INTERNACIONAL
El papa León XIV amenazó con excomulgar a un grupo de católicos tradicionalistas que desafió su autoridad
El Vaticano amenazó este miércoles con excomulgar a un grupo disidente de católicos tradicionalistas que anunció la promulgación de cuatro obispos, en abierto desafío a la autoridad del papa León XIV.
En un comunicado, la Santa Sede alertó que las consagraciones sin el consentimiento papal constituyen un acto cismático que conlleva la excomunión automática.
El papa León XIV está rezando por iluminación para que los líderes de la Sociedad de San Pío X “reconsideren la decisión extremadamente grave que han tomado”, indicó una nota del responsable vaticano de doctrina, el cardenal Víctor Manuel Fernández.
Qué está pasando en la Sociedad de San Pío X
El comunicado pareció ser un último intento por impedir las consagraciones previstas para el 1 de julio de cuatro nuevos obispos. Si siguen adelante, supondrán el desafío más grave hasta la fecha a la autoridad de León, mientras busca sanar las divisiones con los católicos tradicionalistas que se agravaron durante el pontificado del papa Francisco.
La SSPX, como se conoce al grupo, fue fundada en Écône, Suiza, en 1970, en oposición a las reformas modernizadoras del Concilio Vaticano II de la década de 1960 que, entre otras cosas, permitió que la misa se celebrara en lengua vernácula en lugar de en latín.
El grupo, que celebra la misa en latín anterior al Vaticano II, rompió por primera vez con Roma en 1988, después de que su fundador, el arzobispo Marcel Lefebvre, consagrara a cuatro obispos sin el consentimiento papal. El Vaticano excomulgó de inmediato a Lefebvre y a los otros cuatro obispos. El grupo hoy sigue sin tener estatus legal en la Iglesia católica. Monseñor Marcel Lefebvre, fundador en 1970 de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, un movimiento de católicos tradicionalistas, celebra una «misa solemne» según el rito de San Pío V en el parque de una propiedad privada en Cugnaux, cerca de Toulouse, con motivo de la visita pastoral. (Foto de AFP)
Aun así, el grupo ha seguido creciendo en las décadas transcurridas con escuelas, seminarios y parroquias en todo el mundo, además de ramas de sacerdotes, monjas y católicos laicos vinculados a la misa tradicional en latín.
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Ese crecimiento supone una amenaza real para Roma, ya que equivale a una iglesia católica paralela. Hoy cuenta con dos obispos, 733 sacerdotes, 264 seminaristas, 145 hermanos religiosos, 88 oblatas y 250 religiosas, que representan a 50 nacionalidades, según estadísticas de la SSPX.
El Vaticano ofrece conversaciones, pero el diálogo fracasa
El actual superior de la SSPX, el reverendo Davide Pagliarani, anunció a principios de este año que se consagrarían nuevos obispos el 1 de julio para atender a los fieles, al sostener que los dos obispos restantes, ya ancianos, ya no pueden ejercer el ministerio ante una realidad tan global.
El Vaticano invitó a Pagliarani a conversaciones, pero los mismos problemas teológicos y prácticos que impidieron un acercamiento durante 50 años aparentemente dejaron a ambas partes en un punto muerto.
En comentarios recientes en el sitio web de la SSPX, Pagliarani reiteró la necesidad de los nuevos obispos. Manifestó satisfacción porque su anuncio hubiera desencadenado un debate sobre lo que la SSPX considera una crisis que afecta a la Iglesia, incluido el pluralismo religioso y la confusión sobre la fe.
“Ahora bien, lo que está en juego hoy no es una opinión, ni una sensibilidad, ni una opción preferencial, ni un matiz particular en la interpretación de un texto, sino la fe y la moral que un católico debe conocer, profesar y practicar para salvar su alma y llegar al paraíso”, afirmó.
Las consagraciones inminentes, que conllevarían excomuniones automáticas, crearon la primera crisis tangible para León, quien buscó apaciguar las relaciones con los tradicionalistas católicos que se deterioraron bajo el papado de Francisco después de que el pontífice argentino reprimiera la expansión de la antigua misa en latín.
Francisco en 2021 volvió a imponer restricciones a la celebración de la antigua misa en latín que el papa Benedicto XVI había flexibilizado en 2007. Francisco explicó que estaba revirtiendo la reforma porque se había convertido en una fuente de división en la Iglesia y había sido explotada por católicos conservadores opuestos al Vaticano II.
Pero la medida irritó a los conservadores y se convirtió en uno de los actos más divisivos de su pontificado de 12 años, de tal modo que León comenzó su pontificado prometiendo sanar las divisiones.
(Con información de AP)
Vaticano, papa León XIV
INTERNACIONAL
Bajo presión de Trump, sigue el éxodo de empresas extranjeras en Cuba: se va la cadena hotelera española Meliá
La cadena española de hoteles Meliá anunció este miércoles que dejará de gestionar 15 hoteles en Cuba ante la creciente presión de Donald Trump contra las inversiones extranjeras en la isla.
Así, la empresa hotelera española se unirá a otras compañías extranjeras que están cortando sus vínculos con el conglomerado económico-militar cubano Gaesa, sancionado por Washington.
Poco después, el Banco Central de Cuba (BCC) informó que los servicios financieros internacionales Visa y Mastercard dejarán de funcionar a partir del 6 de junio para evitar sanciones de Estados Unidos.
“Ante los acontecimientos y circunstancias que van sucediendo en el contexto geopolítico social, legal y económico de la República de Cuba”, Meliá informa que “ha adoptado la decisión de concluir de forma inmediata la prestación de los servicios de gestión y comercialización” de 15 de sus hoteles en la isla, indicó Meliá en un comunicado.
Meliá no hizo mención a los otros 19 hoteles que tiene en Cuba, pero que opera con el Ministerio de Turismo.
La noticia se conoció este miércoles en coincidencia con el 95 cumpleaños del expresidente Raúl Castro, uno de los máximas figuras históricas de la Revolución cubana.
La lista de empresas extranjeras que abandonaron Cuba
La empresa con sede en Palma de Mallorca, en las islas Baleares, se une así a la cadena hotelera también española Iberostar y a la canadiense Blue Diamond, que anunciaron en los últimos días que cortaban total o parcialmente sus operaciones en Cuba.
Iberostar dejó de operar los hoteles que administraba junto a Gaesa, 12 de los 18 que tiene en la isla, pero seguirá coadministrando los restantes seis que son propiedad del Ministerio de Turismo.
Dos pescadores pasan frente al hotel Paseo del Prado, de la cadena Blue Diamond, de Canadá, en La Habana (Foto: AP)
El sector turístico cubano se encuentra en una situación frágil, por la creciente presión que ejerce Estados Unidos sobre la isla.
Meliá dijo que tomó su decisión “desde un profundo sentido de responsabilidad empresarial”, ante “una combinación de circunstancias sobrevenidas ajenas a la capacidad de gestión o actuación” de la empresa, que impactaron “en la operativa, legalidad y seguridad” de los hoteles.
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De todas maneras, la empresa resaltó que el impacto de la medida será “limitado”, toda vez que la “gran mayoría” de los 15 hoteles “se encuentran actualmente cerrados” por los problemas de falta de electricidad y la “caída de la demanda que viene sufriendo” Cuba.
Meliá e Iberostar fueron las primeras cadenas hoteleras españolas en llegar a Cuba, después que la isla se abriera al turismo internacional para salir de la crisis provocada por la caída del bloque soviético en 1991.
El ultimátum de Trump
En mayo pasado, Gaesa fue sancionada directamente por Washington, que presiona a las empresas extranjeras que colaboran con ese conglomerado económico-militar.
Estas empresas tienen hasta este viernes para demostrar que no violan las sanciones estadounidenses.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de origen cubano y firme opositor del gobierno comunista de La Habana, acusó recientemente a los líderes cubanos de robo y corrupción a través de Gaesa.
El martes, el gobierno cubano defendió el papel de Gaesa, conglomerado creado en la década de 1990 para eludir el embargo estadounidense y generar divisas para impulsar la economía cubana.
Raúl Castro cumplió 95 años
En tanto, la prensa oficial cubana elogió la figura del expresidente Raúl Castro, en su 95 cumpleaños.
El hermano menor de Fidel Castro está formalmente retirado de todos sus cargos pero se encuentra en el centro del tablero político, al liderar la negociación con Washington y haber sido imputado penalmente en Estados Unidos por el derribo de dos avionetas -y la muerte de sus cuatro ocupantes- que entraron a aguas cubanas hace 30 años.
Raul Castro cumplió 95 años (Foto: (Jose Goitia/The New York Times)
“Llegar a 95 años con el pie en el estribo y una hoja infinita de servicios a la patria, a la paz regional y mundial, al multilateralismo y a los sueños de justicia social de millones de seres humanos, no es su suerte, es la nuestra”, escribió en redes sociales el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó a Castro como “promotor de la unidad regional, impulsor de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, guía en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con EE.UU.”.
(Con información de AFP y EFE)
cuba, Donald Trump
INTERNACIONAL
Judge with intimate ties to Dem Party’s key Russia Hoax players behind latest anti-Trump decision
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The judge who ordered President Donald Trump’s name removed from the Kennedy Center is married to an attorney who has represented a former anti-Trump FBI lawyer, served as counsel to the House Jan. 6 committee and currently represents former President Joe Biden — relationships that Trump blasted as clear conflicts of interest following the ruling.
Trump claimed in a heated Truth Social post that U.S. District Court of D.C. Judge Christopher Cooper’s wife, Amy Jeffress, a former Obama-era Justice Department attorney turned top lawyer of Trump’, encouraged her husband to reject Trump’s Kennedy Center renovation plans and remove his name from the building.
He pointed to Jeffress’ past and current clients, which include some of his most prominent critics, as evidence that she is «a Radical Left Democrat» who is influencing her husband to rule against him.
«Trump Hating Judge wants to keep it open because his wife probably told him to do so!» Trump wrote of Cooper, referring to his rejection of Trump’s plans to close the Kennedy Center for two years for renovations.
FEDERAL JUDGE ORDERS TRUMP’S NAME REMOVED FROM KENNEDY CENTER, SAYS ONLY CONGRESS CAN RENAME IT
A composite photo shows a worker on a lift at the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, alongside U.S. District Judge Christopher Cooper, who ruled that President Donald Trump’s name be removed from the building. (Getty / and the U.S. District Court of D.C.)
Cooper issued his ruling on May 29, finding that the Kennedy Center board exceeded its legal authority when it voted to rename the institution to include Trump’s name. He ruled that only Congress can change the institution’s name based on the Kennedy Center’s founding statute, which makes clear that the venue is dedicated to President John F. Kennedy.
Trump also alleged Jeffress «doesn’t use the ‘Cooper’ name because they, as a couple, don’t want people to know that she has a Conflict of Interest with an important Judge.»
The president pointed to Jeffress’ professional background, which included serving as a counselor to Attorney General Eric Holder during the Obama administration. Trump and his allies have accused the Obama administration of politicizing intelligence about Russian interference in the 2016 election and promoting allegations of ties between Trump’s campaign and the Kremlin. The FBI named its investigation into Russia’s alleged ties to Trump’s campaign Crossfire Hurricane.
WHO IS NORM EISEN? MEET THE ANTI-TRUMP ATTORNEY REPPING FBI AGENTS SUING THE DOJ
Deputy Assistant FBI Director Peter Strzok prepares to testify before a joint hearing of the House Judiciary and Oversight and Government Reform committees at the Rayburn House Office Building on Capitol Hill in Washington, D.C., on July 12, 2018. (Chip Somodevilla/Getty Images)
Thousands of text messages exchanged between Peter Strzok, a senior investigator on the FBI’s Crossfire Hurricane probe, and his then-lover Lisa Page, an FBI lawyer and adviser to Deputy Director Andrew McCabe, became public in 2018. Although Page was not involved in the Russia investigation, the pair’s anti-Trump messages prompted criticism from some who argued the exchanges revealed political bias within the FBI.
Jeffress represented Page during congressional scrutiny of the FBI’s handling of its investigation into former Secretary of State Hillary Clinton’s use of a private email server for official State Department business. Page was not involved in the Clinton email investigation itself.
She later represented Page again in a civil lawsuit against the FBI and the Justice Department, in which she argued that the disclosure of the text messages was improper.
Years later, Jeffress served as outside counsel to the House Select Committee investigating the Jan. 6 Capitol riot, advising members on legal issues involving evidence, witness testimony and executive privilege claims. The committee examined the causes of the riot, efforts to overturn the 2020 presidential election, and Trump’s actions leading up to the attack.
TRUMP’S NAME ADDED TO KENNEDY CENTER FOLLOWING UNANIMOUS BOARD VOTE TO RENAME HISTORIC BUILDING
A sign is displayed on the John F. Kennedy Center for the Performing Arts building. (Getty Images)
The president also pointed to Jeffress’ law firm, Hecker Fink LLP, formerly known as Kaplan Hecker & Fink LLP, which represented E. Jean Carroll in her civil lawsuit against him.
Since July 2025, Jeffress has served as Biden’s personal attorney and is representing the former president in a lawsuit seeking to block the Justice Department from releasing transcripts and audio recordings of Biden’s interview with special counsel Robert Hur, who investigated Biden’s handling of classified documents.
«Amy is totally wired into the Left System, from her husband down, and it is impossible for me to be treated fairly,» Trump wrote on Truth Social. «He has a total Conflict of Interest, and should be brought up on charges for not revealing these facts.»
Appointed by President Barack Obama, Cooper has served on the U.S. District Court for the District of Columbia in Washington, D.C., since 2014.
The criticism facing Cooper is not the first time he has been accused by Trump or his allies of having a potential conflict of interest. Cooper previously drew scrutiny during Special Counsel John Durham’s prosecution of former Clinton campaign-linked attorney Michael Sussmann, with critics arguing that he should have recused himself because his wife, attorney Amy Jeffress, represented former FBI lawyer Lisa Page, a figure tied to the FBI’s Crossfire Hurricane investigation.
The Sussmann case stemmed from Durham’s probe into the origins of the FBI’s Crossfire Hurricane investigation. Prosecutors alleged that Sussmann falsely told the FBI he was not acting on behalf of any clients when he presented allegations about a purported communications channel between the Trump Organization and Russia’s Alfa Bank during the 2016 election. Cooper rejected Sussmann’s effort to dismiss the case before trial and allowed Durham’s prosecution to proceed, but a jury ultimately acquitted Sussmann in May 2022 after a two-week trial overseen by Cooper.
President Donald Trump speaks during a luncheon with Kennedy Center board members in the East Room of the White House in Washington on March 16, 2026. (Jonathan Ernst/Reuters)
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Fox News Digital reached out to Cooper’s office, Jeffress, a representative for former President Joe Biden, Page, a representative for Garland, and Hecker Fink LLP for comment.
Cooper and Jeffress have been married since 1999. Their wedding was officiated by former Biden Justice Department Attorney General Merrick Garland, who at the time was a judge on the U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit.
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INTERNACIONAL
El Congreso de Guatemala aprueba una ampliación presupuestaria y compras por excepción para el Tribunal Supremo Electoral
El Congreso de Guatemala aprobó de urgencia nacional una ampliación de Q120 millones para el Tribunal Supremo Electoral, con el objetivo de fortalecer su operación en 2026 y dejar preparada la organización de las elecciones generales de 2027.
El decreto también asegura que los recursos no ejecutados al cierre de 2026 puedan trasladarse al presupuesto de 2027, para evitar que la planificación electoral pierda financiamiento.
La reforma incorpora un nuevo artículo 140 Bis al Presupuesto General vigente para 2026 y fija una asignación de Q500 millones para elecciones generales, monto que deberá usarse exclusivamente en planificación, organización, preparación, implementación, capacitación, logística, tecnología, comunicación, operación y otras actividades vinculadas con el proceso electoral de 2027, según el texto del decreto.
Ese mismo artículo dispone que los saldos de caja no ejecutados y financieramente disponibles al 31 de diciembre de 2026 se incorporen al presupuesto institucional del TSE en 2027.
El destino de esos fondos queda restringido al financiamiento del evento electoral, de acuerdo con la normativa presupuestaria, contable y financiera aplicable.
La reforma también faculta expresamente al TSE para realizar en 2026 las adquisiciones públicas necesarias para preparar las elecciones de 2027 bajo la modalidad de excepción prevista en el artículo 44, literal f), de la Ley de Contrataciones del Estado.
Esa autorización cubre compras asociadas a logística, tecnología, comunicación, operación y demás actividades directamente ligadas al proceso electoral.
A cambio, el tribunal deberá remitir a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso un informe mensual sobre la programación y ejecución de esas adquisiciones. El reporte tendrá que presentarse dentro de los primeros 15 días posteriores a cada mes cumplido y su entrega, según el decreto, no condicionará ni suspenderá la ejecución de las compras.
La ampliación presupuestaria aprobada por los diputados responde a una petición de los magistrados del TSE para contar con el mismo presupuesto de 2025.
En el desarrollo de la primera sesión extraordinaria, el pleno conoció primero la iniciativa de ley 6773, pero luego alcanzó consensos para dispensarla de dictamen y aprobarla en un único debate.
El Decreto 16-2026 modifica el artículo 140 Ter del Presupuesto General vigente y ordena al Organismo Ejecutivo, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, realizar las modificaciones, reajustes y readecuaciones necesarias para asignar Q80 millones adicionales al tribunal electoral.
La norma indica que esos movimientos deberán formalizarse mediante el acuerdo gubernativo respectivo, conforme a la Ley Orgánica del Presupuesto.
El mismo artículo 140 Ter autoriza al Tribunal Supremo Electoral a priorizar e incorporar a su presupuesto institucional de 2026 un monto de Q40 millones con cargo a sus saldos de caja acumulados al 31 de diciembre de 2025.
El texto fuente señala que esos recursos estarán destinados al fortalecimiento de necesidades institucionales, entre ellas la ciberseguridad.
La suma de ambos componentes explica la ampliación de Q120 millones aprobada por el Congreso: Q80 millones que deberá trasladar el Ejecutivo y Q40 millones que el propio TSE podrá incorporar desde sus saldos acumulados. El texto fuente precisa que los diputados atendieron así la petición de los magistrados para sostener la capacidad operativa del organismo.
El diputado Héctor Julio Estrada, presidente de la comisión de finanzas, explicó que la reforma añade una disposición para que lo no ejecutado en 2026 pueda utilizarse en el presupuesto electoral de 2027. Sobre ese punto, dijo: “Entonces, está poniendo un texto que explica que el recurso que reciban este año, si no lo gastan, lo tendrán para aportar a ese presupuesto 2027”.
Estrada también justificó el uso de compras por excepción para acelerar la preparación del proceso. Según su declaración en el texto fuente, “se les está dejando una, la excepción que le toca la parte de obras electorales para que puedan contratar más ágilmente, porque el proceso electoral ya básicamente está encima y levantar los procesos nos han dicho que nos lleva tiempo”.
El legislador sostuvo además que la redacción replica la fórmula utilizada para el ciclo electoral anterior. En sus palabras, “generalmente es como un artículo que se pone en el mismo presupuesto para el año electoral, que sí fue en el año 2022. Ahora estamos el espejo 2026, digamos, cuatro años más tarde. Estamos haciendo la misma redacción para que funcione como 2022 en 2026”.
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