La investigación judicial que derivó en un pedido de detención del tesorero y del presidente de la AFA reveló el flujo de dinero que partió desde las arcas del gobierno de la provincia de Santiago del Estero, conducido en las últimas dos décadas por Gerardo Zamora, a un grupo de empresas ligadas a Pablo Toviggino. El dictamen del fiscal federal Pedro Simón se focaliza en las transferencias dirigidas a Segon SRL, que ganó una licitación en 2024 para hacerse cargo de la seguridad del Hospital Regional de la capital santiagueña. Fueron más de $1200 millones, solo en los últimos dos años.

Esa firma, controlada por SOMA -otra de las empresas vinculadas al tesorero de la AFA-, también recibió fondos públicos de la Municipalidad de Frías, gobernada por un intendente zamorista, y de la propia AFA. El dinero ingresaba a una cuenta del Banco de Santiago de Estero y se repartía en menos de 48 horas.

El dictamen de Santiago del Estero revela que en 2024 hubo más de 50 transferencias desde las arcas provinciales a la empresa Segon por un total de $633.550.169,32.

¿Cómo se justifica ese dinero? El mismo dictamen menciona un decreto provincial, publicado en el Boletín Oficial de Santiago del Estero el 5 de junio del 2024, donde se adjudica a la empresa Segon el servicio de seguridad del Hospital Regional Ramón Carrillo, el más grande de la capital provincial. El contrato original era por $380.160.000, durante un plazo de doce meses. Pero las transferencias a la empresa arrancaron en enero de 2024 y llegaron hasta diciembre de 2025.

Solo el año pasado, la gobernación le transfirió a Segon $609.385.635,24.

A fines de 2023, la empresa ya había ganado otra licitación para brindar el servicio de seguridad en el Centro Integral de Salud Termas de Río Hondo y Ex Hospital Zonal de Termas de Río Hondo. Ese dato no aparece en el dictamen del fiscal pero consta en el Boletín Oficial. En ese caso, la licitación era por un plazo de 24 meses. El decreto lleva la firma de Zamora, Elías Miguel Suárez y Natividad Nassif.

consultó al gobierno de la provincia de Santiago del Estero, pero al momento de publicación de este artículo, no obtuvo respuesta.

La empresa Segon empezó a facturar en 2022 por la venta de combustibles, servicio de alojamiento en hoteles y sistemas de seguridad. “El monto total facturado ese año fue de $45.547.600,76 y el principal receptor de las facturas fue el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero por un total de $33.233.000”, destacó el fiscal en su dictamen.

En 2024, la empresa sumó la actividad “servicios de seguridad e investigación n.c.p.” y al año siguiente otra docena de rubros como “pompas fúnebres y servicios conexos”, “extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos”, y hasta “servicios de peluquería”.

Un análisis de la estructura societaria revela que sus socios eran Alejandro Sebastián Taborda Magallanes y Rosalía Argañaras pero luego vendieron sus cuotas sociales a favor de SOMA SRL, una de las empresas ligadas a Toviggino, y a Orlando Martín López, quien aparece en varias firmas vinculadas al tesorero de la AFA.

En 2022, SOMA adquirió las acciones de Malte, utilizada para comprar la mansión de Villa Rosa. Para ese entonces, los socios de SOMA eran Juan Pablo Beacon, otro allegado que supo ser muy cercano al tesorero de AFA, y Carlos Bruno Seguel, a su vez vinculado a varios de los 54 vehículos encontrados en la mansión.

Sobre Taborda Magallanes, quien fue accionista de Segon durante 2024 y 2025, el fiscal sostiene: “Su rol se asemeja a un ‘tenedor temporal’ que permite que la propiedad de la empresa salga del círculo íntimo y regrese meses después, dándole una apariencia de operación entre terceros”. Este hombre adquirió las acciones de Segon en 2022, cedidas por Mauro Javier Paz, quien fue gerente de Soma, Norte Argentino SRL y Malte. Y luego las vendió en diciembre de 2025.

Al analizar las transferencias que recibió Segon en el Banco del Santiago del Estero, el fiscal detectó que el dinero entraba y salía en menos de 48 horas. “El 95% de los fondos netos (descontando impuestos) se transfiere a Segón SRL (misma titularidad). Esto sugiere que la operatoria comercial real, el pago a empleados o el gasto operativo final no se realiza desde esta cuenta, sino que esta se utiliza solo para percibir los cobros y derivarlos inmediatamente a otra entidad financiera, dificultando la trazabilidad directa del destino final del dinero desde este extracto en particular”, explicó.

En esa misma cuenta, Segon también recibió transferencias millonarias de la Municipalidad de Frías, gobernada por el intendente Humberto Salim, muy cercano al exgobernador Gerardo Zamora, y de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En Santiago del Estero sobran los actores judiciales y políticos que sospechan que el requerimiento del fiscal Simón es parte de una maniobra para intentar llevarse la investigación de la AFA a ese “terreno amigo”. Otros creen que se mezcló una feroz interna judicial entre el fiscal y el juez Sebastián Argibay, que acumula fallos a pedido del zamorismo y ahora debería decidir sobre las detenciones y los allanamientos. En cualquiera de los escenarios, la investigación está plagada de datos e informes oficiales sobre el universo de empresas supuestamente utilizadas por Toviggino.

contactó al tesorero de la casa madre del fútbol argentino, sin embargo, no obtuvo respuesta.

Toviggino y Claudio Tapia están acusados de haber liderado una asociación ilícita y una maniobra para lavar dinero que comenzó en 2018. Según la acusación del fiscal, el dinero ilícito provenía de tres fuentes: una defraudación en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino; la omisión de ingresar los impuestos que correspondían a ARCA al engañar al Fisco Nacional sobre el verdadero tributo debido, lo que se obtuvo mediante la emisión de facturas que se presumen falsas, y la omisión de liquidar divisas y compra de moneda extranjera en el mercado informal.

El dinero circulaba entre las empresas y se terminaba lavando, según la acusación. La Justicia analizó decenas de operaciones inmobiliarias, compra de vehículos, viajes al exterior, y hasta la instalación de la bodega “La Vigilia”, ubicada en la provincia de Mendoza, y en el centro de belleza “La Fleur de Sartí” (a nombre de las empresas de la mujer de Toviggino). Solo de vehículos, son casi 20 páginas.

“Las maniobras descriptas habrían tenido por finalidad introducir tales activos en el circuito económico formal, disimular su origen y conferirles apariencia de licitud, mediante la utilización de sociedades instrumentales y la simulación de operaciones comerciales”, explicó Simón al pedir las detenciones.

¿Solo la empresa Segón recibió fondos públicos en Santiago del Estero? El fiscal detectó que la “Mutual Acceda Ya”, donde Toviggino ocupó un puesto jerárquico, recibió dinero del Gobierno provincial y municipal. Entre 2024 y 2025, fueron $17.844.204,49. Todos esos movimientos están ahora en la mira de la Justicia.

Esa mutual, según los datos que surgen del Boletín oficial, ahora está a cargo de Mauro Paz, uno de los nombres que se repiten en el universo de empresas investigadas.

El goteo no se termina ahí. Según lo informado por Naranja X, el ex cuñado de Toviggino, Manuel Hernán del Castillo Orellana “recibió grandes acreditaciones en su cuenta, por montos superiores a $5.000.000 que los transfería en el mismo momento que los recibía”. Las transferencias, casualmente, se hacían a empleados de la provincia de Santiago del Estero.

El 29 de diciembre de 2025, ingresó a la cuenta de Castillo Orellana una transferencia de $5.900.000. Minutos después, el dinero fue a la cuenta de una empleada del gobierno provincial. Algo similar ocurrió el 26 de diciembre, En ese caso, el dinero terminó en la cuenta de otra empleada provincial. “Entre el 01 y el 06 de noviembre recibió $ 14.972.942,88 que fueron transferidos a distintos CBU los mismos días que se acreditaron en la cuenta”, destacó el fiscal. Todavía no hay respuesta para ese “pasamanos”.

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Con la colaboración de Ricardo Brom

El fiscal general Carlos Amad, de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, pidió el procesamiento del exgobernador de esa provincia Jorge Capitanich por delitos como fraude y lavado de activos, en una causa en la que se investiga la cesión de tierras en la provincia a personas cercanas a Marta Soneira, expresidenta del Instituto de Colonización provincial y exsecretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente. En un escrito en el que también pidió procesar a la exfuncionaria, el fiscal consideró que, sin la participación del actual senador nacional con su firma en los decretos adjudicatorios de las tierras, las maniobras no se podrían haber realizado.

La decisión final sobre la aceptación, o el rechazo, del procesamiento está en manos del juez Fernando Carbajal, exdiputado nacional por Formosa (UCR), que fue designado juez subrogante en el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña.

La causa se inició con una denuncia de Ana María Canata, la actual titular del Instituto de Tierras Fiscales (la nueva denominación que dio el gobernador Leandro Zdero al Instituto de Colonización). Canata presentó una denuncia en la que aseguró que, al asumir, encontró “una serie de irregularidades”.

El fiscal Amad pidió que Capitanich sea procesado por “fraude en perjuicio de la Administración Pública, lavado de activos de origen delictivo”, delitos que se habrían cometido “con habitualidad como parte de una banda y por ser funcionarios públicos”, además de “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”.

Según el pedido del fiscal, al que tuvo acceso , se investiga a “funcionarios públicos de altos cargos, así como a familiares, socios empresariales y amigos de los mismos, quienes en forma organizada y sostenida en el tiempo y valiéndose del ejercicio del poder que en aquel momento ostentaban, dispusieron de tierras fiscales de la Provincia del Chaco” y “se auto-otorgaron distintos beneficios económicos mediante la suscripción de convenios y firma de decretos del Poder Ejecutivo provincial que los habilitaron a desmontar grandes extensiones de tierras perjudicando el medio ambiente”.

“También se suscribieron convenios donde se verificaron beneficios económicos, como reintegros de subsidios, quita en el pago de impuestos y servicios públicos como Sameep [Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial], Secheep [Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial], entre otros beneficios. Estas adjudicaciones de la tierras fiscales se realizaron a través de trámites irregulares con inspecciones fraguadas y cuyos beneficiarios terminaban siendo personas que integraban empresas donde era socio el propio marido de la Sra. Marta Soneira, Mauricio Cian, así como otras personas, socios del primero, como es el caso de [Federico] Storti, [Leandro] Bessone y [Nelson] Pochón”, planteó el fiscal Amad.

Al describir los hechos investigados, el fiscal afirmó que “el 26/02/23, la Provincia del Chaco, a través del Instituto de Colonización de la cual Soneira era presidente y con su firma como ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible y la de Jorge Milton Capitanich como gobernador de la Provincia, amparados en la legalidad del trámite de expedientes administrativos, adjudicaron cuatro inmuebles, todos del Departamento Almirante Brown, a Storti, Bessone y Pochón, todos socios de su marido Mauricio Cian con quien son socios de dos empresas, Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL”.

Amad añadió que se otorgaron “inmuebles rurales fiscales de grandes dimensiones cada uno, así como beneficios impositivos provinciales e industriales” y cuestionó que la funcionaria de Capitanich haya ejercido dos cargos en simultáneo, puestos que consideró incompatibles.

Para el fiscal, “la irregularidad en la entrega de tierras públicas a personas a las que no se les debería haber adjudicado, personas cercanas a aquellas que deciden a voluntad a quién se entregan, constituye un enorme acto de corrupción”.

Al trascender el pedido de procesamiento en su contra, el exgobernador Capitanich sostuvo que existe una “alquimia judicial” y una “operación mediática” en su contra. “Este pedido de procesamiento se inscribe en un proceso cuya manifestación más evidente es la nulidad de la acusación por incongruencias manifiestas, incoherencia en el contenido e incompetencia, pues pretenden justificar un delito inexistente mediante una alquimia jurídica”, afirmó el senador nacional, que integra el bloque de Fuerza Patria.

Capitanich señaló que se instaló una “operación mediática” antes de que se conociera el pedido del fiscal Amad al juez Carbajal, porque se anunció mediáticamente “la inminencia del procesamiento”, durante la semana previa a la solicitud del fiscal.

En un comunicado que hizo llegar a a través de su equipo de prensa, el exgobernador chaqueño remarcó que la causa involucra “cuatro títulos de cerca de 8.000 entregados” durante su gestión. En ese texto, se aclaró también que “se trata de adjudicaciones en venta -no transferencias de dominio-, algunas iniciadas desde 1997″ y se reivindicaron “las políticas de promoción industrial implementadas”.

Para Capitanich, las acusaciones son “calumnias e injurias inadmisibles”. Según se consideró en el comunicado, el avance de la causa se vincula “con la intención de desviar la atención de problemáticas más graves, como el narcotráfico y la inseguridad” en la provincia que gobierna Zdero, uno de los gobernadores aliados del presidente Javier Milei.

El fiscal pidió procesar, por los mismos delitos que al exgobernador y también el de enriquecimiento ilícito, a Marta Soneira. Por presunto fraude y lavado, pidió los procesamientos de Cian, Storti, Pochón. Asimismo, solicitó sobreseer a Diego Soneira y Federico G. Soneira, y dictar la falta de mérito de Sheina Waicman (que también fue titular del Instituto de Colonización) y Darío Giménez (que era encargado de la Delegación Pampa del Infierno de ese instituto).