POLITICA
La Cámara Federal dispuso que no hay méritos para procesar o sobreseer a Alberto Fernández
La Cámara Federal porteña dispuso que no hay méritos para procesar ni para sobreseer al expresidente Alberto Fernández en la causa en la que está siendo investigado porque, cuando era jefe de Estado, se realizaron contrataciones de seguros del Estado con intermediarios allegados al entonces primer mandatario.
De todos modos, los camaristas aclararon que se trata de un tecnicismo y que siguen convencidos de que la prueba implica a Alberto Fernández.
Este fallo de los jueces es la derivación de la decisión que tomó la semana pasada la Cámara Federal de Casación, que anuló el procesamiento del expresidente con el voto de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo.
Ahora, los jueces de la Cámara Federal que antes habían confirmado el procesamiento, dispusieron la falta de mérito. La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara Federal porteña, firmada por los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun, y con la disidencia de Eduardo Farah.
Con este fallo, Alberto Fernández seguirá siendo investigado por el supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
Los jueces definieron qué empresas actuaron como meras pantallas para el desvío de fondos públicos y cuáles quedaron desligadas de las maniobras delictivas de sus directivos.
Además, el tribunal aclaró que la anulación del procesamiento se debió “exclusivamente a una cuestión técnica”, no a un análisis de las pruebas contra el expresidente.
Esto es porque el fiscal general ante la Cámara Federal José Agüero Iturbe había solicitado la falta de mérito de Alberto Fernández, lo que le ató las manos al tribunal para confirmar el procesamiento.
Los jueces subrayaron que este escenario no significa una exculpación: “Nada de lo resuelto por la Casación censuró o revisó la valoración de hechos y derecho realizada oportunamente”, dijeron los camaristas Irurzun y Boico.
Aclararon que no implica que falte impulso acusador en la instrucción de los hechos. Las pruebas de su cercanía e influencia en el entramado siguen firmes en el expediente, señalaron los jueces.
La resolución analizó si los delitos cometidos por los directivos de los brokers de seguros contagiaban automáticamente a las empresas, como personas jurídicas. El tribunal determinó que la responsabilidad penal no se traslada “sin más”, sino que requiere probar que las empresas se utilizaron de manera estructural para el ilícito, carecían de políticas de control (compliance) o canalizaban sobornos.
El tribunal confirmó los procesamientos y embargos de las firmas Bachellier SA, Bri Brokers SA, TG Broker SA y San Ignacio Sociedad de Productores de Seguros SA como partícipes necesarias de negociaciones incompatibles y, en el caso de la última, también por cohecho.
Bachellier SA cobró comisiones de Nación Seguros por más de 1641 millones de pesos, supuestamente por asesorar al Ministerio de Seguridad. Sin embargo, al ser allanada, su sede presentaba “rasgos de abandono y falta de actividad real”, y los organismos públicos negaron tener antecedentes de sus supuestos trabajos.
Las firmas San Ignacio y TG Brokers fueron impuestas en Nación Seguros pese a que sus productores ni siquiera estaban activos. Percibieron elevadas sumas sin prestar servicios reales.
San Ignacio transfirió más de 230 millones de pesos a la Cooperativa 7 de Mayo, la cual luego financió pagos en beneficio del exfuncionario de Nación Seguros Mauro Tanos. Sus sedes reales eran desconocidas hasta por sus propios representantes formales.
Por el contrario, la Cámara decidió revocar los procesamientos de Héctor Martínez Sosa y Cia SA, San Germán Seguros SA y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, y dictó la falta de mérito.
El caso más resonante es el de la empresa de Héctor Martínez Sosa, esposo de María Cantero, histórica secretaria de Alberto Fernández.
Los jueces concluyeron que la injerencia de Martínez Sosa y Cantero para cooptar los seguros del Estado está probada, pues Cantero llegó a hablar de armar “nuestra PYME” usando sus contactos presidenciales.
Sin embargo, dijeron que esta trama estuvo signada por la “intervención personal y directa” de Martínez Sosa, impulsada por sus vínculos privados de larga data. Por lo que no se logró demostrar que la compañía entera, que ya tenía un estatus previo en el mercado, operara únicamente como una pantalla sin actividad real.
De igual manera, se liberó a San Cristóbal, argumentando que sus dimensiones y su gran operatoria en el sector privado hacen irrazonable extenderle responsabilidad penal por el accionar individual de uno de sus gerentes, Luciano Torre Arregui.
En cuanto a San Germán, la firma logró demostrar con documentación que tenía el capital y la capacidad técnica para afrontar los riesgos de coaseguro que había asumido.
El fallo ratificó el procesamiento y embargo de Daniel Rodríguez, encargado de la Quinta de Olivos y cercano tanto a Alberto Fernández como a Martínez Sosa. Es la única persona física evaluada en esta instancia.
Rodríguez operaba desde la Quinta Presidencial de Olivos como un engranaje clave.
Los peritajes telefónicos revelaron que actuaba como intermediario de los intereses de María Cantero y Martínez Sosa, gestionando la agenda y utilizando su cercanía al poder para asegurar contratos de seguros en dependencias como la Policía Federal.
La Cámara concluyó que su rol evidenció un “involucramiento activo” en el direccionamiento de negocios estatales, en clara violación de sus deberes como funcionario público.
El expresidente seguirá bajo investigación en el caso que en la actualidad está a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien tendrá que volver a resolver su situación una vez producida prueba que pidió su defensa. Fernández podría ser procesado nuevamente, quedar con falta de mérito o ser sobreseído.
El juez de la sala II de la Cámara Federal Roberto Boico aclaró en su voto que lo hizo porque lo dispuso la Casación y que su idea no obstante es “mantener conceptualmente la postura asumida al confirmar el procesamiento del Dr. Alberto Fernández”.
“Dejando a salvo mi opinión y atendiendo a lo expresamente resuelto por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, corresponde revocar el fallo que procesó y embargó a Alberto Fernández”, advirtió por su parte el juez Martín Irurzun.
Farah disintió y postuló que en el caso de los acusados involucrados en las maniobras vinculadas a la intermediación del broker amigo del expresidente, Héctor Martínez Sosa, debían también quedar con falta de mérito porque su situación estaría atada a la del expresidente.
la Cámara Federal de Casación,Hernán Cappiello,Conforme a
El día después de una jornada de alta tensión, en el Gobierno transmitieron alivio. Cerca del presidente Javier Milei viven con satisfacción la postergación, por una semana, de la sesión en la que la oposición pensaba impulsar los pedidos de interpelación y moción de censura, impulsada por la oposición contra el jefe de gabinete Manuel Adorni, complicado por el incremento de su situación patrimonial, investigado por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo.
Milei está dispuesto a sostener a su jefe de Gabinete “hasta que la Justicia sentencie”, según dijeron fuentes oficiales a .
¿Y si lo citan a indagatoria? “Sigue siendo decisión del Presidente lo que haga ante el llamado”, recalcaron, lacónicos, desde un importante despacho oficial, dejando abierta la puerta para sostener lo que, hasta ahora, es la inflexible decisión presidencial de sostener al jefe de gabinete, que estará –junto al resto del gabinete-junto al presidente Milei en el acto por el Día de la Bandera, el sábado en Rosario.
En el Gobierno, en tanto, hay cierto alivio por la postergación de la sesión en el Senado en la que se preveía avanzar contra Adorni.
“Era lo que estuvimos negociando. Todos cumplieron”, afirmaron a funcionarios con conocimiento de las negociaciones que distintos operadores del oficialismo llevaron adelante con senadores de la oposición dialoguista (Pro, UCR) y partidos provinciales, con el objetivo de frenar la embestida contra el jefe de gabinete.
Expectantes de lo que pueda ocurrir en la sesión prevista para el próximo jueves 25, donde la Cámara alta prevé aprobar un pedido de interpelación para el 2 de julio, desde el Gobierno están convencidos de que el Presidente se reserva el derecho de sostener al ministro coordinador “hasta que la Justicia sentencie”, sin obligación de apartarlo del cargo ante una eventual citación desde el juzgado de Lijo.
En estas horas se conoció un avance judicial contra Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del jefe de gabinete, por haber omitido datos en su declaración jurada.
En Balcarce 50, y también en la quinta de Olivos, creen que sostener al jefe de gabinete, complicado por sus viajes al exterior y compra de propiedades con dinero en efectivo no declarado al fisco, genera un “costo político asumible, hasta tanto la Justicia sentencie”.
En el Gobierno admiten la sucesión de inconsistencias entre los dichos públicos de Adorni y la adquisición de bienes y gastos que investiga la Justicia, pero sostienen que no sería un buen antecedente su desplazamiento por una decisión del Congreso. Según el artículo 101 de la Constitución Nacional se necesita el voto de la mayoría absoluta, mitad más uno del total de los miembros de cada Cámara (37 senadores y 129 diputados) para destituir a un jefe de Gabinete, que llegó hoy, bien temprano, a Balcarce 50, sin agenda publicada hasta el momento.
Ese fue el argumento que escucharon los senadores dialoguistas de boca de la jefa de los senadores libertarios, Patricia Bullrich, a la vez impulsora de la salida de Adorni en las reuniones de mesa política. Con Bullrich trabajaron el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y (desde Israel) el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, alineados en salvar la cabeza del jefe de gabinete, y con el Presidente y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “informados de lo que se hablaba”, según fuentes oficiales.
Desde el Gobierno decían “entender” la actitud de senadores y dirigentes de Pro, que en la previa de la reunión daban por hecho que impulsarían la interpelación de Adorni, pero luego aceptaron postergar su tratamiento. “Es entendible, aunque quieren que se vaya Adorni sin pagar el costo”, reflexionó una espada oficialista en relación a declaraciones como la del macrista misionero Martín Goerling, jefe del bloque Pro, para quien “a esta altura mantener al jefe de Gabinete es un capricho”. El senador también afirmó a Infobae que pensó que “a esta altura el Presidente habría tomado la decisión correrlo del cargo”.
“Puro circo. No creo que prospere”, chicanearon cerca del jefe de gabinete, en referencia a las amenazas de los opositores dialoguistas, que de todos modos se concretarían en una semana, cuando la Cámara alta citaría a Adorni para ser interpelado el 2 de julio.
postergación,estará,trabajaron,Jaime Rosemberg,Manuel Adorni,Conforme a,,En noviembre. Confirman una gira del papa León XIV por Sudamérica e incluiría un paso por la Argentina,,Festeja Chiqui Tapia. La Justicia validó el cambio de domicilio de la AFA y anuló la designación de veedores,,Análisis. Milagros posibles e imposibles para Messi,Manuel Adorni,,Tras postergarse la sesión. Patricia Bullrich: “El Presidente considera que Adorni no mintió, que no hay nada cuestionable”,,Senado. El oficialismo gana tiempo para Adorni, pero sigue la presión para removerlo,,Nuevas medidas del fiscal. Indaga sobre las operaciones de Adorni con criptomonedas y una compra de blanquería por $8 millones
POLITICA
La Legislatura porteña debate proyectos clave: la línea F de subte, cambios en la VTV y la ley antitrapitos
La Legislatura porteña sesiona este jueves desde las 11 con una agenda cargada que reúne proyectos vinculados al transporte, el espacio público, la regulación de los vapeadores, la revisión técnica vehicular y medidas de alivio económico para familias endeudadas.
El temario incluye iniciativas impulsadas por el Gobierno de la Ciudad y propuestas de los distintos bloques políticos.
Uno de los proyectos centrales enviados por la gestión de Jorge Macri es el que habilita el financiamiento para la construcción de la Línea F de subterráneos.
La iniciativa autoriza al Ejecutivo porteño a tomar deuda por hasta 1350 millones de dólares mediante organismos multilaterales, entidades financieras y la eventual emisión de títulos públicos.
La futura Línea F será la primera ampliación de la red de subtes en 25 años y busca mejorar la conectividad entre el norte y el sur de la Ciudad.
El recorrido previsto abarcará 9,8 kilómetros y contará con 12 estaciones: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Santa Fe/Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón/Hospital Rivadavia, Parque Las Heras/Coronel Díaz, Plaza Italia/Ecoparque y Pacífico.
Además, el trazado permitirá combinar con las líneas A, B, C, D, E y H de subterráneos y conectar con los ferrocarriles Roca, en Plaza Constitución, y San Martín, en la zona de Palermo. El proyecto contó con un trabajo de articulación entre distintos bloques legislativos.
Ley Antitrapitos
Otro de los expedientes impulsados por el oficialismo es la denominada Ley Antitrapitos, que también incorpora aportes de una iniciativa presentada por La Libertad Avanza.
La propuesta apunta a endurecer las sanciones para quienes realicen actividades no autorizadas vinculadas al estacionamiento de vehículos, su cuidado en la vía pública o la limpieza de parabrisas.
Las propuestas de la oposición
La sesión también debatirá un proyecto promovido por la Unión Cívica Radical para regular el uso, la comercialización y la promoción de vapeadores y otros productos emergentes de tabaco y nicotina.
El objetivo de la iniciativa es restringir el acceso de menores de 18 años a estos dispositivos.
Por su parte, La Libertad Avanza incorporó dos proyectos al temario, ambos presentados por la legisladora María del Pilar Ramírez.
El primero propone una reforma integral del régimen de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTV), con el objetivo de desregular la prestación del servicio, ampliar la competencia y adecuar los requisitos técnicos a los avances tecnológicos y a la normativa nacional.
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La iniciativa establece que los vehículos particulares cero kilómetro realicen su primera verificación a los cinco años del patentamiento.
Luego, las revisiones serían bianuales para las unidades de hasta diez años de antigüedad y anuales para las más antiguas. También prevé organizar los controles según el último número de la patente para evitar concentraciones de demanda.
El proyecto, además, elimina el cupo de plantas verificadoras y habilita a que talleres, concesionarios e importadores que cumplan las exigencias técnicas puedan prestar el servicio, sin tarifas máximas ni mínimas fijadas por el Estado.
La propuesta también modifica el régimen de grabado de autopartes. El procedimiento seguiría siendo obligatorio sobre seis partes de la carrocería, aunque contempla la posibilidad de que el propio titular lo realice bajo las normas correspondientes.
Asimismo, dispone que los talleres habilitados verifiquen su cumplimiento antes de aprobar la VTV.
El segundo expediente de La Libertad Avanza es la denominada Ley Hojarasca, que plantea derogar más de 20 normas consideradas desactualizadas, redundantes o sin aplicación efectiva.
También prevé que las partidas presupuestarias vinculadas a esas regulaciones pasen al Ministerio de Hacienda y Finanzas y encomienda al Poder Ejecutivo adecuar la normativa reglamentaria y administrativa que resulte afectada.
En tanto, Fuerza por Buenos Aires impulsa la creación de un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal a cargo del Banco Ciudad. El proyecto, presentado por el diputado Leandro Santoro, busca asistir a sectores vulnerables mediante líneas de crédito especiales destinadas exclusivamente a cancelar deudas previas.
La iniciativa contempla préstamos exentos de impuestos, con una tasa nominal anual máxima del 40% y plazos de hasta 36 meses. Podrían acceder quienes registren deudas mensuales superiores al 40% de sus ingresos y menores a diez salarios mínimos y acrediten al menos dos años de residencia en la Ciudad de Buenos Aires.
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El programa alcanzaría a empleados, monotributistas hasta la categoría G y jubilados, aunque excluye a quienes posean inmuebles adicionales, activos financieros superiores al monto adeudado o hayan realizado compras de divisas recientemente.
También deja afuera deudas alimentarias, tributarias, hipotecarias, prendarias y las vinculadas a la adquisición de vehículos o bienes registrables.
La propuesta prevé que los fondos se transfieran directamente a los acreedores, la creación de una ventanilla única física y digital y una campaña de difusión.
Además, establece un sistema de prioridades para hogares con menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes de la educación pública, inquilinos y trabajadores de bajos ingresos, y contempla la eventual participación de otras entidades financieras bajo las mismas condiciones del programa.
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Legislatura porteña, Subte, PRO
El Gobierno estrenó hoy el decreto con el que modificó los trámites para elegir jueces y limitó la participación de la ciudadanía en el proceso. Puso en práctica el nuevo mecanismo con concursos clave, tendientes a elegir a magistrados que llevarán causas de alta sensibilidad política.
El Ministerio de Justicia publicó hoy en el Boletín Oficial las ternas de candidatos que le envió el Consejo de la Magistratura correspondientes a siete concursos. Incluyen el destinado a cubrir dos de los seis cargos de camaristas federales en Comodoro Py y cuatro cargos en la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. También, el juzgado federal 1 de Corrientes (el único federal con competencia electoral de la provincia), el juzgado 10 en lo penal económico y el federal 2 de La Plata.
La publicación de hoy -que es por un solo día- cumple con enumerar los cargos a cubrir, la integración de las ternas y la referencia a la página web del Ministerio de Justicia donde pueden consultarse los curriculum y los puntajes obtenidos por los distintos candidatos. Eso es todo lo que demanda el nuevo decreto.
Hasta la semana pasada, estaba vigente el decreto 588/2003, que preveía un período de quince días para que particulares, colegios profesionales y asociaciones vinculadas a la Justicia presenten observaciones y objeciones a los candidatos. Contemplaba también la posibilidad de que el ministerio invitara a exponer su opinión a organizaciones especializadas. Establecía además que el Gobierno les pediría una declaración jurada patrimonial a los postulantes y que esa declaración podría ser consultada por la ciudadanía.
El Ministerio estaba obligado, asimismo, a pedir a ARCA un informe sobre “el cumplimiento por parte de los candidatos ternados de sus obligaciones impositivas y previsionales”. Después, debía presentarle su informe sobre los postulantes al Presidente.
El nuevo decreto de Milei cambia tanto la forma de elegir jueces, fiscales y defensores, como ministros de la Corte Suprema. Fue muy cuestionado por reducir la participación ciudadana en el proceso de selección de magistrados.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó esta semana una acción de amparo para frenar la aplicación del decreto.
En paralelo, un grupo de ONGs publicó un comunicado conjunto en rechazo de la nueva norma, a la que consideran un retroceso en materia de institucionalidad.
Firmaron el documento la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, Democracia en Red, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Campaña GQUAL.
Las organizaciones coincidieron en que los cambios introducidos por el Decreto 467/2026 implican “un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y para la igualdad de género, y por ende, también para la calidad de nuestra democracia”.
Además de eliminar la instancia de participación popular ante el Ministerio de Justicia, que es previa a la nominación presidencial, el decreto dejó sin efecto la sugerencia de contemplar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional que debían guiar la elección de los candidatos a la Corte.
El Gobierno argumentó que ese primer paso de participación era redundante con el que se abre una vez que los pliegos ingresan al Senado. Quienes cuestionan la decisión advierten que esa primera etapa de participación, ahora derogada, era central para poner al tanto al Poder Ejecutivo de posibles impugnaciones y objeciones antes −y esto es lo central− de que elija a los candidatos a jueces y los envíe al Congreso.
Conforme a
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