ECONOMIA
Punto por punto: cómo es el nuevo régimen para contratar trabajadores sin empleo formal que reduce fuerte las cargas patronales
El Gobierno nacional avanzó este lunes con la reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), un esquema incluido en la Ley N° 27.802 -sancionada en marzo pasado- que apuntó a promover la incorporación de trabajadores al empleo registrado en el sector privado. La medida se formalizó a través del Decreto 315/2026, que estableció los aspectos necesarios para su implementación.
La norma fijó definiciones clave para la aplicación del régimen, tanto en lo referido a los sujetos alcanzados como a los procedimientos administrativos y los beneficios asociados. En ese marco, se precisaron condiciones de acceso, límites y plazos, así como también la forma en que se debieron aplicar las contribuciones patronales reducidas previstas por la ley.
Según el decreto, todos los empleadores que opten por contratar trabajadores bajo este nuevo régimen deberán darlos de alta ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, inclusive. Este período delimitó el alcance temporal del régimen.
Podrán acceder al RIFL todos los empleados incriptos, pero en el caso de aquellos dados de alta a partir del 10 de diciembre del 2025 tendrán un límite para la contratación: sólo podrán tener hasta el 80% de su nómina bajo este régimen, según aclara la norma. En el resto de los casos, no hay restricciones.
El régimen determina qué trabajadores pueden ser contratados bajo este régimen, que contempla una reducción fuerte de las contribuciones patronales durante 48 meses. Podrán ser:
- Personas que no contaban con una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025
- Personas que estuvieron desempleadas durante los 6 meses previos a la contratación
- Personas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributistas).
- Personas que trabajen en el sector público, nacional, provincial o municipal.
La norma dispone que los trabajadores pueden contar con ingresos provenientes de otras actividades económicas sin que ello afecte los beneficios del régimen. Esto incluye tanto actividades bajo el régimen general como bajo el monotributo.
Uno de los ejes centrales del régimen es la fuerte reducción de las contribuciones patronales, que actualmente oscilan entre el 18% y el 20,4%, dependiendo de qué tipo de empresa se trate. Si es una firma de servicios o comercio que no es pyme, actualmente pagan 20,4%, en tanto que las empresas industriales, las pymes, las asociaciones sindicales y obras sociales abonan 18%.
A partir de ahora, todas abonarán 5% de contribuciones durante los primeros cuatro años desde el inicio de la relación laboral. En cuanto a la composición de esa alícuota, el 2% se distribuirá entre el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen de Asignaciones Familiares, en tanto que el 3% restante irá al subsistema regido por la Ley N° 19.032 (INSSJP).
Todavía resta que ARCA defina los términos y condiciones sobre los cuales las empresas deberán dar de alta a esos nuevos trabajadores.
Lo que sí quedó claro del decreto reglamentario es que los empleadores no podrán ingresar trabajadores bajo este régimen que ya hayan trabajado en la empresa y se haya desvinculado en los últimos doce meses.
Por otra parte, el decreto aclara que el RIFL mantiene sin cambios las contribuciones diferenciales que tienen algunos trabajadores, por ejemplo, los del sector petrolero o eléctrico. Es un 2% adicional que las empresas deberán seguir pagando por esos empleados.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Con respecto a la contribución mensual prevista para destinarse al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), mantuvo su carácter obligatorio de 1% para las grandes empresas y 2,5% para las pymes. El FAL debería comenzar a regir el 1° de junio, con la posibilidad de que su entrada en vigencia se prorrogue 180 días. Aún no fue reglamentado, pero lo que queda claro con el decreto publicado este lunes es que para los trabajadores que sean dados de alta bajo el RIFL el aporte destinado al FAL no se descontará de las contribuciones patronales del 5%. Deberán abonarse aparte, explicó el abogado laboralista José Zabala, del estudio AZDR & Asociados.
La norma dispuso que el incumplimiento de las obligaciones del régimen o la verificación de causales de exclusión generarán la pérdida de los beneficios. En esos casos, ARCA debe instrumentar controles sistémicos y establecer los mecanismos para la recomposición de las contribuciones no abonadas, junto con los intereses y sanciones correspondientes.
Este régimen no está ideado para blanquear trabajadores, como sí lo fueron otros. Si bien una empresa podría, eventualmente, registrar un empleado que esté 100% en negro, correría riesgos de perder el beneficio si fuera detectada la infracción.
“Tengo clientes que tenían algunos ingresos de trabajadores por resolver y lo suspendieron a la espera de que salga el régimen. Si soy empleador y necesito tomar gente, tomo al que reúne las condiciones para poder acceder a los beneficios del régimen. Pero está claro que primero debe estar la necesidad de contratar”, planteó Zabala.
Con respecto al blanqueo de trabajadores, existe un apartado dentro de la reforma laboral que busca promover el empleo registrado. Se trata del artículo 168° y los subsiguientes. No fue reglamentado aún, pero ése sí apunta a normalizar relaciones laborales con deficiencias registrales.
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Boom de ingenieros en Argentina: se rompió un récord de egresados pero faltan en sectores clave
- Estadísticas universitarias: datos 2007-2024 de la Dirección Nacional de Presupuesto, Control e Información Universitaria (Ministerio de Capital Humano), sobre las 29 terminales de interés público definidas por el CONFEDI.
- Visión de la sociedad: encuesta online a 1.371 personas de 16 a 85 años de todo el país (marzo-abril de 2026; error de ±2,6%).
- Visión de los ingenieros: 372 encuestas a graduados (marzo-mayo de 2026; error de ±5%).
- Visión de las empresas: 117 empresas que emplean a 34.932 ingenieros, cerca del 15% del total del país (abril-junio de 2026). Colaboraron: Argencon, CADECI, CAEM, CAMARCO, CIQyP, IAPG, IPA, SRA y UIA.
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ECONOMIA
Una delegación argentina viajó al Reino Unido en medio de la tensión por la soberanía y el petróleo de Malvinas
En la misma semana en que la Argentina formalizó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar su pedido para frenar la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas, el secretario de Minería, Luis Lucero, viajó a Londres junto a funcionarios de Mendoza y Jujuy para participar en uno de los foros más influyentes de la industria global de metales y minerales críticos.
Según supo Infobae, Lucero partió el miércoles 14 de octubre rumbo a la capital británica, donde su agenda incluirá dos citas centrales. El lunes 20, participará del Argentina Day, un foro de inversión en minerales estratégicos organizado por la Embajada argentina en Londres junto con la embajadora Mariana Plaza. Allí, el secretario presentará un panorama de la actualidad minera del país y las oportunidades de inversión.
Al día siguiente, el 21 de octubre, expondrá como panelista en el Wood Mackenzie LME Forum, dentro de la London Metal Exchange Week (LME Week), el encuentro anual que reúne a los principales actores del mercado mundial de metales. Lo hará junto con ejecutivos de Appian Capital, BMO Capital Markets y la propia consultora organizadora, en un bloque dedicado a la geopolítica de los minerales críticos, el dominio chino en las cadenas de suministro y las condiciones para atraer inversión occidental.
La comitiva incluye también funcionarios técnicos de Jujuy y Mendoza, las dos provincias con mayor proyección en litio y cobre. Si bien se especuló en un momento con una comitiva integrada por el propio presidente Javier Milei y gobernadores, para una organización similar a la Argentina Week que se realizó en Nueva York (EEUU) y París (Francia), la delegación se centró en cuadros especializados del sector minero, no en figuras políticas de primer nivel.
El propio Milei abonó a la especulación cuando, a finales de 2025, aseguró a The Telegraph que su intención era viajar a Londres en 2026. De haberse realizado, habría sido la primera visita bilateral de un presidente argentino al Reino Unido desde la de Carlos Menem en 1998. Pero todo cambió con el giro en la política argentina sobre Malvinas.
El 3 de septiembre, la Oficina del Presidente anunció sanciones y un proyecto de ley contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el archipiélago, con foco en el proyecto Sea Lion, operado por la israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%). Una semana después, la Casa Rosada confirmó que el viaje presidencial quedaba suspendido.
“Acordamos que era mejor suspenderlo”, explicó una fuente del gabinete a Infobae. La Argentina Week en Londres fue descartada y la actividad regresó a un formato estrictamente minero, vinculado con la LME Week.
En paralelo a estas actividades en Londres, sigue su curso la presentación argentina ante el tribunal con sede en Hamburgo, que se formalizó el 13 de octubre. Buenos Aires pidió medidas provisionales para prohibir nuevas actividades extractivas de Sea Lion, restringir el uso de información técnica obtenida durante las exploraciones y ordenar al Reino Unido que se abstenga de conceder nuevos permisos. El reclamo se apoya en el artículo 290.5 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y se inscribe dentro de un procedimiento arbitral iniciado el 28 de septiembre.
Londres respondió con firmeza. La subsecretaria parlamentaria del Foreign Office, Uma Kumaran, calificó las acciones argentinas como “una campaña escalada de coerción económica” y anunció que el Gobierno británico activará la legislación de Protección de los Intereses Comerciales (PTI) para blindar a las empresas que operan en las islas. “Este gobierno no se quedará de brazos cruzados mientras la Argentina utilice la coerción económica contra el pueblo de las Islas Malvinas”, afirmó ante la Cámara de los Comunes.
Sea Lion prevé una inversión de USD 2.200 millones, con inicio de producción estimado para 2028 y una capacidad proyectada de hasta 180.000 barriles diarios durante 30 años.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar confirmó la recepción de la solicitud argentina y anunció que fijará una fecha para audiencias orales. El resultado determinará si las medidas provisionales pedidas por Buenos Aires pueden frenar Sea Lion antes de que se constituya el tribunal arbitral. Navitas y Rockhopper mantienen sus planes y han señalado que no esperan que las acciones legales argentinas alteren el cronograma del proyecto.
En medio de la escalada diplomática, el principal asesor presidencial, Santiago Caputo, sumó un nuevo frente de controversia. El 14 de octubre publicó en la red social X un extenso mensaje en el que afirmó que “el Reino Unido está siendo colonizado por el Islam” y que esa supuesta amenaza constituía una razón adicional para que Argentina recupere las Islas Malvinas.
Caputo compartió un video que mostraba a Sagal Abdi-Wali, diputada laborista de origen somalí, jurando su cargo en la Cámara de los Comunes con la mano sobre el Corán. “Ver al Reino Unido siendo colonizado por el Islam no solo es un riesgo inminente para la causa de Occidente todo sino que es una tragedia en términos históricos para quienes defendemos las ideas de la libertad”, escribió el asesor, quien concluyó: “Recuperar Malvinas no es una causa solamente nacional. Es una causa de Occidente”.
El presidente Milei replicó la publicación en su propia cuenta. El mensaje, según supo este medio, generó preocupación en el Reino Unido, y medios como The Telegraph y The Guardian le dedicaron notas destacadas.
La organización del Argentina Day del 20 de octubre confirma que la representación diplomática argentina en el Reino Unido mantiene activa su agenda de promoción de inversiones, incluso en el momento de mayor confrontación bilateral en décadas. El antecedente es directo: en octubre de 2024, durante la LME Week, la Embajada argentina y la Embajada británica en Buenos Aires coorganizaron un encuentro similar donde Lucero, el entonces secretario de Finanzas Pablo Quirno —hoy canciller— y cinco gobernadores de provincias mineras presentaron el potencial del país ante inversores internacionales.
Argentina como proveedor de litio y cobre
Más allá de la controversia política y diplomática, el Servicio Geológico Británico (BGS) identificó a la Argentina como uno de sus tres destinos prioritarios para la cooperación en minerales críticos, junto con Filipinas y Zambia, con oportunidades específicas en litio, cobre y exploración geológica en Jujuy, Salta y Catamarca. Según la Estrategia Nacional de Minerales Críticos del Reino Unido, la demanda interna de litio crecería un 1.100% antes de 2035, mientras que la de cobre casi se duplicaría.
Esa evaluación técnica contrasta con el clima político. En la misma semana, la Argentina también votó en la Asamblea General de la ONU junto con Estados Unidos e Israel —y contra 153 países— contra una declaración sobre prevención de pandemias, una posición que el Gobierno vinculó con su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con su defensa de la soberanía nacional frente a organismos multilaterales.
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