ECONOMIA
Explotar el cobre para terminar con el Impuesto a los Ingresos Brutos

El Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB), junto con las retenciones, es señalado por buena parte de los economistas como una de las cargas más regresivas de la economía nacional. Sin embargo, casi no se escuchan propuestas para eliminarlo: la lógica de “necesidad mata relato” opera como consigna recurrente de un populismo que, una y otra vez, busca justificar su permanencia.
Tras la sanción del RIGI, muchas voces plantearon que esa medida de promoción -que baja 10 puntos el Impuesto a las Ganancias- debería extenderse a todo tipo de inversiones. El punto es otro: son las grandes inversiones las que vuelven viable una baja de la carga tributaria con la estabilidad necesaria para generalizarla.
La minería del cobre puede mover de manera decisiva el amperímetro del desarrollo en las provincias donde se encuentra el mineral, en el marco de los objetivos de la transición energética planteados hace 11 años en París: electromovilidad, migración a energías renovables, necesidades de transmisión eléctrica y demanda de los centros de datos donde se desarrolla la inteligencia artificial.
Demanda global y escala productiva
Para cumplir con esos acuerdos, entre 2022 y 2042 se consumiría tanto cobre como el utilizado desde el inicio de nuestra civilización, al pasar de un consumo anual de 22 a 44 millones de toneladas (t.) de cobre fino por año.
Entre 2022 y 2042 se consumiría tanto cobre como el utilizado desde el inicio de nuestra civilización
Para producir 300.000 t. de cobre fino por año (Vicuña, Pachón o Taca Taca) se deben generar más de 900.000 t. de concentrados. Para lograrlo, se deberá extraer más de 250.000 t. de roca mineralizada por día. Esa escala explica el volumen de empleo y de actividad asociada: extracción, transporte, trituración, molienda y tratamientos, además de la construcción de escombreras y diques de colas para depositar rocas sin valor económico y sobrantes del proceso.
El trabajo sobre el impacto económico y social realizado por mi equipo de la Subsecretaría de Minería de la Nación aportó datos relevantes sobre el PBG sanjuanino.

En la comparación del PBI nacional y el PBG provincial (índices base 100 = 1993 con empalme base 2004) se observó un comportamiento similar entre ambos hasta 2005, cuando comenzó la minería metalífera a gran escala.
Entre 2004 y 2015, San Juan acumuló un 146% de crecimiento de su PBG versus 49% de aumento del PBI del país. En 2015, el sector minas y canteras produjo un aporte directo de 7,8% al PBG, y el efecto indirecto (demanda intermedia, construcción y consumo) representó 10,2%. El aporte total del sector minas y canteras fue de 18% en 2015: casi un quinto del PBG sanjuanino, en un año con precios internacionales de los metales preciosos por debajo del promedio de años anteriores y con un contexto macroeconómico que dificultó la actividad, especialmente en exploración.
El aporte total del sector minas y canteras fue de 18% en 2015: casi un quinto del PBG sanjuanino, en un año con precios internacionales de los metales preciosos por debajo del promedio
Dos proyectos de cobre significarían un aporte por inversión extranjera directa durante los tres primeros años -construcción de infraestructuras, planta de procesos, aperturas del yacimiento, alojamientos con más de 2.500 camas en cada mina, oficinas, talleres, polvorines, laboratorios, comedores y otras dependencias— de USD 2.030 millones por año. De esa inversión extranjera directa para dos proyectos, USD 1.911 millones quedarían en San Juan: cinco veces más que el aporte actual de la minería en la provincia.
A partir del cuarto año se exportarían 520.000 t. de cobre fino por año: USD 6.240 millones, de los cuales unos USD 3.000 millones de esas ventas quedarían en San Juan, con indicadores económicos y sociales que cuadruplicarían los aportes de la minería del oro.
Hoy hay que entender que se parte del 100% de cero, y así será hasta que se inicien las construcciones de los grandes emprendimientos de cobre. La producción de cobre requiere la mejor competitividad económica posible, además de confianza en las instituciones políticas.

Para lo primero, no cobrar IIBB a los proveedores de bienes y servicios puede acelerar decisiones de inversión. El fenómeno económico que se produciría en la economía provincial —vía poder de compra de los trabajadores y reinversiones de proveedores— ayudaría, en un futuro cercano, a eliminar el IIBB de toda la economía provincial.
Sin IIBB, el resto de las actividades industriales y económicas de la provincia también mejoraría su competitividad, y San Juan podría ser la primera provincia en salir de un sistema pensado solo para recaudar y competir en un mundo donde los precios finales de las mercaderías no se pueden esquivar.
El autor es Ex Subsecretario de Minería de la Nación Ex Diputado Nacional y Provincial
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ECONOMIA
El consumo de carne de cerdo llegó a 20 kilos por habitante y podría ser aún mayor: las razones del crecimiento



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ECONOMIA
El economista Alberto Ades destacó el «compromiso mesiánico con el equilibrio fiscal» de Javier Milei: «Le da mucha credibilidad»


- La primera: “Lograr más superávit fiscal, que requiere más ajuste fiscal en un año electoral y en el corto plazo a veces no funciona”.
- La segunda: aplicar una devaluación discrecional, opción que descartó porque “la devaluación pasa a precios muy rápido y se pierde rápido la ganancia de tipo real”.
- La tercera, y la que presentó con mayor potencial estructural: encarar reformas que eleven la productividad, lo que aprecia el tipo real de equilibrio y reduce la brecha con el tipo real de mercado.

ECONOMIA
Terminó el Coloquio IDEA: «El cambio más importante es dejar de pensar en el próximo año y pensar en los próximos 20»

- El primero apunta a consolidar la estabilidad macroeconómica mediante políticas económicas consistentes, equilibrio fiscal, inflación compatible con los estándares internacionales y sostenibilidad de la deuda.
- El segundo exige honrar los compromisos asumidos por el Estado, sin importar quién ni cuándo los haya contraído. Mignone lo repitió con énfasis: “Cumplimiento irrestricto de los compromisos asumidos, independientemente de quién, ni cuándo, los haya asumido”.
- El tercero reclama impulsar una economía competitiva y de alta productividad, con un sistema impositivo que acompañe a quienes producen y generan empleo. En ese punto, Mignone reclamó una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que permita eliminar los impuestos distorsivos, y recordó que se trata de un mandato constitucional incumplido desde hace más de 30 años. “Los mandatos constitucionales no son optativos”, afirmó.
- El cuarto compromiso apunta a fortalecer la formalidad y combatir la evasión.
- El quinto, a promover la integración internacional a través de acuerdos comerciales alineados con las megatendencias globales.
- El sexto llama a asegurar una transición con inclusión social, con políticas de capacitación para los sectores más vulnerables e incorporación de la tecnología como herramienta.

- El séptimo plantea establecer objetivos básicos comunes y reglas de juego estables, con consensos entre actores políticos, económicos y sociales sobre el respeto institucional y la propiedad privada.
- El octavo exige avanzar en el fortalecimiento de la calidad institucional, con foco en la justicia: Mignone pidió un servicio judicial independiente, que resuelva en tiempos razonables y que destierre la discrecionalidad en la selección de jueces. “El Consejo de la Magistratura tiene para su tratamiento una propuesta de reforma del reglamento de selección de jueces, presentada por la Corte Suprema de Justicia en marzo. Que elimina la discrecionalidad escondida bajo el concepto de ‘entrevistas personales’. Sólo deben tratarlo y aprobarlo”, señaló.
- El noveno y último compromiso convoca a promover una ética empresaria centrada en las personas, que priorice la transparencia y desterrar la corrupción, especialmente en el contexto de disrupción tecnológica e inteligencia artificial.
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