La administración nacional concretó la adjudicación de dos tramos clave de la Red Federal de Concesiones viales, abriendo una etapa de gestión privada sobre más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales. El proceso, que genera expectativas en el sector de la obra pública y el transporte, forma parte de la denominada Etapa II-A y busca modificar el esquema de operación, eliminando subsidios y apostando a la inversión privada.

La resolución oficial, firmada el 15 de mayo, designó a las empresas ganadoras de los tramos Sur-Atlántico-Acceso Sur y Pampa. La noticia fue anunciada por Luis Caputo, ministro de Economía, a través de sus redes sociales, donde sostuvo: “Hoy firmamos la resolución de adjudicación de los tramos que integran la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. El Tramo Pampa comprende la RN 5 hasta su empalme con la RN 35, mientras que el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur incluye las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, y las RN 3, 205 y 226. Son más de 1.800 km de rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100 % privada y mejores estándares de servicio para los argentinos”.

La iniciativa abarca corredores estratégicos que conectan la provincia de Buenos Aires, La Pampa y parte del sur bonaerense. En el caso del Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, la concesión recayó sobre el consorcio conformado por CONCRET NOR SA, MARCALBA SA, POSE SA y COARCO SA. La oferta presentada por estas firmas ascendió a 997 pesos, sin IVA, para la tarifa de peaje. El tramo incluye la autopista Ezeiza-Cañuelas, la Riccheri, la Jorge Newbery y las rutas nacionales 3, 205 y 226, todas arterias de alto tránsito que vinculan áreas metropolitanas, industriales y zonas agrícolas.

Por su parte, el Tramo Pampa quedó en manos de CONSTRUCCIONES ELECTROMECáNICAS DEL OESTE SA, que propuso una tarifa de peaje 2.355,37 pesos, también sin IVA y para el mismo plazo de dos décadas. Este segmento de la red abarca la Ruta Nacional 5 desde su inicio hasta el empalme con la Ruta Nacional 35, atravesando regiones con fuerte actividad cerealera y ganadera.

Ambos contratos establecen que las inversiones necesarias para la modernización, mantenimiento y mejora de los servicios correrán por cuenta exclusiva de las empresas adjudicatarias, sin aportes ni subsidios por parte del Estado. El objetivo declarado del gobierno es fomentar estándares más altos de calidad y eficiencia en la gestión de la infraestructura vial. Según la publicación oficial, el nuevo esquema busca “mejores estándares de servicio para los argentinos”, en palabras de Caputo.

El proceso de adjudicación contó con la participación de numerosos consorcios y empresas nacionales, que presentaron propuestas económicas en competencia directa. Para el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, el segundo lugar en el orden de mérito correspondió al grupo integrado por PANEDILE ARGENTINA SAICF e I, SUPERCEMENTO SAIC y ELEPRINT SA, con una tarifa de 1.057,85 pesos. El tercer puesto lo obtuvo la unión de BENITO ROGGIO E HIJOS SA y JOSE J. CHEDIACK SAICA, que ofreció 1.230,5766 pesos. En las posiciones siguientes se ubicaron CREDITECH SA junto a CONSTRUCCIONES ELECTROMECáNICAS DEL OESTE SA (1.248 pesos), CPC SA y CLEAR PETROLEUM SA (1.297,52 pesos), y VIAL AGRO SA con FONTANA NICASTRO SAC (1.322,312 pesos).

Para el Tramo Pampa, la segunda mejor oferta fue la de CN SAPAG SA en sociedad con VíCTOR M. CONTRERAS Y CíA SA, que propuso 2.477,77 pesos. El tercer puesto lo ocupó el consorcio CPC SA con CLEAR PETROLEUM SA (2.659,92 pesos), seguido por MERCO VIAL SA, LEMIRO PABLO PIETROBONI SA y ASESORES FINANCIEROS ANDALUCíA OCCIDENTAL SOCIEDAD GESTORA DE PATRIMONIOS SA (2.975 pesos). Más atrás quedaron VIAL AGRO SA con FONTANA NICASTRO SAC (3.219 pesos), y el consorcio CONCRET NOR SA, MARCALBA SA, POSE SA y COARCO SA (3.354 pesos).

Las cifras corresponden a tarifas ofertadas, expresadas en pesos y sin IVA, para cada tramo y por el lapso de 20 años. No se especificó en la resolución si estos valores aplican por kilómetro, por tramo completo o bajo otro criterio, ya que el texto oficial solamente menciona el monto global ofertado para cada adjudicación y su vigencia temporal. El detalle sobre la unidad de medida de la tarifa permanece reservado en los pliegos técnicos de la licitación.

La resolución adjudicataria constituye un paso fundamental en el plan oficial para transferir el mantenimiento y la operación de la red vial nacional al sector privado, en el contexto de una política de reducción de subsidios y gasto público. El gobierno, a través del Ministerio de Economía, promueve la llegada de capitales y la participación de empresas locales en la gestión de rutas, con la expectativa de que la inversión privada permita mejorar la infraestructura y los servicios para los usuarios.

Esta adjudicación se inscribe dentro de un proceso más amplio, que incluye la recepción de 17 ofertas para la concesión de otros 2.500 kilómetros de rutas nacionales. El procedimiento, aún en curso, prevé la incorporación de nuevos tramos y empresas al esquema de gestión privada, bajo condiciones similares y con contratos de largo plazo.

En abril, la apertura de sobres con las ofertas de las empresas interesadas en la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones marcó un hito en la agenda del Ministerio de Economía. El acto reunió a representantes de compañías constructoras, funcionarios de la cartera y autoridades del sector vial, que verificaron la documentación y las propuestas económicas presentadas por cada grupo postulante. La instancia de evaluación permitió definir los consorcios con mejores condiciones técnicas y económicas, priorizando la viabilidad financiera y la capacidad operativa de los oferentes.

El nuevo sistema de concesiones busca transformar la matriz de financiamiento y gestión de las rutas nacionales, desplazando el rol estatal como garante de la inversión y el mantenimiento cotidiano. La transferencia de responsabilidades al sector privado implica que las empresas adjudicatarias deberán asumir el riesgo operativo, la ejecución de obras y el sostenimiento de los servicios en condiciones de seguridad y eficiencia.

En la comunicación oficial, el ministro Caputo subrayó la magnitud del proceso y su alcance territorial. “Hoy firmamos la resolución de adjudicación de los tramos que integran la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones”, remarcó, destacando que la medida involucra tramos estratégicos para la conectividad productiva y social del país.

El Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, con sus autopistas y rutas nacionales, constituye uno de los corredores más transitados del país, vital para el flujo de mercancías y pasajeros entre el área Metropolitana de Buenos Aires, la región pampeana y el litoral atlántico. La gestión privada de este segmento exigirá a las empresas adjudicatarias la modernización de peajes, obras de ampliación y tareas de mantenimiento integral.

El Tramo Pampa, en tanto, abarca rutas de alto impacto en el transporte de granos y los circuitos logísticos del sector agropecuario. La adjudicación a una empresa especializada en obras electromecánicas y viales anticipa la ejecución de proyectos de mejora en la señalización, el pavimento y la seguridad vial.

Ambas adjudicaciones establecen contratos de 20 años, un plazo que busca dar previsibilidad y horizonte de gestión a los consorcios ganadores. El diseño contractual implica que cualquier mejora, ampliación o modificación futura de las rutas deberá surgir de la iniciativa y el financiamiento de las propias empresas, sin intervención financiera directa del Estado.

La Red Federal de Concesiones, en su Etapa II-A, es el segundo paso visible de una estrategia de descentralización y apertura al capital privado en el sector de la infraestructura vial (la Ruta del Mercosur ya está operando, el llamado Tramo Oriental). La cantidad de ofertas recibidas y la variedad de consorcios participantes reflejan el interés del empresariado local por integrarse a un modelo de gestión autónomo y de largo plazo, bajo reglas de competencia y sin subsidios estatales.

El proceso de adjudicación y la publicación de la resolución oficial marcan el inicio de una nueva etapa en la administración de los corredores viales nacionales, con foco en la eficiencia, la transparencia y la responsabilidad privada. El avance de la Red Federal de Concesiones será monitoreado por las autoridades nacionales, que prevén replicar el esquema en futuros tramos y corredores según la evolución del sistema y la respuesta de los usuarios.