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ECONOMIA

El Gobierno adjudicó dos tramos de la concesión de rutas nacionales: cuáles fueron las empresas ganadoras

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El Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur suma autopistas y rutas de alto tránsito bajo gestión privada (cvsa.com.ar)

La administración nacional concretó la adjudicación de dos tramos clave de la Red Federal de Concesiones viales, abriendo una etapa de gestión privada sobre más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales. El proceso, que genera expectativas en el sector de la obra pública y el transporte, forma parte de la denominada Etapa II-A y busca modificar el esquema de operación, eliminando subsidios y apostando a la inversión privada.

La resolución oficial, firmada el 15 de mayo, designó a las empresas ganadoras de los tramos Sur-Atlántico-Acceso Sur y Pampa. La noticia fue anunciada por Luis Caputo, ministro de Economía, a través de sus redes sociales, donde sostuvo: “Hoy firmamos la resolución de adjudicación de los tramos que integran la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. El Tramo Pampa comprende la RN 5 hasta su empalme con la RN 35, mientras que el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur incluye las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, y las RN 3, 205 y 226. Son más de 1.800 km de rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100 % privada y mejores estándares de servicio para los argentinos”.

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La iniciativa abarca corredores estratégicos que conectan la provincia de Buenos Aires, La Pampa y parte del sur bonaerense. En el caso del Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, la concesión recayó sobre el consorcio conformado por CONCRET NOR SA, MARCALBA SA, POSE SA y COARCO SA. La oferta presentada por estas firmas ascendió a 997 pesos, sin IVA, para la tarifa de peaje. El tramo incluye la autopista Ezeiza-Cañuelas, la Riccheri, la Jorge Newbery y las rutas nacionales 3, 205 y 226, todas arterias de alto tránsito que vinculan áreas metropolitanas, industriales y zonas agrícolas.

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Por su parte, el Tramo Pampa quedó en manos de CONSTRUCCIONES ELECTROMECáNICAS DEL OESTE SA, que propuso una tarifa de peaje 2.355,37 pesos, también sin IVA y para el mismo plazo de dos décadas. Este segmento de la red abarca la Ruta Nacional 5 desde su inicio hasta el empalme con la Ruta Nacional 35, atravesando regiones con fuerte actividad cerealera y ganadera.

Ambos contratos establecen que las inversiones necesarias para la modernización, mantenimiento y mejora de los servicios correrán por cuenta exclusiva de las empresas adjudicatarias, sin aportes ni subsidios por parte del Estado. El objetivo declarado del gobierno es fomentar estándares más altos de calidad y eficiencia en la gestión de la infraestructura vial. Según la publicación oficial, el nuevo esquema busca “mejores estándares de servicio para los argentinos”, en palabras de Caputo.

El proceso de adjudicación contó con la participación de numerosos consorcios y empresas nacionales, que presentaron propuestas económicas en competencia directa. Para el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, el segundo lugar en el orden de mérito correspondió al grupo integrado por PANEDILE ARGENTINA SAICF e I, SUPERCEMENTO SAIC y ELEPRINT SA, con una tarifa de 1.057,85 pesos. El tercer puesto lo obtuvo la unión de BENITO ROGGIO E HIJOS SA y JOSE J. CHEDIACK SAICA, que ofreció 1.230,5766 pesos. En las posiciones siguientes se ubicaron CREDITECH SA junto a CONSTRUCCIONES ELECTROMECáNICAS DEL OESTE SA (1.248 pesos), CPC SA y CLEAR PETROLEUM SA (1.297,52 pesos), y VIAL AGRO SA con FONTANA NICASTRO SAC (1.322,312 pesos).

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Para el Tramo Pampa, la segunda mejor oferta fue la de CN SAPAG SA en sociedad con VíCTOR M. CONTRERAS Y CíA SA, que propuso 2.477,77 pesos. El tercer puesto lo ocupó el consorcio CPC SA con CLEAR PETROLEUM SA (2.659,92 pesos), seguido por MERCO VIAL SA, LEMIRO PABLO PIETROBONI SA y ASESORES FINANCIEROS ANDALUCíA OCCIDENTAL SOCIEDAD GESTORA DE PATRIMONIOS SA (2.975 pesos). Más atrás quedaron VIAL AGRO SA con FONTANA NICASTRO SAC (3.219 pesos), y el consorcio CONCRET NOR SA, MARCALBA SA, POSE SA y COARCO SA (3.354 pesos).

Las cifras corresponden a tarifas ofertadas, expresadas en pesos y sin IVA, para cada tramo y por el lapso de 20 años. No se especificó en la resolución si estos valores aplican por kilómetro, por tramo completo o bajo otro criterio, ya que el texto oficial solamente menciona el monto global ofertado para cada adjudicación y su vigencia temporal. El detalle sobre la unidad de medida de la tarifa permanece reservado en los pliegos técnicos de la licitación.

La resolución adjudicataria constituye un paso fundamental en el plan oficial para transferir el mantenimiento y la operación de la red vial nacional al sector privado, en el contexto de una política de reducción de subsidios y gasto público. El gobierno, a través del Ministerio de Economía, promueve la llegada de capitales y la participación de empresas locales en la gestión de rutas, con la expectativa de que la inversión privada permita mejorar la infraestructura y los servicios para los usuarios.

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Una autopista de cuatro carriles se curva a través de un paisaje rural con campos verdes y secos, y varios coches circulando bajo un cielo nublado
El consorcio CONCRET NOR SA, MARCALBA SA, POSE SA y COARCO SA obtuvo la concesión de un tramo clave del sistema vial (cvsa.com.ar)

Esta adjudicación se inscribe dentro de un proceso más amplio, que incluye la recepción de 17 ofertas para la concesión de otros 2.500 kilómetros de rutas nacionales. El procedimiento, aún en curso, prevé la incorporación de nuevos tramos y empresas al esquema de gestión privada, bajo condiciones similares y con contratos de largo plazo.

En abril, la apertura de sobres con las ofertas de las empresas interesadas en la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones marcó un hito en la agenda del Ministerio de Economía. El acto reunió a representantes de compañías constructoras, funcionarios de la cartera y autoridades del sector vial, que verificaron la documentación y las propuestas económicas presentadas por cada grupo postulante. La instancia de evaluación permitió definir los consorcios con mejores condiciones técnicas y económicas, priorizando la viabilidad financiera y la capacidad operativa de los oferentes.

El nuevo sistema de concesiones busca transformar la matriz de financiamiento y gestión de las rutas nacionales, desplazando el rol estatal como garante de la inversión y el mantenimiento cotidiano. La transferencia de responsabilidades al sector privado implica que las empresas adjudicatarias deberán asumir el riesgo operativo, la ejecución de obras y el sostenimiento de los servicios en condiciones de seguridad y eficiencia.

En la comunicación oficial, el ministro Caputo subrayó la magnitud del proceso y su alcance territorial. “Hoy firmamos la resolución de adjudicación de los tramos que integran la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones”, remarcó, destacando que la medida involucra tramos estratégicos para la conectividad productiva y social del país.

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El Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, con sus autopistas y rutas nacionales, constituye uno de los corredores más transitados del país, vital para el flujo de mercancías y pasajeros entre el área Metropolitana de Buenos Aires, la región pampeana y el litoral atlántico. La gestión privada de este segmento exigirá a las empresas adjudicatarias la modernización de peajes, obras de ampliación y tareas de mantenimiento integral.

Caputo anunció que más de 1.800 kilómetros pasarán a operar sin subsidios y con inversión privada
Caputo anunció que más de 1.800 kilómetros pasarán a operar sin subsidios y con inversión privada

El Tramo Pampa, en tanto, abarca rutas de alto impacto en el transporte de granos y los circuitos logísticos del sector agropecuario. La adjudicación a una empresa especializada en obras electromecánicas y viales anticipa la ejecución de proyectos de mejora en la señalización, el pavimento y la seguridad vial.

Ambas adjudicaciones establecen contratos de 20 años, un plazo que busca dar previsibilidad y horizonte de gestión a los consorcios ganadores. El diseño contractual implica que cualquier mejora, ampliación o modificación futura de las rutas deberá surgir de la iniciativa y el financiamiento de las propias empresas, sin intervención financiera directa del Estado.

La Red Federal de Concesiones, en su Etapa II-A, es el segundo paso visible de una estrategia de descentralización y apertura al capital privado en el sector de la infraestructura vial (la Ruta del Mercosur ya está operando, el llamado Tramo Oriental). La cantidad de ofertas recibidas y la variedad de consorcios participantes reflejan el interés del empresariado local por integrarse a un modelo de gestión autónomo y de largo plazo, bajo reglas de competencia y sin subsidios estatales.

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El proceso de adjudicación y la publicación de la resolución oficial marcan el inicio de una nueva etapa en la administración de los corredores viales nacionales, con foco en la eficiencia, la transparencia y la responsabilidad privada. El avance de la Red Federal de Concesiones será monitoreado por las autoridades nacionales, que prevén replicar el esquema en futuros tramos y corredores según la evolución del sistema y la respuesta de los usuarios.



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ECONOMIA

Calculan que el Gasoducto Perito Moreno permitió ahorrar casi USD 10.000 millones en importación de energía

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Tuberías de gas durante la construcción del gasoducto troncal, en 2023 (REUTERS/Martin Cossarini)

A casi tres años de su inauguración, el Gasoducto Perito Moreno que transporta el gas que se extrae en Vaca Muerta hasta la provincia de Buenos Aires, permitió ahorrar USD 9.122 millones en importaciones de energía. El dato resulta de un informe de la Fundación Encuentro, que calculó un retorno de 3,97 veces sobre una inversión de USD 2.300 millones sin IVA.

Hoy, la segunda parte del proyecto que permitirá ampliar aún más la capacidad de transporte del ducto, y, una vez finalizada, garantizar el abastecimiento de gas en el interior del país sobre todo durante los meses de invierno, ya está dentro del marco del RIGI .

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Entre 2023 y 2026, el estudio de la fundación ligada a Sergio Massa estimó una sustitución de 6.700 millones de metros cúbicos de gas natural licuado importado por barco, con un ahorro de USD 3.474 millones. También contabilizó menores compras de gasoil para Cammesa por 3.500.000 metros cúbicos, equivalentes a USD 2.593 millones.

El informe de Fundación Encuentro agregó que se evitaron importaciones de 3.300 millones de metros cúbicos de gas de Bolivia por USD 1.344 millones, de dos millones de toneladas de fueloil por USD 870 millones y de 6.000 gigawatts-hora (GWh) de electricidad desde Brasil y Uruguay por USD 841 millones.

infografia

La obra, inaugurada por el entonces presidente Alberto Fernández, conecta Tratayén, en Neuquén, con Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires. El plan original prevé que el trazado llegue hasta San Jerónimo Sud, en Santa Fe.

De acuerdo con el estudio, el gasoducto inyectó 17.000 millones de metros cúbicos a la red desde su puesta en marcha, el 9 de julio de 2023. Esa contribución permitió reemplazar compras externas de GNL, combustibles líquidos, gas boliviano y energía eléctrica en un sistema que todavía necesita importar durante los meses de mayor consumo invernal.

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El trabajo sostuvo que la obra “no resolvió por sí sola toda la dependencia: en invierno todavía la Argentina importa GNL, porque resta ejecutar la segunda etapa de la obra, que estaba proyectada, pero que frenó el actual gobierno nacional”. La publicación vinculó ese límite a la falta de capacidad adicional de transporte.

El mismo documento indicó que la construcción se completó en 302 días y que el 81% de la obra fue realizada por la industria argentina. También computó 48.800 puestos de trabajo movilizados durante la ejecución y 12.750 empleos sostenidos en Vaca Muerta hacia 2026, de los cuales 2.770 fueron directos y 9.980 indirectos.

El estudio afirmó, a su vez, que el gasoducto destrabó “el verdadero activo” del sistema energético argentino al mejorar la salida de producción desde Vaca Muerta hacia los principales centros de consumo.

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A fines de abril, el Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó el proyecto de ampliación del gasoducto, gestionado por Transportadora de Gas del Sur (TGS). El anuncio lo confirmó en ese entonces el ministro de Economía Luis Caputo, quien informó una inversión superior a USD 500 millones, a la que se sumarán otros USD 200 millones en desarrollos complementarios.

El objetivo de esa obra es habilitar 12 millones de metros cúbicos diarios adicionales de gas en el anillo de Buenos Aires antes del invierno de 2027. Según explicó Caputo, ese refuerzo permitirá abastecer con mayor volumen a usuarios residenciales, industrias y plantas de generación eléctrica a un costo menor que el del GNL importado.

La ampliación incluye la instalación de 30 kilómetros de caños de 30 pulgadas de diámetro y la expansión de tres plantas compresoras. Esas tareas incrementarán la capacidad de transporte para evacuar más gas de Vaca Muerta hacia Buenos Aires y el área metropolitana, donde se concentra una parte central de la demanda nacional.

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La importancia del proyecto radica en que la Argentina, pese a ser productora y exportadora de hidrocarburos, todavía necesita importar GNL en invierno. En el caso del gas, la capacidad de transporte es determinante porque el fluido, una vez extraído e inyectado en los gasoductos, debe consumirse.

Gasoducto Perito Moreno

El esquema elegido para esta ampliación difiere del utilizado durante los últimos años en el sector energético. Las empresas privadas asumirán el riesgo y la gestión de la obra sin que el Estado nacional actúe como comprador principal ni como financista, y la nueva capacidad será ofrecida directamente a otros privados.

El gasoducto se llamó originalmente Presidente Néstor Kirchner y fue rebautizado como Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno, hoy referido como gasoducto Perito Moreno. El cambio de nombre se produjo en noviembre de 2024 y fue confirmado por el entonces vocero presidencial Manuel Adorni.

Y, aunque la obra se concretó durante el gobierno de Alberto Fernández, la historia del gasoducto comenzó en julio de 2019, cuando el entonces presidente Mauricio Macri lanzó una licitación pública para iniciar la construcción, aunque nunca abrió las ofertas. Ese llamado fue derogado el 29 de diciembre de 2020 por el entonces secretario de Energía Darío Martínez. La reactivación llegó casi dos años después

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ECONOMIA

Caputo cedió a la presión de los bancos, apagó aspiradora de pesos y liberó $3 billones al mercado

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Finalmente, Luis Caputo cedió a la presión de los bancos: en la licitación del Tesoro de este viernes no sólo no absorbió liquidez del mercado, sino que hasta convalidó una expansión, como respuesta a las subas de tasas de interés que fueron la tónica de las últimas jornadas financieras.

De esta manera, el ministro de Economía quiebra una racha de meses en las que, sistemáticamente, venía profundizando el sesgo monetario contractivo de la economía, siempre colocando más deuda de la que el Tesoro necesitaba, con el objetivo de que no quedaran pesos «excedentes» que pudieran ir a presionar a la inflación o al tipo de cambio.

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Hablando en plata, sobre un vencimiento de deuda por $16,27 millones, el Tesoro solamente «rolleó» un 81%. Esto implica que pagó, sin renovar, bonos por unos $3 billones, que ampliarán la base monetaria transaccional.

Esto ocurre después de las protestas de los bancos por la iliquidez del sistema, algo que se había evidenciado en las pronunciadas subas de las tasas para la operatoria «repo», una de las principales herramientas utilizadas por los bancos para el manejo diario de su caja.

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Ese no era el único problema generado por la «aspiradora» de pesos que el Tesoro venía pasando en los últimos meses. Además, había una queja respecto de su efecto sobre el crédito.

La crítica apuntaba a que, en situación de baja liquidez bancaria, la variable de ajuste es un ensanchamiento del spread de tasas de interés.

Es decir, se hace más grande la diferencia entre las tasas pasivas -las que los bancos pagan a los depositantes de plazos fijos- y las tasas activas -las que cobran a sus clientes cuando otorgan un préstamo-.

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Hablando en cifras, la tasa pasiva está en torno de 20%, lo que implica un retorno negativo respecto de la inflación esperada -que asciende a 24% anual-, mientras que las tasas activas, considerando el costo efectivo total, superan las tres cifras.

Los economistas se quejan de que con esta política monetaria se acota el funcionamiento de uno de los «drivers» de la actividad productiva y comercial, como es el crédito. Y que, al colocar deuda por encima de sus necesidades financieras, el Tesoro está, en los hechos, contribuyendo a mantener las tasas altas, por más que los funcionarios destaquen que hay un proceso de reducción del interés.

Un quiebre de tendencia

El hecho de quebrar la tendencia y volver a expandir la cantidad de dinero no deja de implicar una sorpresa, porque tanto Caputo como el propio Javier Milei venían insistiendo en la necesidad de no correr riesgos por el lado monetario. «No puedo obligar a que los argentinos tengan pesos en el bolsillo si no los quieren«, había sido la comentada frase del ministro, en respuesta a quienes le señalaban su dureza a la hora de retirar liquidez.

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Tras esta licitación, una de las posibles interpretaciones es que el gobierno asume que el bajo nivel del IPC que se prevé para junio -en torno del 1,8%- es el reflejo de un aumento en la demanda de pesos por parte de la población.

Otra interpretación posible es que, en el fondo, no está preocupado ante la posibilidad de que estos $3 billones que lubricarán el sistema bancario puedan presionar la cotización del dólar.

Lo cierto es que no se trató de una licitación más. Se llegó después de dos semanas de incertidumbre en el mercado cambiario, donde la cotización del dólar saltó un 3,6%.

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Además, se evidenció un retorno a la intervención del Banco Central en el mercado de futuros, con posturas que tenían el evidente objetivo de poner un tope a la divisa. Los analistas interpretaron que la situación estaba directamente vinculada con el vencimiento de un bono «dólar linked», cuyo precio final quedaba fijado por la cotización del dólar del jueves.

En otras palabras, hubo una pulseada entre el BCRA y los bonistas, para tratar de que la cancelación de los bonos -que se paga en pesos- no resultara excesivamente onerosa para el Tesoro.

A propósito de la opción «dólar linked», también hubo una sorpresa en esta licitación, dado que varios analistas habían previsto que tendría una alta demanda por parte de los inversores. Sin embargo, apenas se colocaron $0,69 billón, algo que puede ser interpretado como un signo de confianza respecto de que no hay riesgo de devaluación, o bien que el retorno de estos títulos ajustables por dólar es menos atractivo que las otras opciones en pesos.

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Empujando la «duration» después de las elecciones

Otro punto a destacar en esta licitación es el regreso de los bonos de renta fija, como la Lecap con vencimiento a noviembre de este año, que terminó siendo la opción más demandada por los inversores.

Ese bono tuvo una colocación de $4,18 billones, con una tasa de retorno de 28,32 anual, lo que implica una tasa efectiva mensual de 2,1%, todo una señal respecto de lo que el mercado espera sobre la inflación del segundo semestre.

El resto de la licitación, con bonos de renta variable -incluyendo la opción dual CER/Tamar- se adjudicó de manera repartida entre los que vencen durante el actual período de gobierno y los que pagan después del 2028.

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Un objetivo explícito del Tesoro, sobre todo desde que Federico Furiase asumió en el cargo, ha sido la «extensión de la duration».

Y esa meta tiene dos motivaciones. La financiera es aliviar el calendario de vencimientos de 2027, un año con «ruido» electoral, en el que, además, habrá un exigente cronograma de pagos para la deuda dolarizada.

La motivación política para extender los vencimientos de los bonos es que se puede interpretar como una señal de confianza del mercado en el sentido de que el presidente Milei obtendrá la reelección el año próximo y no hay riesgos de cambios bruscos en la línea de política económica.

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¿El riesgo kuka está más barato?

Finalmente, se colocó el último tramo del bono en dólares, con lo cual Toto Caputo obtuvo el refuerzo de u$s4.000 millones para ayudar a cancelar los vencimientos de deuda que se abultan en julio.

Y también en este caso hubo una situación sorpresiva: este bono, que vence en 2028, venía pagando una tasa en torno de 8.2% en las últimas licitaciones, pero en la licitación de este viernes cayó a 7,5%.

Como el bono que vence en 2027 pagó una tasa promedio de 5,4%, Toto Caputo había argumentado que lo que explicaba esa gran diferencia de tasas en dos bonos idénticos, era el hecho de que el segundo vencía una vez terminado el mandato de Javier Milei. Y por eso acuñó la expresión del «costo financiero kuka», en alusión a que los 300 puntos básicos de diferencia reflejaban el temor del mercado a que un eventual gobierno peronista pudiera incurrir en default de la deuda.

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Sin embargo, esta brusca caída en el riesgo del bono pagadero en 2028 insinúa un cambio en esa percepción del mercado. Las encuestas electorales no muestran grandes variaciones, por lo que difícilmente pueda ser explicado por un nuevo contexto político.

Más bien, lo que sí podría haber incidido es la baja en el índice de riesgo país y el otorgamiento de garantías por parte del Banco Mundial y el Banco Interamericano para que el gobierno salga nuevamente a tomar deuda en el mercado internacional.

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ECONOMIA

Jornada financiera: las acciones argentinas rebotaron hasta 8% en Wall Street y subió el riesgo país

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Las acciones argentinas se recuperaron en el cierre de la semana.

Las acciones argentinas subieron en su mayoría, mientras que los bonos quedaron ligeramente negativos este viernes, con el trasfondo de leves bajas en los indicadores de Wall Street. Además los agentes sopesaron la evolución del dólar en el mercado doméstico y una importante licitación de deuda del Tesoro, cuyo resultado se conoció al cierre de la operatoria.

Los principales indicadores de Nueva York cerraron con bajas en un rango de 0,1 a 0,3 por ciento.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires registró un alza de 0,8% en pesos, a 3.120.836 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares promediaron una caída de 0,3%, con un riesgo país de JP Morgan que subió tres unidades para a Argentina, en los 437 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Wall Street se impusieron las ganancias, encabezadas por Globant (+8,3%) y Mercado Libre (+2,9%).

“El S&P Merval, motivado por esta corrección generalizada y por la decisión de MSCI de mantener a Argentina en la categoría de Standalone, presentó un comportamiento aún más volátil resultando en una caída semanal en torno al 10% en dólares y un rendimiento acumulado de 1,6% para los últimos treinta días”, señaló IEB.

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La última licitación mensual del Tesoro estuvo en la mira de los inversores, ante la millonaria renovación de vencimientos que se busca y el efecto sobre los niveles de liquidez, en momentos en que los mercados se ajustan a condicionantes externos.

La Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación del día adjudicó un total de $13,22 billones, habiendo recibido ofertas por un total de 14,93 billones de pesos. Esto significa un rollover de 81,26% sobre los vencimientos del día de la fecha.

La operatoria financiera del Gobierno debía cubrir vencimientos internos por unos $16,3 billones (unos USD 10.035 millones) en base a un variado menú de opciones.

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“El mensaje al mercado es doble. Por un lado, el Tesoro muestra flexibilidad y voluntad de atender todas las preferencias de cobertura. Por el otro, reconoce que la demanda exige premio y que no hay espacio para convalidar tasas demasiado bajas”, expresó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, afirmó que “la última semana completa de junio concluyó con una marcada reconfiguración de expectativas en los mercados globales. El optimismo inicial derivado de los avances diplomáticos se vio matizado por dos factores críticos: una selectiva toma de ganancias en el sector de hardware para Inteligencia Artificial y la reaparición de fricciones logísticas en el Estrecho de Ormuz. En el plano local, el mercado absorbió el impacto institucional del veredicto anual de la calificadora MSCI”.

“La jornada de los mercados financieros estuvo marcada por una atmósfera de cierta incertidumbre, impulsada por una compleja intersección de tensiones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz, donde persisten incidentes con drones, y una incertidumbre macroeconómica que mantiene a los inversores en alerta”, reseñó Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.

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“El mercado petrolero reaccionó con una marcada caída al desplomarse por debajo de los 70 dólares el barril de WTI (-3%) ante una mayor oferta reanudada por Arabia Saudí y otros productores del Golfo», añadió Torres. En este sentido, el ADR de YPF restó 0,9% (a USD 45,35) y Vista Energy resignó un 0,7 por ciento.

El monto operado en el segmento de contado del mercado mayorista alcanzó los USD 734,4 millones, de los más altos de junio, mientras que el dólar terminó sin cambios, en los 1.477 pesos.

“La rueda se mantuvo equilibrada y pareció encontrar un techo en la zona de $1.480. Cada vez que alcanzaba esos valores aparecía una mayor oferta, permitiendo una leve corrección”, afirmó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

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“El Mundial pasó a un segundo plano. El nuevo tema de la semana fue el tipo de cambio: el MEP superó los $1.500, el ‘contado con liquidación’ tocó $1.580 y el mayorista llegó a $1.479, máximo nominal desde las elecciones de octubre. Solo en junio, el dólar acumula subas de entre 4% y 6% según el segmento. La estrategia más golpeada fue el carry trade, que evaporó dos meses de ganancias en dólares y acumula en el mes una pérdida de 2,5% en moneda dura, la primera desde septiembre de 2025″, definió un informe de GMA Capital.

El Banco Central fijó un techo para su esquema de bandas cambiarias en los $1.800,75, referencia que dejó al tipo de cambio oficial a una distancia de 323,75 pesos o 21,9% de dicho limite.

El dólar al público permaneció sin cambios, a $1.495 en el Banco Nación, el precio más alto desde el 5 de enero. En junio, el billete minorista sube 65 pesos o un 4,5 por ciento. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.495,57 para la venta y $1.444,18 para la compra.

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El dólar blue recortó 15 pesos o 1% en su precio de venta, a $1.515, para ajustar el alza experimentada a lo largo de la semana a 35 pesos o 2,4 por ciento.

El BCRA compró este viernes USD 50 millones en el mercado, el 6,8% de la oferta spot. A lo largo de la semana la entidad absorbió USD 240 millones con su intervención en el segmento de contado, a la vez que las reservas internacionales brutas, en los USD 47.081 millones, crecieron en USD 120 millones en el día.



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