Si el quantum del tope se actualiza con los mismos criterios que los jueces ya aplicaron a los haberes ordinarios, menos jubilados quedarán alcanzados por el descuento del 15%. El mecanismo existe. El argumento para activarlo, también.

En febrero destaqué en esta misma columna cómo el haber máximo jubilatorio pasó de representar el 82% de la remuneración máxima imponible, en 1995, al 61% en la actualidad. Esa pérdida de proporcionalidad no es un dato técnico menor: describe un sistema que exige aportes sobre el salario máximo, pero devuelve prestaciones desconectadas de esa misma base.

Desde entonces, el argumento para corregir ese valor encontró sustento jurisprudencial concreto, aunque todavía incompleto. El objetivo de este artículo es explicar cuál es el mecanismo de corrección, por qué elevaría el tope y qué consecuencia práctica tendría.

Para entender la corrección hay que entender primero el daño.

La Ley 27.541, sancionada en diciembre de 2019, suspendió la fórmula de movilidad previsional vigente y delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de fijar los aumentos por decreto. Durante 2020, los incrementos otorgados quedaron por debajo de la inflación. La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Sala II, en el fallo Martínez (08/06/2021), determinó que esos aumentos resultaron insuficientes y ordenó un ajuste compensatorio adicional del 42,13% para diciembre de ese año.

Luego rigió la Ley 27.609, vigente desde marzo de 2021 hasta febrero de 2024. Esa norma estableció una fórmula de actualización trimestral que combinó, en partes iguales, la variación del Ripte (remuneración de los trabajadores estables) y la variación de la recaudación de Anses. En un contexto de aceleración inflacionaria sostenida, esa combinación arrojó sistemáticamente resultados inferiores al IPC. Durante 2022 la inflación acumulada fue del 94,8%; durante 2023, del 211,4%. La fórmula otorgó aumentos marcadamente menores en ambos períodos.

El propio Estado terminó reconociéndolo. El Decreto 274/2024, dictado en marzo de 2024, reemplazó esa fórmula por una actualización mensual directa por la variación del IPC de dos meses antes y admitió expresamente en sus considerandos que el mecanismo anterior resultó “insuficiente para preservar el poder adquisitivo de los beneficios previsionales”.

Cuando el Estado sustituye por decreto una fórmula por considerarla insuficiente, está reconociendo que el sistema funcionó mal durante el período anterior. No puede invocar esa falla como escudo frente a quienes reclaman sus consecuencias.

Entre 2024 y 2025, cuatro cámaras federales aplicaron esa conclusión a los haberes individuales de jubilados que impugnaron la movilidad de sus prestaciones.

La Cámara Federal de Mendoza, en Cortés (04/11/2024), cuantificó la pérdida acumulada durante la vigencia de la Ley 27.609 en el 50,3% del poder adquisitivo. La Cámara Federal de Mar del Plata, en Giménez (25/04/2025), invocó el principio de no regresividad. La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Sala II, en Italiano (27/05/2025), y Sala I, en Marsili (19/08/2025), declaró inconstitucional esa fórmula para los períodos 2022 y 2023, con criterios convergentes, aunque distintos.

El mecanismo de corrección es el siguiente: en lugar de aplicar los porcentajes resultantes de la fórmula de la Ley 27.609 -inferiores a la inflación real-, se toma el valor del haber a febrero de 2022, ya corregido por el fallo Martínez, y se aplica trimestre a trimestre la variación del IPC del Indec, sin desfase. Marsili utilizó IPC puro. Italiano ponderó 50% IPC y 50% Ripte. En ambos casos, el resultado acumuló, período a período, la diferencia que la fórmula legal dejó atrás.

Esas causas fueron de reajuste de haberes individuales. El tope del artículo 9° de la Ley 24.463 no fue objeto directo de ninguno de esos fallos. Pero el tope se actualizó, durante exactamente el mismo período, con exactamente las mismas fórmulas que esos tribunales declararon inconstitucionales.

La pretensión que este artículo plantea es que un tribunal aplique esa misma corrección al quantum del artículo 9°. El resultado: cuánto debería valer el tope: El cuadro a junio de 2026, tomando como punto de partida el tope de febrero de 2020 ($103.064), es el siguiente:

La columna IPC no requiere ningún fallo: es la variación del índice oficial del Indec aplicado mes a mes al valor de partida. Las dos columnas siguientes proyectan sobre el tope los mismos criterios que Marsili e Italiano ya ordenaron para los haberes ordinarios. En el escenario más conservador, la brecha triplica el umbral del 15% que la Corte Suprema identificó como referencia de confiscatoriedad en Actis Caporale.

El artículo 9° de la Ley 24.463 no solo fija el tope máximo: también establece que los beneficios que lo superan quedan sujetos a un descuento del 15%. Durante años, la discusión judicial sobre ese descuento giró en torno a si resultaba confiscatorio en cada caso individual, bajo el estándar que la doctrina Villanustre de la Corte Suprema exigió demostrar.

La corrección del quantum produce una consecuencia más directa: con un tope correctamente actualizado -entre 3,9 y 4,7 millones de pesos según el criterio-, el universo de jubilados cuyo haber recalculado supera ese límite se reduciría de manera significativa. Y quien no supera el tope no queda sujeto al descuento. Para la mayoría de los casos, la discusión sobre confiscatoriedad individual se volvería innecesaria.

La Administración actualizó el tope con las mismas fórmulas que cuatro cámaras federales declararon inconstitucionales para los haberes ordinarios. La corrección judicial que esos tribunales aplicaron a los haberes individuales no se extendió todavía al quantum del artículo 9°, y el propio Estado reconoció la insuficiencia del mecanismo mediante decreto.

La pretensión que este artículo sostiene es que esa cadena se complete: que los mismos criterios correctivos ya aplicados a los haberes ordinarios se apliquen al quantum del artículo 9°, y que el tope alcance el valor que hubiera tenido con una actualización constitucionalmente válida.

La consecuencia sistémica es directa: con un tope correctamente recompuesto, menos beneficiarios quedarán alcanzados por el descuento del 15%. No porque el límite desaparezca, sino porque su monto dejará de ser el que nunca debió haber sido.

El autor es Abogado de la Universidad Nacional del Sur

En 1950, Detroit era una de las ciudades más ricas del planeta y el corazón de la industria automotriz mundial. Ford, General Motors y Chrysler producían allí los vehículos que simbolizaban el poder económico estadounidense. A pocos cientos de kilómetros, Pittsburgh ocupaba un lugar similar en la industria siderúrgica. Ambas ciudades parecían invencibles, pero ninguna lo era.

Durante las décadas siguientes, la globalización, la competencia doméstica e internacional y la automatización pusieron en crisis al llamado Rust Belt (“Cinturón del óxido”), el gran cinturón industrial estadounidense.

Sin embargo, aunque enfrentaron desafíos similares, los resultados fueron muy distintos. Detroit se convirtió en un símbolo de decadencia industrial. Pittsburgh, en cambio, emergió como un ejemplo de reconversión económica.

El contraste entre ambas historias contiene enseñanzas que Argentina haría bien en estudiar.

Detroit: cuando una ciudad se queda sin plan B

Detroit apostó a que la industria automotriz recuperaría el lugar que había tenido durante la posguerra. La ciudad continuó dependiendo de un único sector mientras el resto de la economía evolucionaba. Los resultados fueron contundentes: la población cayó de 1,9 millones de habitantes en 1950 a 630.000 en la actualidad. Miles de edificios fueron abandonados y, en 2013, la ciudad protagonizó la mayor quiebra municipal de la historia estadounidense. La crisis no ocurrió porque Detroit hubiera dejado de producir, sino porque dejó de generar nuevas fuentes de crecimiento.

Una imagen resume parte de esa historia. Recorrer el Henry Ford Museum permite dimensionar la magnitud que alguna vez tuvo Detroit. Los automóviles, las líneas de producción, las innovaciones tecnológicas y los objetos exhibidos recuerdan que la ciudad fue durante décadas uno de los grandes motores de la economía estadounidense y mundial.

El museo deja una impresión difícil de ignorar: admiración por la capacidad industrial que ayudó a transformar a Estados Unidos en potencia económica y, al mismo tiempo, la sensación de que parte de aquella grandeza hoy pertenece al terreno de la memoria.

El Estado de Michigan, cuya ciudad más emblemática es Detroit, ensambla aún un número enorme de vehículos y sigue siendo líder nacional en producción automotriz: 2 millones de unidades por año, el 20% del total estadounidense. Pero hace 70 años producía el doble y representaba el 50% del total nacional.

Detroit fue, en muchos sentidos, la ciudad que ayudó a construir el siglo XX norteamericano. El hecho de que esa historia se contemple hoy, sobre todo, a través de un museo también deja una lección económica: ningún liderazgo productivo es permanente.

Pittsburgh: cuando una crisis se convierte en estrategia

Pittsburgh también sufrió un golpe devastador cuando colapsó su industria siderúrgica y buena parte de la producción comenzó a desplazarse hacia otros estados (Indiana, Arkansas, Alabama, entre otros) o hacia proveedores externos. La ciudad comprendió que el acero no volvería a ocupar el lugar que había tenido y decidió construir un nuevo motor de crecimiento.

Apoyada en instituciones como Carnegie Mellon University y la Universidad de Pittsburgh, comenzó a atraer investigación, tecnología, servicios médicos avanzados y empresas innovadoras. Hoy es uno de los polos más importantes de robótica, inteligencia artificial, iencias de la vida y desarrollo tecnológico de Estados Unidos. Empresas como Google, Amazon, Nvidia o Duolingo mantienen allí operaciones relevantes.

La diferencia no se percibe solo en las estadísticas. Basta ingresar a ambas ciudades para advertir que evolucionaron de manera distinta. Detroit transmite la sensación de una ciudad que continúa buscando cómo reinventarse. Pittsburgh, en cambio, exhibe la confianza de una ciudad que encontró un nuevo propósito económico, visible en el dinamismo de los barrios, la inversión privada, la renovación urbana y la presencia de estudiantes, emprendedores y nuevas empresas. Una ciudad construyó un futuro; la otra todavía intenta reconciliarse con su pasado.

La diferencia entre Detroit y Pittsburgh no fue la apertura económica, ni la globalización, ni la competencia. Ambas enfrentaron exactamente las mismas fuerzas. Lo distintivo fue que una intentó preservar indefinidamente una estructura productiva que perdía competitividad, mientras la otra construyó nuevas ventajas competitivas. Detroit intentó reparar consecuencias. Pittsburgh intentó modificar causas.

La economía argentina está entrando en una etapa de transformación profunda. Después de décadas de alta protección comercial, subsidios, controles y distorsiones macroeconómicas, el país comienza a salir de un modelo que priorizó la protección de sectores existentes por sobre la competencia, la productividad y la integración con los mercados internacionales.

La participación de la industria manufacturera en el PBI nacional se acercaba al 20% hace dos décadas. Hoy se ubica por debajo del 15% y mantiene una tendencia descendente, reflejando un proceso de largo plazo que trasciende gobiernos y ciclos económicos.

Ese esquema permitió preservar capacidades productivas y empleo en numerosas actividades, pero también redujo incentivos para invertir, innovar y ganar eficiencia.

La estabilización macroeconómica y la apertura gradual exponen inevitablemente diferencias de competitividad. Algunas ramas productivas descubrirán que pueden competir, e incluso expandirse. Otras enfrentarán mayores dificultades.

Esta transición ocurre, además, en un contexto internacional particularmente desafiante. El mundo atraviesa una nueva revolución tecnológica impulsada por la inteligencia artificial, la automatización avanzada y la digitalización de procesos productivos. Como ocurrió con la electricidad, la computadora o Internet, todavía resulta difícil dimensionar por completo sus efectos. Lo que parece claro es que volverá a modificar la productividad, la organización del trabajo y la localización de muchas actividades económicas.

Para Argentina, esta revolución tecnológica representa un riesgo, pero también una oportunidad. La inteligencia artificial puede acelerar ganancias de productividad, potenciar sectores intensivos en conocimiento y mejorar la competitividad de actividades tradicionales.

Al mismo tiempo, el escenario global ya no se parece al de décadas pasadas. Las tensiones entre Estados Unidos y China, la competencia tecnológica, los conflictos geopolíticos y la búsqueda de mayor seguridad energética están modificando las reglas del comercio internacional. Cada vez pesa más la capacidad de cada país para identificar cuáles serán sus ventajas competitivas en el nuevo contexto.

La comparación con Detroit y Pittsburgh es útil, pero tiene un límite evidente. Las experiencias de reconversión más exitosas del Rust Belt ocurrieron dentro de la economía más rica del mundo. Cuando Pittsburgh reconfiguró su matriz productiva, Estados Unidos ya contaba con universidades de excelencia, mercados de capitales profundos, financiamiento privado abundante y un ecosistema propicio para movilizar grandes inversiones.

Argentina enfrenta un desafío similar desde un punto de partida más complejo. La transición ocurre en una economía que todavía intenta consolidar la estabilidad macroeconómica, acumular capital y recuperar niveles de inversión. Por eso el desafío argentino es, en cierto sentido, más exigente. No se trata solo de crear nuevas ventajas competitivas; se trata de hacerlo con menos recursos y márgenes de error más acotados.

Además, la reconversión productiva requiere tiempo. Ningún polo tecnológico, ni un complejo energético o minero, se desarrolla plenamente en un ciclo político. Por eso la estabilidad macroeconómica y la previsibilidad institucional son activos tan importantes como los recursos naturales o el capital humano.

La transformación que podría experimentar Argentina no sería solo sectorial: también sería territorial. Durante gran parte del último siglo, el núcleo industrial del país se concentró alrededor del AMBA y otros polos tradicionales. Pero los sectores que aparecen como candidatos a liderar la próxima ola de crecimiento ocupan una geografía distinta:

• Neuquén emerge como el corazón energético del país de la mano de Vaca Muerta.
• Bahía Blanca busca consolidarse como nodo petroquímico y logístico-exportador.
• Rosario posee condiciones excepcionales para liderar procesos de innovación vinculados a la agroindustria, la biotecnología y la agregación de valor a los recursos naturales.
• Córdoba combina una base industrial sólida, desarrollo tecnológico y talento en ingeniería.
• La minería, por su parte, podría renovar el perfil económico de provincias como San Juan, Catamarca y Salta.

Como ocurrió en Estados Unidos, los cambios productivos podrían venir acompañados de movimientos de inversión, capital y población hacia las regiones más dinámicas. La experiencia estadounidense vuelve a ser ilustrativa. Mientras parte del Rust Belt perdía relevancia económica, miles de personas migraban hacia regiones más pujantes como Texas, Florida o Arizona. El capital siguió a las oportunidades. Y las personas siguieron al capital.

Si Argentina atraviesa un proceso similar de reasignación productiva, no debería descartarse un fenómeno comparable, aunque naturalmente a otra escala. La pregunta no será solo qué sectores crecerán más rápido, sino también qué ciudades y provincias lograrán convertirse en polos de atracción para inversiones, empresas y trabajadores.

Mientras tanto, parte del entramado manufacturero tradicional -en particular en el cordón industrial bonaerense, aunque no solo allí-podría enfrentar exigencias crecientes para competir en un entorno más abierto y estable.

El debate público suele concentrarse en cuántas fábricas cierran. La experiencia del Rust Belt sugiere que esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es cuántas actividades nuevas están naciendo.

Argentina necesita aumentar exportaciones, inversión y productividad. Pero también necesita generar empleo de calidad, expandir el consumo interno y crear nuevas oportunidades de progreso.

Hace 50 años, Detroit y Pittsburgh enfrentaron el mismo desafío. Una quedó atrapada en la nostalgia de su pasado industrial. La otra utilizó la crisis para reinventarse. Argentina enfrenta hoy una decisión similar.

La cuestión no es si habrá transformación productiva; es si el país será capaz de expandir nuevos motores de crecimiento, inversión y empleo antes de que los viejos pierdan relevancia.

Los autores son economista, director de VDC Consultora y Contador Público Nacional, ligado a la actividad industrial

El auge de Vaca Muerta convirtió a la provincia de Neuquén en uno de los pocos destinos del país donde el empleo registrado crece y las empresas se multiplican. Esa imagen de bonanza, sin embargo, choca con una advertencia que viene repitiendo el gobierno provincial desde hace meses y que en los últimos días volvió a ganar fuerza: viajar sin trabajo confirmado tiene riesgos concretos, y la infraestructura de Añelo —el municipio en el corazón del yacimiento— ya no da a basto.

El intendente de esta localidad, Fernando Banderet, fue directo en su mensaje. “No se vengan con la familia. Hace dos años atrás, en 2024 y principios de 2025, recibimos prácticamente familias enteras, sobre todo del norte del país, principalmente desde Salta y Tucumán”, señaló en diálogo con el programa Buenas Tardes China. Precisó que sólo en 2024 llegaron más de 1.400 personas, 1.700 en 2025, y 546 en lo que va de 2026. A eso se suma un 20% adicional de personas que ni siquiera hicieron el cambio de domicilio en los registros.

Las consecuencias de ese flujo migratorio ya se sienten en los servicios básicos. “Esa migración lo que nos generó fue una saturación sobre las currículas escolares. Las escuelas quedaron superpobladas y el sistema de salud quedó con una alta demanda de asistencialismo, por lo cual tuvieron que trabajar y abordar esta problemática el gobierno provincial y el municipio para darle una solución”, explicó Banderet. Aun así, el intendente aclaró que la localidad no cierra sus puertas. “El que quiere venir a buscar una oportunidad, bienvenido sea. Añelo recibe a todo el mundo, lo recibimos con los brazos abiertos, pero que vengan con algo seguro”, dijo.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, también salió a enfriar las expectativas hace algunas semanas, en una entrevista para Infobae en Vivo. Con una imagen que apunta directamente a la percepción que se tiene del yacimiento desde afuera, planteó que “muchas veces desde acá se mira que Vaca Muerta es como una lámpara de Aladino, que uno la frota y sale riqueza, y es muy diferente a eso”. La frase sintetiza la preocupación de la administración provincial ante una ola migratoria que, según sus propias autoridades, no siempre tiene sustento real.

Figueroa, a su vez, reconoció que la provincia tiene una deuda pendiente con sus propios habitantes. “Estamos eliminando una de las mayores injusticias de la provincia. No podemos permitir que, en el corazón de Vaca Muerta, de donde sale el gas para todo el país, nuestra gente no tenga gas natural”, afirmó, en referencia a la inauguración de la primera etapa del gasoducto en Añelo, realizada en marzo de este año por YPF, que permitió abastecer a 2.000 personas de la meseta que vivían sin acceso a la red domiciliaria. El mandatario también fue claro sobre las prioridades de su gestión: “Nosotros estamos focalizados en sacar gente de Neuquén del desempleo y la pobreza”.

El mensaje no es nuevo. En abril, el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral de Neuquén, Lucas Castelli, publicó un video en sus redes sociales que se volvió viral y que marcó el tono de la postura oficial. “En Neuquén no sobran puestos de trabajo”, fue la frase central. Castelli explicó que la provincia lleva más de dos años liderando el ranking nacional de empleo registrado —el único distrito donde creció el número de empresas privadas desde 2023—, pero que eso no se traduce en una disponibilidad ilimitada de puestos.

“Nos enorgullece liderar el ranking de empleo registrado en todo el país. Hace ya más de dos años que lo venimos realizando y eso habla de que el modelo neuquino realmente funciona, algo que nos pone sumamente orgullosos”, afirmó. Pero remarcó el límite: “Venimos diseñando distintas políticas públicas para darle la prioridad a aquellos neuquinos y aquellas neuquinas que están esperando una oportunidad en distintas fuentes laborales”. La política provincial, en definitiva, prioriza a los residentes históricos sobre los recién llegados.

El gobernador Figueroa también puso el acento en la formación como condición de acceso al mercado laboral del yacimiento. “No nos sobra trabajo. Para que alguien pueda acceder a trabajo en Vaca Muerta se tiene que formar. Nosotros tenemos el Instituto Vaca Muerta, que es el más moderno del mundo, pero requiere de mucha formación”, indicó.

La advertencia apunta a uno de los problemas estructurales que plantea la migración no planificada: quienes llegan sin las calificaciones que demanda la industria hidrocarburífera difícilmente consigan empleo en el sector, y terminan en ocupaciones informales o de baja calificación en gastronomía, hotelería o servicios.

La perspectiva del gobierno nacional contrasta con la cautela de las autoridades neuquinas. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó que “a Neuquén se van a ir en los próximos 30 años, un millón y medio de personas”. La declaración pinta un escenario de transformación demográfica de largo plazo, pero no aborda los desafíos inmediatos de infraestructura y mercado laboral que enfrentan quienes migran hoy.

Esa tensión entre la visión de largo plazo que proyecta Nación y la realidad cotidiana que administran la provincia y el municipio es, en buena medida, el nudo del problema. El boom de producción es real: en abril, Neuquén registró un nuevo récord hidrocarburífero con 628.924 barriles equivalentes de petróleo por día, un 36,18% más que en el mismo mes de 2025.

El presidente de YPF, Horacio Marín, estimó que se necesitarán alrededor de 40.000 nuevos puestos de trabajo netos hacia 2030. Pero esa demanda futura no resuelve el desajuste presente entre la cantidad de personas que llegan y la capacidad real del territorio para absorberlas.

Añelo creció un 142% entre los censos de 2010 y 2022, según datos relevados por el Laboratorio de Ideas Sostenibles. La investigadora María Delia Porta, que estudia el desarrollo urbano territorial en el área de Vaca Muerta, calculó que la localidad recibe cerca de 1.500 habitantes por año y que su población ya supera los 10.000 habitantes.

“Imagínense para un pueblo de unos 6.500 habitantes recibir 1.500 habitantes por año. Lo que eso implica a nivel demanda de infraestructura, demanda de servicios básicos, equipamiento comunitario, salud, educación y vivienda”, describió. La ciudad avanzó de manera horizontal sobre el territorio, pero la infraestructura no acompañó ese crecimiento. El déficit habitacional ronda el 60%.

El otro dato que complica el panorama es la brecha de calificación. Más del 60% de los mayores de 18 años que viven en Añelo no completó el nivel secundario, lo que genera un desajuste con la demanda de mano de obra calificada que requiere la industria. Como señaló Porta, el costo de vida en la zona es muy alto y los salarios del sector petrolero, aunque elevados, no son accesibles para quienes llegan sin una oferta laboral confirmada: “Hay mucha gente que se traslada sin una oportunidad laboral confirmada. Los salarios son altos, pero también el costo de vida es muy alto”.