El gobierno de Javier Milei anunció este martes una serie de medidas del sector de las comunicaciones, con el objetivo de aumentar la recaudación del Estado, obtener nuevos recursos mediante la licitación del espectro radioeléctrico para 5G y modificar la conectividad en las escuelas.

El vocero presidencial Manuel Adorni informó en su conferencia de prensa de este lunes que van a impulsar una re-licitación de los contratos de conectividad en 16.000 escuelas de todo el país, para que ingresen nuevos prestadores de provisión de servicios, por un monto que el Gobierno estimó en $60.000 millones anuales.

Uno de los beneficiados sería Starlink, de Elon Musk, que busca desembarcar con nuevos contratos en el Estado, de la mano de su amistad con el presidente Javier Milei.

Adorni explicó en su habitual conferencia de prensa que las empresas Telefónica y Telecom deberán pagar más de $3.000 millones de aportes al Fondo Fiduciario del Servicio Universal, por encima de sus habituales aportes del 1% de sus ingresos para ese Fondo Fiduciario.

El Gobierno reclama este aporte extraordinario a las dos principales empresas de telecomunicaciones del país, «ante la omisión y las demoras del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), que debía intimarlas», según dijo Adorni, en base a una investigación de la Auditoría General de la Nación para los años 2019 y 2020.

Fuentes de Telefónica señalaron a Clarín que la compañía «ha cumplido desde siempre con sus obligaciones por el Servicio Universal. Hizo los pagos correspondientes desde el primer momento en que se constituyó el Fondo Fiduciario del Servicio Universal».

«Presentamos al regulador las declaraciones juradas desde que se dispuso la obligación de hacerlo. La autoridad realizó algunas observaciones que fueron respondidas por Telefónica en procedimientos administrativos que todavía están en trámite», aseguraron a este diario fuentes de la empresa que pertenece a Telefónica de España.

Además, Adorni dijo que «Telecom abonó intereses dos años después; es decir, el ENaCom falló en controlarla».

Desde Telecom señalaron que la empresa «cumple y ha cumplido siempre con todas sus obligaciones regulatorias, incluidas las relativas al Servicio Universal, efectuando aportes millonarios que la convierten en el principal aportante a dicho fondo. Sólo en lo que va del año 2024, Telecom lleva aportados más de $ 12.000 millones«.

«Respecto a la referencia a una deuda de $ 3.000 millones al Fondo Fiduciario de Servicio Universal, Telecom ha ejercido en sede administrativa las defensas correspondientes, por entender que ha realizado prestaciones por encima de sus obligaciones regulatorias. Telecom ha sido auditada anualmente y todas las intimaciones recibidas han sido respondidas siempre en tiempo y forma», dijeron desde la compañía.

Además, el Gobierno anunció su decisión de avanzar en un proceso para disponibilizar los 100 Megahertz (MHz) de espectro radioeléctrico que el gobierno anterior le dio a Arsat para comunicaciones móviles de quinta generación de telefonía celular (5G), que la empresa tecnológica estatal no está utilizando. Y también entregará otros 50 MHz que se encuentran en manos del ENaCom, ya que Telefónica no los adquirió durante la subasta de frecuencias 5G que se hizo el año pasado.

Esta decisión oficial deja algunos interrogantes entre los actores de la industria de las comunicaciones, ya que hace dos semanas el presidente de Arsat, Mariano Greco, anunció que el Gobierno planeaba poner hasta el 49% del capital de Arsat en la Bolsa de Comercio. Y uno de sus principales activos son los 100 Megas de espectro 5G, que ahora el Ejecutivo planea quitarle para disponibilizarlo probablemente en una subasta.

Adorni explicó en su conferencia de prensa que «el Estado nacional iniciará un relevamiento de todos los contratos existentes en materia de telecomunicaciones para analizar su cumplimiento y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia iniciará investigaciones para analizar si existen conductas anticompetitivas en la industria».

El objetivo de la administración de Javier Milei es tener un mayor control sobre el accionar de las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones.

Sin embargo, el vocero Adorni dijo que todas estas medidas buscan generar «una mayor competencia entre las empresas del sector, para que haya un mejor servicio a un menor precio».