El Gobierno oficializó un nuevo esquema de financiamiento para las Fuerzas Armadas mediante un decreto publicado este lunes que establece la utilización de fondos provenientes de privatizaciones, concesiones y ventas de bienes estatales.

La medida busca fortalecer el área de Defensa a través de la puesta en marcha del “Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino”, una iniciativa orientada a mejorar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.

Según se desprende del decreto, el esquema contempla la asignación del 10% de los ingresos generados por la venta de empresas públicas, concesiones y licitaciones, además del 70% de lo recaudado por la venta o concesión de bienes pertenecientes a las propias Fuerzas Armadas.

La medida fue oficializada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 314/2026, publicado en el Boletín Oficial que cuenta con las firmas de Javier Milei y todo su Gabinete.

Según se detalla en el decreto, la decisión responde, entre otros factores, a las limitaciones del actual esquema presupuestario. En ese sentido, el texto advierte que “la estructura presupuestaria vigente ha generado que la mayor parte de los recursos sean absorbidos por gastos de personal y funcionamiento, limitando severamente la inversión, lo que deja un escaso margen para sostener la operación y al mismo tiempo reforzar y mejorar capacidades militares concretas de la Defensa Nacional”.

A partir de ese diagnóstico, la norma introduce cambios en el financiamiento. Por un lado, reemplaza el artículo 15 del Decreto 1382/2012 y fija que “el 10 % de los ingresos obtenidos por la venta, locación, concesión, transferencia o cualquier otra forma de disposición de inmuebles del Estado Nacional será destinado al Ministerio de Defensa”.

Además, establece un tratamiento diferencial cuando se trate de bienes ya asignados a esa cartera: en esos casos, “el 70 % de los ingresos obtenidos por la disposición de inmuebles afectados al Ministerio de Defensa será asignado a dicha jurisdicción”, con el mismo destino.

A esto se suma una segunda fuente de recursos. El artículo 3° dispone que “el 10 % de los fondos provenientes de los procesos de privatización de empresas o participaciones estatales” también será dirigido al Ministerio de Defensa para el reequipamiento militar.

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El decreto aclara que estas partidas “no sustituyen ni afectan los fondos previstos en el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF)”, creado por la Ley 27.565, sino que constituyen “una fuente complementaria de financiamiento”.

En paralelo, la norma fundamenta la necesidad de avanzar en este plan en función del contexto internacional y los cambios tecnológicos. En ese marco, sostiene que “los cambios en materia de tecnología militar, en particular la irrupción de la inteligencia artificial y el uso de armas robotizadas, demandan de nuevas capacidades y medios para las Fuerzas Armadas”.

También remarca que, para el país, “en atención a su extensión territorial, la magnitud de sus espacios marítimos y aéreos, y la existencia de recursos naturales estratégicos, es esencial contar con un sistema de defensa con capacidad real de disuasión y respuesta”.

El documento sitúa estas definiciones en un escenario global complejo, al señalar que se trata de un “escenario internacional contemporáneo en el que existen múltiples conflictos geopolíticos latentes” y que “presenta nuevas modalidades de amenazas, incluyendo acciones asimétricas, ciberataques, sabotajes a infraestructura crítica e incursiones irregulares en el espacio aéreo”.

A su vez, subraya el rol que cumplen las Fuerzas Armadas en el ámbito interno al indicar que “son empleadas de manera recurrente en apoyo a la comunidad ante situaciones de emergencia y catástrofes naturales (…), poniendo a disposición capacidades logísticas de transporte, sanidad, comunicaciones e ingeniería, lo cual demanda que cuenten con medios adecuados, modernos, operativos y en condiciones óptimas”.

En este contexto, el plan tiene como finalidad —según los considerandos— “el reequipamiento, la modernización, el desarrollo de infraestructura estratégica y la recuperación de capacidades del Sistema de Defensa Nacional”.

Por último, la norma establece un plazo concreto para avanzar en la implementación: instruye al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a presentar ante el Ministerio de Defensa, dentro de los próximos 90 días, un relevamiento de “los requerimientos prioritarios en materia de equipamiento”, que servirá para orientar la asignación de los recursos.

Fuerzas Armadas, FINANCIAMIENTO, privatización

El Gobierno creó un marco de regulación integral para los productos de nicotina —incluidos vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina (pouches)— con la publicación de la resolución 549/2026 en el Boletín Oficial.

La nueva normativa pone fin al esquema prohibitivo y establece reglas para ordenar el mercado, al exigir la trazabilidad, estándares de calidad y registro obligatorio para todos los fabricantes y comerciantes que operen en el país.

Fuentes gubernamentales dijeron a Infobae que se busca dotar al Estado de herramientas concretas para controlar, fiscalizar y sancionar la venta irregular de estos productos.

Según los voceros, actualmente, el circuito informal domina el mercado de productos de nicotina. Estos artículos, que se consumen de manera habitual aún cuando se venden de manera ilegal, no cuentan con trazabilidad, carecen de control sobre su composición y no tributan impuestos.

Hasta ahora, en el país regía un esquema restrictivo respaldado por la ANMAT y el Ministerio de Salud. La Disposición ANMAT 3226/2011 prohibía la importación, distribución, comercialización y publicidad de vapeadores y cigarrillos electrónicos.

En 2023, la Resolución Conjunta 565/2023 del Ministerio de Salud y la ANMAT reafirmó la prohibición sobre los sistemas electrónicos de administración de nicotina y extendió la restricción a los dispositivos de tabaco recalentado, que tampoco podían venderse ni importarse legalmente por no contar con autorización sanitaria. En cuanto a las bolsas de nicotina (pouches), no estaban hasta aquí específicamente reguladas, pero su comercialización estaba bajo alerta sanitaria y era objeto de denuncias por parte de sociedades médicas. Así, ninguno de estos productos tenía permiso legal para su venta en el país, aunque se seguían obteniendo de manera informal y sin controles oficiales.

Según fuentes del gobierno, el nuevo esquema exigirá que ningún producto pueda venderse sin estar registrado. Se deberán declarar los componentes y cumplir estándares de calidad, además de establecer límites estrictos sobre ingredientes permitidos, concentración de nicotina, sustancias prohibidas y condiciones de fabricación. La eliminación de saborizantes en los vapeadores será un punto central, ya que los expertos lo identifican como el mecanismo principal de ingreso al consumo adolescente.

Los voceros destacaron que la normativa surge como respuesta a experiencias internacionales donde los esquemas prohibitivos en mercados dinámicos han resultado en mayores riesgos por falta de control estatal.

El Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, la ANMAT y la Jefatura de Gabinete coordinaron la elaboración de este marco regulatorio, que busca terminar con el predominio del contrabando y formalizará la tributación diferenciada según categoría de producto.

El nuevo régimen obliga a registrar todos los productos y elimina los sabores dirigidos a jóvenes

Las fuentes recordaron que el Estado, hasta hoy, carecía de mecanismos efectivos para controlar un consumo masivo de nicotina ingresado a través de un mercado “completamente en negro”. La estrategia se enfoca en establecer un registro obligatorio, controlar la composición, imponer la trazabilidad total y limitar los ingredientes que pueden emplearse, bajo responsabilidad de los fabricantes y comerciantes declarados. Solo podrán comercializarse artículos registrados, y la omisión del registro inhabilitará su venta legal.

La eliminación total de saborizantes en vapeadores apunta a frenar la iniciación en adolescentes, segmento donde crece el uso de estos productos. La normativa establecerá límites estrictos de concentración de nicotina y prohibirá sustancias no autorizadas, forzando a los elaboradores a presentar información detallada sobre cada artículo. El Estado tendrá la capacidad de ejercer inspección, seguimiento y aplicar sanciones, condiciones inexistentes en el mercado actual, según las fuentes.

Asimismo, destacaron que esta modificación no crea un mercado nuevo, sino que introduce orden en un circuito preexistente donde la nicotina se consume a través de múltiples canales que operan sin regulación.

Desde la perspectiva económica, los productos pasarán al sistema formal y estarán sujetos a fiscalización e impuestos, lo que permitirá desarticular el monopolio actual del contrabando. En el plano sanitario, la intervención estatal intentará reducir el daño producto del consumo descontrolado y sin estándares, especialmente en adolescentes y jóvenes, quienes presentan tasas crecientes de inicio.

Un objetivo adicional es la reducción de la exposición de terceros al humo del cigarrillo tradicional, causante de enfermedades graves como cáncer, afecciones cardiovasculares y respiratorias, con antecedentes internacionales en Estados Unidos, Suecia y Japón, donde regulaciones similares disminuyeron el consumo y la exposición pasiva.

Evidencia científica sobre riesgos cardiovasculares, adictivos y oncológicos

La creciente evidencia reunida por equipos internacionales de investigación confirma que todos los productos que contienen nicotina aumentan los riesgos para la salud cardiovascular, independientemente de su formato.

Investigadores de Alemania, Italia, Estados Unidos, Suiza y Reino Unido concluyeron que la nicotina es “una toxina cardiovascular directa” y no existen vías de consumo inocuas.

Thomas Münzel, del Centro Médico Universitario de Mainz, señaló que la nicotina, en cualquier presentación, genera “aumento de la presión arterial, daño vascular y mayor riesgo de enfermedad cardíaca”, por lo que ningún producto que la suministre es seguro para el corazón.

Un informe publicado en European Heart Journal plantea la necesidad de una regulación unificada a nivel europeo, subrayando la protección de adolescentes, convertidos en blanco prioritario del marketing de estos productos. Münzel advirtió: “El próximo infarto, el próximo ataque cerebrovascular, la próxima muerte cardiovascular puede no venir de un cigarrillo, sino de una pod de vapeo saborizado, una bolsita de nicotina o una shisha (narguile) en un café”. La estrategia de sabores frutales, envases coloridos y promoción en redes sociales fue esencial para atraer a nuevas generaciones.

En Argentina, el cardiólogo Guido Bergman, coordinador de cesación tabáquica en el ICBA, explicó a Infobae que cualquier forma de liberación de nicotina, incluso sin combustión, “puede generar daño vascular de manera precoz y eventos cardiovasculares graves”. Por su parte, Guillermo Espinosa, coordinador del programa de control de tabaco del Hospital Italiano de Buenos Aires, remarcó que “hay preocupación porque aumentó el consumo de estos productos emergentes entre escolares”, estimulados por la accesibilidad y la variedad de sabores, con un uso creciente incluso entre quienes nunca fumaron cigarrillos.

En cuanto al avance de las bolsitas de nicotina también preocupa a los expertos especialmente por su impacto entre adolescentes. De acuerdo con la Unión Antitabáquica Argentina (UATA), citada por este medio, el aumento del consumo de pouches en el país derivó en reclamos y denuncias ante autoridades sanitarias, ante el temor de que se consoliden como nueva fuente de adicción juvenil. Dijo, además, que la publicidad de estos productos explota la idea de “libres de tabaco”, mientras omite advertencias sanitarias obligatorias, y señaló que su venta comenzó en 2025.

En adolescentes, la nicotina puede afectar el desarrollo cerebral hasta los 25 años, ya que se asocia a menores niveles de atención, memoria y control de impulsos, además de mayor riesgo de ansiedad, depresión y posterior transición a otros productos. Un estudio citado por Infobae, publicado en The New England Journal of Medicine, alertó sobre la asociación de estos productos con el cáncer oral y la mortalidad, en particular por la manipulación de ingredientes y niveles de nicotina.

A nivel global, la advertencia sobre los riesgos del vapeo se intensificó con la revisión publicada por científicos australianos en Carcinogenesis y reseñada por Infobae, que indica que los cigarrillos electrónicos con nicotina probablemente sean carcinógenos para humanos. El grupo revisó más de cien estudios en personas, animales y células, concluyendo que los vapeadores pueden causar cáncer pulmonar y oral, además de provocar lesiones celulares comparables a las causadas por cigarrillos convencionales.

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