En un contexto donde la seguridad jurídica se vuelve un activo cada vez más escaso para las grandes inversiones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo de alto impacto económico y político que vuelve a colocar a YPF en el centro de la escena.

El máximo tribunal hizo lugar a una demanda presentada por la petrolera y declaró inválido el intento de la provincia de Chubut de gravar con el impuesto sobre los ingresos brutos (ISIB) operaciones vinculadas a exportaciones de hidrocarburos. La decisión no sólo implica un alivio fiscal concreto para la compañía, sino que fija un precedente clave sobre los límites del poder tributario provincial en la Argentina.

El origen del conflicto: petróleo, logística y presión fiscal

Para entender la magnitud del caso, hay que mirar la estructura operativa de YPF. La compañía no sólo extrae petróleo, sino que integra toda la cadena de valor: desde la exploración hasta la exportación, pasando por la refinación y comercialización.

En este esquema, una parte sustancial del crudo extraído en Chubut es trasladado a refinerías ubicadas fuera de la provincia -principalmente en Buenos Aires- donde se industrializa antes de ser vendido en el mercado interno o exportado.

Fue precisamente en ese punto donde se generó la disputa.

La provincia patagónica sostuvo que ese petróleo, aun cuando luego fuera refinado y exportado, debía tributar ingresos brutos en su totalidad como si toda la operación se hubiera realizado dentro de su territorio. Bajo ese criterio, avanzó con determinaciones de deuda, intereses y multas que superaban los $60 millones.

YPF, en cambio, defendió un criterio distinto: argumentó que los ingresos derivados de exportaciones de productos industrializados no debían integrar la base imponible del impuesto, en línea con el propio Código Fiscal provincial y con principios constitucionales que protegen el comercio interjurisdiccional.

La decisión de la Corte: un freno a la «discriminación fiscal»

La Corte no dudó en inclinar la balanza a favor de la petrolera. En un fallo de fuerte contenido federalista, consideró que la pretensión de Chubut configuraba una discriminación fiscal inadmisible.

El argumento central fue claro: el esquema impositivo provincial generaba un trato desigual según dónde se realizara la industrialización del petróleo.

En otras palabras, si el crudo se refinaba dentro de Chubut y luego se exportaba, la operación quedaba exenta. Pero si ese mismo petróleo era refinado en otra provincia antes de exportarse, entonces sí era alcanzado por el impuesto.

Para el máximo tribunal, esa diferencia no solo carecía de razonabilidad, sino que implicaba una distorsión directa del sistema económico nacional.

El fallo lo sintetiza en una lógica contundente: si una exportación no tributa cuando todo el proceso ocurre dentro de una provincia, tampoco puede gravarse por el sólo hecho de que parte de la cadena productiva se desarrolle en otra jurisdicción.

Impacto inmediato: alivio fiscal y previsibilidad

En términos concretos, la decisión implica:

• La anulación de las determinaciones fiscales emitidas por Chubut
• La eliminación del reclamo millonario contra YPF
• El cierre de un litigio que llevaba años en trámite
• La reducción significativa del riesgo de que otras provincias intenten aplicar criterios similares

Pero el impacto va mucho más allá de ese monto puntual.

El fallo reduce significativamente el riesgo de que otras provincias intenten aplicar criterios similares, lo que podría haber derivado en una multiplicación de litigios y en un aumento sustancial de la carga tributaria sobre la industria energética.

Para una compañía del tamaño de YPF, con operaciones en múltiples jurisdicciones, la previsibilidad fiscal no es un dato menor: es un factor clave en la planificación de inversiones y en la competitividad internacional.

Un mensaje al sistema: no a las «aduanas internas»

Más allá del caso puntual, la Corte volvió a dejar un mensaje institucional de fondo.

Recordó que la Constitución Nacional organiza a la Argentina como un mercado único, donde las provincias no pueden establecer mecanismos que, en los hechos, funcionen como barreras al comercio interjurisdiccional.

En ese sentido, el fallo retoma una línea histórica del tribunal: rechazar cualquier intento de crear «aduanas internas» mediante herramientas fiscales.

La conclusión es contundente: los impuestos provinciales no pueden utilizarse para penalizar el traslado de bienes entre jurisdicciones ni para encarecer artificialmente las exportaciones.

Clave para Vaca Muerta y el negocio energético

La decisión llega en un momento estratégico para el sector energético argentino.

Con Vaca Muerta como eje del crecimiento y con la necesidad de aumentar exportaciones para generar divisas, el marco tributario se convierte en un elemento central.

En ese contexto, el fallo:

• Favorece la integración de cadenas productivas entre provincias
• Reduce distorsiones fiscales que afectan la competitividad
• Envía una señal positiva a inversores
• Refuerza la seguridad jurídica en operaciones de largo plazo

Para YPF, además, implica consolidar un esquema operativo clave: poder extraer, transportar, industrializar y exportar sin enfrentar cargas fiscales adicionales por esa integración territorial.

El límite a la potestad provincial

Uno de los aspectos más relevantes del fallo es cómo redefine -o, al menos, reafirma- el alcance del poder tributario de las provincias.

Si bien estas conservan amplias facultades para gravar actividades económicas dentro de su territorio, esas potestades encuentran un límite claro en la Constitución: no pueden interferir con el comercio entre provincias ni con las exportaciones.

La Corte fue explícita al señalar que incluso una interpretación formalmente válida de normas fiscales locales debe ceder si genera efectos contrarios al orden federal.

Lo que viene

El fallo no implica el fin de las tensiones fiscales entre provincias y grandes empresas. Tampoco elimina las facultades de control de los fiscos locales.

De hecho, la propia Corte aclaró que su decisión no prejuzga sobre los mecanismos de verificación de exportaciones ni sobre la correcta registración de operaciones por parte de YPF.

Sin embargo, el núcleo del conflicto quedó resuelto: las provincias no pueden gravar exportaciones de manera indirecta cuando eso implica discriminar operaciones interjurisdiccionales.

Una señal en medio de la incertidumbre

En un escenario donde la presión fiscal, la fragmentación normativa y la litigiosidad suelen ser parte del costo de hacer negocios en la Argentina, el fallo aparece como una señal de previsibilidad.

Para YPF, es -sin dudas- otra buena noticia.

Pero para el sistema económico en su conjunto, es algo más: una reafirmación de reglas básicas sin las cuales el federalismo fiscal deja de ser coordinación y se convierte en conflicto permanente.

El consumo masivo volvió a contraerse en marzo y llevó a que el primer trimestre cierre con números negativos respecto del mismo período del año pasado. La aceleración de la inflación y el poder adquisitivo que no repunta, sumado a los problemas de empleo que se registran en muchos sectores, desalientan una mejora en las ventas de alimentos, bebidas, artículos de limpieza y tocador. Y las grandes cadenas de supermercados continúan siendo las más afectadas.

Aunque el dato que publica todos los meses la consultora Scentia aún no fue oficializado -saldría entre el viernes y el lunes próximo-, los datos preliminares que trascendieron indican que el consumo volvió a caer en marzo a nivel agregado en el total canales, al igual que sucedió en febrero, cuando se contrajo 3,4%. A su vez, esa merma acumuló en el bimestre 2,1%.

La tendencia también se repitió si se analiza la evolución del consumo en cada uno de los canales. Los supermercados, que habían sufrido en febrero una contracción del 5,9%, habrían vuelto a caer durante el tercer mes del año entre 6% y 7%, según pudo saber Infobae. El canal mayorista también habría sido negativo en -9% y lo mismo los autoservicios, que de acuerdo a la información preliminar, cayeron no menos de 4% en marzo. En kioscos y almaneces, el panorama no fue mejor; el canal que sigue mostrando cifras positivas es el e-commerce, que en febrero tuvo un crecimiento de ventas del 26,5% a nivel interanual.

Por otro lado, la consultora NielsenIQ presentó su informe de consumo del período febrero-marzo y consignó que creció 1,5% respecto del mismo período del 2025, con un alza de 2,4% en el rubro de bebidas y de 2,2% en alimentos. En cuidado personal y limpieza, en cambio, mostró una baja de 2,3% en el consumo.

En cuanto a los canales, mientras que las grandes cadenas registraron una baja de 4,7% interanual y las perfumerías, de 3,2%, los comercios tradicionales tuvieron una suba del 6,9%, los autoservicios independientes, de 3,4% y los kioscos, de 2,8%. Más allá de algunas coincidencias, las cifras entre consultoras difieren debido a que utilizan diferentes metodologías.

Las grandes cadenas no logran repuntan, a pesar de que ya el año pasado registraron cifras negativas. El boom del comercio en este canal se dio durante el gobierno anterior, con los precios cuidados que sólo aplicaban los super. Luego, cuando la brecha de precios entre los supermercados y los autoservicios comenzó a achicarse y llegó el ajuste del actual gobierno, los consumidores comenzaron a regresar al comercio de cercanía, a realizar compras más chicas. La baja de la inflación también ayudó a que estoquearse no sea una necesidad.

Si bien es un canal que también muestra baja de ventas, como la gran mayoría, caen menos que las cadenas. Fuentes de diversas empresas productoras de alimentos concidieron en que tracciona mejor el canal tradicional que el moderno y, en algunos casos, también los del interior, en detrimento de las sucursales del AMBA. Los datos preliminares de Scentia indican que en el caso de las grandes cadenas, están parejos los números en ambas regiones, pero en autoservicios sufre más el interior que el conurbano.

“En nuestro caso, las ventas están igual que el año pasado (flat, como se le dice en le jerga económica), con apenas crecimiento en el interior y unos puntos de caída en el AMBA. Con respecto a los canales, nos va mejor en los autoservicios», dijo una fuente de una de las alimenticias líderes.

En tanto, fuentes del sector lácteo precisaron que el volumen total vendido del primer trimestre del año versus el mismo período de 2025 está prácticamente igual, con una marcada diferencia entre supermercados y mayoristas, en cuyos casos la venta cayó entre 4% y 6%, contra autoservicios, donde hubo un crecimiento del 5 por ciento. En este caso, la performance del interior fue mejor que la del AMBA.

“La geografía del dinero está cambiando. Hoy, además de Neuquén- que ya está claro- emergen oportunidades futuras en Río Negro , San Juan y, en general, las provincias de la cordillera y sus mercados. Se suman a las del Agro. Entonces tenés una economía dual, con tres motores muy fuertes encendidos (petróleo y gas, minería y agro ), con una dinámica sostenida y una gran oportunidad real para los próximos 10 años, por lo menos; y otros tres motores claves para el empleo y el consumo (construcción, industria y comercio), que tienen un nivel de actividad más débil que el que supieron tener y que por ahora no muestran grandes señales de cambios positivos”, afirmó el especialista en consumo, Guillermo Oliveto.

En ese contexto, “los tres primeros motores dinamizan más el interior porque están allí y los tres restantes afectan negativamente al Gran Buenos Aires”, agregó.

Hacia adelante, la expectativa de las empresas de consumo masivo y de los retailers no son alentadoras. Algunos analistas creen que si el PBI crece este año 3%, la venta de alimentos, bebidas y artículos de limpieza y tocador lo hará en un 60%, es decir, 1,8 por ciento. “Vemos un año con estancamiento”, plantearon en una de las empresas consultadas. El gran interrogante es cuándo derramará el crecimiento de los sectores pujantes, ya que hay muchos otros que están perdiendo empleo y, naturalmente, ello implica menor consumo.

Por su parte, un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios señaló que el consumo volvió a mostrar signos de debilidad en marzo de 2026. El Indicador de Consumo (IC) registró una caída interanual de 1,3%, al tiempo que en la medición desestacionalizada se observó un retroceso de 0,5% frente a febrero. De esta manera, el primer trimestre del año combinó descensos y estancamientos, en contraste con el mismo período de 2025, cuando predominaban variaciones positivas.

El relevamiento también advirtió que el contexto inflacionario continúa condicionando la dinámica del consumo. En marzo, la inflación mensual se ubicó en 3,4%, encadenando más de seis meses con subas superiores al 2%. Esta aceleración de precios impactó sobre el poder adquisitivo de los hogares y limitó su capacidad de gasto, incluso en un escenario en el que los ingresos mostraron una leve mejora real en el corto plazo.

En paralelo, el informe destacó que la falta de crédito sigue operando como un freno para el consumo, especialmente en bienes durables. A pesar de una menor volatilidad en las tasas de interés, la oferta crediticia no logró reactivarse, lo que restringió decisiones de compra de mayor magnitud. En este marco, el consumo masivo evidenció una pausa en su recuperación, mientras que el desempeño de los bienes durables quedó sujeto a la evolución del financiamiento en los próximos meses.

Luego de ingresar en concurso preventivo tras un fuerte deterioro de su negocio, el mayorista de productos de limpieza Caromar, empezó a delinear un cambio de estrategia para intentar sostener su operación. La Justicia autorizó a la compañía a modificar su objeto social y sumar la comercialización de alimentos, en lo que aparece como un primer paso de reconversión en medio de la crisis.

La decisión fue adoptada en el marco del expediente que tramita en el Juzgado Comercial N°1 y habilita a la empresa a incorporar una nueva línea de negocios, con foco inicial en su sucursal de Rosario. La medida no es menor: implica que la firma, históricamente orientada a limpieza, perfumería y consumo masivo no alimenticio, busca ampliar su oferta para recuperar volumen de ventas.

Según surge de la resolución judicial, la modificación fue avalada tras el análisis de la sindicatura, que consideró que la iniciativa «no afecta los derechos de los acreedores» y que se enmarca en una «reestructuración de las actividades comerciales» de la empresa.

Además, el informe señala que la incorporación de alimentos podría «potenciar sus ventas sin mayores costos de implementación«, aprovechando la infraestructura comercial ya existente.

La autorización quedó formalizada a través de un oficio librado a la Municipalidad de Rosario para su correspondiente habilitación.

De supermercado mayorista tradicional a esquema más flexible

El movimiento refleja un intento de adaptación en un contexto que viene golpeando con fuerza al canal mayorista. Caromar, controlada por la familia Manassero, construyó durante décadas un modelo basado en volumen, rotación y una amplia red de sucursales orientadas a abastecer comercios de cercanía.

Ese esquema, sin embargo, empezó a mostrar fisuras a partir de 2024. La propia empresa detalló en su presentación concursal que la caída del consumo impactó directamente en su actividad, en línea con un mercado donde las ventas de supermercados y mayoristas no logran consolidar una recuperación sostenida.

Los números que aportó en el expediente muestran la magnitud del ajuste: las ventas de mercaderías se redujeron un 41,75% interanual entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, en un contexto de menor demanda y mayor presión competitiva.

A ese escenario se sumó un cambio en la dinámica del sector. Según describió la compañía, los competidores comenzaron a bajar precios de forma agresiva, incluso por debajo de sus costos, para sostener participación en un mercado más chico.

El impacto fue directo sobre su estructura. En paralelo al deterioro de ventas, la empresa cerró cuatro sucursales, en Mar del Plata, Burzaco, La Tablada y San Justo, y avanzó con más de 100 despidos, en un proceso de ajuste que también incluyó la salida del negocio industrial.

En el primer semestre de 2024, Caromar decidió cerrar su fábrica de jabón en polvo, una unidad en la que había invertido durante años. Según explicó en su presentación, la operación dejó de ser viable frente a precios de mercado que no cubrían los costos, lo que obligó a desarmar esa parte del negocio.

Concurso de acreedores en marcha

El deterioro no fue sólo comercial. En su presentación ante la Justicia, la empresa también atribuyó parte de la crisis a factores internos y operativos, incluyendo conflictos sindicales y litigios laborales.

En ese sentido, mencionó una «alta conflictividad» con el gremio de Comercio, con asambleas y medidas que, según su versión, afectaron la operatoria diaria. A eso se sumaron dos juicios laborales por montos cercanos a $1.000 millones, que impactaron en su situación financiera.

El quiebre definitivo llegó hacia fines del año pasado, cuando la compañía comenzó a perder capital de trabajo. Según explicó, los proveedores pasaron a exigir pagos anticipados, lo que generó faltantes de mercadería y una nueva caída en las ventas.

Ese circuito, menos stock, menor facturación y mayor presión financiero, terminó por llevar a la empresa a un punto donde no pudo sostener el pago de salarios y obligaciones corrientes, lo que derivó en la presentación en concurso preventivo.

En paralelo, la firma acumula cheques rechazados por más de $1.000 millones, reflejando el nivel de tensión en su cadena de pagos, mientras que su deuda bancaria asciende a alrededor de $53 millones, de los cuales más de $44 millones, tomados con el Banco Credicoop, se encuentran con incumplimientos.

Reconversión en marcha y apuesta a sostener la operación

En ese contexto, la ampliación hacia alimentos aparece como una de las primeras señales de cómo la empresa intenta redefinir su modelo de negocio mientras transita el proceso concursal.

La lógica detrás del movimiento es clara: sumar categorías de alta rotación que le permitan aumentar el tráfico en sus sucursales y mejorar la utilización de su estructura, sin necesidad de grandes inversiones adicionales.

Desde la sindicatura, de hecho, remarcaron que la iniciativa resulta «razonable» en función del perfil de la compañía y su red comercial, y que puede contribuir a mejorar su desempeño sin afectar a los acreedores.

El proceso concursal, mientras tanto, sigue su curso. El expediente fijó como fecha límite el 28 de mayo próximo para la verificación de créditos, etapa en la que ya comenzaron a presentarse acreedores, incluidos ex empleados que reclaman el pago de indemnizaciones tras los despidos.

Luego se abrirán las instancias de revisión e informes de la sindicatura, en un cronograma que se extenderá hasta 2027, cuando se definirá si el supermercado mayorista logra alcanzar un acuerdo con sus acreedores.