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El Gobierno oficializó los cambios en el proceso de selección de jueces de la Corte Suprema y otras autoridades

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Tal como anticipó Infobae, el Gobierno publicó hoy el decreto 467/2026 que modifica el procedimiento para la selección de jueces para la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General y el Defensor General de la Nación.

Tras el extenuante proceso que demandó la aprobación de los 74 pliegos semanas atrás, en el Senado, la medida se formalizó esta madrugada en Boletín Oficial y fue elaborada y firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Se trata de una reforma sobre el decreto 222 y 588 de 2003 —y sus modificaciones posteriores, entre ellas el decreto 267/2024— que busca eliminar la etapa administrativa previa a la nominación de titulares, reducir plazos y modernizar el sistema de publicación de antecedentes de los candidatos.

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Ambas normativas, vigentes desde hace más de diez años, establecían que el Ejecutivo debía publicar los antecedentes de los candidatos y abrir una instancia de observaciones ciudadanas en el ámbito del Ministerio de Justicia antes de formalizar cualquier nominación.

Mahiques junto a Javier Milei (REUTERS/Agustin Marcarian)

El nuevo decreto derogó esa instancia con el argumento de que el Senado ya garantiza esos mecanismos de publicidad y participación a través de audiencias públicas obligatorias y la recepción de observaciones por parte de la ciudadanía, establecidas en su propio reglamento interno. Mantener este paso implicaba una duplicación de instancias que solo demoraba el trámite sin agregar valor sustantivo, confirmaron a este medio fuentes oficiales.

La participación ciudadana y las impugnaciones seguirán siendo posibles, pero ocurrirán directamente en la Cámara alta y no antes de que el pliego llegue a la misma.

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El nuevo esquema también reemplaza la publicación de nominaciones en diarios de circulación nacional por la difusión en el Boletín Oficial y en la página web del Ministerio de Justicia, en línea con los canales digitales de comunicación actuales. Los candidatos tendrán cinco días para presentar sus declaraciones juradas patrimoniales “con la nómina de los bienes propios, los de su cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, y los de sus hijos menores, en los términos y condiciones que establece el artículo 6° de la Ley de Ética de la Función Pública N° 25.188, sus modificaciones y su reglamentación”.

El titular de la cartera de Justicia firmó el decreto

La difusión de los antecedentes del candidato ya no se realizará en el Boletín Oficial ni en diarios de circulación nacional, sino en la página web oficial del Ministerio de Justicia, con plazos más cortos. El Gobierno sostiene que esta adecuación responde a la dinámica actual de comunicación y a las tecnologías disponibles, y que la reducción de los plazos de publicación contribuye a hacer el trámite más expedito.

Otra modificación relevante apunta a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El decreto mantiene la obligación de que el organismo elabore informes sobre el cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales de los candidatos, pero fija por primera vez un plazo máximo de cinco días para su confección y aclara que deben preservar el secreto fiscal. Antes, no existía ese plazo ni esa uniformidad entre los dos decretos originales.

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En el decreto no se mencionó la recomendación que el texto 222/2003 le imponía al presidente de contemplar la diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional al momento de nominar candidatos.

Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 4 de junio de 2026, en Buenos Aires; Argentina. (Fotos: Celeste Salguero/ Comunicación Senado).-

Qué no cambia

La reforma no altera el procedimiento constitucional ni el reglamentario del Senado de la Nación. Las audiencias públicas, las impugnaciones ante la Comisión de Acuerdos y la votación por dos tercios de los miembros presentes quedan intactas.

“Los mecanismos de publicidad, transparencia y participación ciudadana no se suprimen”, dijeron a Infobae, dado que esas instancias están garantizadas en la etapa legislativa.

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La nueva normativa tampoco altera dos obligaciones centrales para los postulantes: la presentación de declaraciones juradas patrimoniales y de potenciales conflictos de intereses, y la intervención de ARCA para verificar el cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales.

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Anniversaries,Domestic Politics,Anniversaries,South America / Central America,Government / Politics

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POLITICA

Fijaron la fecha en la que comenzará a regir el Código Procesal Penal Federal en La Plata

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A partir de las 00:00 horas del 21 de septiembre de 2026, la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata aplicará una transformación en su sistema judicial con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019). Esta medida marca un avance clave en la reforma del proceso penal federal, dirigida a modernizar el funcionamiento de la Justicia en una de las regiones más relevantes del país.

El fecha fue oficializada esta madrguada, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 275/2026 y tras un extenso proceso de evaluación, coordinación y adecuación institucional, impulsado por el Ministerio de Justicia.

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El nuevo modelo, basado en el sistema acusatorio, pretende agilizar los procedimientos, fortalecer las garantías procesales y mejorar la eficiencia en la persecución penal. La decisión responde a la necesidad de adaptar la administración de Justicia a los desafíos actuales, con especial énfasis en la gestión de delitos complejos y la protección de derechos fundamentales.

La implementación en la jurisdicción de La Plata se inscribe en el marco de una política de Estado que busca consolidar un esquema federal de trabajo conjunto, articulando los esfuerzos de los distintos organismos del sistema de justicia nacional.

El artículo 2° de la Ley N° 27.150 establece que la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal debe realizarse conforme al cronograma progresivo definido por la cartera de Justicia. En uso de las facultades otorgadas por el artículo 3° de la misma normativa, esta cartera ministerial ha venido dictando los actos y formulando propuestas para la implementación paulatina del sistema en los distritos federales y nacionales.

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El proceso de reforma ya ha alcanzado a nueve distritos federales, incluyendo provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, y regiones de la provincia de Buenos Aires, como Bahía Blanca, Mar del Plata y San Nicolás de los Arroyos.

El objetivo es extender progresivamente el modelo acusatorio al resto de las jurisdicciones, incluyendo Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos, Misiones, sectores de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el caso de La Plata, la jurisdicción abarca diecisiete partidos del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires, cinco partidos del noreste de la provincia y veintitrés partidos del noroeste. En este territorio se encuentran el Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini” (Ezeiza), y los puertos fluviales de La Plata y Dock Sud, infraestructuras estratégicas para el tránsito comercial y poblacional.

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La entrada en vigencia del sistema acusatorio en La Plata había sido inicialmente programada para el 18 de mayo de 2026, luego diferida al 30 de noviembre del mismo año para garantizar la finalización ordenada de las acciones preparatorias. Finalmente, el nuevo cronograma fija el inicio para el 21 de septiembre, respaldado por avances en infraestructura, tecnología y capacitación.

Esto se logró luego de un extenso proceso de evaluación, coordinación y adecuación institucional, impulsado por el Ministerio de Justicia liderado por Juan Bautista Mahiques (Maximiliano Luna)

Entre los recursos incorporados se destacan los Sistemas UFED y dispositivos asociados, que potencian las capacidades de tratamiento de evidencia digital, incrementando la eficiencia y la trazabilidad en la cadena de custodia. Estas herramientas permiten a la Procuración mejorar la persecución penal en delitos complejos, con mayores garantías de integridad probatoria.

De modo complementario, se han impulsado mejoras edilicias y tecnológicas en coordinación con el Consejo de la Magistratura. Este organismo informó la disponibilidad de espacios para la instalación de salas de audiencias adaptadas al sistema acusatorio, incluyendo equipamiento audiovisual, sistemas de conectividad y recursos informáticos para la gestión digital de las audiencias orales.

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El proceso de adecuación contempla no solo la infraestructura física, sino también la capacitación de los operadores judiciales. Se organizaron simulacros de audiencias y talleres de estandarización operativa dirigidos a magistrados, funcionarios y equipos técnicos, con el propósito de fortalecer sus capacidades ante los desafíos del nuevo modelo.

La Plata,Código Procesal Penal Federal,Ministerio de Justicia,Boletín Oficial

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Adorni, un papel de tornasol para la casta

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Empezó el Mundial. Este martes comenzará para la Argentina. Y aun cuando las noticias del fútbol se superponen con los escándalos, ni siquiera el deporte puede eclipsar la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La controversia ya no se debe solamente a una cuestión moral y/o de corrupción. Irrumpe además una “indigencia conceptual” por parte de Adorni respecto de sus explicaciones para defender su condición y razonar sobre sus cuentas. Tratándose de un jefe de Gabinete, aquel déficit parece por momentos inconcebible. ¿Cómo alguien tan poco dotado intelectualmente llegó a aquel lugar de poder?

Tardó tres meses en preparar los números y no logró hacerlo. Se contradijo en cuestiones que había ratificado durante su paso por el Congreso y ante la prensa. Hay tres escenarios: mintió en ambos casos, mintió al presentar su declaración jurada o mintió durante su entrevista con José Del Rio en LN+.

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Adorni alegó haber invertido US$200.000 en criptomonedas. Gracias a aquel desembolso, logró generar US$300.000. Hubo algo, sin embargo, que el funcionario del presidente Javier Milei olvidó al hacer aquella afirmación: para la misma época durante la cual dice haber realizado la transacción, el jefe de Gabinete confesó en una entrevista que desconocía el mundo de las monedas virtuales. Raro es que alguien destine todos sus ahorros a un mercado con el que no está familiarizado.

Adorni, Un Papel De Tornasol Para La Casta. El Editorial De Carlos Pagni

¿Hay preguntas? Miles. Si contaba con esa suma de dinero, ¿por qué se endeudó con dos jubiladas? ¿Qué papel juegan ambas mujeres? ¿Una de ellas -Beatriz Viegas- es además empresaria hotelera?

El exvocero presidencial dijo haber ahorrado en negro, “como casi todos los argentinos”. Cómo se habrá sentido una ciudadanía sacrificada cuando, desde el poder, un jefe de Gabinete normaliza la evasión. Adorni asomó que su razonamiento para no pagar impuestos era evitar entregarle su dinero a la “vieja política”. Existen dos incongruencias sobre esa aseveración. Por un lado, la plata la hizo durante los gobiernos kirchneristas. Y por el otro, la evasión también incluiría al período político protagonizado por la “nueva política”, de la cual él es un integrante, a través de una presunta suma de US$100.000 ahorrados en criptomonedas en 2024.

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La declaración del jefe de Gabinete sobre la elusión del pago de impuestos produjo una interesante reacción en redes sociales: numerosos usuarios señalaron que, si no se tributa al Estado, tampoco se contribuye al financiamiento de los bienes y servicios que utiliza el conjunto de la sociedad. Es “raro” en la Argentina conceptualizar al Estado como un “nosotros” y no como una entidad ajena.

Jorge Luis Borges, en un ensayo denominado “Nuestro pobre individualismo”, dice: “A diferencia de los americanos del norte, los argentinos tienen una concepción abstracta del Estado. Si hay alguien que está robándole, no le nace el impulso de denunciarlo y presentarlo ante la Policía. Quien hiciera ello, sería visto como un canalla”. Los dichos de Adorni produjeron el efecto contrario, algo que el propio escritor no hubiera esperado.

Una sola de todas las interrogantes que rodean al caso Adorni persiste insistentemente: ¿por qué los Milei -Javier y Karina- lo sostienen en su cargo? Hay quienes ven en esta obstinada defensa del jefe de Estado y la secretaria general de la Presidencial un comportamiento típicamente peronista: ellos dicen a quiénes entregan y no otros. A Néstor Kirchner se le atribuía que hoy podría calzar en la figura de Milei y Adorni: “A mis boludos los entrego yo, no me los echan”. Carlos Menem hacía lo mismo a través de Ramón Hernández. ¿Cambiaría el desenlace un potencial procesamiento por parte de la Justicia?

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Adorni, como funcionario, está carbonizado e inutilizado. Su futuro depende de que no se junten las mayorías necesarias en la Cámara de Diputados para interpelarlo. El oficialismo cree que ello no va a ocurrir. Martín Menen, titular de la Cámara baja, se encuentra en Israel, lo que podría significar una señal de serenidad de La Libertad Avanza ante este posible escenario. En el Senado, el panorama es más complejo.

La causa Adorni está en manos del juez Ariel Lijo. El magistrado está en París junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Acudieron a la capital francesa para participar de una reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional, que controla los mecanismos de lavado. Existe la probabilidad de que aborden la situación del jefe de Gabinete. Hay expectativa por parte del Gobierno de que, por una vez, Mahiques logre algún éxito en favor de los Milei y no solo de Toviggino y Tapia.

El caso que involucra al exvocero presidencial resalta por su torpeza, el ridículo de sus argumentos y los bloopers en los que incurrió. Pero hay también cierto cinismo al enfocar todo el fenómeno de la corrupción solo en Adorni.

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Los ensayos del italiano Alessandro Pizzorno, sociólogo experto en el funcionamiento de los sistemas de corrupción en la política, son aplicables a este panorama. Adorni es un “botón de muestra” en un esquema mucho más amplio. Para Pizzorno, no se trata solamente de “episodios de moral individual” o “pecados personales”. La corrupción genera un sistema político, integrado por lealtades y formas de decisión estimuladas por el dinero y/o la extorsión, algo que podría estar ocurriendo en la Argentina desde hace tiempo. ¿El Gobierno de Milei se integra a ese sistema que lo preexiste y que juró desbaratar?

Junto al escándalo de Adorni, apareció una información no tan polémica pero trascendental: el financiamiento de la Fundación Faro, manejada por Francisco Caputo, hermano del “Mago del Kremlin”, Santiago Caputo. Nada más que en 2024, manejó alrededor de 5000 millones de pesos y no existe un listado de aportantes. ¿Podría aquel dinero aparecer en forma de negocios ganados al Estado en licitaciones? Pizzorno llega a dos conclusiones de relevancia acerca de este fenómeno: el delito no parece corroer en gran manera la legitimidad del sistema político, pero sí lo hace el escándalo. El accionar de Adorni reviste una mayor gravedad en comparación a lo que ocurre con la Fundación Faro, aun a pesar de la diferencia abismal de los montos.

Hay un detalle que produce dolor evocar. El caso Adorni es solo una tuerca en un mecanismo de corrupción mucho más amplio. El jefe de Gabinete es una especie de papel de tornasol. Es juzgado por Lijo, quien ha tenido un número mayor de dificultades para explicar su patrimonio. A partir de la denuncia de su excuñada, debía esclarecer -entre muchas otras cosas- por qué figuraba como propietario junto a su hermano de un Haras opulento en Dolores, bajo el nombre “La Generación”. La corrupción no avanza en la Argentina solamente por la aparición de nuevos episodios. Hay también un Poder Judicial que es garante de impunidad.

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La fotografía no es muy diferente en el Poder Legislativo. Dicen que a Adorni lo están buscando para interpelarlo. Lo va a interpelar el bloque peronista, cuya mayoría se referencia en una expresidenta que está presa por causas de corrupción. Un bloque que está contaminado en este momento por investigaciones mucho más lentas que la de Adorni. Algunas de ellas las tiene el juez Lijo. Sobre coimas pedidas en importaciones -el manejo de las SIRA-, las cuevas que proveen al lavado de dinero, todo lo que ha venido contando, desde el año pasado y antes también, el periodista Francisco Olivera en Odisea. Estamos hablando entonces de un bloque legislativo contaminado por todas esas miserias el que le va a ir a preguntar a Adorni por un departamento en Caballito.

Ahora, también nos dicen que el Pro lo sostiene a Adorni, que no va a ir en contra del jefe de Gabinete. Y se explica porque quieren mantener su alianza con Milei. ¿Será esa la explicación? Dicen que Cristian Ritondo está tratando de convencer al expresidente para que el Pro no sume sus votos a una eventual interpelación a Adorni. En 2024, las noticias indicaban que recibió novedades por sociedades a nombre de su esposa con inmuebles en Miami. Se trata del presidente del bloque del Pro, puesto ahí por Mauricio Macri, quien le pide a Milei que sostenga el cambio. ¿De qué hablarían Adorni y Ritondo en esa interpelación? A lo mejor terminarían hablando de bienes raíces, de negocios inmobiliarios, porque están en el mismo tipo de problemas, solo que a Ritondo le tocó el juez Sebastián Ramos y, providencialmente, el fiscal Eduardo Taiano, que en general no investiga nada.

Hay un dato que pasó inadvertido para casi todo el mundo, salvo para Claudio Jacquelin en una columna que publicó en : es que, en su momento, Milei defendió a Ritondo por este escándalo de las propiedades en Miami. Lo hizo de un modo mucho más enfático que el que empleó Macri para defender a Ritondo, que simplemente le dijo que tenía que explicar. Entonces la pregunta es: si Milei defendió a Ritondo, ¿no va a defender a Adorni? Quien puede lo más, que es defender a un opositor por propiedades mucho más caras y por un patrimonio mucho menos explicable que el de Adorni, puede lo menos.

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Se termina hablando desde el cinismo. Es feo tener que tratar estos temas porque da la impresión de que la Argentina se ha ido convirtiendo en una ciénaga. Pero tal vez es cierto. Por algo llegó Milei al poder denunciando a la casta, aunque ahora esté contaminado por la misma casta y el caso Adorni se convierte en un papel tornasol para mirar a Lijo, para mirar al bloque kirchnerista o peronista de diputados, o para mirar a Ritondo y sus dificultades para interpelar al jefe de ministros.

Hay cinismo porque tenemos, al mismo tiempo, un caso mucho más escandaloso si uno lo mira en términos de movimiento de dinero, como es el del mendocino Facundo Leal, que fue presidente de Arsat -la empresa pública de tendido de fibra óptica- y que después fue presidente del Orsna -que es el organismo que regula todo el sistema aeroportuario-. En un allanamiento realizado por la Justicia de San Isidro, por el juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, le encontraron efectivo por más de US$2.000.000, en varias monedas. También hallaron drogas pesadas y una balanza aparentemente para pesarlas, aunque no se sabe si para consumo de alguien o para venderlas. Un patrimonio extraordinario, que incluye, como es moda, 100 caballos criollos.

A Leal lo echaron pero no por ninguna de estas razones sino por haber viajado con un señor que se llama Luis Pierrini, que era secretario de Transporte, también mendocino, y vicepresidente del Club Independiente Rivadavia, que preside Daniel Vila. Lo echan por haber viajado en el avión que se le atribuye a Pablo Toviggino, en un viaje a Ibiza con Pierrini. Aparentemente una costumbre de Leal era realizar muchos viajes a Europa en avión privado para asistir a fiestas electrónicas.

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Lo cierto es que a Pierrini lo echan también. Él había llegado a la Secretaría de Transporte promovido por Juan Pazo, que era mano derecha en todo el tema empresarial del ministro de Economía del gobierno de Milei, Luis “Toto” Caputo. Pierrini es dueño de la aseguradora Triunfo. Y por su parte, Pazo siempre estuvo al frente, directa o indirectamente, del negocio de los seguros en el gobierno de Macri y en el de Milei. En la actual gestión a través del actual superintendente de Seguros, Guillermo Plate. Aparentemente, en la actividad privada Caputo y Pazo colocaban bonos en la aseguradora de Pierrini y por eso lo hicieron funcionario público.

Lo inquietante es que Leal, que encarna un caso mucho más grave que el de Adorni, aunque menos visible, era presidente del órgano que controla los aeropuertos argentinos, administrados por la Corporación América, por Aeropuertos Argentinos, lo que se llamaba Argentina 2000, de Eduardo Eurnekian.

En el año 2025 se firmó un contrato de infraestructura aeroportuaria negociado por el Orsna de Leal y por la empresa Aeropuertos Argentina 2000. Lo firmaron Facundo Leal y el representante de Aeropuertos Argentina 2000, el señor Daniel Ketchibachian. En un artículo de este largo contrato de infraestructura hay todo un razonamiento por parte de la empresa de Eurnekian, diciendo que no pudo cumplir las metas de inversión que corresponden a su concesión de aeropuertos, entre otras cosas por la pandemia, que obviamente afectó mucho a los vuelos y a todo lo que es el tráfico aéreo. En ese contrato se suma una argumentación en relación a la tasa de rentabilidad que debe tener ese contrato, que está ligada a los índices de riesgo país, etcétera.

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Lo importante es que, como la empresa de Eurnekian dice que pudo cumplir con las metas, Leal le concede en este acuerdo una prórroga en la concesión del contrato hasta el 28 de febrero de 2056. Es decir, 30 años a partir de 2026. Y, por las dudas, le concede además la posibilidad de 10 años más de prórroga, con una tasa interna de 14,45% de retorno. Es decir, se habría firmado un preacuerdo por el cual se realiza una prórroga en la concesión de los aeropuertos, justificada en que no se pudieron realizar las inversiones correspondientes por la pandemia y una tasa de retorno que no se cumplió, hasta el año 2066. Cuarenta años de prórroga, obviamente sin licitación.

Esto aparentemente se iba a concretar, se iba a terminar de aprobar durante el Mundial. Uno debe suponer que no es porque estamos distraídos en los partidos de fútbol. Lo cierto es que el miércoles pasado, después de que estalle el caso Leal, aparece un acta de directorio del Orsna. Ahora no está presidido por Leal, sino por Noelia Ruiz, que es funcionaria, igual que Leal, de Santiago Caputo. Y en esta acta de una reunión secreta de directorio se establece que se cayó el acuerdo. Este probablemente sea el efecto más importante del escándalo de Leal. Ahora tendrá que haber otra negociación entre Aeropuertos y el Gobierno.

Esto es relevante, no solamente por que se trata de un contrato multimillonario, sino también porque está relacionado a la empresa que empleaba a Javier Milei. Son los antiguos patrones del Presidente, que, por lo que sabemos, una de sus funciones dentro de la empresa era calcular estas tasas de retorno que están negociadas en este tipo de contrato.

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Todo esto, el caso Adorni, el caso Fundación Faro y el caso Leal, va constituyendo un sistema que está ligado a un tipo de personal de la política. Esto es lo interesante del pensamiento de Pizzorno. Él decía que la corrupción prospera más entre gente que viene al poder en nombre de la nueva política, no de la vieja política. Esto se debe a que son personas que, en general, no se conocen entre ellos. Entonces, nadie controla a nadie y nadie sabe ni siquiera las características morales del otro. En el caso de Adorni parece que tampoco conocían sus características intelectuales. Por otra parte, el antiguo grupo al que pertenecían en la vida privada ya no está, esa mirada ya no los controla. Y el nuevo grupo al que se incorporan, que es el grupo de la política, tampoco los conoce. En ese vacío de control social prospera la corrupción.

Quiere decir que, para Pizzorno -que escribe todo esto hace muchos años-, hay que tener especial cuidado con los discursos antipolíticos que vienen a pretender curar la política desde afuera de la misma. Porque es ahí donde el pecado muestra la hilacha.

Hay una razón adicional, que se vio en La Libertad Avanza. Por ejemplo, Karina Milei fue la responsable de armar, solo en la provincia de Buenos Aires, 135 listas de concejales para competir en los concejos deliberantes. ¿Cómo hace para controlar la calidad de esa gente si no conoce a nadie? Lo más probable es que aquel que quiere llegar al Estado para corromperse, o para enriquecerse, entre por esa puerta. Es ahí donde uno empieza a extrañar a los viejos y denostados partidos políticos, que ejercían algún tipo de control social sobre la conducta de sus participantes o de sus dirigentes.

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Todo esto está en directa relación con la impunidad que ofrece en la Argentina el Poder Judicial. Aquí hay una especie de corrupción de segundo grado, que es la que ofrece una Justicia también muy sospechada, sobre todo la federal. Milei está armando un nuevo Poder Judicial, en parte porque el kirchnerismo dejó vacantes una infinidad de juzgados. Ahora lo está armando Milei, ya mandó 74 pliegos al Senado y sacó 74 jueces, entregando esa llave a la propia corporación de Comodoro Py, que es la familia Mahiques, que son el corazón de esa corporación y tienen conflictos intracorporativos, como el que tiene, por ejemplo, Mahiques con Lijo.

Ahora estas dos facciones de Comodoro Py seguramente están negociando en París. Habrá que ver si llegan a algún tipo de acuerdo entre Lijo y Mahiques. El ministro de Justicia pretende cubrir las dos vacantes de la Corte que no pudo cubrir Milei justamente cuando propuso al juez Lijo y cuando propuso al doctor García-Mansilla. Hay un decreto que sacó el Ministerio de Justicia simplificando la designación de jueces en general y la designación de jueces de la Corte en particular, quitando, entre otras cosas, la recomendación de que se tengan en cuenta las condiciones de género -que haya mujeres-.

Una duda: no está claro si Milei ya lo firmó. Los que miran ese decreto se preguntan para qué hacen un decreto simplificando la designación de jueces de la Corte si no van a designar esos jueces. A lo mejor no los designan porque, hasta donde se sabe, Milei sigue insistiendo en que no hay que designarlos, que los quiere designar más adelante, eventualmente en un segundo mandato. Los Mahiques dicen que lo mejor es hacerlo ahora que ya consiguieron 58 votos para nombrar nuevamente al padre del ministro como camarista de Casación después de que cumpliera los 75 años.

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No sabemos si Milei firmó o no ese decreto, no sabemos si Milei cambió o no de posición. Sabemos que tuvo una reunión con Ricardo Lorenzetti, el padrino de Lijo, que ahora es padrino del juez Mariano Borinsky y aparentemente de la jueza Karina Perilli. Lorenzetti le habría recomendado la designación de esos dos jueces cuando Milei sigue diciendo, aparentemente, que no quiere nombrar nuevos jueces en la Corte.

Borinsky tiene un mérito para llegar a la Corte, y es que fue crucial para revocar un procesamiento de Santiago Viola, que es el cerebro jurídico de Karina Milei, que fue procesado por armar una patraña, montar una causa falsa, con testigos falsos, contra el juez Sebastián Casanello. Ese caso llegó a la Cámara de Casación y el juez Borinsky, que ahora quiere ser juez de la Corte, junto con Javier Carbajo, su colega -que está bastante subordinado a él-, y la jueza Ángela Ledesma, revocaron el procesamiento de Viola, que ahora es el segundo del Ministerio de Justicia, es el que aconsejó a Mahiques para ministro y forma parte del Consejo de la Magistratura, en la comisión de selección de jueces.

Borinsky está muy ligado a Lorenzetti, más allá de que hizo sus propias gestiones para acercarse a Karina Milei, a través de Viola, que es su beneficiario en aquel pronunciamiento de la Casación, y de Darío Wasserman, que es el presidente del Banco Nación, esposo de una persona muy ligada a la secretaria general de la presidencia, que es la legisladora porteña Pilar Ramírez. La cercanía de Borinsky con Lorenzetti es histórica y quedó también reflejada en la publicación del libro Las nuevas leyes del poder: justicia, medios, inteligencia artificial y redes sociales, publicado por Mariano Borinsky y María Bourdin. Bourdin es el cerebro de Lorenzetti, su principal colaboradora en relación con la comunicación pública, con la prensa. En su momento estuvo al frente del órgano que tiene la Corte para la comunicación, el Centro de Información Judicial.

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¿Va a poner Lorenzetti jueces en la Corte? ¿Milei le va a dar de nuevo la derecha a Lorenzetti para cubrir la Corte? Esta pregunta nace porque hay una interna feroz entre Lorenzetti y el presidente de la Corte -y presidente del Consejo de la Magistratura- Horacio Rosatti, que está tácitamente, sobre todo en el Consejo de la Magistratura, aliado de Mahiques. Todo lo que se ve de coberturas del Poder Judicial con pliegos que se van aprobando en el Senado pasó por la mirada de Rosatti. ¿Qué reacción va a haber en la Corte si los nuevos jueces los propone Lorenzetti? Siempre y cuando Milei le haya dado el visto bueno a esa propuesta de Lorenzetti.

Lo cierto es que la política judicial de Milei tiene creatividad cero: le entregó la llave, como una especie de super RIGI, a Comodoro Py para que el sistema se reproduzca, con todos sus vicios. Un detalle: en todos los pliegos que se mandan al Senado para aprobar, casi no hay abogados de la matrícula. Son todos miembros del Poder Judicial, es rarísimo. Es una vocación por no cambiar nada, propia de un gobierno economicista.

Este Gobierno prefiere que se miren los indicadores económicos. La baja del riesgo país, la desaceleración de la inflación. Otros indicadores de dinamismo, como los que tienen que ver con la construcción, con la industria y con el comercio, no son buenos. Es una economía planchada. Muchos, incluso algunos que adhieren al Gobierno, creen que esa economía real no se va a calentar nunca. Pero Milei dice que antes de que se mire a Adorni, a Facundo Leal, o a la Fundación Faro, o sus relaciones con la Justicia -que son bastante opacas-, prefiere que se mire cómo baja el riesgo país -algo que está pasando en casi todos los mercados emergentes- y también cómo se desacelera la inflación.

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Lo curioso es que la oposición, que se va reacomodando en un sistema que se desconfiguró, también se ha vuelto economicista. Este lunes hubo una reunión muy importante en Entre Ríos, encabezada por un dirigente de esa provincia que es Guillermo Michel. Se trató de un cónclave de aquel grupo que se juntó el 1 de mayo en Buenos Aires, en Parque Norte. Lo lideran Juan Manuel Olmos, de la Capital Federal; Victoria Tolosa Paz, de la provincia de Buenos Aires; y una liga federal de peronistas que quieren dar vuelta la página -no se sabe si sobre Cristina Kirchner- en relación a La Cámpora y Máximo Kirchner, y distanciarse de las posiciones económicas de Axel Kicillof. Quieren iniciar un proceso de renovación.

Hablan de economía. Ese peronismo renovador también cree que se conecta mucho más con la sociedad si se habla de cuestiones materiales y económicas. Este lunes hicieron una apelación al campo, ven la necesidad de volver a conectar al peronismo con el sector agropecuario. Hablan de equilibrio fiscal y de la idea de llevar a cabo una política económica que logre estabilidad con inclusión social, que es la pata floja del mueble construido por Milei.

Un país con escándalos, un país con un sistema de corrupción, un país con instituciones muy opacas, cuya clase política sigue entendiendo que para conectar con la gente es mejor hablar de economía, tanto en el Gobierno como en la oposición peronista que pretende renovarse.

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José Del Rio en LN+,Fundación Faro,Dicen que a Adorni lo están buscando para interpelarlo.,el manejo de las SIRA,columna que publicó en LA NACION,Facundo Leal,decreto,Carlos Pagni,Javier Milei,Manuel Adorni,LN+,,Conforme a,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas: caso Adorni y movimientos en la oposición,,»En los 90 había más libertad». Cavallo deslizó una crítica hacia el modelo económico de Milei,,Minuto a minuto. Milei será premiado junto a un Nobel de Economía en el Argentina Week en París

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El Gobierno continúa con el nombramiento de los jueces tras la aprobación de los pliegos en el Senado

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Mediante una seguidilla de decretos, el Poder Ejecutivo oficializó este martes 15 nombramientos judiciales en el Boletín Oficial. Las publicaciones forman parte del proceso de cobertura de vacantes que derivó de la aprobación de 75 pliegos en el Senado, durante la sesión del 4 de junio.

Los designados ocuparán cargos en juzgados y tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires: 11 de ellos corresponden al Poder Judicial y 4 al Ministerio Público —3 del Ministerio Público de la Defensa y 1 del Ministerio Público Fiscal—.

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En el fuero penal federal del conurbano bonaerense, Claudio Ricardo Silvestri fue designado juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata por el decreto 453/2026, y Pablo Ezequiel Wilk ocupará el mismo cargo en el TOF N° 2 de esa misma ciudad, por el decreto 455/2026. Ambas posiciones estaban vacantes en una jurisdicción con múltiples tribunales sin magistrado titular.

Para la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala I, el texto 464/2026 nombró vocal a Laureano Alberto Durán, quien hasta su designación se desempeñaba como secretario de ese mismo organismo. Se trata del hijo del fallecido camarista de la capital provincial, Alberto Ramón Durán.

Laureano Alberto Durán, nombrado vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (Foto de archivo)

Por otro lado, en el ámbito de la Capital Federal, los nombramientos abarcaron distintos fueros. Paula Fuertes y Soledad Eugenia Mariño fueron designadas juezas en los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional N° 14 y N° 18 —bajo los decretos 460 y 462—, respectivamente.

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José Miguel Guerrero cubrirá el Juzgado N° 1 del mismo fuero, según estableció el texto oficial 457/2026, y María Gloria Capanegra el N° 17, designada a partir del decreto 461. En tanto, la normativa 459/2026 Laura Wiszniacki nombró jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 62.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó también la designación de Jorge Djivaris como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, y Analía Victoria Romero ocupará el mismo rango en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala E, de acuerdo a los decretos 463 y 465.

En el fuero de la seguridad social, Diego Allievi fue nombrado juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 10, según el escrito 452/2026 que lleva la firma del presidente, al igual que el resto de los documentos.

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Ministerio Público

Los cargos dentro del órgano independiente del Poder Judicial quedaron ocupados de la siguiente manera: como Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 9, fue designado Santiago Vismara reconocido por llevar adelante la investigación en el caso del empresario Francisco Sáenz Valiente, acusado por la muerte de la modelo brasileña Emmily Rodrigues en una fiesta. El nombramiento de Vismara quedó firme con la publicación del decreto 454/2026.

En el Ministerio Público de la Defensa, Lucas Marcelo Bellotti San Martín (decreto 458/2026) y Marcela Lorena Sasso (466/2026) fueron nombrados Defensores Públicos de Menores e Incapaces, ante juzgados civiles, comerciales y del trabajo de la Capital Federal —Defensorías N° 2 y N° 3, respectivamente—.

El fiscal Santiago Vismara junto a su colega, Labozzetta, en el caso Emily Rodríguez (Luciano González)

Mientras que María Inés Reston fue designada Defensora Pública Oficial ante los juzgados y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Defensoría N° 1, de acuerdo al texto oficial 456/2026.

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Todos los designados con acuerdo del Senado de la Nación se sumaron a las oficializaciones que el Gobierno hizo la semana pasada, entre los que figura Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti.

Los decretos 445/2026, 446/2026 y 447/2026 dejaron firme a Rosatti frente al Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe; Walter Alberto Rodríguez, para el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de esa jurisdicción, y Santiago Joaquín Saux, quien ocupará el Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela.

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