INTERNACIONAL
Corrupción y falta de transparencia: diez años después del terremoto en Ecuador, las zonas afectadas siguen esperando la reconstrucción
Diez años después del terremoto del 16 de abril de 2016, en la costa ecuatoriana conviven dos paisajes que no terminan de encajar entre sí. En uno, hay mercados reconstruidos, carreteras nuevas, sistemas de agua que sí funcionan. En el otro, hay casas que nunca se levantaron, escuelas que siguen siendo provisionales y comunidades que todavía dependen de tanqueros para acceder a agua potable. Entre ambos escenarios, se instala una pregunta que no ha terminado de responderse del todo: qué pasó con la reconstrucción y por qué, a una década, sigue incompleta.
El terremoto de magnitud 7,8 sacudió especialmente a Manabí y Esmeraldas. En cuestión de días, el Estado desplegó un aparato institucional y financiero sin precedentes recientes: se creó el Comité de Reconstrucción, se aprobó la Ley de Solidaridad y se estimó un costo de más de USD 3.300 millones para la recuperación. La narrativa inicial impulsada por el gobierno de Rafael Correa, que entonces estaba en el cargo, fue la de una respuesta rápida, centralizada y con capacidad de movilizar recursos.
En los primeros años, esa promesa pareció materializarse parcialmente. Portoviejo recuperó su mercado central; en Pedernales se avanzó en sistemas de agua potable; se rehabilitaron tramos viales estratégicos y se levantaron centros de salud. La reconstrucción, en ese momento, se podía mostrar: había obras visibles, inauguraciones, cifras de ejecución. Pero ese impulso no se tradujo en un cierre integral del proceso.
Con el paso del tiempo, las brechas empezaron a hacerse más evidentes. La vivienda, que debía ser uno de los pilares de la recuperación, se convirtió en uno de los principales pendientes. En Pedernales, más de mil familias seguían esperando soluciones definitivas. En Muisne, el reasentamiento quedó a medio camino, con comunidades desplazadas que nunca lograron reconstruir completamente su vida en nuevos territorios. Incluso proyectos emblemáticos, como la donación internacional para miles de viviendas, no llegaron a ejecutarse.
El saneamiento básico es otro de los puntos críticos. A diez años del desastre, Pedernales sigue sin un sistema de alcantarillado completo. En Bahía de Caráquez y en zonas de Esmeraldas, el acceso a agua segura continúa siendo irregular. En educación, hay escuelas que no han sido reemplazadas definitivamente y que operan aún en condiciones provisionales. En salud, aunque se inauguró un hospital básico en Pedernales, no se alcanzó el nivel de atención originalmente prometido, y otros proyectos hospitalarios siguen sin concretarse.
Este conjunto de rezagos no es solo técnico. También refleja problemas e irregularidades en la forma en que se gestionó la reconstrucción. La ejecución de recursos fue desigual, los cambios institucionales fueron constantes y nunca existió un sistema público consolidado que permitiera seguir, con claridad, el avance de cada obra. A nivel fiscal, el proceso tampoco se cerró: incluso en 2025 y 2026 se seguían registrando recursos vinculados a la reconstrucción, lo que evidencia que el ciclo nunca terminó de completarse.
En paralelo a estas deudas materiales, se fue construyendo otra historia: la de las denuncias de corrupción. No apareció de inmediato, sino que se fue configurando con el tiempo, a medida que se revisaban contratos, se auditaban procesos y avanzaban investigaciones judiciales.
En ese contexto, el nombre de Jorge Glas se volvió inevitable. Como vicepresidente y presidente del Comité de Reconstrucción en ese momento, fue la figura política más visible del proceso. Su posterior condena en el Caso Odebrecht no estuvo directamente vinculada al terremoto, pero sí impactó la percepción pública sobre la integridad del manejo de recursos durante ese periodo.
Más adelante, las investigaciones se concentraron específicamente en la reconstrucción. El Caso Reconstrucción derivó en una sentencia por peculado que concluyó que existió direccionamiento de contratos en obras financiadas con fondos del 16A y estableció una reparación económica de USD 225 millones para el Estado. Ese fallo no solo confirmó irregularidades, sino que reforzó una percepción extendida en las zonas afectadas: que parte del dinero no llegó a donde debía.
Hablar de corrupción en este caso no implica reducir todo el proceso a un esquema ilícito, pero sí obliga a reconocer que existieron fallas graves en la gobernanza. La ausencia de un sistema de seguimiento transparente, la priorización de ciertas obras sobre otras y la fragmentación institucional crearon condiciones en las que el control fue débil.
Para quienes viven en Pedernales, Chamanga o Canoa, la corrupción no es un concepto abstracto ni un caso judicial lejano. Se traduce en preguntas concretas: por qué no se construyeron las casas prometidas, por qué el alcantarillado sigue pendiente, por qué hay obras que se quedaron a medio camino. En esas preguntas, el paso del tiempo pesa tanto como las cifras.
También hay una dimensión económica que ayuda a entender el malestar. Tras un impulso inicial impulsado por la reconstrucción, la reactivación productiva no logró consolidarse. La economía local, especialmente en Manabí, perdió dinamismo pocos años después del sismo, lo que reforzó la sensación de que la reconstrucción fue más visible en infraestructura que en desarrollo sostenido.
A diez años del 16A, el balance no es de ausencia de obra, sino de incompletitud. Hay activos construidos, pero también procesos inconclusos. Hay inversión ejecutada, pero con resultados desiguales. Y hay responsabilidades políticas y judiciales que siguen marcando la interpretación de lo ocurrido.
Las poblaciones afectadas, en ese contexto, no están esperando una nueva reconstrucción, sino el cierre de la que comenzó en 2016. Eso implica terminar lo pendiente, pero también aclarar lo ocurrido con los recursos y garantizar que los errores no se repitan. Porque en la memoria colectiva del 16A no solo quedó el momento del terremoto, sino también la década posterior: una en la que la promesa de reconstrucción avanzó, pero nunca terminó de cumplirse del todo.
INTERNACIONAL
Padres ejecutados, hijos raptados: la desaparición forzada de más de 50 niños salvadoreños en la “Guinda de Mayo”
El estruendo de las hélices rasgaba el cielo plomizo de Chalatenango entre el 27 de mayo y el 9 de junio de 1982. No eran misiones de rescate; eran los helicópteros del ejército salvadoreño que descendían en las inmediaciones de los ríos Sumpul y Gualsinga para ejecutar el operativo militar “Limpieza”, conocido entre las familias sobrevivientes como la “Guinda de Mayo”.
Mientras las comunidades campesinas huían despavoridas entre la maleza para salvaguardar la vida, un engranaje estatal y militar se activaba con un propósito tan silencioso como estremecedor: separar a los hijos de sus padres mediante el terror, la muerte y el desarraigo.
En total, 55 niños y niñas se desvanecieron en el torbellino de aquella ofensiva bélica. 44 años después, Margarita Zamora, especialista en investigación de la Asociación Pro-Búsqueda, revela en entrevista exclusiva con Infobae los detalles de una de las prácticas más macabras del conflicto armado salvadoreño: un modus operandi sistemático diseñado para el tráfico humano de menores, camuflado bajo el ropaje del auxilio humanitario.
“La práctica del ejército era asesinar a los padres y llevarse a los niños. De esa manera, no había nadie que los reclamara”, explica Zamora con una serenidad dolorosa. El desparpajo de las familias en la huida facilitaba la captura. Madres exhaustas que arrastraban a dos o tres infantes, cargando bebés en brazos mientras esquivaban las ráfagas de fusilería, se ponían en total vulnerabilidad.
Al ejecutar a los progenitores en el terreno, las guarniciones militares transportaban a los sobrevivientes en helicópteros hacia sectores como La Sierpe o Victoria, en Cabañas.
El horror militar daba paso inmediato a la burocracia civil. Los niños eran entregados a la Cruz Roja, a damas voluntarias y a orfanatos locales bajo actas falsas que declaraban un “abandono moral y material total”.
Se borraba su identidad y se catalogaban como huérfanos extraviados. “En ningún momento fueron extraviados”, enfatiza la investigadora. “Ellos no andaban paseando; andaban guindeando, corriendo para salvar sus vidas”.
Detrás del discurso institucional de “salvación” operaba una red clandestina integrada por abogados locales y altos mandos castrenses mencionando reportes históricos de entrevistas a miembros del Estado Mayor de la época que convirtieron el drama en un negocio millonario.
Los trámites de adopción internacional se cotizaban entre los 5,000 y 15,000 dólares por niño. Abogados con rutas comerciales ya establecidas los distribuyeron por el mundo:
- Francia
- Italia
- Estados Unidos
- Suiza
- Holanda
- España
- Inglaterra
- Suecia.
Parejas extranjeras pagaban la cifra creyendo que auxiliaban a huérfanos desamparados, desconociendo que la sangre de los padres biológicos aún manchaba los expedientes de origen.
El desglose de las víctimas de la Guinda de Mayo, sistematizado recientemente por Pro-Búsqueda, reconstruye las identidades rotas del operativo.
La cifra exacta de infantes desaparecidos la componen 27 niños y 27 niñas. El último caso es el más perturbador: un bebé cuyo sexo se desconoce porque el ejército capturó a su madre embarazada en plena fuga, perdiéndose el rastro de ambos hasta el día de hoy.
Las edades de todos ellos oscilaban entre los cero y los diez años, al momento de ser arrebatados. De los 55 casos documentados en este operativo, Pro-Búsqueda ha logrado resolver 31 casos; 17 ya experimentaron el “abrazo postergado” al reencontrarse vivos con sus raíces familiares.
Sin embargo, 13 han sido localizados fallecidos; la investigación confirmó que fueron ejecutados de forma masiva en un solo lugar aniquilado por las tropas, aunque la falta de voluntad judicial solo ha permitido la exhumación de seis de ellos.
El caso número 31 constituye una paradoja del trauma: un joven localizado en Francia, cuya identidad biológica fue confirmada mediante pruebas de ADN, pero de momento ha decido no reencontrarse con su familia biológica.
Rosa Rivera, sobreviviente, relata los desgarradores eventos de la «Guinda de Mayo» de 1982. Un operativo militar en Chalatenango que se convirtió en una masacre, dejando cientos de desaparecidos, incluyendo a muchos niños, cuyas familias aún buscan justicia.
Aún quedan 24 nombres flotando en la incertidumbre absoluta de Chalatenango. Entre ellos se encuentran los expedientes de las hermanas Erlinda y Ernestina Serrano Cruz, un caso paradigmático con sentencia internacional que obliga al Estado salvadoreño a investigar el paradero y castigar a los responsables individuales de la masacre. Sin embargo, la impunidad se mantiene incólume.
“El principal obstáculo sigue siendo la negación del Estado a abrir los archivos militares. Los oficiales que participaron en estas masacres tienen la información; estos hechos no se borran de la memoria. Falta voluntad política para darnos la verdad”, denuncia Zamora.
Los padres de las víctimas envejecen y mueren con las manos vacías. Ante esto, Pro-Búsqueda resguarda un banco de perfiles genéticos diseñado gracias al impulso pionero del padre Jon de Cortina (Q.E.P.D.) y el doctor Cristian Orrego.
Aunque los padres biológicos mueran, sus códigos genéticos permanecen listos para cotejar el ADN de cualquier adulto en el mundo que hoy, superando los 40 años, dude de su procedencia y sospeche haber sido un bebé extraído de la guerra salvadoreña.
La búsqueda no cesa. Es el intento tardío pero firme de escribir las líneas de una página en blanco para decenas de identidades robadas que aún ignoran que, en un rincón de El Salvador, hay una raíz destruida que jamás dejó de esperarlos.
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INTERNACIONAL
Former Biden aide sounds alarm on Democratic party backing Platner as scandal deepens: ‘Dangerous game’
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Former Press Secretary for First Lady Jill Biden Michael LaRosa said he has been «shocked» by the amount of Democratic support for Maine Senate candidate Graham Platner and that the Platner campaign reveals a line in the sand within the Democratic Party.
«I am shocked at some of the people, some of the Democrats who I consider friends, being so all-or-nothing about this guy, and I don’t really understand why,» LaRosa told Fox News Digital. «He is not really representative of the values I would expect in a Democratic candidate, even by today’s standards. I’m a little surprised at the number of people who are circling the wagons just to beat Susan Collins.»
Despite criticism across the political spectrum over Platner’s resurfaced sexually explicit and vulgar online posts, including one mocking a Purple Heart veteran shot multiple times by the Taliban, and a tattoo of a Nazi symbol on his chest have drawn criticism across the political spectrum, Platner continues to lead in the polls.
LaRosa accused Democrats of brushing off serious concerns over Platner’s controversial past.
DEMOCRATIC MAINE SENATE CANDIDATE GRAHAM PLATNER CONFRONTED BY MS NOW HOST ABOUT TATTOO CONTROVERSY
Former Press Secretary for First Lady Jill Biden Michael LaRosa warns the Democratic party is playing a «dangerous game» backing Maine Senate candidate Graham Platner. (Fox News Digital ; Joe Raedle/Getty Images)
«Democrats are playing a really dangerous game,» he said. «It’s really funny to me how selective and how short memories are in politics.»
LaRosa added that he personally draws the line at backing «a Democrat who has Nazi tattoos,» adding that Platner was «just not for me.»
«I get it,» he said. «I want the Senate seat, I want Democrats to win, I want Chuck Schumer to be the majority leader, but I’m not willing to take anybody off the street to run just because they arouse some vibes in a few portions of the Democratic Party.»
LaRosa said five-term incumbent Republican Sen. Susan Collins is «much more my style than somebody who I consider kind of a performative economic populist like Graham Platner,» adding that Platner attended elite private schools that LaRosa’s «family certainly couldn’t afford.»
«It’s kind of odd to hear him talk about the elite when he was educated by the most elite of New England prep schools,» LaRosa said.
LaRosa told Fox News Digital that he believes winning the election is «just not worth it» if it means supporting Platner.
KNIVES OUT FOR FETTERMAN: MAVERICK SENATOR JOINS LONG LINE OF DEMS PUNISHED FOR BREAKING FROM LEFT
Graham Platner, Democratic candidate for U.S. Senate, speaks at a news conference Thursday, April 30, 2026, in Lewiston, Maine. (Robert F. Bukaty/AP PHoto)
«It’s his own behavior that disqualifies him. It’s his own history of rhetoric, of advocating for political violence, of mocking wounded U.S. soldiers shot by the Taliban. All of that stuff, it’s just not worth it for me as a Democrat.»
He said just because Platner is a Democrat does not mean he is qualified to serve in the U.S. Senate.
«That does not make him a good candidate,» he said. «It won’t make him a good senator. It just makes him a D. What’s the point in having a party if you don’t have standards anymore?»
Despite Platner’s high polling numbers, LaRosa pointed to his experience campaigning in 2020 with former Maine House Speaker Sara Gideon, who repeatedly surged ahead of Collins in the polls before Collins won re-election in one of the most expensive races in state history, calling it a «cautionary tale.»
«Sara Gideon did not trail Susan Collins in a single poll,» he said. «Six years ago, our Democrat outpolled, outraised and outspent Susan Collins, and the state of Maine on Election Day chose both Joe Biden and Susan Collins by 9 points.»
Platner became the Democrats’ presumptive nominee in the June 9 primary to decide who will face Collins in November after two-term Gov. Janet Mills ended her campaign last month.
More moderate stances that have drawn criticism from some Democrats, including Sen. John Fetterman’s support for Israel after the Oct. 7 Hamas attacks and criticism of Democrats’ handling of border security, «were extremely normal or mainstream in the Democratic Party» years ago but are now being used to purge strong candidates, LaRosa explained.
«We’re going to do to John Fetterman exactly what Trump is doing to candidates who opposed him or aren’t with him 100% of the time, and I don’t like it,» he said. «I don’t like that my party is going to target John Fetterman for simply having, holding and defending views that were extremely normal or mainstream in the Democratic Party.»
He said Democrats could be in for a «major disappointment» and that he personally would not «publicly support, give money to, contribute to or work for» Platner.
MAINE GOV JANET MILLS DROPS OUT OF DEMOCRATIC RACE FOR SENATE, SIGNALING SHE STRUGGLED TO RAISE ENOUGH MONEY
Sen. Susan Collins, R-Maine, addresses the press at Washington Crossing Inn in Washington Crossing, Pa., on Nov. 6, 2022. (Mark Makela/Getty Images)
«My party seems to think that this guy represents what the rest of America wants or what Maine voters want or what people outside of the Beltway actually want,» he said. «Democrats believe that Graham Platner seems to represent what people are yearning for and wanting outside of Manhattan and D.C.»
LaRosa said the decision is now up to the voters and «Maine now has the choice» to decide if Platner will represent «their values and their views and their anger and their frustrations.»
«They now have the opportunity to vote for him or Susan Collins, and we, the Democratic Party, have given and provided Maine that choice for them, and so now they’re going to decide,» he said.
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Fox News Digital reached out to the Platner campaign for comment.
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