INTERNACIONAL
Estados Unidos amplía las deportaciones y genera alarma entre quienes tienen “green card”
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos intenta deportar al menos a 50 titulares de la tarjeta verde, o green card, a través de una nueva unidad dedicada a reevaluar a miles de migrantes con residencia permanente en todo el país, según datos internos obtenidos por The New York Times.
Esos casos representan una pequeña fracción del número total de titulares de la tarjeta verde que han sido revisados hasta ahora. Alrededor de 2890 casos habían sido evaluados o estaban en proceso de evaluación el 7 de mayo. Se consideró que el 80 por ciento de dichos casos no requerían “ninguna acción adicional”. Más de 500 titulares de la green card seguían en proceso de revisión.
Las cifras revelan los primeros resultados de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump por examinar a los titulares de tarjetas de residencia sospechosos de cometer fraude o de representar una amenaza. La reciente creación de esta unidad también subraya la agresividad con la que los funcionarios del gobierno intentan erradicar a los migrantes que, a su juicio, deberían ser despojados de su estatus legal y expulsados del país.
Es la señal más reciente de que el gobierno está ampliando su represión migratoria más allá de quienes viven ilegalmente en el país, para incluir a aquellos han obtenido un estatuto legal. En los últimos meses, las autoridades han lanzado campañas para tratar de revocar la condición de refugiados y ciudadanos naturalizados, lo que ha generado temor entre muchos residentes de larga data ante la posibilidad de que su estatus no esté garantizado.
El gobierno de Trump ha dicho que es necesario reevaluar a amplios grupos de migrantes debido a la laxitud de las normas de control del gobierno de Joe Biden. Sin embargo, esta iniciativa está siendo criticada por algunos exfuncionarios de seguridad nacional de gobiernos demócratas y republicanos, quienes han cuestionado el uso de los recursos y han señalado que las cifras internas muestran que solo alrededor del 2 por ciento de los titulares de la green card revisados fueron considerados potencialmente deportables.
Zach Kahler, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por su sigla en inglés), que supervisa el sistema de inmigración, dijo que la agencia estaba “evolucionando a través de reestructuraciones organizativas para proteger mejor a los ciudadanos estadounidenses y respaldar las prioridades de nuestra misión”.
“La primera y principal misión del USCIS es proteger a Estados Unidos mediante una rigurosa investigación y selección de los extranjeros”, dijo Kahler en un comunicado. “Seguiremos aplicando cambios a medida que identifiquemos oportunidades para reforzar el sistema de inmigración de Estados Unidos”.
Kahler dijo que entre las personas sometidas a una nueva investigación se encontraban aquellas detenidas y condenadas por diversos delitos, como agresión sexual, violencia doméstica, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y posesión de parafernalia de drogas. Algunos “admitieron pertenecer a una organización sospechosa de obtener ilegal o ilícitamente información y tecnología de exportación controlada para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán”, dijo Kahler.
Añadió que entre quienes eran investigados también había personas que, según determinó el USCIS, habían mentido para obtener su estatus de residente permanente.
Pero el hecho de que se descubriera que pocos de los seleccionados habían obtenido la residencia de forma indebida apunta a que la redada incluía a un grupo de personas más amplio que el de los condenados por delitos o los que habían cometido fraude.
Según una persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada a hablar públicamente, en todo el país se han identificado decenas de miles de titulares de la tarjeta de residencia permanente para su revisión. A los agentes de la unidad se les ha encomendado la tarea de revisar los antecedentes penales y las solicitudes presentadas por los titulares de las tarjetas verdes para encontrar indicios de posibles fraudes, añadió la persona.
Algunos exfuncionarios de Seguridad Nacional cuestionaron la eficacia de la atención prestada por la agencia a la investigación de los migrantes que ya han obtenido la residencia legal.
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“Se han planteado muchas cuestiones sobre si se trata o no de un uso responsable de los recursos del USCIS, sobre todo si se tiene en cuenta el trabajo acumulado que tiene el organismo”, dijo Sarah Pierce, exanalista política de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, quien ahora es directora de política social del grupo de reflexión de centroizquierda Third Way. “Creo que las cifras no hacen más que aumentar esas dudas”.
La agencia tenía más de 11 millones de solicitudes pendientes para diversas prestaciones migratorias a finales de septiembre, según los últimos datos del USCIS. Ese retraso ha seguido creciendo a lo largo de los años; aproximadamente se ha duplicado desde finales de 2019.
La unidad encargada de revisar a los titulares de tarjetas de residencia forma parte de una nueva división de la agencia denominada “División de Operaciones Tácticas”, según documentos revisados por el Times. Tiene varias unidades, como “Operaciones LPR”, “Desnaturalización” y “Revisión de Refugiados”. The New Yorker informó anteriormente sobre la creación de la división.
En un correo electrónico revisado por el Times, Daniel Andrade, director de la división, describió la unidad dedicada a examinar a los titulares de tarjetas verdes como un “aparato de expulsión de LPR”, en referencia a los residentes permanentes legales, por su sigla en inglés. Según los documentos, unos 40 funcionarios migratorios trabajan en investigar a los titulares de la green card.
Las medidas de reevaluación del gobierno de Trump son mucho más amplias y agresivas que las anteriores para revisar a los migrantes que se encuentran legalmente en el país, según antiguos funcionarios de seguridad nacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: Doug Mills/The New York Times)
Normalmente, los servicios de Ciudadanía e Inmigración verificaban los antecedentes penales de un titular de una tarjeta verde cuando este solicitaba la renovación, la naturalización u otra prestación. A través de la nueva unidad, la agencia revisa de forma más proactiva a los titulares de la green card y trata de deportarlos.
Sharvari Dalal-Dheini, directora de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, dijo: “Esta intensa atención a la reevaluación es nueva”.
Los titulares de la tarjeta verde pueden ser deportados por diversos motivos, como una condena por determinados delitos o la obtención fraudulenta del estatus. Por ejemplo, un residente legal permanente que sea condenado por tráfico de drogas o asesinato puede ser expulsado. Algunos delitos menores también pueden hacerles acreedores a la deportación. Otros delitos menores no suelen dar lugar a la expulsión, como una primera infracción por conducir bajo los efectos del alcohol que no haya causado lesiones.
La deportación no es inmediata. Los titulares de la tarjeta verde suelen tener la oportunidad de comparecer ante un juez de migración, quien emite una decisión sobre su caso.
Los datos públicos sobre el número de titulares de la green card que son deportados anualmente son limitados. El gobierno federal normalmente ha optado por no perseguirlos a menos que hayan cometido delitos especialmente graves, según antiguos funcionarios de seguridad nacional.
Kerry E. Doyle, socio de Green & Spiegel que fue el principal abogado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el gobierno de Biden, dijo que no era tan inusual que el gobierno intentara expulsar a los titulares de la tarjeta verde que podían ser deportados, pero tampoco es frecuente.
“Definitivamente, no son tan habituales”, dijo Doyle.
*Por Madeleine Ngo, periodista que cubre temas de inmigración y política económica para el Times.
The New York Times, Estados Unidos, deportación
INTERNACIONAL
Rubio sanctions Cuban groups with ties to US nonprofit network funded by communist donor Neville Roy Singham
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Secretary of State Marco Rubio put U.S. organizations on notice: they can no longer do business with a key Cuban organization that has spent over six decades since the launch of Fidel Castro’s communist revolution in 1959, cultivating relationships with U.S. activists and groups, many of them now funded by communist American tycoon Neville Roy Singham.
The sanctions target the Cuban Institute of Friendship with the Peoples, known by its Spanish acronym ICAP, an organization founded by Castro in 1960 to spread Marxist ideology and support for Cuba. Long ago, U.S. officials and intelligence assessments concluded ICAP is a key component of Cuba’s intelligence apparatus.
«For decades, Cuba has been the world capital for radical left-wing terrorism,» Rubio said. «The regime in Havana has recruited, trained and backed violent Marxist and third-worldist movements across our hemisphere and beyond.»
REVOLUTIONARY TOURISM: INSIDE THE $600M MARRIAGE OF DARK MONEY AND FAR-LEFT AGITPROP
Marco Rubio moves to put sanctions on a group that Fidel Castro established in 1960 to spread Cuba’s communist influence in the world. (Sven Creutzmann/Mambo Photography/Getty Images; Nathan Posner/Anadolu via Getty Images)
Earlier this year, ICAP worked with U.S. nonprofits, including the People’s Forum, Progressive International and CodePink — to organize a March «convoy» that included controversial Marxist streamer Hasan Piker landing in Cuba to support Cuba’s communist party.
The trip has since attracted federal scrutiny, with CodePink cofounder Medea Benjamin confirming she received questions from federal officials about the trip, investigating whether she violated sanctions.
Late last month, Fox News Digital published a three-part series, reporting that federal investigators are examining Cuba’s alleged malign foreign influence operation in the U.S., investigating a network of 145 groups with collective revenues of about $1 billion, promoting Cuba’s agenda and communist ideology.
«Today, we are targeting the network that enables and funds Cuba’s subversive and radical operations,» Rubio said.
The groups working closely with ICAP include the People’s Forum, CodePink, BreakThrough News and Tricontinental, funded by Singham, a Marxist tech tycoon living in Shanghai. As reported, Singham has pumped $285 million into nonprofits since 2017 in these nonprofits that have built very close relationships with ICAP and the communist government of Cuba.
Singham is married to CodePink co-founder Jodie Evans.
INSIDE CUBA’S FOREIGN INFLUENCE CAMPAIGN: FROM THE VENCEREMOS BRIGADE OF THE 1960S TO SATURDAY IN A UNION HALL
ICAP is today led by Fernando González Llort, one of five former Cuban intelligence officers, known as the «Cuban Five,» convicted in the U.S. years ago on espionage-related charges and released after spending time in jail. Critics say ICAP acts as aa gateway for revolutionaries from around the world to get embedded in the propaganda, organizing tactics and strategic goals of the Communist Party of Cuba. ICAP has denied wrongdoing and says it’s a civil society organization.
ICAP was one of five entities that Rubio designated as off-limits under sanctions authorities established by President Donald Trump’s Cuba executive order. The sanctions also target Cuba’s Ministry of the Revolutionary Armed Forces (MINFAR), the Committees for the Defense of the Revolution (CDR), Minera La Victoria S.A. and the state-run tourism company Amistur Cuba S.A., which has arranged trips to Cuba with U.S. nonprofits in the Singham network.
Experts said the move signals that the Trump administration is focused not only on the Cuban government but also on U.S. institutions that U.S. officials believe help project Cuban influence internationally.
A declassified CIA report from the Cold War era, «Cuba: Castro’s Propaganda Apparatus and Foreign Policy,» described Cuba’s international propaganda and influence activities as a central component of Castro’s foreign policy strategy. The report named ICAP among organizations that act as important instruments for cultivating sympathetic political movements abroad and extending Cuban influence beyond the island.
DOJ, TREASURY INVESTIGATE NONPROFITS AND LEADERS ALLEGEDLY COORDINATING WITH CUBA IN INFLUENCE CAMPAIGN
One of the most notable examples was the Venceremos Brigade, a Cuba solidarity program established in 1969 that brought generations of American activists to the island through exchanges organized with Cuban authorities and institutions including ICAP.
The program became one of the most visible pipelines connecting American activists to the Cuban revolutionary government.
Today, the Venceremos Brigade operates as a fiscally-sponsored project of People’s Forum.
Lawmakers and federal authorities are examining whether organizations funded by Singham have acted on behalf of foreign interests without properly registering and have helped amplify messaging favorable to the Chinese Communist Party and the Communist Party of Cuba.
Cuba’s President Miguel Diaz-Canel (C) listens to Progressive International’s general coordinator, David Adler, during an event at the Cuban Institute for Friendship with the Peoples (ICAP) in Havana, on March 21, 2026. A former Cuban intelligence officer who is now president of ICAP, sits to the right of Cuba’s president. (Photo by Ernesto Mastrascusa / POOL / AFP via Getty Images) (Ernesto Mastrascusa/AFP via Getty Images)
HOW A RHODES SCHOLAR WITH TIES TO CUBA’S PRESIDENT ORGANIZED THE CONVOY THAT BROUGHT HASAN PIKER TO HAVANA
During the recent convoy in March, Progressive International co-founder David Adler appeared alongside Cuban President Miguel Díaz-Canel and ICAP President González at an official event hosted by ICAP.
Years ago, Los Angeles Mayor Karen Bass participated in Venceremos Brigade trips, a connection that her mayoral candidate Spencer Pratt resurfaced during her campaign. Bass has denied any wrongdoing.
Supporters of such exchanges describe them as educational and humanitarian programs intended to foster international understanding. Critics argue they function as political influence operations designed to build support for the Cuban regime and its ideological objectives.
The Cuban government condemned Rubio’s sanctions shortly after the announcement.
President Miguel Díaz-Canel accused the United States of escalating economic pressure against Cuba and attempting to intensify tensions between the two countries.
Hasan Piker, a Democratic Socialists of America member, and CodePink co-founder Jodie Evans meet in Havana, Cuba, as part of a «United Front» supporting the communist regime. (CodePink via Storyful)
«The Treasury Department has added new names of Cuban leaders, organizations and companies to an illegitimate sanctions list,» Díaz-Canel wrote on social media. «They are aimed at reinforcing the blockade measures and the scenario of conflict between Cuba and the United States.»
Rubio’s warning extended beyond the sanctioned entities.
The action signals that the administration is increasingly focused on the networks, partnerships and influence channels that U.S. officials believe have helped advance Cuban interests abroad long after the Cold War officially ended.
«Anyone providing services to these sanctioned actors is at risk of sanctions themselves,» he said. «Foreign banks and other companies that provide services to these entities should freeze those activities.»
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Fox News Digital’s Reagan Schroeder contributed to this report.
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INTERNACIONAL
Fuerza armada de El Salvador confirma a un militar herido en una base de la ONU en Líbano
El soldado salvadoreño Hugo Alfredo Ortiz Grivas, integrante del contingente de mantenimiento de la paz de la ONU en Líbano, resultó lesionado tras un ataque armado contra la base donde presta servicio, según informó la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). El incidente ocurrió en una instalación de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano (FINUL) el 4 de junio de 2026, donde se encuentran destacados militares de diferentes países.
De acuerdo con el comunicado oficial, Ortiz Grivas, quien forma parte del XXI contingente salvadoreño, sufrió una herida en la pierna izquierda por el impacto de un proyectil durante el ataque a la base. La Fuerza Armada de El Salvador precisó que el soldado recibió atención médica inmediata y fue intervenido quirúrgicamente en el hospital de campaña. Actualmente, la condición de Ortiz Grivas es estable, según la información oficial.
El ataque no solo afectó a las fuerzas salvadoreñas. Otros dos integrantes de la fuerza internacional de mantenimiento de la paz resultaron heridos: un militar de las Fuerzas Armadas de España y otro de las Fuerzas Armadas de Serbia. El comunicado detalla que el militar serbio falleció posteriormente a causa de las lesiones sufridas.
La presencia de contingentes internacionales en Líbano responde a la misión de la ONU destinada a mantener la estabilidad y apoyar el cese de hostilidades en la región, marcada por tensiones y episodios de violencia esporádicos. La contribución de El Salvador a la FINUL comenzó en abril de 2026 con el despliegue del XXI contingente, que mantiene tareas de patrullaje, resguardo y apoyo logístico en la base de las Naciones Unidas.
La Fuerza Armada de El Salvador subrayó que tras el incidente se activaron los protocolos de emergencia y confirmó que el resto del personal salvadoreño destacado en la misión se encuentra fuera de peligro. “La condición de salud del soldado Ortiz Grivas es estable”, señala el comunicado, que también manifiesta solidaridad con los familiares de los militares afectados y con las fuerzas aliadas que sufrieron bajas en el ataque.
El ataque a la base de la ONU se produce en un contexto de renovadas tensiones en la frontera sur de Líbano, donde se registran esporádicos enfrentamientos entre grupos armados y las fuerzas internacionales. La misión de la FINUL permanece vigilante ante el aumento de la violencia, reforzando las medidas de seguridad para los efectivos desplegados.
La participación de El Salvador en operaciones de paz ha sido reconocida por organismos internacionales y forma parte de la política exterior y de defensa del país. Los contingentes salvadoreños han intervenido en diversos escenarios bajo mandato de la ONU, y su labor ha sido valorada por la comunidad internacional como un aporte a la estabilidad y la protección de civiles en zonas de conflicto.
Hasta el momento, la Fuerza Armada de El Salvador no ha ofrecido detalles adicionales sobre el origen del ataque ni sobre posibles cambios en la misión del contingente salvadoreño. El comunicado oficial cierra reafirmando el compromiso de las autoridades militares de mantener informada a la población sobre la evolución del estado de salud de sus efectivos y la situación en el terreno.
corresponsal:Desde San Salvador, El Salvador
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