó en los últimos días las respuestas de 23 Agentes de Liquidación y Compensación. Entre ellas aparecen Cohen, Banco Industrial, Allaria, Macro, Comafi y Banco Credicoop, que fueron agregadas al sistema “Coirón” por su volumen.

También se recibió el oficio del Banco Central con sumarios cambiarios de varias casas de cambio, entre ellas Gis Cambio, Atlántida del Rosario Cambios, Cambio Belgrano, Fast Cambio, Gallo Cambios, Mega Latina, MG Cambio, Puerto Cambio, Rosario Cambio, Areco Cambio y Meran.

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Las agencias Dem Cambio y Pablo Fortuny S.A. no registran antecedentes en el sistema del BCRA.

El origen de la causa

En la causa se investigan los presuntos pagos de sobornos para acelerar la aprobación de las SIRA y posibles irregularidades en el acceso al dólar oficial durante la gestión de Alberto Fernández y el entonces ministro de Economía, Sergio Massa.

Según los elementos recolectados hasta ahora, se habrían abonado coimas de entre el 10 y el 15 por ciento para obtener aprobaciones en plazos de 24 horas, cuando habitualmente los trámites demoraban hasta seis meses.

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La investigación se basa, entre otros elementos, en el análisis del celular de Martín Migueles, dueño de casas de cambio con vínculos con Elías Piccirillo y Francisco Hauque.

Elías Piccirillo y Martín Migueles. (Foto: Movil Press / IG: Jesica Cirio).
Elías Piccirillo y Martín Migueles. (Foto: Movil Press / IG: Jesica Cirio).

En conversaciones de 2023 se alude de manera explícita al pago de porcentajes por la gestión acelerada de las SIRA. Paralelamente, la causa examina operaciones con dólar oficial bajo el cepo cambiario, en las que intermediarios accedían a divisas a precio regulado para luego venderlas en el mercado paralelo con ganancias significativas.

importaciones, ARCA, Justicia

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La Corte Suprema dejó firme la destitución del exjuez federal Walter Bento

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La Corte Suprema dejó firme la destitución de Walter Bento como juez federal de Mendoza, al confirmar la validez del jury que lo encontró responsable por mal desempeño. Bento, además, está condenado en la justicia penal a 18 años de prisión y una multa de más de $540 millones como jefe de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas y al lavado de activos.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados lo había removido en noviembre de 2023. Casi tres años después, fue condenado por un tribunal oral.

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Ahora la Corte Suprema de Justicia revisó su destitución. El máximo tribunal desestimó el recurso de queja que presentó Bento contra ese fallo.

Sostuvo la Corte que Bento no logró demostrar “patentes violaciones a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio”, que es el único supuesto en que el máximo tribunal puede revisar un juicio político.

Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:Carlos Fernando Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Ricardo LorenzettiCorte Suprema

Firmaron la decisión los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, junto a los conjueces Leopoldo Bruglia, Carolina Robiglio y Juan Fernando Perozziello Vizier.

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El titular de la Corte, Horacio Rosatti, quien también preside el Consejo de la Magistratura que investigó a Bento, se excusó de intervenir y el máximo tribunal aceptó su apartamiento.

El mismo día, la Corte resolvió otra queja de Bento, la del expediente CSJ 2380/2023, contra el rechazo de las recusaciones que había planteado durante el jury.

Bento era juez federal de Mendoza con competencia electoral desde 2005. Es decir, controlaba las elecciones nacionales en esa jurisdicción.

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Fue destituido el 8 de noviembre de 2023 por seis votos contra uno: votó en disidencia el entonces presidente del Jurado, Javier de la Fuente.

Ese mismo día, Bento quedó detenido. En febrero pasado, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza lo condenó a 18 años de prisión como jefe de una asociación ilícita que cobraba sobornos a cambio de resoluciones judiciales favorables.

El Jurado de Enjuiciamiento lo removió por maniobrar para entorpecer la investigación en su contra, haber vendido un inmueble sin declarar su condición de persona políticamente expuesta, haber obtenido un crédito hipotecario para vivienda única pese a tener varias propiedades, haber omitido información en sus declaraciones juradas y haberse inscripto en un concurso para la Cámara Federal de Casación Penal a pesar de que no reunía las condiciones.

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El principal planteo de la defensa, a cargo de Mariano Fragueiro Frías, fue la inconstitucionalidad de la ley 26.080, que reformó el Consejo de la Magistratura y dejó en el Jurado un solo representante de los abogados.

El artículo 115 de la Constitución dice que el jury se integra con “legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal”. Según Bento, ese plural obliga a que haya al menos dos miembros por estamento.

“Su razonamiento es endeble”, respondió la Corte. Para rebatirlo, concluyó que la Constitución usa un “plural genérico”. Es decir, el artículo indica qué sectores deben integrar el Jurado, no cuántos representantes tiene cada uno.

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Bento también cuestionó la imparcialidad de dos legisladores de Juntos por el Cambio que integraban el jury.

El exjuez había argumentado que se violó su presunción de inocencia, porque lo habían destituido por delitos que todavía no tenían condena.

La Corte respondió que el planteo era “ostensiblemente infundado” y recordó que el jury había dejado de lado las acusaciones penales al destituirlo para centrarse en sus conductas “impropias para un juez federal”.

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En su fallo, la Corte enumeró esas acciones de Bento. Por ejemplo, señaló que el juez destituido pidió informes a la Dirección Nacional de Migraciones y al Registro de la Propiedad Inmueble para saber si había restricciones sobre él o sobre sus bienes; o pidió a la empresa telefónica el cambio del chip de un celular que la justicia le había requerido días antes.

Y dejó una nota manuscrita en su caja de seguridad, dirigida al juez que lo investigaba, que fue encontrada en el allanamiento: “Puigdengolas lee!!! Por favor”, le decía en alusión al juez Eduardo Puigdéngolas que lo procesó como líder de una asociación ilícita que pedía dinero a cambio de beneficios judiciales.

La Corte señaló que Bento no negó esos hechos durante el juicio político y que incluso admitió algunos. Dijo que la nota de la caja fuerte había sido un “pedido de clemencia” ante “la impotencia que sufría ante la vulneración de sus derechos como imputado”.

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Un aliado de Bullrich se va del bloque libertario: denunció un acuerdo entre LLA y el PJ en su provincia

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El diputado nacional tucumano Mariano Campero anunció este miércoles que dejará el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados y conformará un monobloque bajo el nombre Cambia Tucumán. El dirigente, que había sido uno de los “radicales con peluca” que se pasaron al oficialismo y ahora se muestra cerca de Patricia Bullrich, aseguró que su alejamiento del oficialismo se debe al “acuerdo político” entre los armadores libertarios en su provincia y el gobernador Osvaldo Jaldo.

Campero formalizó su salida mediante una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Allí señaló que “los intereses de los tucumanos y el respeto de las reglas institucionales deben estar por encima de cualquier arreglo político”. Su intención es disputar la gobernación (cree que es su “última oportunidad”) pero nunca consiguió el apoyo formal del partido que preside Karina Milei, que respalda formalmente al ex ministro del Interior, Lisandro Catalán.

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En concreto, el ex “radical con peluca” denunció que los libertarios están avalando la candidatura de Osvaldo Jaldo al haber retirado su apoyo a una acción judicial impulsada por la oposición local contra el artículo 90 de la Constitución provincial.

La carta del diputado

Esa norma establece que el gobernador y el vicegobernador duran cuatro años y admiten una reelección consecutiva. Pero contempla que quien se desempeñó como vicegobernador puede postularse como gobernador por hasta dos mandatos. Lo que le permitiría a Jaldo buscar la reelección.

Jaldo ha sido un aliado clave de la Casa Rosada en el Congreso y los tres diputados del bloque Independencia suelen jugar en tándem con el oficialismo en las votaciones importantes.

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Por otro lado, La Libertad Avanza y Catalán apoyarían al libertario Federico Pelli para que dispute la intendencia de Yerba Buena. Campero fue intendente de ese municipio antes de ser diputado y dejó en su lugar a Pablo Macchiarola, que el año que viene buscará la reelección.

Campero había sido uno de los dirigentes radicales que respaldaron los vetos de Milei al financiamiento universitario y a la movilidad jubilatoria en 2024. Luego, junto al cordobés Luis Picat, el misionero Martín Arjol, el neuquino Pablo Cervi y el correntino Federico Tournier se sumaron al bloque oficialista.

Sin embargo, el pasado 3 de noviembre Campero fue el único de ese grupo que se mostró junto a Patricia Bullrich en la polémica foto que generó tensiones con la Casa Rosada. De hecho, Campero expresó que si bien “falta mucho” le gustaría que la actual senadora sea presidenta.

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Bullrich junto a sus legisladores cercanos

La salida de Campero es una señal de alerta para el oficialismo, que no solo enfrenta tensiones internas entre Bullrich y Karina Milei, sino que deberá compatibilizar los intereses de los referentes libertarios en las provincias con la estrategia nacional para la reelección de Milei. En ese sentido, muchos advierten que eventuales acuerdos con gobernadores podrían causar nuevos desprendimientos.

Con la salida de Campero, el bloque oficialista quedaría con 94 integrantes. El contexto no es favorable para la Casa Rosada ya que esta semana los libertarios no lograron reunir el quórum para tratar la Ley Malvinas y la reforma del Banco Central. Faltaron solo tres diputados presentes, por lo que cada voto vale oro.

Campero dejó trascender que votará a favor del Presupuesto y también de la suspensión de las PASO, aunque aclaró que no lo hará si el proyecto no se trata este año.

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“Seguiré trabajando desde mi banca con las mismas convicciones, acompañando aquellas iniciativas que considere que considere correctas para la Argentina y para Tucumán”, dice al cierre de la nota que envió a Menem.

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Posadas eliminó la Ley de Lemas y el resultado podría condicionar la negociación de Santilli con un gobernador

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POSADAS.– En lo que podría considerarse una victoria política de la oposición al Frente Renovador de la Concordia, se derogó en Posadas la adhesión a la Ley de Lemas, un sistema por el cual en la capital misionera había cada cuatro años entre 40 y 50 candidatos a intendente.

Con una mayoría de 9 votos a favor y 6 abstenciones, el Consejo Deliberante votó este jueves una reforma electoral para Posadas, que básicamente deroga la adhesión de la capital a la Ley de Lemas provincial y crea un nuevo régimen electoral.

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Para el oficialismo, encabezado por Hugo Passalacqua, que busca la reelección en 2027, es una jugada de La Libertad Avanza que podría condicionar su eventual apoyo a una suspensión de las PASO en el Senado. El gobernador tiene influencia sobre los senadores Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, y la Casa Rosada necesita de sus votos para lograr su objetivo de suspender las primarias.

El Concejo Deliberante de Posadas eliminó la adhesión de la capital misionera a la Ley de Lemas y creó un nuevo sistema electoral.

¿Cómo funcionaba la Ley de Lemas?

Antes, cada frente podía presentar una cantidad ilimitada de candidatos, que luego se sumaban entre sí al más votado. En 2023 hubo 42 candidatos a intendente, de los cuales 12 fueron de Juntos por el Cambio, 11 de la Renovación (oficialismo) y 10 del Frente de Todos.

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Ahora, cada partido podrá presentar hasta dos listas y cada frente electoral hasta tres, que no se sumarán entre sí.

En la elección de intendente ganará la candidatura que obtenga más votos en forma individual. La ordenanza incorpora además la Boleta Única de Papel y crea un Tribunal Electoral Municipal.

La reforma ahora será refrendada por el intendente, Leonardo “Lalo” Stelatto, pero podría ser impugnada en la Justicia por el oficialismo, con el argumento de la dificultad de aplicación del nuevo sistema y sus altos costos, calculados en más de 2000 millones de pesos para el erario municipal.

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La polémica por la Ley de Lemas

Misiones es una de las cinco provincias en las que subsiste la polémica Ley de Lemas, que tuvo su auge en los años 90 (otras son Formosa, Santa Cruz, a las que se agregaron últimamente San Luis y San Juan).

En Misiones hace tiempo se derogó la norma para la elección a gobernador y vice, y quedó solamente para la categoría de intendente y concejales en los 78 municipios de la provincia. Ahora Posadas se bajó.

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Para algunos analistas, la Ley de Lemas le permitía al oficialismo, con mayor aparato electoral y recursos, no tener que elegir a un candidato y dejar “heridos políticos”, ungir a una docena, y abrir el abanico para captar a distintos sectores con figuras muy diversas:

Por ejemplo, un dirigente con fuerte trabajo territorial en los barrios pobres, alguna figura del gabinete y una empresaria de alto perfil que capte al votante “del centro” de la ciudad.

La lista de los 42 candidatos a intendente de Posadas en 2023

Sin embargo, por este mismo motivo, la oposición también ha sabido sacar provecho de la Ley de Lemas para que cada figura de la oposición pudiera realizar su propio armado sin tener que dirimir quién manda en una interna.

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Uno de los puntos débiles de la oposición en más de 20 años de hegemonía del oficialismo fue que siempre tuvo dificultades para aglutinarse en torno a una sola figura y primaron siempre los intereses personales de cada dirigente, que buscó llevar “agua para su molino” en lugar de armar un gran frente “anti” Renovación.



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