POLITICA
El Gobierno celebra una leve mejora de los indicadores económicos, pero no logra cerrar su interna
Junio comenzó con una serie de indicadores que el Gobierno interpreta como señales alentadoras para la marcha de la economía. La inflación de mayo habría cerrado en torno al 2,2%, lo que la convertiría en la más baja desde octubre.
La recaudación tributaria creció 1,7% interanual en términos reales y el martes el riesgo país descendió hasta los 488 puntos, cerca de su nivel más bajo desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia.
A esos datos se suman otros números que la Casa Rosada considera favorables. La liquidación de divisas del sector agropecuario creció 7% y el Banco Central ya compró más de 10.000 millones de dólares, con la expectativa de superar los 20.000 millones hacia fin de año.
En materia de inversiones, Chevron anunció que destinará 13.800 millones de dólares a Vaca Muerta si prospera su pedido para incorporarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Chevron e YPF fueron las primeras compañías en establecerse en esa región. Además, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, viajará a China para negociar la renovación del swap de monedas por 19.000 millones de dólares.
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También hubo novedades para los contribuyentes. El Gobierno eximió del pago del Impuesto a las Ganancias a la compraventa de inmuebles y a los contratos de alquiler por las sumas devengadas desde el 1° de enero de 2026. A eso se sumó una nueva rebaja de retenciones para el agro y la reglamentación de la ley de Modernización Laboral.
El panorama parece favorable para el oficialismo. Sin embargo, en paralelo comenzaron a encenderse algunas luces de alerta.
Inflación, alimentos y una luz amarilla para el Gobierno
Durante el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, tanto Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvieron que la inflación continúa descendiendo. Los datos disponibles respaldan esa afirmación: distintas consultoras estimaron que el índice de mayo será inferior al de abril.
Sin embargo, algunos analistas observan con atención la evolución de los alimentos y bebidas. Según distintas mediciones privadas, ese rubro se aceleró hacia el final del mes y habría cerrado con una variación cercana al 3%, con estimaciones que oscilan entre el 2,7% y el 3,2%.
La advertencia no altera la tendencia general de desaceleración inflacionaria, pero introduce un elemento de cautela en un componente especialmente sensible para el consumo cotidiano.
El conflicto político que expuso diferencias dentro del oficialismo
La principal señal de alarma de la semana no surgió de la economía sino de la política. El eje estuvo en la discusión por el pliego de la jueza María Verónica Michelli y en la nueva diferenciación pública de Patricia Bullrich respecto de la posición adoptada por Milei.
Según el texto, el Presidente había ordenado retirar el pliego del Senado, pero Bullrich se negó a ejecutar esa decisión. La senadora habló con Milei y le ofreció su renuncia como jefa de bloque, aunque el Presidente evitó avanzar en esa dirección.
Finalmente, el Senado aprobó el pliego de Michelli con los votos de la oposición y de sectores aliados. La decisión fue interpretada por muchos legisladores como una forma de fijar un límite al Presidente. Bullrich optó por abstenerse. No votó en contra de la posición de Milei, pero tampoco acompañó el rechazo impulsado por el oficialismo.
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El resto del bloque de La Libertad Avanza sí siguió la instrucción presidencial y votó contra el pliego. De ese modo, la oposición consiguió imponerse sin que Bullrich quedara identificada como la responsable directa del resultado.
Desde el punto de vista institucional, el debate gira alrededor de las atribuciones presidenciales. Si el Presidente puede impulsar la designación de un magistrado, también podría retirar el pliego o incluso no firmar el decreto correspondiente. El nombramiento de jueces constituye un acto complejo que involucra tanto al Poder Ejecutivo como al Senado.
En esa línea, el ministro de Justicia, Juan Mahiques, sostuvo que la aprobación legislativa habilita al Presidente a concretar la designación, pero “no lo obliga” a hacerlo.
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Sin embargo, el impacto político parece más relevante que la discusión jurídica. Según el análisis planteado en el texto original, Bullrich conserva niveles de imagen positiva comparables a los de Milei y representa una figura importante de cara al proceso electoral de 2027.
La ex candidata presidencial mantiene influencia sobre un segmento de votantes provenientes del PRO que valoran especialmente la defensa de las instituciones republicanas. Se trata de electores que respaldaron a Milei y acompañan el ajuste económico, aunque no necesariamente forman parte de su núcleo duro.
En los últimos días, Bullrich y Karina Milei difundieron una fotografía conjunta con un mensaje de armonía política. Sin embargo, quedaron abiertas varias preguntas. Entre ellas, cómo impactó la votación en la relación de Bullrich con el resto del bloque libertario y si Karina Milei estaría dispuesta a promoverla en el futuro como compañera de fórmula presidencial o como candidata a la jefatura de Gobierno porteña.
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Según el texto, Bullrich dejó trascender que no se considera una empleada política de los Milei sino una socia dentro del proyecto oficialista. Aunque está afiliada a La Libertad Avanza, aspiraría a que el peso de sus votos sea reconocido como el de una integrante de una coalición de gobierno. Una visión que, según la misma interpretación, no necesariamente comparten los hermanos Milei.
De esta manera, el Gobierno vuelve a quedar atrapado en una dinámica de tensiones internas. Con una oposición que aparece fragmentada y sin capacidad inmediata para amenazar el liderazgo presidencial, las principales dificultades parecen surgir dentro del propio espacio oficialista.
Milei enfrenta el desafío de preservar la cohesión con dirigentes como Bullrich, Victoria Villarruel y Mauricio Macri. Aunque poseen diferentes niveles de intención de voto, todos representan sectores del electorado de centroderecha que el Presidente necesitará conservar si aspira a una reelección en primera vuelta.
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Mientras tanto, Macri continúa desarrollando actividades políticas propias. Esta semana estuvo en Entre Ríos y Santa Fe.
Más allá de la controversia por los pliegos judiciales, el Gobierno tiene otra prioridad estratégica. El verdadero objetivo político del Ejecutivo sigue siendo avanzar con la derogación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).
Para lograrlo, el oficialismo busca reunir apoyos entre los gobernadores. Diego Santilli, mencionado en el texto como ministro del Interior, mantiene conversaciones permanentes para construir los consensos necesarios. Esta semana se reunió con mandatarios provinciales del norte del país y difundió una fotografía del encuentro, aunque también continúa desarrollando negociaciones reservadas.
En el Gobierno consideran que el tiempo juega en contra. A medida que avance el calendario electoral, los gobernadores podrían mostrarse menos dispuestos a aceptar modificaciones en las reglas de juego. Por eso, no descartan acelerar la estrategia política e intentar resolver el debate cuanto antes.
Javier Milei, Luis Caputo, Patricia Bullrich, Inflación, La Libertad Avanza
POLITICA
Por qué se postergó la ley de Propiedad Privada: la trastienda de cómo el oficialismo no logró los votos de los aliados
El oficialismo no logró construir las mayorías necesarias para aprobar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el Senado resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto. La propuesta fue impulsada por la jefa del oficialismo, Patricia Bullrich, y recibió 62 votos afirmativos, tres negativos y una abstención. Logró ganar tiempo hasta después del receso invernal en el Congreso para continuar negociando.
Las principales diferencias surgieron este jueves en torno al futuro régimen de tierras rurales, uno de los capítulos centrales de la iniciativa. Las provincias reclaman preservar su autonomía en el control de las operaciones sobre esos inmuebles y el tema se metió en la negociación entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas.
Por el momento, quedó descartada la posibilidad de reabrir el debate en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. La intención oficialista es acercar posiciones para volver a insistir con la ley en una nueva sesión el 6 de agosto. En caso de aprobarse, la iniciativa tiene que ser girada a Diputados para su sanción definitiva.
Negociaciones sin consenso
El proyecto, que incorpora desalojos exprés, modifica el régimen de tierras rurales y deroga una restricción de la Ley de Manejo del Fuego, obtuvo dictamen en el Senado el pasado 20 de mayo aunque desde entonces sufrió numerosas modificaciones.
En las horas previas a la sesión se sucedieron reuniones entre la senadora Patricia Bullrich y el secretario de Desregulación de la Nación, Alejandro Cacace, con el objetivo de acercar posiciones. Bullrich también mantuvo encuentros con referentes de la oposición dialoguista en las oficinas radicales del segundo piso del Palacio Legislativo, pero las conversaciones no alcanzaron para cerrar un acuerdo.
El oficialismo consiguió iniciar la sesión con el respaldo del PRO, la UCR y fuerzas provinciales, alcanzando el quórum de 37 senadores para que la vicepresidenta Victoria Villarruel abriera el debate. No acompañó la bancada Convicción Federal, encabezada por la jujeña Carolina Moisés.
Mientras el recinto reconocía a la selección argentina de Lionel Messi y varios legisladores exhibían camisetas nacionales, el oficialismo continuaba negociando un texto definitivo con sus aliados, aunque finalmente no logró unificar una propuesta.
La disputa por las tierras rurales
La UCR, conducida en el Senado por Eduardo Vischi, encabezó los cuestionamientos al capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros. El bloque insistió en que los registros de esas operaciones queden bajo la órbita de las provincias, una facultad que la Casa Rosada no está dispuesta a ceder.
Ante la falta de coincidencias, la decisión fue postergar el tratamiento hasta la próxima sesión prevista para el 6 de agosto, luego del receso invernal.
En paralelo, la UCR nacional, liderada por Leonel Chiarella, difundió un documento titulado La soberanía se defiende cuidando nuestra tierra, en el que reivindicó la Ley de Tierras y recordó que establece un límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y un máximo del 30% de ese cupo para una misma nacionalidad.
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A esa postura se sumó la senadora salteña Flavia Royón, mientras otros bloques también impulsaron modificaciones. De las reuniones con La Libertad Avanza participaron —además de los radicales Vischi y Mariana Juri, y de Royón (Primero los Salteños)— Martín Goerling Lara (PRO), Beatriz Ávila (Independencia) y Julieta Corroza (Neuquinidad).
“Es una ley que modifica muchas leyes y hay que seguir dialogando”, afirmó la senadora Ávila.
Las objeciones de Convicción Federal
La bancada integrada por Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada defendió su dictamen de minoría, especialmente en lo referido a la situación de los inquilinos.
Los senadores sostuvieron que “es inaceptable que la ley coloque en el mismo plano a quien alquila de buena fe y atraviesa una situación económica crítica con quien ocupa ilegalmente una propiedad”.
La propuesta distingue jurídicamente los casos de usurpación de los conflictos derivados de contratos de alquiler, preserva el debido proceso y garantiza que ningún desalojo habitacional pueda ejecutarse sin brindar una instancia efectiva de defensa al inquilino.
El bloque también manifestó su rechazo a flexibilizar la venta de tierras rurales a extranjeros y planteó la necesidad de mantener los límites a la extranjerización, fortalecer los mecanismos de transparencia y proteger los recursos naturales estratégicos.
También hubo críticas desde el peronismo de Unión por la Patria, incluso de la bancada de Diputados. “Por redes hablan de patria, de soberanía, muestran mucho la bandera argentina… pero cuando llega el momento de sentarse y votar, con carita de piedra hacen entrega de nuestras tierras a extranjeros, habilitan la quema de los bosques nativos y le quitan herramientas al Estado para proteger a los argentinos. Esto son”, expresó la diputada Cecilia Moreau.
Qué establece el proyecto
El dictamen incorpora modificaciones respecto de la versión original impulsada por el Gobierno, que proponía eliminar todas las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de empresarios extranjeros.
La nueva redacción establece que, cuando los inmuebles se encuentren en zonas de frontera, las operaciones deberán contar con un doble aval: el de la provincia correspondiente y el del Poder Ejecutivo Nacional.
Además, el proyecto modifica la Ley de Tierras, el régimen de desalojos, las expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego.
Entre los principales cambios figura la incorporación de los denominados desalojos exprés para inmuebles usurpados o con tenedores precarios. La iniciativa habilita al juez a ordenar la restitución inmediata de la propiedad cuando el derecho invocado por el propietario resulte verosímil y este presente caución juratoria.
La reforma también incorpora ese procedimiento al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y establece que el magistrado podrá intimar, en un plazo de 72 horas, la devolución del inmueble cuando el propietario acredite mediante documentación la titularidad del terreno, la vivienda o el campo en disputa.
En materia ambiental, el proyecto deroga un artículo de la Ley de Manejo del Fuego, sancionada en 2020, que impide durante 30 años modificar el uso de las superficies rurales incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas. Desde el oficialismo sostienen que esa restricción “atentó directamente contra la producción”.
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POLITICA
El Procurador dictaminó contra el pedido del juez Irurzun para continuar más allá de los 75 años
El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó contra el recurso del camarista federal Martín Irurzun, que busca que la justicia lo habilite a seguir en la Cámara Federal más allá de los 75 años de edad, que cumple el sábado.
Ahora, la Corte Suprema está formalmente en condiciones de decidir si Irurzun puede o no permanecer en su cargo, más allá de lo que señala la Constitución.
Sin embargo, el máximo tribunal no tiene previsto reunirse en acuerdo esta semana, ya que uno de sus integrantes, el juez Ricardo Lorenzetti, está de licencia.
Para que la Corte pueda funcionar con dos jueces y llamar a conjueces, primero debe ocurrir que los tres magistrados debatan el caso, que no haya unanimidad y convoquen por sorteo a otros jueces. Entonces se corre traslado a las partes y hay 15 días para formar el tribunal.
El segundo motivo es que alguien se excuse y esa situación debe estar validada por los otros dos magistrados. Nada pasó.
Irurzun, consciente de esta situación, seguirá dando batalla en los tribunales para buscar que la justicia declare inconstitucional el artículo de la Constitución reformada en 1994 que le pone un límite al mandato de los jueces.
La norma indica que el Poder Ejecutivo debe pedir un nuevo acuerdo al Senado, el que debe ser concedido –con decreto de designación– antes de la fecha de cumpleaños.
Irurzun pidió hace un año al gobierno de Javier Milei que enviara su pliego al Senado para un nuevo acuerdo, pero el Poder Ejecutivo no lo hizo. Contrasta esta decisión con la celeridad con que sí lo hizo en el caso del camarista de Casación Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
El Gobierno quiere rediseñar la Cámara Federal, que decide sobre los casos de corrupción de los funcionarios y exfuncionarios. Ya avanzó con el envío de los pliegos de los jueces Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi. Ahora, con la eventual salida de Irurzun, tendría una tercera vacante a concursar en este tribunal.
Irurzun batalló en la Justicia para seguir más allá de los 75 años. Presentó una medida cautelar que fue rechazada en primera instancia y en la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Por eso es que planteó ahora un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El recurso llegó ayer a la Corte y hoy fue enviado al procurador Casal, que dictaminó en menos de seis horas y devolvió el caso. Pero es dudoso que la causa avance en la Corte.
Casal dictaminó que la Corte Suprema debe declarar formalmente inadmisible el recurso extraordinario.
La medida cautelar autónoma de Irurzun quiere suspender los efectos jurídicos del tercer párrafo del inciso 4° del artículo 99 de la Constitución Nacional, la cláusula incorporada por la reforma de 1994 que exige a los jueces un nuevo nombramiento presidencial con acuerdo del Senado para continuar en funciones más allá de los 75 años.
La opinión de la Procuración no es vinculante, pero deja al camarista en una posición procesal complicada, pues la Corte no tiene previsto reunirse y encima tiene una opinión en contra.
Para la Procuración, los agravios de Irurzun “no cuentan con la fundamentación autónoma” que requiere la ley.
La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había confirmado el rechazo de la medida cautelar al sostener que este caso es igual al que resolvió el 28 de marzo de 2017 en el caso de Leopoldo Schiffrin, el camarista al que se le negó seguir más allá de los 75 años.
Ese fallo revirtió la doctrina sentada con el juez Carlos Fayt, al que se le permitió seguir porque había sido nombrado antes de 1994. En el caso Schifrin se validó la cláusula de los 75 años, sin distinguir entre magistrados designados antes o después de la reforma de 1994.
Según aquel precedente, el límite etario modifica únicamente el carácter vitalicio del cargo, pero no la garantía de inamovilidad ni la independencia judicial.
Frente a eso, la apuesta de Irurzun fue otra: sostuvo que la mayoría de la Corte que firmó el fallo Schiffrin ya no existe, pues cambió la integración con la salida de Juan Carlos Maqueda del tribunal.
Y entendió que el estándar está “extinguido” y que la Corte, con su composición actual, podría cambiar de criterio.
Pero el Procurador dijo que Irurzun “no explicó los motivos por los cuales tal modificación debiera implicar, indefectiblemente, la adopción de un criterio distinto”.
Su agravio, dice el dictamen, “luce como una mera conjetura, carente de entidad jurídica suficiente” para habilitar la vía extraordinaria. Es decir que, por más que hayan cambiado los nombres de los jueces de la Corte, no significa que vaya a cambiar la doctrina.
El dictamen también convalida el razonamiento de la Cámara sobre la autoridad institucional de los precedentes del máximo tribunal.
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Al igual que en los últimos dos años desde su llegada a la Presidencia, Javier Milei participará este viernes del acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Como cada año, la AMIA, la DAIA y Familiares de las Víctimas volvieron a convocar para este viernes a participar del acto central frente a Pasteur 633 en el barrio porteño de Once donde, hace más de tres décadas, se produjo el ataque terrorista.
Bajo el lema “Hoy no podemos perder la memoria”, el acto comenzará con el sonido de la sirena a las 9.53, hora exacta en la que fue perpetrado el ataque en 1994. Dado que este año la fecha de la conmemoración -18 de julio- coincide con el descanso del Shabat, la organización decidió adelantar la conmemoración para este viernes.
Según comunicaron fuentes oficiales, el Presidente llegará a las inmediaciones de la AMIA alrededor de las 9.45 junto a la secretaria General, Karina Milei, y no se descartan otras presencias del Gabinete.
Los gestos de Milei con la AMIA e Israel en la previa de un nuevo aniversario del atentado
“Buenos Aires es la ciudad que alberga la comunidad judía más grande de América Latina. Lo que representa para nosotros tanto un orgullo como una gran responsabilidad. Lamentablemente también, es la ciudad que ha sufrido dos ataques por parte del terrorismo antisemita que, en 1992 y 1994, se cobraron un total de 114 vidas. Un acto cobarde y criminal que constituye una marca imborrable en nuestra historia y nos impulsa cada día a buscar justicia por las víctimas”, manifestó Milei dos semanas atrás en su discurso en la Fundación Aliados de Israel.
En ese contexto, Milei advirtió sobre los peligros del antisemitismo y aseguró: “Durante décadas gran parte de nuestra región hizo causa común con los enemigos de Israel, como consecuencia de haber sido capturada por una ideología nefasta conocida como socialismo del siglo XXI”.
Con ese argumento, el mandatario insistió en la existencia de una alianza “implícita” entre la izquierda radical y el terrorismo islamita que vinculó al “odio a la civilización occidental del cual el pueblo hebreo es un precursor”.
En ese sentido, Milei destacó medidas de su Gobierno como la declaración de Hamás, la Guardia Revolucionaria Iraní y a las fuerzas Quds como organizaciones terroristas, además de la expulsión del encargado de negocios de Irán.
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El Presidente también remarcó la firma del memorándum de libertad y democracia con Israel, junto con el impulso de los Acuerdos de Isaac, una alianza destinada a combatir el terrorismo, el antisemitismo y sus fuentes de financiamiento.
“Lo que esta región decida en los próximos años va a determinar de qué lado de la historia vamos a quedar. No hay neutralidad posible, como no la hubo nunca en los conflictos existenciales de la humanidad”, concluyó Milei en aquel entonces.
Javier Milei, Atentado a la AMIA
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