El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, decidió postergar la entrada en funcionamiento del sistema acusatorio en Comodoro Py, según pudo confirmar de fuentes oficiales.

El nuevo modelo, que empodera a los fiscales y los pone al frente de las investigaciones, debía llegar a los tribunales federales el 27 de abril próximo, de acuerdo a lo que había estipulado el exministro mileísta Mariano Cúneo Libarona.

Mahiques definió que se implementará más adelante.

Esta es la primera vez que este ministro pospone el arranque del sistema acusatorio en Comodoro Py, por donde pasan los delitos federales, entre ellos, los hechos de corrupción que involucran a funcionarios nacionales. Antes ya habían sido oficializado dos retrasos: en agosto y en noviembre de 2025, bajo la gestión anterior del Ministerio de Justicia.

En base a lo que pudo saber , esta semana habrá una reunión de Mahiques con representantes de la Corte Suprema de Justicia, la Procuración General, la Defensoría General y el Consejo de la Magistratura. Ahí, la nueva conducción del Ministerio de Justicia buscará establecer junto a cada una de las partes una fecha definitiva para la efectiva puesta en marcha de la metodología entrante. Por lo pronto, fuentes del Gobierno comentaron que Mahiques va con la idea de que se defina un plazo durante el correr de este año y que no se traslade a 2027.

ya había contado en marzo que el ministro no era optimista con respecto a arrancar ya con la implementación del acusatorio, sobre todo debido a la cantidad de vacantes en las fiscalías y a los déficits en materia de infraestructura.

“Piensa que hay que aplicarlo cuando estén dadas las condiciones y hoy no parecen estar dadas”, habían dicho desde el Ministerio de Justicia a hace un mes.

Los fiscales tampoco estaban convencidos. Principales empoderados con el nuevo régimen en detrimento de los jueces -que pasarán a tener durante la etapa de investigación un rol solo de control vinculado a que se respeten las garantías constitucionales de los ciudadanos-, los fiscales alegan que no tienen las condiciones ni los recursos (cantidad de empleados, falta de tecnología, déficit de infraestructura) para comenzar con la modalidad promocionada por Cúneo Libarona. “Tampoco quieren”, comentaron desde el Ministerio de Justicia apenas desembarcó Mahiques.

De aplicar el nuevo sistema y de salir mal su implementación en los tribunales más observados del país, el ministro se llevaría el costo de una política que él no promovió.

Para Cúneo Libarona este fue el ícono de su gestión. El exministro incluso viajó a distintas provincias para la inauguración de las nuevas reglas procesales. Santa Fe, Mendoza, San Luis, San Juan, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y la región norte de Buenos Aires ya actúan bajo esta modalidad.

En una nota de opinión para en diciembre, Cúneo Libarona dijo que la “implementación plena” del sistema era un “objetivo institucional” porque contribuiría con “mejorar la reputación internacional” y “facilitar la llegada de inversiones extrajeras”.

En medio de una fuerte pulseada con la industria farmacéutica local, el oficialismo de la Cámara de Diputados suspendió el inicio del debate del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT en su sigla en inglés) que estaba previsto para este martes. La aprobación de esta iniciativa forma parte de los compromisos que asumió el gobierno de Javier Milei en el Acuerdo Reciproco de Comercio firmado con Estados Unidos.

Si bien desde la bancada oficialista enfatizan que la suspensión del debate en las comisiones de Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General obedece a “cuestiones de agenda”, lo cierto es que la postergación avivó las suspicacias sobre la presión que ejercen las farmacéuticas locales para que el tratado, de ser aprobado, sea con reservas, en particular sobre su capítulo II.

El PCT crea un procedimiento único de solicitud de patentes para proteger las invenciones en todos los países miembros, 158 en total. Establece que una vez registrada una patente por parte de un país miembro, ésta tendrá validez automática durante 20 años en las restantes naciones firmantes del tratado. Abarca todo tipo de patentes, no solo las farmacéuticas, pero es en esta industria donde el impacto, por los millones de dólares en juego, será mayor.

El Senado le dio media sanción el 22 de julio de 1998 (durante el gobierno de Carlos Menem) pero no perdió estado parlamentario por tratarse de un convenio internacional, por lo que solo resta la aprobación de la Cámara de Diputados. En el acuerdo comercial suscripto entre la Argentina y los Estados Unidos en febrero pasado, nuestro país se comprometió a convertirlo en ley y ponerlo en vigencia antes del 30 de este mes.

En lo que respecta a la industria farmacéutica, este tratado –de ser aprobado- permitiría blindar la innovación y bloquear la copia de fórmulas por parte de terceros, en su mayoría laboratorios nacionales que, a su favor, argumentan que la duplicación permite bajar los precios de los remedios.

El capítulo II del tratado establece un mecanismo que permite al solicitante requerir ante una oficina internacional de patentes un examen preliminar no vinculante sobre tres aspectos de su invención: la novedad, la actividad inventiva y su aplicabilidad industrial. La industria farmacéutica local cuestiona este punto por considerar que, aunque no sean vinculantes, estos informes preliminares emitidos por una agencia internacional podrían menoscabar la autoridad del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inpi), que es el organismo argentino responsable de las marcas y patentes.

Los laboratorios nacionales reclaman que la Argentina, de suscribir el PCT, lo haga con reserva del capítulo II, tal como en su momento lo hizo Uruguay. El Ministerio de Desregulación, comandado por Federico Sturzenegger, se opone a que la iniciativa sea modificada porque esto obligaría a que vuelva al Senado, que ya le había dado media sanción en 1998.

En medio de esta disputa, el oficialismo decidió suspender el debate en la Cámara de Diputados: argumentan que el experto en el área, Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, está de viaje en el exterior. Empero, en la cúpula libertaria admiten que todavía no está decidido si la iniciativa será finalmente modificada.