POLITICA
La Cámara Federal dispuso que no hay méritos para procesar o sobreseer a Alberto Fernández

La Cámara Federal porteña dispuso que no hay méritos para procesar ni para sobreseer al expresidente Alberto Fernández en la causa en la que está siendo investigado porque, cuando era jefe de Estado, se realizaron contrataciones de seguros del Estado con intermediarios allegados al entonces primer mandatario.
De todos modos, los camaristas aclararon que se trata de un tecnicismo y que siguen convencidos de que la prueba implica a Alberto Fernández.
Este fallo de los jueces es la derivación de la decisión que tomó la semana pasada la Cámara Federal de Casación, que anuló el procesamiento del expresidente con el voto de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo.
Ahora, los jueces de la Cámara Federal que antes habían confirmado el procesamiento, dispusieron la falta de mérito. La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara Federal porteña, firmada por los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun, y con la disidencia de Eduardo Farah.
Con este fallo, Alberto Fernández seguirá siendo investigado por el supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
Los jueces definieron qué empresas actuaron como meras pantallas para el desvío de fondos públicos y cuáles quedaron desligadas de las maniobras delictivas de sus directivos.
Además, el tribunal aclaró que la anulación del procesamiento se debió “exclusivamente a una cuestión técnica”, no a un análisis de las pruebas contra el expresidente.
Esto es porque el fiscal general ante la Cámara Federal José Agüero Iturbe había solicitado la falta de mérito de Alberto Fernández, lo que le ató las manos al tribunal para confirmar el procesamiento.
Los jueces subrayaron que este escenario no significa una exculpación: “Nada de lo resuelto por la Casación censuró o revisó la valoración de hechos y derecho realizada oportunamente”, dijeron los camaristas Irurzun y Boico.
Aclararon que no implica que falte impulso acusador en la instrucción de los hechos. Las pruebas de su cercanía e influencia en el entramado siguen firmes en el expediente, señalaron los jueces.
La resolución analizó si los delitos cometidos por los directivos de los brokers de seguros contagiaban automáticamente a las empresas, como personas jurídicas. El tribunal determinó que la responsabilidad penal no se traslada “sin más”, sino que requiere probar que las empresas se utilizaron de manera estructural para el ilícito, carecían de políticas de control (compliance) o canalizaban sobornos.
El tribunal confirmó los procesamientos y embargos de las firmas Bachellier SA, Bri Brokers SA, TG Broker SA y San Ignacio Sociedad de Productores de Seguros SA como partícipes necesarias de negociaciones incompatibles y, en el caso de la última, también por cohecho.
Bachellier SA cobró comisiones de Nación Seguros por más de 1641 millones de pesos, supuestamente por asesorar al Ministerio de Seguridad. Sin embargo, al ser allanada, su sede presentaba “rasgos de abandono y falta de actividad real”, y los organismos públicos negaron tener antecedentes de sus supuestos trabajos.
Las firmas San Ignacio y TG Brokers fueron impuestas en Nación Seguros pese a que sus productores ni siquiera estaban activos. Percibieron elevadas sumas sin prestar servicios reales.
San Ignacio transfirió más de 230 millones de pesos a la Cooperativa 7 de Mayo, la cual luego financió pagos en beneficio del exfuncionario de Nación Seguros Mauro Tanos. Sus sedes reales eran desconocidas hasta por sus propios representantes formales.
Por el contrario, la Cámara decidió revocar los procesamientos de Héctor Martínez Sosa y Cia SA, San Germán Seguros SA y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, y dictó la falta de mérito.
El caso más resonante es el de la empresa de Héctor Martínez Sosa, esposo de María Cantero, histórica secretaria de Alberto Fernández.
Los jueces concluyeron que la injerencia de Martínez Sosa y Cantero para cooptar los seguros del Estado está probada, pues Cantero llegó a hablar de armar “nuestra PYME” usando sus contactos presidenciales.
Sin embargo, dijeron que esta trama estuvo signada por la “intervención personal y directa” de Martínez Sosa, impulsada por sus vínculos privados de larga data. Por lo que no se logró demostrar que la compañía entera, que ya tenía un estatus previo en el mercado, operara únicamente como una pantalla sin actividad real.
De igual manera, se liberó a San Cristóbal, argumentando que sus dimensiones y su gran operatoria en el sector privado hacen irrazonable extenderle responsabilidad penal por el accionar individual de uno de sus gerentes, Luciano Torre Arregui.
En cuanto a San Germán, la firma logró demostrar con documentación que tenía el capital y la capacidad técnica para afrontar los riesgos de coaseguro que había asumido.
El fallo ratificó el procesamiento y embargo de Daniel Rodríguez, encargado de la Quinta de Olivos y cercano tanto a Alberto Fernández como a Martínez Sosa. Es la única persona física evaluada en esta instancia.
Rodríguez operaba desde la Quinta Presidencial de Olivos como un engranaje clave.
Los peritajes telefónicos revelaron que actuaba como intermediario de los intereses de María Cantero y Martínez Sosa, gestionando la agenda y utilizando su cercanía al poder para asegurar contratos de seguros en dependencias como la Policía Federal.
La Cámara concluyó que su rol evidenció un “involucramiento activo” en el direccionamiento de negocios estatales, en clara violación de sus deberes como funcionario público.
El expresidente seguirá bajo investigación en el caso que en la actualidad está a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien tendrá que volver a resolver su situación una vez producida prueba que pidió su defensa. Fernández podría ser procesado nuevamente, quedar con falta de mérito o ser sobreseído.
El juez de la sala II de la Cámara Federal Roberto Boico aclaró en su voto que lo hizo porque lo dispuso la Casación y que su idea no obstante es “mantener conceptualmente la postura asumida al confirmar el procesamiento del Dr. Alberto Fernández”.
“Dejando a salvo mi opinión y atendiendo a lo expresamente resuelto por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, corresponde revocar el fallo que procesó y embargó a Alberto Fernández”, advirtió por su parte el juez Martín Irurzun.
Farah disintió y postuló que en el caso de los acusados involucrados en las maniobras vinculadas a la intermediación del broker amigo del expresidente, Héctor Martínez Sosa, debían también quedar con falta de mérito porque su situación estaría atada a la del expresidente.
la Cámara Federal de Casación,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Diputados opositores piden una sesión especial para activar la interpelación a Manuel Adorni

Ante el revuelo que generaron las últimas revelaciones sobre el presunto crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete Manuel Adorni, un amplio sector de la oposición pidió una sesión especial para el jueves 14 de mayo con el propósito de activar en comisión los proyectos para interpelar al funcionario en el recinto.
La sesión especial es motorizada por diputados de Provincias Unidas -encabezados por Esteban Paulón (Socialismo)-, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y de los bloques de izquierda. La bancada de Unión por la Patria no suscribió el pedido para no ser vista como la punta de lanza de la ofensiva, pero se descuenta que participará de la sesión por cuanto Germán Martínez, jefe del bloque, es autor de una de las cuatro iniciativas para interpelar a Adorni incluidas en el temario.
Aunque ese jueves consiga el quorum en el recinto –el desafío más difícil a superar por los convocantes-, la oposición no podría votar in situ la interpelación de Adorni porque los proyectos, al no contar con dictamen de comisión, necesitarían dos tercios de los votos para ser aprobados. Una mayoría inalcanzable para la oposición, pues el oficialismo y sus aliados tienen el tercio para bloquear cualquiera de sus ofensivas en el recinto.
Ante esta circunstancia, los opositores no tienen otra alternativa que conseguir primero los dictámenes de comisión para que luego sean eventualmente aprobados en el recinto con mayoría simple, un número más accesible para ellos.
Con ese objetivo en la mira convocaron a la sesión del jueves 14: para emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones Poderes y Reglamento -ambas comandadas por el oficialismo- a que pongan en tratamiento los cuatro proyectos y emitan dictamen en un tiempo perentorio.
El camino no es sencillo y demanda sus tiempos. La oposición ya no ostenta el poder de fuego que tenía antes de las elecciones legislativas y el oficialismo, que tiene como aliados a Pro, UCR y un puñado de gobernadores, goza de una posición más robusta.
Sin ir más lejos, la convocatoria a sesión especial es impulsada por el sector más aguerrido de Provincias Unidas y no lo firmó su presidenta, la diputada Gisela Scaglia -quien responde al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro-, ni por los diputados por Córdoba que siguen a pies juntillas las directivas del gobernador Martín Llaryora.
Ambos mandatarios provinciales, si bien no son aliados formales del gobierno nacional, están en momento de mejor sintonía con el Poder Ejecutivo a partir de las últimas transferencias recibidas para cubrir sus déficits en sus respectivas cajas jubilatorias.
Si bien la oposición admite que no será fácil alcanzar las 129 voluntades que requiere el quorum para arrancar la sesión, cree que la situación de Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, llegó estos últimos días a un nivel insostenible con la revelación de los gastos exorbitantes en refacciones domésticas, viajes y operaciones inmobiliarias.
“Esta sesión marcará un principio de revelación: quiénes están dispuestos a inmolarse por el Gobierno en la defensa de Adorni y sus gastos millonarios y quiénes no”, acicatean los opositores.
@madorni,pic.twitter.com/jx4YECMDtY,May 4, 2026,revelación de los gastos exorbitantes en refacciones domésticas,Laura Serra,Cámara de Diputados,Conforme a,Cámara de Diputados,,Los temas. Martín Menem reactiva la agenda legislativa y el oficialismo busca correr el eje del caso Adorni,,“Gasto menor”. La Libertad Avanza ploteó con un león violeta una sala de reuniones del anexo de Diputados,,El Gobierno busca recortar los subsidios al gas y focalizarlos en hogares de bajos ingresos
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La oposición presiona para interpelar a Adorni, pero los gobernadores por ahora no aportan los votos

La crisis política que se desató a raíz de las denuncias contra Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito no le da respiro al Gobierno. Este jueves, diputados de la oposición convocaron formalmente a una sesión para el próximo 14 de mayo en la que se tratarán los cuatro proyectos que impulsan la interpelación del Jefe de Gabinete para que brinde explicaciones sobre sus viajes y su patrimonio.
El objetivo real de la sesión es emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento para que dictaminen los proyectos de interpelación contra Adorni. Ambas comisiones están controladas por La Libertad Avanza y sin el emplazamiento la oposición no puede obligarlas a tratar los pedidos de interpelación.
Conseguir que las iniciativas tengan dictamen es fundamental ya que sin ese paso reglamentario la oposición necesitaría una mayoría agravada de dos tercios para poder tratar los proyectos “sobre tablas”, es decir, sin pasar por las comisiones correspondientes.

La interpelación es una instancia previa en la que el ministro coordinador deberá responder preguntas de forma exhaustiva y en caso de no evacuar todas las dudas, se abre la posibilidad de avanzar con una moción de censura.
La moción de censura es un mecanismo parlamentario regulado en el artículo 101 de la Constitución Nacional que permite a la Cámara de Diputados expresar su desaprobación respecto a la gestión del jefe de Gabinete. Originalmente fue pensada como una “válvula de escape” ante una crisis política grave que permita frenar posibles abusos, errores o desvíos en la gestión sin descabezar el Poder Ejecutivo. Para que la moción prospere, debe ser aprobada por mayoría absoluta (129 votos). Si luego ambas Cámaras aprueban la remoción, el ministro afectado debe presentar su renuncia.
Cabe destacar que esto no ha ocurrido nunca desde la reforma constitucional de 1994 y el propio Adorni denunció que representaría un claro intento de desestabilización contra el Gobierno.
La bancadas de Unión por la Patria -que no firmó el pedido de sesión y asegura que no fue consultada-, el Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas ya hicieron públicas sus intenciones de echar a Adorni por la vía parlamentaria. A estos se suman un puñado de legisladores entre los que se destaca la ex libertaria Marcela Pagano, quien incluso denunció penalmente a Adorni. Pero estos espacios todavía deberán sumar una veintena de votos si quieren remover al jefe de Gabinete y, ante ese escenario, los gobernadores una vez más actuarán como el fiel de la balanza.

Por el momento, los mandatarios provinciales especulan con los tiempos y envían señales ambiguas. La jefa del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, pidió la renuncia de Adorni pero confirmó que los legisladores que responden al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, no impulsarán la moción de censura.
“Yo no creo que los diputados lo tengamos que destituir. Adorni se tiene que ir solo. Adorni tiene que renunciar por varios motivos. Primero, para hacerle un bien al gobierno que él dice defender”, dijo a la radio provincial “Punto a Punto (90.7 FM)”.
En la misma línea, los diputados de Córdoba que responden al gobernador Martín Llaryora, que también integran el bloque Provincias Unidas, también argumentan que la situación de Adorni debe resolverla la Justicia.
Además, otros espacios como Independencia, que controla el gobernador Osvaldo Jaldo, Elijo Catamarca, vinculado a Raúl Jalil, e Innovación Federal, donde pisan fuerte Gustavo Sáenz y Carlos Rovira, no han mostrado ninguna intención de jugar a fondo contra la Casa Rosada.
De hecho, varios mandatarios provinciales almorzaron con el ministro del Interior Diego Santilli en el marco de la gira que encabezó la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei por San Juan.
“Van a quedar expustos los gobernadores y los republicanos intermitentes”, ironizaba un diputados en referencia a los bloques del PRO y la UCR, aliados del Gobierno
“A esta altura, con el daño que le está haciendo al Gobierno, creo que le terminamos haciendo un favor a Milei si removemos a Adorni, así no lo va a tener que echar él”, concluyó otro de los diputados que lo denunció penalmente.
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La Corte Suprema intimó al Superior Tribunal de Santa Cruz: los motivos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz que en 48 horas le envíe el expediente completo sobre la ampliación del cuerpo, que pasó de cinco a nueve miembros.
La decisión llegó después de que el Superior Tribunal provincial incumpliera un pedido anterior que la Corte ya le había hecho el 23 de abril.
El origen del conflicto se remonta a agosto del año pasado, cuando la Legislatura provincial aprobó la ley 3949 impulsada por el oficialismo con el argumento de “modernizar y agilizar el funcionamiento del máximo tribunal local”. A partir de esa norma, el gobernador envió ternas para cubrir los nuevos cargos, aunque solo dos postulantes lograron ser designados: Sergio Acevedo y José Antonio González Nora.
“No me importan los aprietes, la justicia debe ser independiente y tiene que trabajar en beneficio del pueblo de Santa Cruz”, afirmó Vidal durante el acto de jura.
Sin embargo, poco después, cuatro de los integrantes del tribunal declararon nula esa designación al considerar que el procedimiento no cumplía con los requisitos constitucionales. “La jura celebrada carece de los presupuestos de validez que exige el orden constitucional”, sostuvieron en una resolución que profundizó la crisis.
El Gobierno provincial cuestionó con dureza esa decisión y acusó a los magistrados de responder al kirchnerismo. En ese marco, Vidal denunció la existencia de un “golpe judicial” y apuntó contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo.
El conflicto escaló aún más cuando el propio tribunal santacruceño declaró la inconstitucionalidad de la ley que había ampliado su integración, lo que derivó en una fuerte tensión entre los distintos poderes del Estado provincial.
Ante ese escenario, el gobernador acudió a la Corte Suprema para pedir su intervención al sostener que la justicia local “actúa de forma destituyente”. También presentaron recursos los jueces involucrados, en un contexto en el que se acumulan distintas causas vinculadas al mismo tema.
La advertencia de la Corte
El pasado 23 de abril, la Corte Suprema resolvió intervenir en el conflicto y los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ordenaron que se remitan de manera urgente todas las causas vinculadas al conflicto.
“Requerir al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santa Cruz que, con carácter urgente, remita las actuaciones principales y todos los incidentes vinculados con la causa 917/2025 en la que se dictó sentencia definitiva el 17 de diciembre de 2025”, señalaron los magistrados.
Como el STJ no envió el expediente solicitado, la Corte le dio un plazo de 48 horas para cumplir con la orden judicial.
Justicia, Reforma judicial, Santa Cruz, TNS
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