Durante las Reuniones de Primavera 2026 del FMI y el Banco Mundial, Transparencia Internacional de Estados Unidos convocó a expertos para proponer al organismo multilateral que adopte medidas de gobernanza y anticorrupción más estrictas en sus programas de préstamos.

La cuestión cobra urgencia en un contexto de crisis internacional debido al conflicto en Medio Oriente.

Días atrás, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, se mostró preocupada por el devenir de la economía mundial y anunció que el organismo multilateral creará un fondo “para apoyo financiero, que se ubicará entre 20.000 y 50.000 millones de dólares”. Esos recursos, enfatizó la funcionario internacional, estarán destinados a asistir a “al menos una docena de países, varios de ellos en África subsahariana.”

En este marco, expertos y organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos, lideradas por el capítulo norteamericano de Transparencia Internacional, insistieron en que el FMI debe incluir medidas anticorrupción como condicionalidades en los acuerdos, no solo para evitar el desvío de fondos, sino también para garantizar el éxito de los programas.

Meses atrás, la Casa Blanca también impulsó al organismo para que avanzara en esta dirección. En la Asamblea Anual de 2025, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, instó al Fondo a exigir “compromisos sólidos en materia de gobernanza, anticorrupción y salvaguardas efectivas”.

“El impulso por la gobernanza no es un mero ejercicio académico, sino que impacta la vida y el sustento de más de 3.000 millones de personas que viven en países con deuda en situación de estrés”, destacó Gary Kalman, director ejecutivo de Transparency International EE.UU.

El panel virtual, moderado por Kristen Sample, directora de Gobernanza del National Democratic Institute, reunió además a Elizabeth Shortino, ex directora ejecutiva de Estados Unidos ante el FMI; Eamon Aghdasi, analista de deuda soberana en GMO Emerging Markets Debt, y Maheshi Herat, directora ejecutiva de Transparencia Internacional Sri Lanka.

“Los países que se encuentran en situación de sobreendeudamiento o en riesgo de estarlo tienen un desempeño significativamente peor en los índices de gobernanza que aquellos capaces de gestionar su deuda. Una consecuencia de esto es que la mayoría de estos países gasta más en el servicio de la deuda que en salud o educación”, agregó Kalman.

“Saber cuánto es la deuda pública de un país y quiénes son los acreedores no siempre está garantizado. Los Estados que son más transparentes sobre lo que deben y a quién lo deben tienden a ser los que gozan de menores costos de financiamiento y menor riesgo soberano”, indicó Eamon Aghdasi, analista de Deuda Soberana de GMO Emerging Markets Debt. “La calidad regulatoria, la eficacia gubernamental y el control de la corrupción son altamente predictivos del riesgo país”, agregó.

“El FMI ha avanzado mucho en este tema, pero hay países en los que los requisitos en materia de transparencia de datos y de deuda podrían ser más sólidos. Esto debe ser una prioridad constante del FMI, y la participación y la presión desde afuera siempre son útiles”, señaló, por su parte, Elizabeth Shortino, exdirectora ejecutiva de Estados Unidos ante el FMI.

A su turno, Maheshi Herat, directora ejecutiva de Transparencia Internacional Sri Lanka, se refirió al proceso de diseño e implementación de criterios de gobernanza en su país. Y enfatizó al respecto: “Es necesario un esfuerzo consciente por parte del gobierno, el FMI y la sociedad civil para perfeccionar e identificar estos criterios, las condiciones para su cumplimiento y lo que implica el éxito — con suficiente anticipación. Es preciso contar con un plan de acción para monitorearlos más de cerca, quizás con mayor rigor que el de los criterios económicos”.