POLITICA
La licitación de la Hidrovía: la empresa Deme denuncia participación china en la propuesta de su principal competidora
Con la licitación para la explotación y dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay entrando en la recta final, el consorcio belga Deme, en conjunto con empresas de Estados Unidos, decidió blanquear lo que decía en privado.
Para representantes de esa compañía, su competidora Jan de Nul, que maneja la Hidrovía desde 1995, “esconde” la participación de capitales y socios chinos, en su intento por retener por otros 25 años el control de la vía troncal, de 1300 kilómetros de extensión, por la que pasa el 80 por ciento de las exportaciones argentinas, entre ellos soja, granos y minerales raros, codiciados por Washington.
La cuestión no quedó sólo en la retórica: según pudo saber , el jueves pasado, representantes norteamericanos del consorcio que encabeza la dragadora Deme estuvieron en la embajada de Estados Unidos con el embajador Peter Lamelas para transmitirle su preocupación. La licitación de la Hidrovía está bajo la órbita controlada por el asesor presidencial Santiago Caputo, a través de su director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que maneja su director ejecutivo, Iñaki Arreseygor.
“Jan De Nul se asoció con Servimagnus SA, desde hace 20 años el conducto de China en Argentina. Servimagnus SA es el principal subcontratista de dragado de Jan de Nul. A través de las relaciones de Servimagnus con Agrofina, aparecen varias empresas estatales chinas vinculadas al PCCh (Partido Comunista) y entidades señaladas, lo que representa un riesgo significativo para la seguridad nacional tanto de Estados Unidos como de Argentina, así como para todos los demás países que utilizan el Hidrovía”, denunció Arthur Van Desande, experto en esquemas offshore, lavado de dinero y delitos ambientales y asesor de Deme, en declaraciones que la compañía hizo llegar a .
“El riesgo que representa China es demasiado alto como para permitirle un control absoluto sobre la Vía Navegable Troncal durante 25 años: la seguridad nacional de Estados Unidos y Argentina está en juego.”, agregó el experto, en línea con la política de competencia con China que emana desde la administración Trump.
Antes de su llegada a Buenos Aires, Lamelas afirmó en la defensa de su pliego ante el Senado norteamericano, que “hablaría con los gobernadores” para que limiten la influencia “maligna” del gigante asiático y sus proyectos regionales. Aunque el alineamiento con Washington es total, algunos proyectos previos- como la represa Jorge Cepernic en Santa Cruz, paralizada durante años- siguen adelante, en este caso con promesa de pronto financiamiento de la banca china.
A través del decreto 5/2026, el Gobierno limitó en enero pasado la participación de empresas sancionadas por organismos multilaterales por distintos incumplimientos, otra manera de limitar el acceso de China –la mayoría de sus empresas tienen participación estatal- a las obras de infraestructura en el país. La empresa estatal CCCC Shanghai Dredging quedó fuera de la licitación por la Hidrovía en sus fases premilinares. Para Deme, China busca intervenir, ahora de manera indirecta.
El gigante asiático gobernado por Xi Jinping se sostiene, sin embargo, como uno de los principales destinos de las exportaciones argentinas, con la soja como producto principal, y está vigente el swap de monedas, que maneja el Banco Central, por unos U$S 5000 millones.
Un paso más dio Esteban Bovo, ex diputado por el Estado de Florida, vinculado al consorcio que lidera Deme y cuya esposa Vivian, es asesora del secretario de Estado, Marco Rubio. “La presencia de importantes inversionistas estadounidenses asumiendo un riesgo de 25 años en la Vía Navegable Troncal sin garantía estatal es una clara muestra de confianza en la economía argentina y en la visión de Milei”, dijo Bovo, y agregó: “Milei debe enviar un mensaje contundente: más allá de la retórica, los inversionistas estadounidenses son bienvenidos en Argentina”, sostuvo.
Luego de meses de demora, el Gobierno inició la licitación de la vía troncal. El primer paso fue la selección de los candidatos, en la quedó en el camino el consorcio brasileño DTA. Deme (asociada con la dragadora norteamericana Great Lakes, de las más importantes del mundo, y la también estadounidense Clear Street) y Jan de Nul están en carrera para el segundo paso, con el análisis que desde el Gobierno están haciendo de su propuesta técnica y metodológica. En una tercera instancia, se evaluará la propuesta financiera de cada empresa, incluido el cobro de peaje, que deja ganancias por unos U$S 200 millones por año. “Tendremos a dos de las empresas más grandes del mundo compitiendo en el próximo tramo de la licitación, que va a ser clave”, destacó Arreseygor cuando quedaron en pie las dos empresas belgas.
Desde el Gobierno se mostraron sorprendidos por las denuncias de Deme. “Hay que ir y ganar por precio y calidad de oferta. Si ganan, ganan y si pierden, pierden”, afirmaron influyentes funcionarios con diálogo directo con la dirección de Puertos, que hizo silencio. Agregaron que se trató de una licitación internacional, con pliegos aprobados por ONU, y destacaron que “no hay mucho más que inventar”. Una manera de rechazar las quejas de la competidora belga, a quien el propio Arreseygor vinculó el año pasado con el expresidente Mauricio Macri y su ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich.
El año pasado, el funcionario los acusó a ambos en el Congreso de “boicotear” una licitación que fue anulada, luego de que Deme se presentara en soledad para los trabajos de dragado de la Hidrovía. En aquel momento, Dietrich desmintió las acusaciones y le pidió a Arreseygor que “recapacite, tome en cuenta las sugerencias y haga un próximo llamado de licitación competitiva”. Un año después, la licitación está en marcha, pero la polémica aún no cesa.
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POLITICA
Diputados de la oposición vuelven a presionar por la Ley de Financiamiento Universitario y acompañarán las marchas en todo el país
La oposición en Diputados intensificó sus reclamos para que el Gobierno implemente la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial de Javier Milei en agosto de 2025. En paralelo, legisladores, agrupaciones estudiantiles y sectores sindicales acompañarán las movilizaciones universitarias previstas en todo el país.
Desde el radicalismo crítico, que integra la bancada Provincias Unidas, el diputado Pablo Juliano cuestionó la postura oficialista. “Sancionamos dos leyes que el Gobierno no quiso cumplir porque argumentaron que se rompía el déficit fiscal. Estamos en presencia de un gobierno que no escucha ni quiere escuchar. Es muy difícil conversar las reglas del juego con los libertarios cuando fingen demencia institucional”, sostuvo.
Reclamos por el presupuesto universitario
Sectores vinculados con Franja Morada y con la Organización de Trabajadores Radicales (OTR), liderados por Luis Cerini, advirtieron sobre el impacto del ajuste en las universidades nacionales. Según expresaron, “la falta de presupuesto universitario no es una restricción administrativa, es un ‘ajuste deliberado’ que está asfixiando nuestra educación pública”.
En el mismo pronunciamiento señalaron que “la universidad está en emergencia” y enumeraron las consecuencias de la falta de financiamiento: salarios deteriorados, ausencia de becas suficientes, problemas de infraestructura, falta de insumos en hospitales escuela y dificultades para sostener los servicios estudiantiles.
La ley aprobada por el Congreso
La norma ratificada por el Congreso garantiza el financiamiento de la educación universitaria pública en todo el país y contempla mecanismos para asegurar las condiciones salariales y laborales de docentes y no docentes.
El texto establece que el Poder Ejecutivo debe definir partidas presupuestarias destinadas al programa “Desarrollo de la Educación Superior”, orientadas a fortalecer el ingreso, la permanencia y la graduación de estudiantes, además de incrementar recursos para tecnología y formación de personal universitario.
Sin embargo, la Casa Rosada rechazó esa legislación y presentó en febrero de este año una nueva propuesta en la Cámara de Diputados. El proyecto, firmado por Javier Milei y el ministro Manuel Adorni, todavía no fue tratado en las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda.
La propuesta del Gobierno
La iniciativa oficialista busca compatibilizar el financiamiento universitario con las previsiones del Presupuesto 2026. El proyecto garantiza el acceso gratuito a la educación superior mediante el aumento de fondos para becas estratégicas y programas de estudio destinados especialmente a los sectores más vulnerables.
Además, contempla mecanismos de recomposición presupuestaria cuando la inflación supere las previsiones utilizadas para elaborar el Presupuesto 2026, con el objetivo de evitar el deterioro de los recursos destinados al funcionamiento de las universidades.
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El texto también incluye partidas para hospitales universitarios y prevé actualizaciones salariales para docentes y no docentes. No obstante, el oficialismo aún no consiguió respaldo suficiente entre los bloques dialoguistas. Desde el Ministerio de Capital Humano reconocen que “este proyecto no logró querer ni los radicales, ni algunos integrantes de Provincias Unidas”.
La defensa oficial
En los últimos días, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió la política presupuestaria del Ejecutivo. “El Gobierno ha cumplido con todas sus obligaciones, en el Presupuesto 2026 la partida destinada a universidades creció y pasó a 4,8 billones de pesos”, afirmó.
También rechazó las denuncias de desfinanciamiento de los hospitales universitarios realizadas por la Universidad de Buenos Aires. “El Gobierno nacional transfirió mensualmente la totalidad de los créditos asignados en el Presupuesto 2026. La UBA reclama una partida adicional de 75.371 millones de pesos, que equivale al 94,5% del total del presupuesto destinado a los hospitales universitarios de todo el país”, planteó.
El reclamo de Unión por la Patria
Desde Unión por la Patria, la diputada Blanca Osuna aseguró que las universidades “están al borde del colapso” por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y por el congelamiento de las becas Progresar.
La legisladora, integrante de la Comisión de Educación, mantuvo reuniones en las últimas semanas con rectores, docentes y estudiantes universitarios. Según advirtió, los hospitales universitarios “están funcionando al 50% por falta de financiamiento”, pese a las declaraciones oficiales.
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“Lo más importante es escuchar a los estudiantes, rectores, docentes y sindicatos”, señaló Osuna al justificar los encuentros impulsados desde la oposición.
Un nuevo debate en Diputados
Tras la movilización de este martes, en la oposición estiman que podría reabrirse el debate parlamentario sobre el financiamiento universitario en las comisiones de Diputados. Mientras tanto, continúa la expectativa por el pronunciamiento definitivo de la Justicia sobre la validez de la ley sancionada en 2025.
Marcha universitaria, Diputados, FINANCIAMIENTO
POLITICA
El Gobierno reúne a la mesa política y Bullrich volverá a verse con Adorni después de haberlo cuestionado por su declaración jurada
El Gobierno convocó para este martes a otra reunión de mesa política de La Libertad Avanza, en un escenario atravesado por la situación judicial de Manuel Adorni y la necesidad de retomar la iniciativa política. El encuentro se realizará a las 16 en Casa Rosada.
Participarán Karina Milei, el jefe de Gabinete, el asesor Santiago Caputo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt y los ministros Luis Caputo y Diego Santilli. También estará Patricia Bullrich. Será la primera vez que se vea con Adorni después de haberle pedido que presente su declaración jurada de bienes para aclarar su situación judicial.
El oficialismo busca concentrarse en la agenda parlamentaria y acelerar una serie de proyectos que considera prioritarios para correr el eje de Adorni. El oficialismo espera que el Congreso empiece a debatir el proyecto de super-RIGI, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía para incentivar inversiones en sectores que actualmente no tienen desarrollo en la Argentina.
Además, en Diputados, LLA intentará avanzar este martes con el dictamen para la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una discusión que quedó trabada por cuestionamientos de laboratorios locales.
Si consigue destrabar ese debate, el oficialismo planea llevar al recinto la próxima semana otros proyectos, entre ellos la Ley Hojarasca y la modificación del régimen de Zonas Frías, que propone recortar subsidios al gas en determinadas regiones del país.
La agenda legislativa también estará atravesada por la ofensiva opositora contra Adorni. Sectores de la oposición impulsan para este jueves una sesión en Diputados para avanzar con una interpelación al jefe de Gabinete por su situación judicial y analizar una eventual moción de censura.
La reunión en Casa Rosada estará atravesada por la causa Adorni. Este lunes, el juez federal Ariel Lijo solicitó información sobre contratos entre la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti —esposa de Adorni— y empresas contratistas del Estado. La medida forma parte de una investigación iniciada tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano para determinar si existieron irregularidades en adjudicaciones vinculadas con la compañía de coaching.
En paralelo, continúa abierta la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el funcionario. Días atrás, Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal ante ARBA de Adorni y su esposa para avanzar sobre movimientos patrimoniales vinculados con la compra y remodelación de una propiedad en Exaltación de la Cruz.
Pese al avance de las investigaciones, Javier Milei volvió a respaldar públicamente a su jefe de Gabinete. “No voy a ejecutar gente honesta”, afirmó el Presidente en una entrevista televisiva, donde sostuvo además que Adorni tiene “todo en regla”.
Las negociaciones abiertas en el Senado
En paralelo, el Senado mantiene una agenda propia con proyectos impulsados por el oficialismo. LLA busca concretar las audiencias para designar jueces y fiscales federales, además de intentar conseguir dictamen para el proyecto de Propiedad Privada.
La cámara alta también podría sesionar esta semana para tratar la autorización de pago de US$171 millones a fondos que litigaban contra la Argentina por la deuda en default de 2001, junto con iniciativas vinculadas con regularización de la tenencia de armas, prórrogas judiciales y pliegos diplomáticos.
Con ese escenario, el Gobierno intenta recuperar margen político en el Congreso para intentar sacar de agenda las investigaciones judiciales que enfrenta Adorni.
Javier Milei, Manuel Adorni, La Libertad Avanza
POLITICA
El Gobierno cuestiona la marcha universitaria y la vincula a intereses opositores: “Es claramente política”
El Gobierno define a la Marcha Federal Universitaria de esta tarde como “claramente política” e insistirá en su tarea de transparentar los gastos de las universidades.
En una rueda de prensa convocada en el Ministerio de Capital Humano este lunes, la titular de la cartera, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, tomaron la palabra en nombre del Gobierno y vincularon la protesta a intereses de la oposición.
“Hay un reclamo genuino de salarios que nosotros lo podemos entender y está dentro del marco de la Constitución que cualquier sindicato puede reclamar una mejora salarial. Pero esta convocatoria está fuertemente influenciada por la política“, afirmó Álvarez. Para reforzar su punto, el funcionario cuestionó la foto de rectores peronistas con el gobernador bonaerense Axel Kicillof o la adhesión de la CGT a la marcha.
“Si fuera un reclamo puramente universitario, ¿por qué necesitás que actores sociales que no tienen una relación directa estén presentes? No, en las convocatorias te das cuenta de que es claramente política“, insistió.
“Es importante la batalla cultural para que la gente entienda que nosotros no estamos en contra de la universidad pública y no queremos cerrar las universidades. Queremos explicárselo a la gente para que pueda tomar una decisión de qué apoyar sin ninguna connotación política y con datos reales”, enfatizó la ministra Sandra Pettovello en otro pasaje de la conversación.
En ese sentido, con el objetivo de “desmitificar el monstruo sagrado” de la universidad pública, la titular de la cartera de Capital Humano puso el foco en la necesidad de esclarecer en qué se gasta el dinero público.
La Ley de Financiamiento y el conflicto por los fondos
El reclamo central de la marcha prevista para este martes es que el Gobierno ejecute la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso el año pasado. La norma incluye entre sus puntos principales una actualización salarial acorde a la inflación del periodo 2024 y 2025.
Sin embargo, la Casa Rosada argumentó que el proyecto no establecía de dónde disponer los fondos y, por lo tanto, infringía la Ley de Administración Financiera. Esto es rechazado por las universidades, las cuales presentaron un amparo y luego de dos fallos en su favor, aguardan una resolución por parte de la Corte Suprema.
En ese contexto, el subsecretario de Políticas Universitarias aseguró que la única ley que el Gobierno va a cumplir es la Ley de Presupuesto y que la ley vigente —cuyo costo estiman en 1,2 billones de pesos— quedó abstracta tras la sanción de la ley de leyes.
“Si ellos creen que es abstracta, ¿por qué en el Presupuesto plantearon un capítulo para derogar la Ley de Financiamiento universitario?. Y así todo, no consiguieron los votos”, planteó en diálogo con TN el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.
Sin embargo, el funcionario a cargo de la política universitaria aseguró que el Gobierno tiene su atención en la discusión parlamentaria y no en la magnitud de una movilización. “Cómo sería un sistema institucional que funcione por la cantidad de bombos que llevo a una marcha. Está bien como protesta, pero no representa un parámetro”, insistió.
En paralelo, el Gobierno libra otra discusión con las universidades, pero por los fondos sin ejecutar destinados a hospitales universitarios. Luego de un cruce público con la Universidad de Buenos Aires, Álvarez anticipó a este medio que luego de la marcha se realizará una convocatoria para definir la distribución de los más de $79 mil millones que reclaman las instituciones.
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Por su parte, el titular del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, advirtió una caída del 45,6% desde fines de 2023 hasta la fecha en las transferencias que el Gobierno envía a las universidades. “Estamos a la mitad de nuestras capacidades”, aseguró el rector, que también reclamó una convocatoria a representantes gremiales, autoridades universitarias y a toda la comunidad para discutir cómo aplicar el contenido de la ley.
Marcha universitaria, Gobierno, Sandra Pettovello
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