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El Salvador atrae el interés de más de 75 compañías de EE.UU. por su clima de inversión y seguridad

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Más de 75 empresas de Estados Unidos evaluaron oportunidades de inversión en El Salvador durante una reunión, según el
Departamento de Asuntos Económicos del Estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de más 75 empresas de Estados Unidos comenzó a analizar oportunidades de inversión en El Salvador, con el objetivo de generar prosperidad tanto para la economía salvadoreña como para la estadounidense, de acuerdo con la información publicada este viernes por el Departamento de Asuntos Económicos del Estado.

El acercamiento empresarial se produjo tras una sesión virtual organizada el 30 de abril, donde funcionarios y representantes empresariales de ambos países intercambiaron información clave sobre el entorno de negocios en el país centroamericano.

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Según el Departamento de Asuntos Económicos del Estado, la reunión estuvo encabezada por Caleb Orr, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales. Junto a Orr participaron la ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem, la encargada de negocios interina de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, y el director gerente regional de DFC para Centroamérica y el Caribe, Michael McNulty.

El Departamento de Asuntos Económicos del Estado señala que El Salvador es un socio clave de Estados Unidos gracias a los avances en seguridad impulsados por el presidente Bukele. Estos cambios generan un entorno estable y atractivo para la inversión extranjera. (Cortesía: Departamento de Asuntos Económicos del Estado)
El Departamento de Asuntos Económicos del Estado señala que El Salvador es un socio clave de Estados Unidos gracias a los avances en seguridad impulsados por el presidente Bukele. Estos cambios generan un entorno estable y atractivo para la inversión extranjera. (Cortesía: Departamento de Asuntos Económicos del Estado)

Durante el encuentro, los panelistas subrayaron que El Salvador se consolidó como un socio estratégico de Estados Unidos en el hemisferio occidental gracias a las mejoras en el orden público implementadas bajo la administración del presidente Nayib Bukele. El Departamento de Asuntos Económicos del Estado señaló que este nuevo clima de seguridad y libertad favoreció el desarrollo de uno de los entornos de inversión más atractivos en la región.

El evento incluyó una ronda de preguntas y respuestas donde los funcionarios respondieron inquietudes de los empresarios sobre la realidad de hacer negocios en el país.

El Departamento de Asuntos Económicos del Estado remarcó que la política exterior estadounidense prioriza el involucramiento activo de empresas nacionales en el proceso de transformación económica salvadoreño. “Las inversiones traerán prosperidad a ambos países”, enfatizó el organismo en su comunicación oficial.

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La ministra de Economía, María Luisa Hayem, ofreció un panorama de la estrategia salvadoreña para modernizar el sector manufacturero. Durante su intervención, describió los incentivos fiscales y el respaldo estatal para inversiones tecnológicas, las mejoras en infraestructura crítica y la estabilidad de las relaciones laborales.

También detalló que El Salvador cuenta con una matriz energética diversificada y confiable, donde más del 90 % de la electricidad proviene de fuentes renovables y gas natural, y una capacidad instalada de 3107 MW capaz de cubrir la demanda de la industria.

El Departamento de Asuntos Económicos del Estado destacó que las empresas estadounidenses instaladas en El Salvador se benefician del acceso preferencial al mercado estadounidense a través del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR).

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Además, la ubicación estratégica del país en la costa del Pacífico centroamericano y los tiempos de tránsito reducidos hacia los principales puertos estadounidenses refuerzan la integración de las cadenas de suministro.

En 2025, la economía salvadoreña reportó un crecimiento del 4 % y niveles elevados de inversión extranjera, de acuerdo con datos oficiales estadounidenses. El país fortaleció su capacidad en manufactura ligera y en la producción de componentes eléctricos destinados a cadenas de suministro centradas en Estados Unidos, según se expuso en la sesión virtual.

Apretón de manos de negocios con banderas de Estados Unidos y El Salvador. Fondo de símbolos económicos, edificios, tecnología y campos agrícolas.
El clima de seguridad, estabilidad laboral y políticas de incentivos fortalecen la ventaja competitiva de El Salvador para empresas estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la jornada, Michael McNulty, directivo de la DFC, abordó las oportunidades de financiamiento para proyectos de alta tecnología y manufactura avanzada en El Salvador, mientras que la ministra Hayem detalló las posibilidades para empresas estadounidenses en la producción de insumos para semiconductores, productos electrónicos y actividades de transformación digital.

El Departamento de Asuntos Económicos del Estado concluyó que el entorno de negocios salvadoreño, impulsado por reformas en seguridad, incentivos a la inversión y el respaldo estadounidense, ofrece condiciones favorables para el desarrollo conjunto de proyectos empresariales que pueden impactar en ambas economías.

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Estados Unidos retirará 5.000 soldados de Alemania y profundiza su enfrentamiento con Europa

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Donald Trump profundiza su enfrentamiento con Europa por la estrategia de Estados Unidos en la guerra con Irán en Medio Oriente. Ahora, el Pentágono anunció que retirará 5 mil soldados de Alemania, con cuyo canciller se trenzó el republicano en una escalada verbal esta semana.

El anuncio lo hizo el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Según le dijo el portavoz del Pentágono a Reuters, se espera que la retirada se complete en un plazo de seis mses a un año.

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Sean Parnell, portavoz del Pentágono, señaló en un comunicado que la “decisión sigue a una revisión exhaustiva de la postura de fuerzas del Departamento (de Defensa) en Europa, y se hace en reconocimiento de los requisitos del teatro de operaciones y las condiciones sobre el terreno”.

Washington tiene varias instalaciones militares importantes en Alemania, entre ellas las sedes del Comando Europeo y del Comando de África de Estados Unidos, la base aérea de Ramstein y el Centro Médico Regional de Landstuhl, el mayor hospital estadounidense fuera del país norteamericano.

La cantidad de soldados que saldrán de Alemania equivaldría al 14% de los 36.000 militares estadounidenses destacados allí.

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Más temprano, el presidente Donald Trump había anunciado que elevaría al 25% los aranceles sobre autos y camiones procedentes de la Unión Europea, lo que aumenta la presión especialmente sobre los fabricantes alemanes.

El republicano ya había anticipado el miércoles por la noche que evaluaba sacar buena parte de los más de 38 mil soldados que Estados Unidos tiene apostados en Alemania. «Se tomará una decisión al respecto en los próximos días», adelantó en esa oportunidad.

Horas más tarde, publicó un fuerte mensaje en su red Truth Social contra Frierich Merz.

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«El Canciller de Alemania debería dedicar más tiempo a poner fin a la guerra con Rusia/Ucrania (¡donde ha sido totalmente ineficaz!) y a solucionar los problemas de su país, especialmente en materia de inmigración y energía, y menos tiempo a interferir con quienes están eliminando la amenaza nuclear iraní, ¡convirtiendo así al mundo, incluida Alemania, en un lugar más seguro!», escribió.

Donald Trump y su fuerte mensaje contra el canciller de Alemania.

Merz había cuestionado duramente la estrategia bélica de Estados Unidos en Medio Oriente y hasta había asegurado que el país norteamericano estaba siendo «humillado» en Irán.

«Por el momento no sé qué estrategia está llevando a cabo Estados Unidos para salir. Sobre todo, porque los iraníes están obviamente negociando hábilmente, o tal vez se están negando muy hábilmente a hacerlo, y están dejando que los estadounidenses viajen a Islamabad sólo para que se vuelvan a casa con las manos vacías. Una nación entera está siendo humillada por el liderazgo iraní«, dijo Merz.

«No veo una estrategia clara. En un conflicto no solo hay que entrar, sino que se tiene que entrar y hay que saber cómo salir. Lo que pasa cuando no se tiene en cuenta esto lo vimos en Afganistán, en Irak y ahora en Irán», agregó.

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De la OTAN a Italia y España, los otros focos de conflicto en Europa

Los chispazos con Merz no fueron los únicos que mantuvo Trump con líderes europeos, en una situación en la que incluso amenazó con abandonar la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

A inicios de abril, ya con tensión creciente, el republicano recibió a Mark Rutte, secretario general de la OTAN, en la Casa Blanca. A la salida, dejó un mensaje explosivo: «La OTAN no estuvo allí cuando los necesitamos, y no estarán allí si los necesitamos de nuevo. ¡¡¡Recuerden Groenlandia, ese gran pedazo de hielo mal administrado!!!».

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El enfrentamiento con Europa también había hecho saltar por el aire la relación entre Trump y Giorgia Meloni. La primera ministra de Italia era una figura en sintonía con el presidente de Estados Unidos, pero la guerra enfrío ese vínculo y a mediados de abril quedó expuesto el descontento del mandatario norteamericano. Fue luego de que ella saliera a defender al papa León XIV, que había pedido detener la guerra y había generado así la furia de Trump.

«Giorgia Meloni no quiere ayudarnos en la guerra, estoy impactado», dijo el republicano al Corriere della Sera. «¿Le gusta a la gente que su presidente no haga nada para conseguir petróleo? ¿Le gusta a ella? No me lo puedo imaginar. Estoy impactado. Creía que era valiente, pero me equivoqué», añadió. Por esas horas, además, Italia suspendió un memorando de seguridad y defensa con Israel.

El enojo con Meloni también se debía a la negativa de Italia a prestar sus bases militares para que Estados Unidos las use para enviar soldados a Irán.

Pero el enfrentamiento más duro es el que Trump mantiene con Pedro Sánchez. Además de mantener una posición similar a la de Meloni sobre las bases (negó el despliegue en las bases de Rota, en Cádiz, y de Morón de la Frontera, en Sevilla), el presidente del gobierno español ya venía enfrentado con el estadounidense por otro motivo: su negativa a incrementar el gasto militar en un ritmo acorde al que exigía EE.UU.

En julio de 2025, los europeos y Canadá se comprometieron a alcanzar para 2030 un gasto en Defensa equivalente al 5% del PBI de cada uno. España no firmó ese acuerdo.

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«Estoy muy descontento con España», dijo por entonces Trump. «España es extremadamente irrespetuosa con la OTAN», redobló.

Se estima que en Italia hay 13 mil soldados estadounidenses, mientras que en España hay 4 mil.

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Alito rips race-based claim in high-stakes migrant protections case at Supreme Court

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

Supreme Court Justice Samuel Alito pushed back on claims this week that ending deportation protections for Haitian migrants was racially motivated, pressing an attorney to explain how that argument works when the policy has been applied broadly to migrants from many countries.

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«You have a really large — you have a really broad definition of who’s White and who’s not White,» Alito, an appointee of former President George W. Bush, said during oral arguments, challenging a claim leveled by the migrants’ lawyer that the Trump Department of Homeland Security (DHS) intentionally targeted non-White migrants when it decided to terminate their temporary protected status (TPS).

The exchange came as the Supreme Court weighed a high-stakes case over the Trump administration’s authority to end TPS protections for tens of thousands of Haitian and Syrian migrants. 

The high court’s decision could strip their legal protections and have similar implications for hundreds of thousands of other migrants, meaning DHS could then move to detain and deport them.

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TRUMP FOES MELT DOWN THAT SCOTUS IS UNLEASHING ‘RACIAL TERROR’ ON US WITH ICE RAID RULING

Supreme Court Justice Samuel Alito pushed back on claims that ending deportation protections for Haitian migrants was racially motivated.  (Alex Wong/Getty Images)

Congress created temporary protected status as a form of protection for migrants fleeing war and natural disaster, and the law requires DHS officials to periodically review whether an origin country qualifies under those terms.

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Attorney Geoffrey Pipoly, representing the migrant plaintiffs during oral arguments, argued the courts had some authority to review the government’s TPS decisions and that the decision to end the protected status for Haitians, in particular, did not follow the law because it was driven by racial bias against «non-White immigrants.»

«The president has disparaged Haitian TPS holders specifically as undesirables from a ‘s—hole country,’ and days after falsely accusing them of ‘eating the dogs and eating the cats of Americans,’ he vowed that he would terminate Haiti’s TPS, and that is exactly what happened,» Pipoly said.

Alito grilled the lawyer over the claim, noting the government’s TPS terminations applied to a range of countries.

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«Do you think that if you put Syrians, Turks, Greeks and other people who live around the Mediterranean in a lineup, do you think you could say those people, that all of them, are they all non-White?» Alito asked.

«I don’t like dividing the people of the world into these groups.»

Alito began to test Pipoly on which bucket he would sort various nationalities into, White versus non-White, leading Pipoly to argue that the bar for finding racial animus was low.

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SCOTUS TO REVIEW TRUMP EXECUTIVE ORDER ON BIRTHRIGHT CITIZENSHIP

Judge Ana Reyes speaking during a court proceeding

A protester raises a sign seeking protection for Haitians in the U.S.  (Lynne Sladky/AP)

«Irrespective of how you do the classification … bare dislike of an unpopular group is a sufficient basis,» Pipoly said.

The case is centered on whether courts can review the government’s TPS decisions and the processes that went into reaching those decisions. Migrants’ lawyers have also made arguments that DHS officials failed to properly assess a country’s conditions or relied on unlawful factors, such as whether termination was of national interest.

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The Department of Justice (DOJ) told the Supreme Court those decisions are not subject to judicial review and fall solely under the purview of the executive branch. The DOJ warned that allowing challenges could open the door to widespread litigation over immigration policy. 

The migrants’ lawyers, meanwhile, argued in court papers that the DOJ had taken an «extreme position that would insulate flagrantly unlawful executive action from judicial review.»

COURT OF APPEALS TO HEAR ORAL ARGUMENTS IN HIGH-PROFILE DEPORTATION SUIT INVOLVING VENEZUELAN NATIONALS

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The facade of the U.S. Supreme Court building in Washington, D.C.

The facade of the U.S. Supreme Court building in Washington, D.C., in October 2024. (Valerie Plesch/picture alliance)

The conservative justices appeared largely sympathetic to the Trump administration’s arguments, while the liberal justices zeroed in on whether the government’s alleged racial bias could be unconstitutional.

Justice Sonia Sotomayor, an Obama appointee, suggested Trump’s public claim that migrants are «poisoning the blood of America» would be a violation of constitutional prohibitions on discrimination by the government, since it was «showing that a discriminatory purpose may have played a part in this decision» to end temporary protected status. 

Homeland Security has already terminated the legal status of migrants from six countries, including Venezuela and Honduras, moves that the Supreme Court temporarily greenlit through previous emergency requests. The high court is making a decision on the merits regarding the Haitians and Syrians, meaning it will carry finality and could apply more broadly.

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The status of migrants from seven other countries remains on hold while the case is pending, including more than 6,000 Syrian and almost 350,000 Haitian migrants, as well as those from Ethiopia, Myanmar, Yemen, Somalia and South Sudan.

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The Supreme Court is expected to issue a ruling by the end of June.

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Fox News’ Bill Mears contributed to this report.

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El dilema de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum: desafiar a Estados Unidos o arrestar a un aliado

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Una granada política acaba de caer en manos de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México.

El miércoles, fiscales estadounidenses presentaron una acusación contra uno de los políticos más destacados de su partido –Rubén Rocha Moya, gobernador del estado mexicano de Sinaloa– en la que se decía que durante mucho tiempo había apoyado a un poderoso cártel de la droga que ha aterrorizado a los mismos ciudadanos a los que juró proteger.

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Estados Unidos pidió al gobierno de Sheinbaum que lo detuviera rápidamente, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos mencionados en la acusación.

Esto ha hecho que Sheinbaum tenga poco tiempo para tomar una decisión importante.

Podría detener a uno de los aliados de su partido y extraditarlo a Estados Unidos, una medida que probablemente reforzaría su vínculo con el presidente Donald Trump pero que también molestaría a los políticos de su partido que sostienen que el gobierno estadounidense ha estado presionando a Sheinbaum.

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O podría desafiar la solicitud estadounidense y proteger a Rocha, lo que podría reforzar su posición dentro de su partido, pero fracturaría su relación con Estados Unidos.

“Estás en un momento político en donde, si entregas a Rocha Moya, te avientas todo el pleito político que eso supone en lo nacional”, dijo Lisa María Sánchez, analista de seguridad mexicana. “O lo proteges y entonces sigues dando elementos para siguientes casos de que efectivamente el gobierno mexicano sí protege la vinculación político-criminal”.

El jueves, Sheinbaum habló por primera vez públicamente desde que se hizo pública la acusación, e inmediatamente dejó claro que estaba preparada para enfrentarse a Estados Unidos.

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“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, dijo en una declaración con la que abrió su conferencia de prensa diaria. “Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.

Añadió que Estados Unidos no había aportado pruebas suficientes para apoyar la detención de los funcionarios acusados y que la fiscalía mexicana abriría su propia investigación. Las autoridades mexicanas detendrían a Rocha solo si concluyen de forma independiente que ha cometido un delito, dijo, o si reciben “pruebas contundentes e irrefutables” de Estados Unidos.

En un momento dado, mostró una parte del acta de acusación que incluía una imagen de un documento manuscrito que, según los fiscales, era una lista de sobornos a funcionarios mexicanos. “Este es el único documento que en este escrito lo ponen como un documento de prueba”, dijo, leyendo una línea en la que figuraban 30.000 pesos junto a un nombre, Juanito, el apodo de uno de los funcionarios acusados. “Digo, al menos es de llamar la atención, ¿no? Es una hoja de papel”.

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Señaló que la acusación de 34 páginas contra Rocha y otros funcionarios, entre los que se encuentran un senador y un alcalde en funciones, también narraba años de presunta corrupción por parte de los funcionarios, pero dijo que se basaba en el testimonio de testigos “que no sabemos quiénes son”.

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Los fiscales de Manhattan acusan a Rocha y a otros funcionarios de un plan de años de duración para proteger al cártel de Sinaloa –la organización criminal dominante en su estado y principal proveedor de fentanilo a Estados Unidos– a cambio de sobornos y ayuda para ser elegido.

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Rocha describió las acusaciones como un complot de Estados Unidos para atacar a Morena, el partido político de izquierda al que pertenecen tanto él como Sheinbaum. “Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional” de México, dijo en un comunicado.

La policía investiga el lugar de un asesinato en Culiacán, la ciudad más grande del estado mexicano de Sinaloa y bastión del Cartel de Sinaloa, el 31 de octubre de 2025. (Foto: Paul Ratje/The New York Times)

La crisis política llega en un mal momento para Sheinbaum.

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El jueves, datos del gobierno mostraron que, en el primer trimestre, la economía mexicana registró su mayor caída en más de un año. Y las encuestas de opinión han mostrado constantemente un descenso en sus índices de aprobación, aunque sigue siendo una de las líderes más populares de Latinoamérica.

Con pocas buenas opciones políticas en el caso Rocha, Sheinbaum parece estar ganando algo de tiempo. No ha respaldado plenamente a Rocha, pero tampoco ha cedido inmediatamente a la solicitud del gobierno de Trump; en lugar de eso, ha dicho que los investigadores mexicanos deben determinar por sí mismos el siguiente paso.

Sin embargo, los expertos jurídicos dijeron que la exigencia de Sheinbaum de más pruebas para detener a Rocha no era necesaria de inmediato en virtud del tratado de extradición entre Estados Unidos y México.

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Estados Unidos solicitó la llamada detención provisional de Rocha y de los otros funcionarios acusados, una medida utilizada en casos en que una nación teme que los sospechosos puedan huir. En esos casos, según el tratado, si una de las dos naciones recibe una orden de detención válida de la otra, “tomará las medidas necesarias para asegurar la detención”. La nación que solicita la detención dispondría entonces de 60 días para aportar sus pruebas.

Pero Rocha también cuenta con otra capa de protección: el Congreso de México tendría que retirarle la inmunidad penal de la que goza como funcionario electo. Además, existen algunos precedentes legales que sugieren que el Congreso estatal de Sinaloa también tendría que retirar la inmunidad a Rocha para que pudiera ser detenido. Ambas legislaturas están controladas por Morena.

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Los senadores federales de Morena se reunieron el miércoles para discutir la acusación, que también incluía a su colega, otro senador de Morena llamado Enrique Inzunza Cázares, quien ha negado las acusaciones, según dos personas presentes que hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar de conversaciones privadas. No se pusieron de acuerdo, ya que algunos senadores querían respaldar a sus aliados acosados y otros querían distanciar al partido de cualquier posible vínculo con los cárteles, según dijeron las personas.

El debate sobre si despojar o no a Rocha de su inmunidad comenzó de manera informal en el pleno del Senado pocas horas después de que se hiciera pública la acusación. “Ustedes van a decidir y aquí no habrá, concluyo, más que dos posibilidades: impunidad o justicia”, dijo en el pleno del Senado Ricardo Anaya, uno de los principales senadores de la oposición. “Que la historia los juzgue por el sentido de su voto”.

Manuel Huerta, senador de Morena, respondió que el gobierno no debería apresurarse a detener a los funcionarios acusados. “Aquí no encubrimos a delincuentes”, dijo. “Y ahora nada más se está procesando esa investigación conforme a derecho”.

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El dilema de Sheinbaum es, en parte, fruto de una estrategia de años dirigida por su predecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, para construir una amplia coalición populista llamada Morena que atrajera a políticos de todo el espectro.

La estrategia ha tenido un enorme éxito. En solo unos años, el joven partido ha aplastado a su oposición, se ha asegurado dos presidencias consecutivas, ha tomado el control del Congreso y de muchos gobiernos estatales e incluso ha instalado a sus leales en magistraturas de todo el país. No obstante, el movimiento político de izquierda –cuyas políticas para ayudar a los pobres, erradicar la corrupción y defender a la clase trabajadora resonaron entre millones de mexicanos– también se ha visto envuelto en escándalos de corrupción que implican a algunos de sus miembros más destacados.

Varios funcionarios han sido acusados de posibles vínculos con organizaciones delictivas. Otros se han enfrentado a polémicas relacionadas con sus lujosos estilos de vida. Y, ahora, Rocha y otros están imputados por Estados Unidos.

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Los analistas afirman que era inevitable, dada la estrategia de Morena de abarcar a un abanico tan amplio de políticos y los largos tentáculos de los cárteles mexicanos de la droga en los gobiernos de todo el país. Ahora la situación ha alcanzado a Sheinbaum, quien tiene que liderar Morena y también –bajo la intensa presión del gobierno de Trump– investigar a algunos de sus principales nombres.

“Esto ya no es Estados Unidos ayudando a México a luchar contra el narcotráfico. Es Estados Unidos diciendo que tu partido político es parte del problema que se supone que debemos combatir juntos”, dijo Carlos Bravo Regidor, analista político mexicano en México. “La cuestión ahora es qué hará el gobierno mexicano”.

El jueves, Sheinbaum dijo que no había hablado con el embajador de Estados Unidos en México desde que se hizo pública la acusación, pero sí con Rocha. “Le manifesté lo que manifiesto aquí”, dijo. “Si no hay nada, pues no hay nada que temer”.

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*Por Jack Nicas, jefe de la oficina del Times en Ciudad de México que dirige la cobertura de México, Centroamérica y el Caribe, y Emiliano Rodríguez Mega, reportero e investigador del Times que cubre México, Centroamérica y el Caribe. Paulina Villegas, Miriam Castillo y Cyntia Barrera Díaz colaboraron con reportería.

The New York Times, México, Donald Trump

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