ECONOMIA
Explotar el cobre para terminar con el Impuesto a los Ingresos Brutos
El Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB), junto con las retenciones, es señalado por buena parte de los economistas como una de las cargas más regresivas de la economía nacional. Sin embargo, casi no se escuchan propuestas para eliminarlo: la lógica de “necesidad mata relato” opera como consigna recurrente de un populismo que, una y otra vez, busca justificar su permanencia.
Tras la sanción del RIGI, muchas voces plantearon que esa medida de promoción -que baja 10 puntos el Impuesto a las Ganancias- debería extenderse a todo tipo de inversiones. El punto es otro: son las grandes inversiones las que vuelven viable una baja de la carga tributaria con la estabilidad necesaria para generalizarla.
La minería del cobre puede mover de manera decisiva el amperímetro del desarrollo en las provincias donde se encuentra el mineral, en el marco de los objetivos de la transición energética planteados hace 11 años en París: electromovilidad, migración a energías renovables, necesidades de transmisión eléctrica y demanda de los centros de datos donde se desarrolla la inteligencia artificial.
Demanda global y escala productiva
Para cumplir con esos acuerdos, entre 2022 y 2042 se consumiría tanto cobre como el utilizado desde el inicio de nuestra civilización, al pasar de un consumo anual de 22 a 44 millones de toneladas (t.) de cobre fino por año.
Entre 2022 y 2042 se consumiría tanto cobre como el utilizado desde el inicio de nuestra civilización
Para producir 300.000 t. de cobre fino por año (Vicuña, Pachón o Taca Taca) se deben generar más de 900.000 t. de concentrados. Para lograrlo, se deberá extraer más de 250.000 t. de roca mineralizada por día. Esa escala explica el volumen de empleo y de actividad asociada: extracción, transporte, trituración, molienda y tratamientos, además de la construcción de escombreras y diques de colas para depositar rocas sin valor económico y sobrantes del proceso.
El trabajo sobre el impacto económico y social realizado por mi equipo de la Subsecretaría de Minería de la Nación aportó datos relevantes sobre el PBG sanjuanino.
En la comparación del PBI nacional y el PBG provincial (índices base 100 = 1993 con empalme base 2004) se observó un comportamiento similar entre ambos hasta 2005, cuando comenzó la minería metalífera a gran escala.
Entre 2004 y 2015, San Juan acumuló un 146% de crecimiento de su PBG versus 49% de aumento del PBI del país. En 2015, el sector minas y canteras produjo un aporte directo de 7,8% al PBG, y el efecto indirecto (demanda intermedia, construcción y consumo) representó 10,2%. El aporte total del sector minas y canteras fue de 18% en 2015: casi un quinto del PBG sanjuanino, en un año con precios internacionales de los metales preciosos por debajo del promedio de años anteriores y con un contexto macroeconómico que dificultó la actividad, especialmente en exploración.
El aporte total del sector minas y canteras fue de 18% en 2015: casi un quinto del PBG sanjuanino, en un año con precios internacionales de los metales preciosos por debajo del promedio
Dos proyectos de cobre significarían un aporte por inversión extranjera directa durante los tres primeros años -construcción de infraestructuras, planta de procesos, aperturas del yacimiento, alojamientos con más de 2.500 camas en cada mina, oficinas, talleres, polvorines, laboratorios, comedores y otras dependencias— de USD 2.030 millones por año. De esa inversión extranjera directa para dos proyectos, USD 1.911 millones quedarían en San Juan: cinco veces más que el aporte actual de la minería en la provincia.
A partir del cuarto año se exportarían 520.000 t. de cobre fino por año: USD 6.240 millones, de los cuales unos USD 3.000 millones de esas ventas quedarían en San Juan, con indicadores económicos y sociales que cuadruplicarían los aportes de la minería del oro.
Hoy hay que entender que se parte del 100% de cero, y así será hasta que se inicien las construcciones de los grandes emprendimientos de cobre. La producción de cobre requiere la mejor competitividad económica posible, además de confianza en las instituciones políticas.
Para lo primero, no cobrar IIBB a los proveedores de bienes y servicios puede acelerar decisiones de inversión. El fenómeno económico que se produciría en la economía provincial —vía poder de compra de los trabajadores y reinversiones de proveedores— ayudaría, en un futuro cercano, a eliminar el IIBB de toda la economía provincial.
Sin IIBB, el resto de las actividades industriales y económicas de la provincia también mejoraría su competitividad, y San Juan podría ser la primera provincia en salir de un sistema pensado solo para recaudar y competir en un mundo donde los precios finales de las mercaderías no se pueden esquivar.
El autor es Ex Subsecretario de Minería de la Nación Ex Diputado Nacional y Provincial
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ECONOMIA
Del phishing al temor por los datos críticos: expresidentes, expertos y funcionarios alertaron sobre los riesgos de los ataques con IA
Desde Cancún, México. La inteligencia artificial redujo los costos y los tiempos necesarios para ejecutar fraudes y ataques digitales, pero también amplió las capacidades de prevención y respuesta de organizaciones y gobiernos, y esas dos velocidades abren un amplio abanico de desafíos a nivel global y económico. Esa tensión concentró buena parte de las discusiones entre expresidentes, especialistas en IA, ejecutivos, funcionarios públicos durante un encuentro especializado en ciberseguridad.
Con la predicción de un jefe de seguridad de Anthropic, quien estimó en más de 10% la probabilidad de que la inteligencia artificial provoque la extinción humana en la próxima década, como telón de fondo,, el consenso fue que la tecnología acelera amenazas ya conocidas y obliga a revisar con urgencia las estrategias de protección de datos, infraestructura y servicios esenciales. El desafío abarca desde la identificación de vulnerabilidades hasta la definición de controles sobre sistemas automatizados y el intercambio de información ante incidentes.
Durante dos días y en más de 20 paneles, el Digi Americas LATAM CISO Summit, realizado en Cancún, México, reunió a ex jefes de Estado, referentes tecnológicos, jefes de seguridad cibernética y funcionarios públicos para debatir cómo la inteligencia artificial modifica los riesgos digitales y las respuestas de empresas y gobiernos. Entre los temas abordados estuvieron el phishing, la suplantación de identidad, la cadena de suministro, la soberanía digital, la amenaza latente ante los datos críticos de los países y la cooperación internacional.
Frente a esa dinámica, los expositores insistieron en la necesidad de reforzar principios básicos de seguridad: identificar activos críticos, limitar privilegios, clasificar datos, controlar identidades y mantener visibilidad sobre la superficie de ataque. La incorporación de herramientas generativas y de agentes autónomos también abrió interrogantes sobre el acceso a la información, los permisos de cada usuario o sistema y las decisiones que pueden quedar en manos de procesos automatizados.
La cadena de suministro concentró otra parte de las preocupaciones. La dependencia de proveedores, plataformas en la nube, desarrolladores externos y sistemas interconectados amplía los riesgos más allá de los límites de cada organización. Los panelistas plantearon que la evaluación de terceros ya no puede depender solo de certificaciones o auditorías periódicas: requiere monitoreo continuo, identificación de dependencias y planes de contingencia para sostener operaciones ante la caída de un proveedor crítico.
También hubo acuerdo en que la ciberseguridad debe incorporarse desde el diseño de productos, procesos e infraestructura, en lugar de quedar relegada a una instancia posterior. En sectores como finanzas, salud, energía, transporte y administración pública, esa perspectiva se vincula con la resiliencia operativa: preparar a las organizaciones para contener incidentes, recuperar capacidades y garantizar la continuidad de servicios.
La cooperación entre empresas, gobiernos, reguladores y equipos técnicos fue otro de los puntos de acuerdo del evento. Los ataques aprovechan vulnerabilidades compartidas y se desplazan entre países y sectores, por lo que los participantes reclamaron reglas claras, intercambio de información y capacidades técnicas coordinadas. La inteligencia artificial incrementa la velocidad de las amenazas y, según se planteó en los paneles, exige respuestas colectivas que involucren desde los directorios hasta los usuarios finales.
Durante la conferencia se expusieron ejemplos sobre cómo los nuevos modelos de inteligencia artificial reducen el costo y aceleran las modalidades de fraude digital. Se mencionó que, por unos diez dólares, es posible enviar mil correos electrónicos de phishing con redacción convincente y adaptados a distintos idiomas, lo que facilita las campañas de engaño y suplantación de identidad.
También se alertó sobre el uso de herramientas capaces de replicar una voz a partir de apenas 15 segundos de audio. Esa capacidad puede utilizarse para simular llamadas de familiares, directivos o empleados y pedir transferencias de dinero o datos sensibles. Incluso, los especialistas en la materia recomendaron tener una “palabra de seguridad” con las personas allegadas para evitar ser víctimas de un fraude telefónica vía uso de inteligencia artificial.
El modelo de Estonia
Uno de los expositores más destacados fue el expresidente de Estonia, Toomas Hendrik Ilves, quien planteó que la discusión sobre la modernización del Estado adquirió otra dimensión ante el avance de la inteligencia artificial, la dependencia de proveedores tecnológicos extranjeros y la creciente exposición a incidentes informáticos. “En esta nueva era, la idea de soberanía digital y el rápido desarrollo de la inteligencia artificial cambiaron mucho las cosas, incluso respecto de hace un año y medio”, afirmó.
Ilves señaló que la posibilidad de que servicios tecnológicos sean interrumpidos desde Estados Unidos, junto con la expansión de la inteligencia artificial agéntica, modificó el escenario para los gobiernos. “Es un mundo nuevo respecto del que existía hace apenas dos años”, sostuvo, al defender la necesidad de que los países desarrollen infraestructura y capacidades propias.
El ex jefe de Estado también advirtió sobre la necesidad de resguardar la información crítica frente a conflictos, ciberataques y desastres naturales. Recordó que Japón perdió parte de sus registros nacionales tras el accidente nuclear de Fukushima y afirmó que ese antecedente llevó a Estonia a diseñar un sistema de respaldo externo. “No podemos perder nuestros datos nacionales críticos”, resumió.
En ese marco, mencionó la creación de una embajada de datos en Luxemburgo, donde Estonia conserva copias sincronizadas de sus registros esenciales bajo un régimen de extraterritorialidad diplomática. La iniciativa contempla información vinculada con la identidad de los ciudadanos, registros fiscales, datos de salud y otros sistemas estatales.
Respecto de la aplicación de la IA en la administración pública, Ilves indicó que Estonia lanzó este año un programa para incorporar esta tecnología en los distintos sectores del Gobierno y la economía. “Estamos otorgando una identidad propia a todos los agentes. La finalidad es aumentar la rendición de cuentas: saber quién hace qué”, afirmó.
Seguridad digital y economía
Otro de los disertantes principales, el ex presidente de Colombia, Iván Duque, planteó que los riesgos asociados a la inteligencia artificial y los ataques digitales deben abordarse como un problema económico y de seguridad estatal.
“Mi primera preocupación es que debemos entender que la seguridad digital es un asunto macroeconómico. Debemos entender el costo que esto produce a nivel mundial y el daño económico que genera en un país específico”, afirmó.
También alertó sobre el crecimiento de los ataques en la región: “En América Latina, en los últimos cinco años los ciberataques se han más que triplicado o cuadruplicado en distintos países, y la cantidad de personas investigadas o juzgadas ni siquiera está disponible o registrada”.
Duque sostuvo que la respuesta requiere una conducción política centralizada y con capacidad de coordinación entre organismos públicos. “La gobernanza, en mi opinión, tiene que ser de arriba hacia abajo. Necesitamos jefes de Estado que incorporen cerca de sus oficinas a directores de tecnología, como hicimos en Colombia, que creen un marco de gobernanza y alineen a todo el Estado para pensar en seguridad digital”, señaló.
Bajo su perspectiva, la expansión de las amenazas tecnológicas exige que los gobiernos integren la ciberseguridad en sus decisiones de política pública y en la protección de la actividad económica.
La mirada local
En tanto, el director del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) de la Argentina, Ariel Waissbein, planteó que la regulación no puede detener por completo el avance tecnológico. “Por más que exista la legislación, uno no puede impedir ciertas tecnologías, ciertos cambios”, afirmó, al referirse a la IA.
En tal sentido, el funcionario nacional sostuvo que el desafío para los gobiernos consiste en crear condiciones de seguridad para su adopción y en reducir las amenazas sin bloquear la innovación. En ese sentido, consideró que las normas deben tener un alcance amplio y capacidad de adaptación frente a un escenario tecnológico que cambia con rapidez.
Waissbein también puso el foco en la coordinación entre el Estado, las empresas y los organismos internacionales. Señaló que la puesta en práctica de las políticas requiere generar confianza, explicar las amenazas y detectar medidas de aplicación rápida que permitan avanzar en conjunto.
“La cooperación internacional es muy importante”, expresó, porque permite conocer los problemas que enfrentan otros países y las respuestas que desarrollan. A su criterio, esos intercambios facilitan la creación de proyectos específicos para responder a desafíos compartidos.
También participaron senadores y diputados de distintos países de la región como México, Colombia, Brasil y Uruguay, quienes coincidieron en la necesidad de mejorar los marcos regulatorios para reforzar la ciberseguridad en sus respectivos países.
La predicción fatalista
La IA se colocó en el centro de la agenda mediática internacional en los últimos días luego de las declaraciones de Evan Hubinger, responsable de un equipo de seguridad de Anthropic: “De verdad creemos que la IA podría matar a todos los humanos. Yo calculo más de 10% en la próxima década”.
Hubinger remarcó que la empresa para la que trabaja “todavía no tiene un plan para resolver la alineación de una superinteligencia” y que ni siquiera existe certeza de que pueda desarrollarlo. La alineación refiere a que una inteligencia artificial actúe de acuerdo con los valores de sus creadores.
Los dichos del referente tecnológico resonaron tanto en los paneles como en los pasillos del Digi Americas LATAM CISO Summit. La mayor parte de los participantes le puso paños fríos a la teoría de Hubinger, desechando la idea de que la IA se encuentre “fuera de control”.
“Es un título sensacionalista”, sentenció el ejecutivo de una importante compañía americana de ciberseguridad en diálogo con Infobae. Esa mirada se repitió en buena parte de los jefes de seguridad y funcionarios que participaron del encuentro, aunque otros se mostraron más cautos y no descartaron del todo la posibilidad de una “superinteligencia” capaz de superar ampliamente las capacidades humanas en la mayoría de las tareas cognitivas, como el razonamiento, la investigación científica y la toma de decisiones.
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